Julio María Sanguinetti conserva sus rasgos más típicos. Su invariable y contundente adhesión al sistema democrático, al menos en el discurso, tiene sin embargo un revelador y sugestivo talón de Aquiles. En materia de democracia directa exhibe un costado reaccionario que con el tiempo se perfecciona y se profundiza hasta convertirse en terrorismo. Las maneras elegantes, las salidas ingeniosas y la argumentación inteligente rubricadas con profusión de ademanes, rasgos que lo caracterizan en el ejercicio mediático, naufragan cuando se trata de enfrentarse a la gente, a las corrientes populares que amenazan sus intereses, a las expresiones de independencia y coraje (que reconoce y aplaude cuando no las considera peligrosas).
Las casi 800 mil firmas para convocar el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) despertaron esa veta terrorista, esa arista profundamente reaccionaria: «El Frente Amplio y el PIT-CNT se han lanzado a esta operación política, que puede tener consecuencias muy dramáticas. Lo que comenzó como un ejercicio gimnástico hoy va tomando el color de un operativo desestabilizador». Es decir, la campaña de recolección de firmas encubre una conspiración. ¿Para qué? ¿Contra quién? El secretario general del Partido Colorado no lo aclara, porque no es su intención; es el recurso del miedo, el método de infundir terror que tanto rédito le ha dado en su dilatada carrera política.
Como bien decía su correligionario Jorge Pacheco Areco, Sanguinetti también «sabe cómo hacerlo y puede volver a hacerlo». En enero de 1987, cinco días después de que Tota Quinteros, Elisa Delle Piane y Matilde Rodríguez anunciaran la creación de la Comisión Nacional Pro Referéndum para juntar las 600 mil firmas para la revocación de la ley de impunidad, el presidente Julio María Sanguinetti despuntó el vicio terrorista declarando a medios de comunicación locales del departamento de Colonia: «Desde aquí quiero advertir al país que se le irá a pedir una firma por el rencor y la revancha». La apelación popular para derogar una ley que se consideraba injusta era, para Sanguinetti, una expresión de rencor. No explicó por qué revertir una amnistía encubierta a asesinos, torturadores y violadores debía considerarse como una revancha; ¿acaso los ciudadanos no tenían derecho a reclamar justicia? Subvertir la verdad fue siempre su especialidad. En esa cruzada santa en defensa de los terroristas de Estado, Sanguinetti acuñó la argumentación de que las organizaciones insurgentes habían promovido el golpe de Estado.
Durante todo el proceso del referéndum contra la ley de caducidad, entre 1987 y 1989, Sanguinetti se apoyó en las estructuras de la inteligencia militar para espiar a organizaciones, políticos, sindicalistas y religiosos, y para sabotear el proceso. No logró impedir el llamado a las urnas, pero sí logró la mayoría en la votación para la ratificación de la ley. La campaña por el Sí se apoyó en la expansión del miedo: «Nadie quiere que vuelvan aquellas épocas oscuras», fue el latiguillo que reiteró una y otra vez, insinuando el peligro de la desestabilización institucional, ya fuera con respecto a los militares o a propósito del pago de la deuda externa, el salvataje de bancos o los conflictos sindicales. Resulta en extremo maquiavélica la habilidad de Sanguinetti de apoyarse en el cuco de los militares para defender a los militares.
El miedo ha sido siempre el recurso central de Sanguinetti en situaciones críticas. Solo en una oportunidad acompañó un proceso de consulta popular y fue cuando el referéndum contra la ley de empresas del Estado, que había impulsado Luis Alberto Lacalle junto con la coalición de Coincidencia Nacional. En aquel entonces, el líder del Foro Batllista, que en el Parlamento había votado la aprobación de la ley, a último momento se sumó al Frente Amplio, al PIT-CNT y al Nuevo Espacio para revocar la norma. La derogación obtuvo un respaldo del 72 por ciento de la ciudadanía. Sanguinetti dijo haberse sentido embretado «entre una corriente reaccionaria de derecha, que quería destruir al estado batllista, y otra reaccionaria de izquierda, que se oponía a cualquier inversión que no fuera uruguaya»; demostró que se podía cambiar de montura en medio de la corriente.
Por el momento, Sanguinetti se siente ganador apostando contra las 800 mil firmas, una cantidad de voluntades que nunca llegó a reclutar en sus dos candidaturas a presidente y que, de seguro, no alcanzará el Partido Colorado con esta política reaccionaria. Pero el tono con el que comenzó a amenazar y a difundir la ponzoña del miedo revela que el inesperado resultado de la militancia popular augura un final reñido. Por ahora no ha incorporado al repertorio del miedo la acusación de la senadora blanca Graciela Bianchi –segunda en la sucesión de Luis Lacalle– de que ese resultado fue producto de la acción patoteril de los sindicatos, que ejercieron presión generalizada para que los trabajadores firmaran; no aportó pruebas, no es su estilo.
Sanguinetti prefiere comenzar el trabajo de zapa presionando sutilmente a la Corte Electoral, que debe analizar las boletas, como lo hizo antes en 1988. «La verificación de firmas va a llevar meses; siempre hay mucho descarte, entre un 8 y un 10 por ciento», aventuró, estrechando notoriamente el margen.
Algunos de sus comentarios revelan la matriz de su estrategia: «La derogación de las normas sobre seguridad sería la mejor noticia posible para el mundo del delito y el crimen organizado», había adelantado en un editorial del Correo de los Viernes. «Festejaría el Frente Amplio por haber herido al gobierno y a su lado tirarían fuegos artificiales los narcos», escribió, sugiriendo un contubernio traído de los pelos, pero no menos efectivo. Y volvió a alertar: «El país está frente a un riesgo serio. Es una operación política que puede tener consecuencias muy dramáticas».
En la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional colorado, Sanguinetti definió que la inseguridad y un eventual «retorno a los tiempos de Bonomi» serán el centro de la campaña de defensa de la LUC. Expresamente se elude cualquier referencia a las iniciativas de carácter económico de la ley, aquellas que promueven privatizaciones y regalías para el gran capital. Como en 1992, es una coalición de derechas la que sostiene la ley y será esa coalición la que la defienda en el período que se avecina. Por ahora Sanguinetti no percibe que, otra vez, deba cambiar montura a mitad de la corriente. Apuesta al miedo para evitar la voltereta.
