Chubut padece una crisis económica y financiera iniciada en 2015 a partir de un endeudamiento feroz tanto en moneda nacional como en dólares, que creció un 600 por ciento durante los cuatro años de macrismo y el primer año de pandemia: en 2015 debía 7.400 millones de pesos argentinos (equivalentes a unos 82 millones de dólares), pero para diciembre de 2020 ya eran 44.000 millones de pesos (490 millones de dólares). La cosa se complica si se tiene en cuenta que la provincia tiene una deuda en dólares cercana a los 1.200 millones. La pobreza en Chubut trepó del 14,5 por ciento a comienzos de 2019 al 31,8 a fines de 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicados en diciembre pasado.
Con este panorama, desde el gobierno provincial, encabezado por Mariano Arcioni, del Frente de Todos, y el gobierno nacional sostienen que la única salida viable para paliar la crisis es la explotación de los recursos naturales de la provincia, especialmente del petróleo, los diversos minerales y los yacimientos de uranio. Provincia empobrecida pero rica en recursos y observada de cerca por las multinacionales extractivistas.
Desde el 8 de mayo de 2003, y a instancias de un plebiscito realizado en la localidad cordillerana de Esquel, Chubut cuenta con la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto en todo el territorio provincial. La norma prohíbe, además, el uso de cianuro en explotaciones mineras, pero en su artículo 2 deja abierta la posibilidad de que el Consejo Provincial del Ambiente, en los siguientes cuatro meses de sancionada la ley, decida si existen zonas de excepción. La fecha estipulada venció el 8 de setiembre de 2003, pero el gobernador Arcioni apeló a ese artículo para enviar, el pasado 24 de noviembre, un proyecto de ley de zonificación minera que busca exceptuar de la prohibición a la meseta central de la provincia.
El mismo día en que Arcioni enviaba el proyecto al Legislativo, la Unión de Asambleas de Chubut (UACH) presentaba su proyecto de reforma a la ley 5001 para ampliar la lista de productos químicos de uso prohibido en toda la provincia. El proyecto de la UACH nació de la Constitución provincial, que habilita la presentación de proyectos de ley de iniciativa ciudadana y popular con el respaldo de al menos 3 por ciento del padrón electoral. La UACH logró el 7 por ciento de apoyo, es decir, más del doble de lo necesario. Sin embargo, la iniciativa popular fue cajoneada por las autoridades locales a favor del proyecto del gobierno.
El apuro de Arcioni cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández, del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de su secretario de Energía, Alberto Hensel. La disputa entre las asambleas populares y el gobierno provincial creció entre diciembre y enero pasado sin que los legisladores pudieran, hasta ahora, sancionar la ley de zonificación que favorece a la minera canadiense Pan American Silver y a otros negocios.
LOS PROYECTOS DE MOSCÚ
El 23 de enero de 2018, durante su visita a Rusia, el presidente Mauricio Macri presentó como un logro la firma de un preacuerdo entre Argentina y Rusia para la extracción de uranio en la meseta central de Chubut. Según el documento, la empresa rusa Uranium One Group invertiría inicialmente 250 millones de dólares para la exploración y la explotación de uranio en la provincia. La socia argentina del emprendimiento es la empresa Uramerica Argentina, presidida por Omar Adra, quien busca, desde hace años, un filón de riqueza mineral para explotar en la Patagonia. Pero, en realidad, Adra tan sólo representa, a nivel local, los intereses de la casa central de Uramerica, una compañía fundada en Canadá en 1997 pero comprada en 2013 por la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, de la Federación Rusa. Como puede verse, este país tiene la sartén por el mango en el negocio del uranio que pretende instalarse en Chubut.
En diciembre de 2018, con el preacuerdo entre Argentina y Rusia firmado en enero tomando cuerpo y los técnicos de ambos países ya reunidos para afinar los números, ocurrió la visita a Buenos Aires del presidente ruso Vladimir Putin. Entre los integrantes de su comitiva llegó Alexey Likhachev, presidente de Rosatom, con el fin de cerrar el acuerdo con el entonces secretario de Energía de Macri, Javier Iguacel, luego involucrado en causas judiciales por corrupción. Con ese acuerdo quedó rubricada la construcción de centrales nucleares de alta y baja potencia en Argentina y la posibilidad de la «operación conjunta de la flota de centrales nucleares flotantes de diseño ruso».
El acuerdo se firmaba en un contexto de mala reputación internacional para el negocio del uranio. Aún resonaban los ecos del estallido en 2011 de la planta de Fukushima, en Japón, y el mundo empezaba a discutir alternativas a la energía atómica, al punto de que los precios del mineral habían caído hasta un 70 por ciento. Pero el panorama cambió radicalmente en 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus, que obligó a suspender la actividad minera y dirigió la atención de los mercados a las reservas de uranio ya envasadas. Los precios del mineral se dispararon y los grandes jugadores internacionales del negocio resucitaron.
Con este nuevo panorama, los acuerdos firmados por Macri se fortalecen y el gobierno de Alberto Fernández, que lidia con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, no está dispuesto a perder de vista aquellos negocios que reporten dinero fresco a las arcas del Estado nacional y provincial. De modo que tanto el proyecto de explotación de la Pan American Silver –con diez años de espera a cuestas– como las inversiones rusas para la extracción de uranio se han constituido en una prioridad para el gobierno argentino.
LA DIPLOMACIA DEL URANIO
Una situación que se hace todavía más acuciante si se tiene en cuenta la provisión a Argentina de 60 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, producida en Rusia, de las que han llegado, hasta ahora, un millón. Entre el 7 y el 15 de enero se produjo un retraso en las entregas y la prensa local registró los reclamos de distintos sectores en Rusia por haber enviado vacunas a Sudamérica sin que la población del gigante euroasiático estuviera completamente vacunada. El episodio coincidió, además, con los escarceos del gobierno chubutense y los reclamos del gobierno nacional por la aprobación de la ley de zonificación en la meseta.
Brecha consultó a la cancillería argentina sobre posibles relaciones entre acuerdos por el uranio y la provisión de la vacuna Sputnik V. «Ninguna», sostuvo en primera instancia la fuente, que pidió el anonimato para poder luego aclarar que, «de todos modos, los acuerdos que se firman entre países tienen en cuenta todos los intereses en juego y de acuerdo a eso se mueven las fichas». «Esto es negociación diplomática», sentenció.
«Nos preocupa la situación del proyecto de la Pan American Silver, pero queda claro que, mientras ese parece ser el centro de la escena del conflicto provincial, nadie habla del uranio que busca Rusia», señaló a Brecha por su parte el abogado ambientalista Pablo Lada, residente en Chubut. «Si se aprueba el proyecto de zonificación, los otros beneficiados directos van a ser Rusia y sus empresas atómicas. Ellos tienen puesto el ojo en la misma región chubutense que la Pan American Silver, porque ahí también hay uranio», remató.
El proyecto de zonificación incluye casi la mitad del trayecto del río Chubut, que atraviesa toda la provincia desde el norte cordillerano hacia el océano Atlántico. Un informe elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a través de su Centro Nacional Patagónico y hecho público este mes es lapidario sobre la suerte que correrá la cuenca si se aprueba la ley. «El río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia y es el que abastece del recurso hídrico a más del 50 por ciento de la población provincial, sumado a su uso en la producción agrícola ganadera del valle central. Sumado a las condiciones de escasez de agua en la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro», señala el documento. Pero los intereses en juego suman millones que ni las empresas ni el gobierno quieren rifar, aunque en el medio esté en juego el futuro ambiental del país y el planeta.
