El anuncio del presidente antes del ingreso del proyecto en la Cámara Baja y la tónica de ahorro que ha primado en cada instancia de exhibición de números no dejaron mucho espacio a la especulación sobre posibles aumentos de fondos para los incisos el próximo año. El concepto general que primó en la elaboración de la propuesta, a decir del mandatario, fue el de incremento del gasto «casi cero». La excepción se dio en los montos destinados a los programas de apoyo a la primera infancia y en la creación de un fideicomiso para regularizar asentamientos, financiado a partir de la reasignación de ingresos del Instituto Nacional de Colonización. En cuanto al aumento de fondos para los organismos vinculados a la educación, el proyecto se ajustó con exactitud a lo mencionado por el presidente, aunque sin el casi: la única partida que se ingresa es para la Universidad Tecnológica (UTEC) y refiere a una redistribución desde el Plan Ceibal para la administración de un proyecto que ya se ejecutaba anteriormente.
En el proceso de armado del proyecto, la solicitud que llegó desde el Ejecutivo a las administraciones educativas fue la de enviar artículos que no implicaran refuerzos económicos. Ello no suponía que no fueran necesarios, sino que el gobierno no estaba dispuesto a financiarlos por esa vía. La diferencia quedó explícita en las rendiciones de cuentas elaboradas y remitidas, también al Parlamento, por las propias instituciones educativas. Con la explicación de que se tomaba en cuenta la sensible situación económica del país, a la vez que se dejaba claro que se postergaban planes y programas, en conjunto, para 2022, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y la UTEC solicitaron refuerzos presupuestales por 53 millones de dólares –con el cambio actual de pesos uruguayos– para desarrollar actividades consideradas imprescindibles y críticas.
La ANEP fue la institución que solicitó el mayor refuerzo de fondos, unos 31,8 millones de dólares –1.383 millones de pesos–, según se detalla en su rendición de cuentas. Con esas partidas planea financiar nuevas obras, ampliaciones y rehabilitaciones edilicias de centros educativos. Además, se solicitan fondos para implementar un rediseño organizacional con el fin de mejorar la aplicación de políticas y los objetivos estratégicos de la administración. También se buscaría llevar adelante una mejora en los aprendizajes y «reducir inequidades» mediante la transformación curricular, las intervenciones focalizadas en los centros de enseñanza primaria y media básica de mayor vulnerabilidad, la creación de cargos de coordinación en áreas específicas y la formación de equipos de dirección. Finalmente, se solicitan recursos para atender gastos salariales permanentes financiados con el Fondo de Inasistencias.
En la entrega del documento al Parlamento, que incluye una ponderación de la situación educativa actual, el presidente del organismo, Robert Silva, sostuvo que los recursos son imprescindibles para emprender procesos de innovación en materia educativa y atender las necesidades de nueva infraestructura. La urgencia de nuevos fondos, la reducción salarial y algunos de los resultados educativos de 2020 (durante la suspensión de clases presenciales, la participación en propuestas educativas en Secundaria y UTU fue de 55,8 por ciento y 48,8 por ciento, respectivamente, con una cifra aún más baja en los quintiles de menores ingresos, según la propia ANEP) parecerían determinar una contraposición con la visión optimista que el Ejecutivo plantea respecto al ahorro de 700 millones de pesos en dicha administración durante el pasado año, tal como se detalla en la exposición de motivos.
Al respecto, el integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y exconsejero de Primaria de la ANEP Pablo Caggiani sostuvo a Brecha que los fondos solicitados en la rendición de cuentas son «absolutamente insuficientes», ya que no dan cuenta de los efectos negativos generados por la pandemia en lo educativo y tampoco se proponen mejoras salariales –continúa la caída del poder de compra, unos 18 jornales perdidos en 2020, según Caggiani–. Agregó que, en el contexto actual, no se instrumentaron medidas de contingencia, más allá de la reapertura de los centros educativos, y ejemplificó con el limitado uso que se les dio a los 500 locales ofrecidos por las intendencias, la Udelar y otras instituciones por falta de recursos, que se podrían haber utilizado «para desdoblar grupos», de forma de ganar horas de presencialidad para aquellos estudiantes «muy dañados por la falta de clases el año pasado y el actual».
CONTRACÍCLICAS
De forma mayoritariamente consensuada, durante el último año se ha evidenciado la importancia de la investigación científica y la generación de conocimiento para el desarrollo en el país. Si bien la Udelar representa un puntal significativo en estos aspectos, en el último presupuesto su relevancia no se correspondió con los montos asignados para el quinquenio. Los recursos aprobados en 2020 supusieron una retracción del 5,9 por ciento para el presente año –principalmente por la caída del salario real– y la cifra se acerca al 7 por ciento para 2024. La caída presupuestal se contrapone, a su vez, al aumento en los ingresos de nuevos estudiantes, 12 por ciento más en comparación al año pasado. El pedido de refuerzo presupuestal por 19 millones de dólares –834 millones de pesos– apunta a la sostenibilidad de actividades y proyectos que se encuentran en riesgo crítico o que constituyen aportes relevantes para que la sociedad afronte la salida de la pandemia en mejores condiciones.
La propuesta de rendición se resume, fundamentalmente, en cuatro articulados. En primer lugar, se solicitan fondos para llevar a cabo un proceso de mejora en el Hospital de Clínicas –compra de insumos y pago de suplencias– y desarrollar cuatro programas para atender la salud de la población y las problemáticas pospandemia: programa de rápida resolución del cáncer de mama; rehabilitación poscovid-19; Unidad de Cirugía Ambulatoria, y Programa Integral de ACV y Neurorrehabilitación. Por otra parte, la Universidad plantea la necesidad de contar con mayores fondos para mejorar la atención de la población estudiantil mediante el fortalecimiento docente y el aumento de becas. En el mismo sentido, se requiere un aumento de recursos para financiar becas de posgrado. Finalmente, se propone la creación de dos institutos centrales de investigación: uno vinculado a la producción de vacunas (véase página 24) y el otro al estudio del impacto social de la crisis.
Consultado por Brecha, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, sostuvo que la rendición presentada es «muy austera» por la situación económica del país y que lo solicitado es necesario para destinar a las áreas «críticas» de la enseñanza, ya que, de lo contrario, se generarán consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. A pesar de los límites fiscales, en su visión, hay políticas públicas que necesariamente tienen que tener un componente contracíclico: «Es una contradicción que, cuando más necesiten becas los jóvenes para poder seguir estudiando, Uruguay y la Universidad las reduzcan; tampoco es razonable reducir el gasto en ciencia y tecnología».
Con menor peso presupuestal y de matrícula estudiantil, pero con significativa relevancia para la descentralización educativa, la UTEC también presentó su rendición de cuentas al Parlamento y solicitó un refuerzo para 2022. En su caso, la necesidad es de 2,2 millones de dólares –98,2 millones de pesos–, que representan casi un 10 por ciento del total asignado para el año. Según explicó al semanario Rodolfo Silveira, integrante del Consejo Directivo Central provisorio, estaba previsto un incremento «por arriba del 20 por ciento para 2022», pero la cifra se adecuó «atendiendo a las dificultades del país». Con esos fondos se pretende, principalmente, contratar nuevas horas docentes para dar continuidad a la oferta educativa iniciada antes de 2020, expandir la presencia en el territorio y fortalecer las capacidades de investigación mediante la radicación de docentes en el interior del país.
Ahora, las instituciones educativas tendrán una instancia parlamentaria para exponer sus planteos. Brecha se comunicó con legisladores de la coalición oficialista para consultar sobre posibles flexibilizaciones. La respuesta fue que todavía no hay una definición.
