Mañana se reunirá el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) para tomar posición sobre el plebiscito convocado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales para anular los efectos más regresivos de la ley 20.130, que en mayo produjo sustanciales modificaciones al régimen jubilatorio de nuestro país.
Si bien hay dos posiciones encontradas, todo parece indicar que se aprobará la propuesta del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, de dejar en «libertad de acción» a los integrantes del movimiento-coalición y, de acuerdo a lo que se ha conocido de un documento elaborado como base de discusión, que esa libertad de acción será entendida en los hechos como una prescindencia, sin tomar posición en ningún sentido ni hacer referencia al tema en la campaña electoral, que también será la campaña por el plebiscito, dado que la instancia de decisión ciudadana es la misma.
Hace tres semanas publicamos en Brecha una nota que se titulaba «Libertad de in-acción», y ese título debería repetirse si finalmente eso es lo que resuelve el FA. La fuerza política más importante del país, que disputa el gobierno con casi todas las demás juntas, no tendrá posición sobre una instancia democrática de enorme trascendencia, que definirá el futuro de uno de los problemas más importantes del país: la seguridad social. Se trata de una instancia convocada por varias de sus organizaciones más representativas, que tiene como telón de fondo la que, según la opinión de una importante mayoría de la población y según las pocas encuestas que se conocen (vaya a saber por qué), es la más regresiva adoptada en lo que va de este gobierno.
La explicación de esa prescindencia del FA no está, desde luego, en que no se comparta que es necesario revertir la impopular reforma de este gobierno, sino, por un lado, en una cuestión de estrategia, que fue lo primero que se planteó, y, por otro, en un conjunto de inconvenientes que acarrearían las modificaciones que propone el plebiscito y que no están suficientemente claros. Porque no se discute la justicia de que los trabajadores puedan seguir jubilándose a los 60 años, que las prestaciones tengan un valor mínimo decoroso o que se evite el lucro en la seguridad social, pero tampoco se apoyan explícitamente estas reivindicaciones.
Una tercera explicación –que se trata de cálculos electorales– estoy seguro de que no es la real, porque si fuera así, además de incompatible con los principios y la historia del FA, sería tremendamente equivocado: no hay tema más arduo que este para que el gobierno tenga que salir a defenderlo y quede en falsa escuadra. Y no hay un escenario posible mejor para confrontar los modelos de país que cada una de las fuerzas propone, y para que la gente entienda qué significan y a qué conducen el uno y el otro.
Es indudable que en el interior del FA hay diferencias de estrategias sobre cómo pararse frente a esta reforma injusta impuesta por la coalición: quienes creemos que hay que actuar ya, con la única arma que hoy tenemos, el plebiscito, y quienes creen que el mejor camino es cambiar la situación aprobando otra ley, cuando haya condiciones, que borre esta y construya una nueva realidad, a partir de un amplio diálogo social. Ambas cosas no son contradictorias, lo que son contradictorios son los momentos, pero en todo caso la discusión de estrategias es ya una etapa pasada, y lo será más cuando se alcancen las firmas. El temor a la discusión interna puede llevar a dejar al FA en una posición incomprensible para la gente en general y muy particularmente para las y los frenteamplistas.
La «libertad de acción» se fundamenta, a su vez, en que si el FA no tiene posición, no corresponde que quienes lo integran se pronuncien como FA en uno u otro sentido, y entonces se postula la «neutralidad» en todo lo que es común al FA, quedando la libertad de acción restringida a lo puramente sectorial o aun individual. Pero, en la realidad, no hablar del plebiscito, no discutir la papeleta de las organizaciones sociales, no juntar firmas, no repartir papeletas no es una posición neutral: es una de las posiciones en disputa. Hacer como que el plebiscito no existe no es abstenerse de tomar partido, es colaborar para que fracase.
Y, por otra parte, en la campaña electoral, ¿tampoco vamos a hablar de la reforma multicolor? Si no lo hacemos, le vamos a dar un respiro increíble al gobierno, que de todos modos tendrá que salir a defenderla, porque el plebiscito estará ahí, y tendrá que reconocer que esta reforma es un ejemplo más de la teoría de los malla oro: gobiernan para favorecer a los poderosos, apostando a que de la mesa del banquete caerán suficientes migajas para distraer a los demás. Si ahora vamos a hacer como que el plebiscito no existe, ¿dentro de un año haremos como que la reforma multicolor tampoco existe?
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Finalmente, analicemos algunos argumentos que han aparecido recientemente, que, sin intención o con ella, pretenden atacar las propuestas del plebiscito (véase «Un presupuesto educativo y medio», Brecha, 6-X-23).
Uno de ellos tiene que ver con la aparición de informes, elaborados desde una esperable neutralidad técnica, sobre los costos que tendrían las modificaciones propuestas sobre la economía del país, que en realidad no son modificaciones, sino volver a las definiciones ya clásicas de nuestro sistema jubilatorio, esas sí modificadas en 1995 por la ley que creó las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), y ahora por la ley 20.130, en un caso por una coalición blanquicolorada y en el otro por la multicolor.
En esto de la neutralidad técnica hay que ser muy cuidadosos; en primer lugar, porque en problemas de honda repercusión social y compromiso político es muy difícil que haya realmente neutralidad técnica, porque en estas cuestiones la ideología no se puede dejar en un cajón. Y además porque si nos dedicamos un día sí y otro también a analizar los costos que tendría de aquí a 30 o 50 años (bajo una cantidad enorme de supuestos inverificables) el mantenimiento de los derechos jubilatorios adquiridos tras largas luchas de trabajadores y jubilados, sin decir palabra de los que ya tiene sobre las personas que se van a jubilar con los cambios ahora aplicados, tampoco existe neutralidad: ni técnica, ni de ninguna especie. Y esto es muy peligroso cuando en un partido hay jugadores con la camiseta y el escudo puestos, y otros que se supone que llevan la de árbitros.
Un problema mal planteado no es posible que sea bien resuelto. Y, en esto, centrar toda la atención en cuánto cuesta efectivizar un derecho (si son 3, 4, 7 u 8 los puntos de PBI que se requieren) no es la forma correcta de plantearlo, porque si así fuera, la cuestión de los derechos dependería solamente de la economía. Y si bien hay una relación estrecha entre ambas, esa relación no es de subordinación, porque en ese caso no habría, por ejemplo, educación gratuita, lo que también cuesta muchos puntos del PBI.
Entonces, lo que debemos plantearnos es si es justo o no que los trabajadores se puedan seguir jubilando a los 60 años, después de trabajar y aportar 30, o sean castigados porque ahora se atreven a vivir más, y subir la varilla (y seguirla subiendo, porque esa es la filosofía) para que las cuentas les cierren a ciertos economistas. Y, también, si es justo que las prestaciones mínimas sean decorosas o sean miserables, y que la seguridad social no signifique un negocio más, sino un derecho inalienable.
Y si todo eso es justo, de lo que se trata no es de recortar los derechos porque efectivizarlos cuesta demasiado dinero, sino de cómo financiarlos. Y entonces el problema se transforma en definir si la mejor forma de hacerlo es cargar ese financiamiento sobre los mismos que van a recibir los beneficios (los trabajadores) o recurrir al apoyo solidario de la sociedad, de los que sí tienen capacidad contributiva. Porque es sabido que las situaciones desiguales deben tratarse de manera desigual, y eso quiere decir a cada cual de acuerdo a lo que necesita, y de cada cual de acuerdo a lo que puede.
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Por último, una referencia a las destempladas declaraciones del ministro de Defensa, el pediatra no recibido de pediatra Dr. Javier García, quien promete emprender una cruzada santa por todo el país para impedir que se les expropien a los cotizantes de las AFAP sus ahorros, que es la forma como él interpreta que operará la desaparición de esas entidades y el pasaje de los fondos acumulados en ellas a un fideicomiso que le permitirá al Banco de Previsión Social abonar las prestaciones correspondientes.
Es curioso que el Dr. García utilice el término expropiar, que en su boca parecería que es sinónimo de robar, cuando en realidad es una prerrogativa que nuestra traída y llevada Constitución otorga al Estado en los casos de necesidad o utilidad pública de un bien privado, refrendada por una ley y mediando una justa y previa compensación. Aunque lo que hará el plebiscito no es, desde luego, una expropiación, en todo caso sería lo menos parecido posible a un robo.
En cambio, sí es muy parecido a un robo (y a mano armada) que a un trabajador que trabajó y aportó 30 años y ya llegó a los 60 de edad, en vez de aprobar su jubilación, como la legislación permitía hasta hace seis meses, y empezar a pagársela, se le arrebaten cinco años más de aportes, se le quiten al mismo tiempo cinco años de prestaciones a recibir y, todavía, cuando concluya ese calvario, se le termine pagando menos, gracias a la nueva forma de calcular las prestaciones. Quizá el subconsciente traicionó al Dr. García, que en realidad pensaba en el robo que el gobierno cometió con la reforma.
