La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre que significó la gestión del general Eduardo Pazuello al frente del Ministerio de Salud, en especial el impacto mediático de la escandalosa falta de oxígeno en Manaos –por la que Pazuello es investigado judicialmente (véase «Asfixiados», Brecha, 29-I-21)–. Hasta su nombramiento en setiembre, y a pesar de ocupar diversos puestos estratégicos en el gobierno, los militares actuaban de forma más discreta, casi siempre a través de oficiales retirados. Pero Pazuello, general en actividad, agarró el fierro caliente durante la mayor crisis sanitaria de la historia del país. Otros oficiales filtraban constantemente a la prensa su malestar con la gestión sanitaria del gobierno y, casi siempre en off, pedían que el general pasara a retiro y evitara así la mancha en la imagen castrense. Pazuello dimitió el 23 de marzo, día en que se registró un nuevo récord de 3.251 muertes por covid-19.
La crítica de algunos oficiales a la política sanitaria no era, sin embargo, el único motivo de desencuentro entre las jerarquías civiles y militares. Desde el año pasado, Bolsonaro estaba molesto con el ahora excomandante del Ejército Edson Pujol. En abril, en un evento militar en Porto Alegre, el presidente, conocido por su rechazo a las más mínimas precauciones sanitarias, extendió su mano para saludar a Pujol. Recibió un codo. En noviembre, dos días después de la velada amenaza bélica de Bolsonaro al entonces presidenciable estadounidense, Joe Biden, por unos dichos de este sobre la protección de la Amazonia («cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora», había retrucado el brasileño), Pujol salió al cruce de su superior y sostuvo a la prensa que no existía ningún país en el continente que representara una amenaza para Brasil y que, de todas maneras, las Fuerzas Armadas brasileñas no tenían los recursos suficientes para garantizar la soberanía nacional.
Para mayor inri bolsonarista, durante una conferencia con empresarios al día siguiente, Pujol afirmó: «No queremos ser parte de la política gubernamental o del Congreso Nacional, y mucho menos queremos que la política entre en nuestros cuarteles». «No cambiamos cada cuatro años nuestra manera de pensar o de cumplir nuestras misiones», agregó. De inmediato, Bolsonaro recordó en Twitter que era él quien había elegido a Pujol para el cargo de comandante, un ayudamemoria que parecía tener como destinatario al propio general.
Lo cierto es que Pujol era visto como un obstáculo para las tentativas del presidente de radicalizar el apoyo militar a su gobierno. En las últimas semanas, el mandatario se refirió varias veces a las tropas como «mi ejército» y dejó claro, fiel a su estilo de gestionar la pandemia, que los militares no saldrían a la calle a obligar a ningún trabajador a quedarse en su casa. Mientras tanto, la Justicia anunciaba la anulación de las condenas de quien será seguramente el principal contendor de Bolsonaro en las próximas elecciones, Lula da Silva, en el medio del más estricto silencio militar. En ese escenario y en pleno recambio de gabinete, el presidente removería, el 29 de marzo, como quien no quiere la cosa y sin mayores explicaciones, al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, protector de Pujol (véase «Hasta aquí llegó mi amor», Brecha, 30-III-21).
Las cosas no salieron como esperaba. Tras el terremoto de la renuncia simultánea de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en respaldo a Azevedo e Silva, Bolsonaro acabó por respetar el criterio de antigüedad para las nuevas designaciones. Terminó eligiendo –o aceptando, según se lo mire– al general Paulo Sérgio Nogueira como nuevo comandante del Ejército, hecho que, con el pasar de los días, fue entendido por analistas y entendidos de política militar como una señal de continuidad. El ejército publicó entonces una foto de una reunión entre el nuevo ministro, Eduardo Villas Bôas, Pujol y Nogueira, con la frase: «Antiguo, actual y futuro comandante del Ejército de Caxias: lazos inquebrantables de respeto, camaradería y lealtad».
GOLPE… DE EFECTO
Las primeras reacciones mediáticas y políticas fueron dominadas por la euforia. El periodista y exasesor de prensa del gobierno de Lula, Ricardo Kotscho, que mantiene contacto con algunos militares en actividad, expresó en su columna en UOL del primero de abril que lo que había conseguido Bolsonaro había sido «unir a los militares contra él», ya que los uniformados habían por fin «desembarcado del gobierno y encuadrado al presidente en los límites constitucionales». Sin embargo, dos días después escribió: «Lo que pareció una ruptura del gobierno con su base uniformada fue apenas un juego de escena para cambiar los quepis de los jefes militares por otros más al gusto del capitán, sin cambiar nada en la concepción secular de los militares como tutores del poder civil».
Kotscho repensó su lectura, pero el resto de los análisis de la prensa brasileña fueron –y son– casi unánimes: los uniformados estarían tratando de evitar la «politización» de las Fuerzas Armadas, abocados a preservar la democracia frente a las «aventuras golpistas» de Bolsonaro. Pero pensar que los militares quieren evitar una politización de los cuarteles durante el gobierno más militar de la historia democrática suena, como mínimo, contradictorio. Piero Leirner, antropólogo y especialista en estrategia castrense de la Universidad Federal de São Carlos, afirma a Brecha que lo ocurrido no se trata de una reacción a los arrebatos golpistas de Bolsonaro, sino la simulación de una reacción: «La figura de Bolsonaro como presidente es en sí misma una construcción militar, hecha para parecer independiente, errática e incontrolable. De esa forma, los militares siempre aparecen como un factor de contención (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20). Lo que sucedió ahora es una sobrecarga de esas construcciones, una operación psicológica del tipo conmoción y pavor a nivel informacional, en la que todo el mundo queda desnorteado en un primer momento y luego con la sensación que ellos quisieron imprimir en el imaginario colectivo: que dijeron “basta”, que ahora “la política” se va a mantener lejos de los cuarteles». Para el analista, «la supuesta crisis militar ya alcanzó su objetivo y lo que vendrá ahora es una operación de desacoplamiento de la tropa en relación con Bolsonaro».
Para el periodista André Ortega, coautor, junto con Pedro Marín, del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, «los militares afirmaron su unidad en el actual escenario y mostraron que mantienen una unidad corporativa, que no es solamente institucional, racional-burocrática, sino política y cultural, como han hecho siempre en la historia». Ortega tampoco cree que los uniformados estén defendiendo las instituciones democráticas: «Hay un exceso de entusiasmo con relación a los supuestos “generales democráticos”. No podemos confundir las diferencias de ambiciones individuales o de feudos con grandes diferencias políticas. No hay ruptura ni esfuerzos de preservación democrática: hay una puesta en escena para preservar la imagen de que la militar es una institución competente y mantener, e incluso aumentar, lo que han conquistado con este gobierno».
PASANDO REVISTA
Eduardo Svartman, historiador, doctor en Ciencia Política y presidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, tampoco cree que se pueda hablar de ruptura, porque «los militares son corresponsables de la elección de este gobierno y son una parte de su base». Desde su perspectiva, lo acontecido «sugiere un reacomodo en el que algunos militares en actividad pretenden marcar una cierta distancia respecto al gobierno y, en ese marco, se explicita una tensión entre parte de la alta oficialidad activa y los oficiales de la reserva, que son quienes están masivamente presentes en el Ejecutivo». Este último actor, sostiene Svartman, «enfrenta su peor momento y juega con el golpismo para contrabalancear su debilitamiento».
Para el académico, lo que los oficiales en actividad quieren evitar es una posible insubordinación en los cuarteles: «Hay una preocupación por la creciente politización y polarización y el accionar entre las tropas de las milicias digitales bolsonaristas». Existe, según él, «un temor de que ocurran episodios como los de Bahía [véase recuadro] en unidades militares y se le haga difícil a la cúpula mantener el alineamiento de todo el mundo».
Los de abajo
El lunes 29 de marzo, un integrante de la Policía Militar protagonizó un extraño episodio en el Farol da Barra, un sitio icónico de Salvador de Bahía. Después de empezar a disparar contra sus compañeros, el agente fue ultimado. Las bases bolsonaristas de Internet se abocaron rápidamente a convertirlo en héroe, alimentando la versión de que el policía habría muerto por negarse a seguir las órdenes del gobernador del Estado, Rui Costa (del Partido de los Trabajadores), que había decretado algunas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia.
La campaña, por el tenor de sus mensajes, parecía una tentativa bolsonarista de enardecer a sus seguidores y fogonear un levantamiento de las Policías Militares a lo largo del país. Rafael Alcadipani, integrante del Foro Nacional de Seguridad Pública, dice a Brecha que, sin embargo, las bases del gobierno «le erraron al diagnóstico». La táctica no funcionó. Sí existe, afirma, una coincidencia ideológica entre ambas fuerzas: las Policías Militares, «alineadas en la derecha y el conservadurismo, están muy influenciadas por la ideología del bolsonarismo y se identifican con el presidente». Pero Alcadipani cree que, a pesar de que no puedan descartarse sublevaciones o acuartelamientos puntuales, no tienen, por sí solas, la suficiente fuerza para generar un hecho de mayor gravedad: «Con una tasa de desempleo tan alta, sin una ayuda económica fuerte y un sólido apoyo de las Fuerzas Armadas es muy difícil que tentativas como estas tengan posibilidades».
