—Días atrás estuvieron recorriendo el río Santa Lucía en canoa, ¿con qué se encontraron?
—Desde el Grupo de Geografía del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias hace años que trabajamos en el Santa Lucía intentando comprender el funcionamiento de la cuenca, que es una cuenca muy compleja, y viendo los problemas que tiene y las posibilidades de solución. Ahora tenemos un acuerdo de trabajo con la Intendencia de Canelones [IC] para estudiar la parte de la cuenca que está en ese departamento y hacer propuestas para resolver algunos de los problemas. Estudiamos los suelos, la relación entre la infiltración y el escurrimiento superficial del agua de lluvia, intentando comprender qué pasó en la inundación de 2024, cuando llovió mucho, pero algunas ciudades se inundaron más de lo esperado. Tenemos algunas hipótesis: el estado de los suelos, el estado de la vegetación, la intensificación agraria, la pérdida de monte nativo, la extracción de arena, algunas intervenciones en el curso de agua, algunas infraestructuras que se construyeron y que están alterando el flujo…
—¿Qué infraestructuras?
—Puentes, por ejemplo, que vemos que generan algunas dificultades para el funcionamiento normal del flujo. Esta recorrida en canoa fue desde Paso Pache hasta Aguas Corrientes, unos 26 quilómetros, y como síntesis encontramos algunas intervenciones que no se deberían hacer de extracción de áridos, tala del monte, el monte invadido con algunas especies exóticas invasoras, como fresnos, gleditsias y ligustros. Una cosa que nos asombró fue el uso social del río. Vimos muchísima gente utilizándolo como zona de recreación, lo cual nos alegró muchísimo. Conversamos con ellos, que son de la zona y habitualmente acampan o pasan el día. Hay algunos problemitas menores de residuos, hace falta un poco de educación, pero bueno. En general lo que vemos en ese tramo del río es que no hay procesos irreversibles.
—No hemos llegado a un punto de no retorno.
—Cada vez que profundizamos los estudios, vemos que esa es la situación. Claro, es una carrera contra el tiempo, y, si seguimos así, vamos a tener problemas.
—Ustedes trabajan con la IC, pero el río atraviesa otros departamentos, ¿no queda diluido el esfuerzo si no trabajan con todas las intendencias?
—Tenés razón, lo de Canelones es solo una parte de la cuenca, que incluye seis departamentos más en los que la posibilidad de interacción es reducida. Este ámbito de trabajo con Canelones debería estar en el marco de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía de la Dinagua [Dirección Nacional de Aguas]. Ese es el espíritu de la reforma constitucional de 2004, que dio lugar a la creación de la ley de aguas y las comisiones de cuenca, que dio mucho trabajo implementarlas: en 2004 se reforma la Constitución; en 2009 se aprueba la ley de agua, ambiente y territorio; en 2010 comienzan los primeros consejos regionales y comisiones de cuenca; en 2013 se crea la comisión de cuenca del Santa Lucía. Todo lento, lento, lento… Y en 2020 la gestión de las comisiones de cuenca, que por ley corresponde al Ministerio de Ambiente [MA], a la Dinagua, que son quienes las presiden, paralizaron totalmente el funcionamiento de las comisiones. Hoy algunas se están reuniendo, pero con una inoperancia total.
—¿Las paralizaron con qué argumento?
—Ninguno. Convocaban a las reuniones, presentaban unos informes y nada. No había posibilidad de profundizar en la implementación de los planes de acción, y te diré que acciones concretas en la cuenca del Santa Lucía prácticamente no se ha realizado ninguna. Se ha generado el plan, un plan que es muy bonito, pero que queda en aspectos generales. No hay propuestas concretas. Por ejemplo, con la extracción de arena: el río Santa Lucía produce mucha cantidad de arena y se puede desarrollar una industria de extracción sustentable. El tema es que hay que estudiar la dinámica del río y decir: «Aquí se puede sacar arena, tanta cantidad, en tales meses del año». Después, el río va a reponer y se puede volver a sacar. Pero no se sigue esa lógica: los permisos se otorgan con criterios puramente económicos y de conveniencia para las empresas. Se está invadiendo monte nativo, se está agrediendo desde las tierras altas para la recuperación. Se establecieron zonas buffer fijas, pero no se avanzó en su implementación.
Ahora con la IC estamos proponiendo zonas buffer de amortiguación o de protección del río de ancho variable, no fijo, como decía la propuesta de 2013, que establecía «en tal tramo son 80 metros, en tal tramo, 100». Hay que evaluar la planicie que ocupa el río cuando se desborda, y esa es la zona en la que tenemos que establecer pautas de uso muy acotadas para proteger el funcionamiento del río. No es invento nuestro, se hace con bastante éxito en lugares como Colombia, en algunas zonas de Estados Unidos y de Europa.
—En 2022 firmaste un manifiesto con otros científicos de la Universidad de la República en el que advertían sobre la situación de la cuenca del Santa Lucía y hacían varias propuestas. La primera era catalogar el río como destinado al abastecimiento de agua potable, con base en una clasificación ya existente por decreto. ¿Se hizo? Me resultó raro que el principal abastecedor de agua potable del país no tuviera esa prioridad.
—Es rarísimo.
—Porque hay otros que sí están clasificados así, ¿no?
—No, solo uno. La Laguna del Sauce es la única para la que se logró la clasificación con el nivel 1.
—¿Qué significa esa clasificación?
—Un papel. Es el reconocimiento de que todo lo que interfiera de forma negativa con la producción de agua dulce no se debería hacer.
—¿Y por qué no se ha logrado para el Santa Lucía?
—Porque eso implicaría sacar los feedlots y algunas industrias, que el saneamiento… un montón de cosas.
—Es una cuestión económica, digamos.
—Esa clasificación viene en el Código de Aguas del 78 y quedó establecido en la Constitución que la prioridad para las cuencas es el abastecimiento de agua potable. Es la primera prioridad. Y en el Santa Lucía, obviamente. Pero son esas cosas que existen, que se pueden hacer, pero que no hay forma de que se avance.
—Imagino que existen presiones.
—El sector desarrollista intensificador en el uso de los recursos naturales es muy celoso a cualquier restricción por criterios ambientales. Lamentablemente, eso trasciende a todos los partidos políticos y a todas
las ideologías.
—Los políticos son sensibles a esas presiones, digamos.
—Totalmente. No solo acá, en todas partes del mundo.
—Otra de las recomendaciones que hicieron fue la de implementar «urgentemente» el saneamiento de ciudades ribereñas, ¿se avanzó algo?
—Casi nada.
—O sea que los líquidos residuales de las ciudades costeras se siguen vertiendo al río.
—Buena parte, sí.
—Y con los vertidos de las indus-trias, ¿se avanzó?
—Se ha avanzado en algunos controles, pero no todo lo necesario. Como a veces pasa en Uruguay, el proceso de desindustrialización, que es algo negativo, desde el punto de vista del río funciona como algo positivo, porque algunas fábricas han ido cerrando. En lo que más se ha avanzado es en el manejo de los efluentes de tambos.
—¿Y qué pasó con las medidas para detener la erosión del suelo por el ganado que figuran en el Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía, de 2013?
—Nada.
—¿El encargado de esto es el MA?
—Es el que debería orientar el proceso, el que debería establecer las pautas al Ministerio de Ganadería, a través de la comisión de cuenca, para un plan específico de recuperación de suelo en la cuenca del Santa Lucía.
Por cierto, nosotros insistimos en que ese es el eje central de la cuenca. El suelo, desde el punto de vista hidrológico, funciona como una esponja. Si el suelo está en buenas condiciones, cuando llueve absorbe mucha agua y luego la libera de a poco. Si está en malas condiciones, cuando llueve el agua escurre mayoritariamente por la superficie, erosiona más, llega más rápido al río, se inunda, y cuando no llueve ese suelo no tiene reservas de agua y la sequía es más intensa. Entonces, el cambio climático y los suelos degradados son una combinación que hace que se complique la producción, pero también que se complique con la llegada de inundaciones a las zonas urbanas.
—¿Esa recuperación cómo se hace?
—Hay que evaluar el estado de los suelos, ver dónde se puede seguir haciendo intensificación agraria y dónde no se debería hacer, por un período de tiempo, hasta que se recupere; hay que alternar tipos de cultivos con ganadería, por ejemplo. La cuenca del Santa Lucía en sus nacientes tiene algo de forestación; es poco, si no recuerdo mal es algo así como un 5 por ciento, pero el 18 por ciento son suelos declarados de prioridad forestal y eso habría que reverlo. No se debería seguir forestando en la cuenca del Santa Lucía. Habría que ver también el tema de los cultivos intensivos, como la soja. Iniciar un proceso de recuperación de los suelos. Como Uruguay es un país de base agropecuaria y va a seguir siéndolo por mucho tiempo (por lo menos no aparece otra posibilidad a corto plazo), estamos convencidos de que es necesario instrumentar muy bien un sistema de riego. Va a ser necesario regar, pero la ley de riego que se aprobó en 2017 no es la solución.
—¿Por qué? El ministro entrante, Alfredo Fratti, dijo que la reglamentarán.
—Porque es una propuesta pensada para la agricultura o la estrategia productiva orientada a la intensificación, que fue la causa del problema. Si regamos con esa orientación, en lugar de construir una solución, vamos a aumentar el problema futuro. No tenemos otras propuestas sobre la mesa. Sé que no vale la pena llorar sobre la leche derramada, pero nos perdimos siete u ocho años para desarrollar otros sistemas de riego, para pensar otros sistemas que nos permitan aumentar la producción, pero no con esta lógica que implica aumentar la presión sobre los recursos naturales, los suelos y el agua, que es la orientación por la cual nosotros criticamos, además de los problemas de inconstitucionalidad, los problemas de privatización del agua, etcétera. Desde el punto de vista biofísico de los sistemas, va a aumentar la presión sobre el suelo y el agua y, por lo tanto, va a generar mayores problemas.
—En una entrevista en Brecha, Fratti dijo que no está de acuerdo con cobrarle el agua al sector productivo, ¿cuál es tu opinión?
—Yo participé en la redacción del texto de la Constitución de 2004 y participé en la elaboración de la ley de 2009, y siempre se dejó abierta la puerta para cobrar, porque siempre tuvimos (yo sigo teniendo) serias dudas de qué es lo que hay que hacer. La duda está en que si hacés las cosas mal en el ambiente, por ejemplo, en la gestión del agua, pero pagás por ello, resolvés un problema económico, pero el sistema ambiental sigue igual. Es la lógica que hoy vemos con UPM en Río Negro.
—«Pago y hago lo que quiero.»
—No es que hacen lo que quieren. Ni siquiera llego a pensar eso. Creo que la planta está mal diseñada, tiene problemas estructurales. Mi interpretación de geógrafo no es de lo que hicieron los ingenieros. Agarraron la planta de Fray Bentos, que funciona relativamente bien, a pesar de que a la larga va a generar problemas ambientales, y la duplicaron de tamaño. Y las cosas no son tan sencillas en la naturaleza. Entonces, se enfrentan a problemas. El problema de escala es muy complejo en los temas ambientales. Hoy se enfrentan a un problema de escala, y bueno, tienen un problema y pagan. Está bien, pagan las multas que el Estado establece, pero eso no recupera la vida del ecosistema del arroyito que destruyeron por la fuga de una pileta que se les rompió, porque el diseño de la estructura no estaba ajustado al tamaño de la pileta. Entonces, creo que no es el mecanismo idóneo. Ahora, tampoco es justo que usen los recursos sin pagar.
No tengo respuesta porque, finalmente, si la justificación luego va a ser «pero yo estoy pagando, entonces no me vengan con cosas»… O instrumentan todo eso y después vienen los sistemas de exoneraciones porque dicen que son inversiones de interés nacional, pero al pequeño productor no lo exoneran, entonces ¿no construiremos una trampa si hacemos un sistema en que les terminaremos cobrando a los granjeros, a los horticultores, a las pequeñas industrias, a la OSE, mientras que a las grandes empresas las exoneramos? La puerta está abierta, se puede cobrar el canon mañana si se quiere, pero no hay un consenso en cómo hacerlo y que sea justo, y que realmente sea un instrumento ambiental, no como hoy funcionan las multas ambientales: para hacer caja.
—¿Considerás que hay modificaciones posibles que conviertan a Neptuno en un proyecto viable?
—No. La propuesta no tiene solución. Lo venimos planteando desde 2021. La OSE, el MA y el consorcio [Aguas de Montevideo] mintieron durante tres años sobre los eventos de salinidad, que son mucho más frecuentes y extensos en el tiempo de lo que ellos plantean. Por lo tanto, se va a construir una planta que durante muchos meses del año no va a funcionar. De hecho, el contrato plantea que la responsabilidad del consorcio es brindar el agua bruta para que la OSE la potabilice; si los eventos de salinidad duran más de 70 días, no es responsabilidad de la empresa. Lo ponen así porque ellos saben que están mintiendo. Si se construye, dentro de unos años, para que funcione va a haber que poner una planta desalinizadora y eso aumenta los costos, aumenta los problemas ambientales. A eso se le suman las floraciones. La frecuencia de aparición de estos eventos se suma a las tendencias del cambio climático para los próximos 50 años, que nos hablan de aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura y aumento de los vientos, que son los tres factores que empujan la cuña salina hacia el interior del Río de la Plata.
—¿Y qué pasa con lo que llega de Argentina? Me refiero, por ejemplo, al colector subacuático de Buenos Aires y a casos como el del arroyo Sarandí, que desemboca en el Río de la Plata, que fue noticia porque se tiñó de rojo sin que todavía se sepa qué pasó.
—Esa es una de las principales críticas. La cuenca del Río de la Plata involucra a Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Si nosotros ponemos una planta allí, no podemos ir a decirles a estos gobiernos que «miren, cuiden porque nosotros estamos tomando el agua». Estamos rehenes de todo eso porque estamos a la salida de la cuenca. Entonces, todo lo que se tira arriba va a dar ahí, y eso tiene que ver con la mayor frecuencia de las floraciones, algo que se viene diciendo desde hace 30 años: «Vamos a gestionar bien los territorios porque las floraciones van a ser un problema». Y ahora lo estamos viendo. Aquellos ingenieros de hace 30 años, que nos decían «alarmistas», «sensacionalistas» y no sé qué, no sé cuánto, hoy no salen a responder «tenían razón, nos equivocábamos». No, proponen esta misma cosa.
Yo estudié la evaluación de impacto ambiental de ese colector subacuático y lo referente al cruce de los desechos que va a tirar, que es enfrente a donde está Arazatí; lo resuelven con una frase: «Es imposible que cruce el canal del Paraná Guazú». No hay un estudio de referencia. No encontré ningún estudio que hiciera un modelo de eso. Yo sé que hacer eso es muy complejo, pero lo que dice es casi pensamiento mágico, porque lo dice así, que es imposible que pase.
Con respecto a lo que sale de los arroyos de toda el área de Buenos Aires, en general tienen serios problemas, pero, como es la desembocadura de arroyos en la costa, ahí el flujo del Río de la Plata empuja lo que descargan estos arroyos hacia la costa. Habría que estudiarlo en profundidad, pero no veo que sea tan fácil que llegue. El problema del colector subacuático es que entra 14 quilómetros. No es que lo tiren a la costa, tiran aguas adentro.
Yo creo que el Santa Lucía tiene un potencial tremendo. No hemos llegado a un proceso de degradación. Hay que recuperarlo, hay que cuidarlo. Esa es la solución, mucho más barata y mucho más eficiente.
—¿Han tenido contacto con el gobierno electo?
—Hemos tenido algunas comunicaciones, le hemos hecho llegar informes. Como academia no hemos logrado espacios de trabajo conjunto, pero sí nos han solicitado información y alguna conversación informal. A veces no son por iniciativa nuestra, a veces son pedidos. Hay cierto intercambio informal, siempre informal, pero que nos digan «queremos que la academia o la Facultad de Ciencias o el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales tenga una reunión formal con nosotros», eso no.
