El deterioro del rubro del pórtland de ANCAP y los intereses privados que lo rondan

En el horno

La irrupción de la cementera Cielo Azul estresó el mercado del pórtland en Uruguay. ANCAP sigue con atención el impacto de esta empresa en el negocio, al tiempo que el ministro de Industria, Omar Paganini, aprovechó su ida al Parlamento para cuestionar los costos de producción del ente estatal. Una de las salidas que promueve el gobierno sería una asociación con privados para la explotación de la planta de Paysandú, para lo cual existen firmados acuerdos de confidencialidad con cuatro empresas interesadas. El FA y el sindicato relacionan las pérdidas con la escasa inversión en el rubro, algo que abre la ventana a la conformación de un oligopolio privado.

Fábrica de pórtland de ANCAP, Lavalleja Adhoc, Ricardo Antúnez

Ernesto Correa da Silva Filho es un empresario brasileño de bajo perfil, que comenzó a gestar su fortuna en los años setenta y ochenta, con la instalación de una empresa de calzado en China. Con el tiempo, Correa se convirtió en el principal del Grupo Prodesenho, un holding de empresas con inversiones en los sectores inmobiliario, agrícola, hotelero (la cadena Intercity), tecnológico y de administración de tarjetas de crédito. Además, es el pricipal accionista del Banco Topazio SA.

Sobre finales del pasado siglo, Correa transfirió su residencia fiscal a Uruguay y comenzó una serie de inversiones en el país, con la compra del frigórifico Pul y unas 100 mil hectáreas de campo dedicadas a la producción arrocera y agroindustrial. En 2011, Correa vendió el frigórifico Pul –cuyo vicepresidente era el hoy diputado nacionalista Rodrigo Goñi– al grupo Minerva Food a cambio de unos 65 millones de dólares. Como parte del pago, se quedó con algunas de las acciones de Minerva. El resto de las utilidades se usaron en una nueva línea de negocios: el cemento.

En junio, la cementera Cielo Azul –propiedad de Correa– inició la operativa de su planta ubicada en Treinta y Tres, que demandó una inversión de unos 150 millones de dólares. La planta está equipada con tecnología de última generación y tiene una capacidad de producción de unas 450 mil toneladas de pórtland al año.

El comienzo de las operaciones de la cementera es seguido con atención por sus competidores, en especial por ANCAP, por el eventual impacto que puede provocar en sus finanzas. Este asunto, incluso, fue abordado por el ministro de Industria, Omar Paganini, durante su comparecencia en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto que establece la obligación del Estado de adquirir cemento de fabricación nacional y al menos un 50 por ciento a ANCAP.

Paganini –que expresó su opinión contraria al proyecto– afirmó que la irrupción de este nuevo jugador causa «un problema creciente» para ANCAP, ya que puede enfrentar un escenario de caída del precio de venta del pórtland y una pérdida de su participación en el mercado. Ante los legisladores, el ministro dijo que el gobierno no tiene en carpeta el cierre de ninguna de sus dos unidades productivas de pórtland (Minas y Paysandú) ni una posición respecto a cuál será el futuro de este negocio. Sin embargo, algunas cartas parecen asomar por el mazo.

EN ROJO

El sector pórtland de ANCAP terminó 2020 con pérdidas por 2,4 millones de dólares. Esto consolidó 20 años de pérdidas ininterrumpidas de esta área de negocios (con pérdidas millonarias en los años 2015 y 2016). La proyección para 2021 es que el sector genere pérdidas por entre 5 y 6 millones de dólares (esto incluye una inversión de 1 millón de dólares en mantenimiento en la planta de Paysandú, que es computado como gasto). Este dato preocupó a las autoridades del gobierno. Sobre todo por el futuro.

En Uruguay, se comercializan unas 850 mil toneladas de cemento pórtland por año, a un precio promedio de entre 140 y 150 dólares por tonelada. Este mercado –de unos 120 millones de dólares anuales– está dividido en mitades. El 48 por ciento corresponde a Cementos Artigas, propiedad de la brasileña Votorantim y la española Molins, principal jugador del mercado, que cuenta con una planta de última generación en Lavalleja. Si se le suma la porción del negocio de la Compañía Nacional de Cementos SA, cuya planta industrial está en Pan de Azúcar (Maldonado), este grupo alcanza al 50 por ciento del mercado.

ANCAP ocupa el segundo lugar con el 42 por ciento, al tiempo que tercero, lejos, se ubica Cementos Charrúa (Cimsa SA), propiedad de los futbolistas Diego Godín y Diego Lugano, con el 8 por ciento del total comerciado en el país. Esta última se dedica a la importación y venta de cemento proveniente de Turquía, ya que no cuenta con una planta de producción en Uruguay. En este escenario se inserta el comienzo de la operativa de Cielo Azul.

La empresa liderada por Correa irrumpió con una política comercial muy agresiva, con ofertas de reducción de hasta un 30 por ciento en el precio final del producto a las barracas. Sin embargo, encontró dificultades en la colocación de sus productos frente a la alta fidelidad que tienen las marcas Artigas y ANCAP en el mercado. Esto provocó que Cielo Azul generara un sobrestock de producto (la producción supera la capacidad de colocación del producto en el mercado), por lo que debió detener la operativa de su planta. La percepción entre varios operadores es que Cielo Azul consolidará la captación de clientes en el noreste del país, zona de influencia de su planta, pero que por ahora le cuesta ingresar con su producto en otras zonas.

Su estrategia, no obstante, puede tener efectos a largo plazo. Según Paganini, el ingreso de este nuevo jugador crea un inconveniente para ANCAP: «Sabemos que la penetración de una empresa como Cielo Azul va a ser, de alguna manera, significativa». El ministro apuntó que su presencia, con un fuerte aumento de la oferta, puede disminuir el precio de venta del producto. En ese escenario, Cementos Artigas tendrá la posibilidad de competir en precio, pero «ANCAP va a tener problemas», dijo Paganini.

Para el ministro, las ineficiencias de ANCAP están provocando un encarecimiento del producto –un sobreprecio– que es aprovechado por sus competidores, en particular por Cementos Artigas, para obtener altos márgenes de ganancia. El ministro apuntó que ANCAP está oficiando como un ente testigo del pórtland, pero para encarecer su precio, lo que afecta otras áreas de la economía. De acuerdo a los datos a los que accedió Brecha, Artigas tiene un costo de producción de entre 60 y 70 dólares por tonelada, al tiempo que Charrúa importa a un precio de entre 90 y 100 dólares por tonelada, pero ambas se ajustan al precio de venta de ANCAP.

El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, compartió la preocupación del ministro sobre el futuro del sector: «Si viene alguien que puede producir unas 450 mil toneladas por año, a un costo muy eficiente, es un problema». Según Stipanicic, ANCAP enfrenta un escenario desafiante de menores precios y pérdida de ventas, pero aún se desconoce cuál es el impacto real de Cielo Azul en el mercado: «El dato se está consolidando». Sin embargo, el jerarca del sector Ciudadanos apuntó que el ente debe seguir trabajando en la mejora de los costos de producción, y que existen varios escenarios posibles para el futuro del pórtland estatal.

VIEJAS HISTORIAS

Pero, en cambio, Vicente Iglesias, director de ANCAP en representación del Frente Amplio, aseguró que la actual situación del pórtland tiene una explicación concreta: la sistemática falta de inversión en este sector. A su criterio, este proceso de desinversión se extendió durante casi 30 años. En 2005, tras un informe de auditoría elaborado por la consultora Arthur D. Little, se diseñó un plan de inversiones en el sector pórtland que alcanzó los 264 millones de dólares, destinados a la planta de Minas (unos 145 millones de dólares) y a la de Paysandú (unos 65 millones de dólares).

Sin embargo, las dos plantas mantienen el uso de tecnología de las décadas del 60 y 70, lo que afecta el rendimiento y su capacidad de competir con los otros operadores del mercado. En este caso, la tecnología utilizada en Paysandú (vía seca) es más eficiente que la de Minas (vía semiseca), ya que esta última tiene altos costos de energía para el secado de la piedra. Pero el atraso en la inversión de equipamientos en la planta sanducera hace que la planta de Minas –cuyas últimas inversiones datan de 2014– sea en verdad más eficiente.

En el caso de Paysandú, se agrega un sobrecosto por el contrato con una empresa privada para el suministro de gas natural a través del Gasoducto del Litoral. Por este contrato –firmado en 1998 y que se extiende hasta 2027–, ANCAP se obliga a pagar un canon por reserva de unos 500 mil dólares al año, y un precio de 15 dólares por millón de british termal unit (BTU), cuando el costo del millón de BTU ronda los 4 dólares.

El presidente de la Federación de ANCAP (Fancap), Gerardo Rodríguez, coincidió con el director opositor en que esta falta de inversión afecta a la empresa estatal: «Cielo Azul tiene la última tecnología, Cementos Artigas, tecnología muy avanzada, y ANCAP está con un cachilo viejo; así como está ANCAP está claro que no puede competir». «Si gestionas para no ser eficiente, si no se le dan herramientas para competir, no vas a poder competir. Esa ineficiencia es consecuencia de una política que apuesta a la desaparición de la industria cementera», cuestionó Rodríguez, en diálogo con Brecha.

Pero además alertó de que el cierre del sector pórtland de ANCAP supone el riesgo de consolidar un oligopolio privado en el pórtland. «Si ANCAP desaparece, lo que sucederá es que los otros dos actores (Artigas y Cielo Azul) van a poner las condiciones», afirmó Rodríguez, en respuesta a los dichos de Paganini. «Para regular ese precio a la baja y poner el techo del precio, lo que debe hacer ANCAP es invertir. Si ANCAP desaparece, se puede crear un oligopolio que funcionará como todos los oligopolios, con un acuerdo tácito de mercado, en el que los uruguayos quedamos de rehenes y sin poder incidir», expresó el dirigente sindical.

En esta misma línea, Iglesias consideró necesario que ANCAP culmine con el paquete de inversiones iniciado en 2005, tanto en Minas como en Paysandú. Sobre todo con la instalación del Horno III, adquirido en 2014, por unos 50 millones de dólares, pero que nunca fue montado. «El error no es haber comprado el horno; el error es haber detenido su instalación», enfatizó Iglesias a Brecha. Con esta inversión, que rondaría los 100 millones de dólares, ANCAP estaría en mejores condiciones de competir con los dos gigantes del cemento, así como de producir pórtland de muy buena calidad para las grandes obras civiles.

Rodríguez analizó que la inversión en el Horno III permitiría una reducción sustantiva de los costos de producción del pórtland de ANCAP, de los 150 dólares actuales a unos 100 dólares por tonelada. Con esto, el ente podría ser competitivo en el mercado local, pero también en la región ante una eventual colocación del producto en la mesopotamia argentina. «Pese al rumor que se ha hecho correr de que no sirve para nada, el Horno III está en perfectas condiciones para hacerlo funcionar», apuntó Rodríguez. Además, de instalarse se crearían unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos y se contribuiría a bajar los costos para otras políticas de creación de fuentes laborales, como la inversión para atender el déficit en materia de viviendas.

No obstante, Stipanicic dijo a Brecha que, en el actual contexto, ANCAP no está en condiciones de financiar una obra de 100 millones de dólares con fondos propios. «No parece razonable, porque [en Uruguay] no hay mercado» para atender un eventual incremento de la oferta de pórtland. La inversión tendría sentido si se pensara en la exportación hacia Argentina. «La posición estratégica de la planta de Paysandú es inmejorable para exportar al mercado argentino», afirmó el jerarca. El gobierno analiza cuál sería el mejor escenario para encarar ese proceso, y uno de ellos sería la participación de un privado en el negocio.

FUTURO CERCANO

Sobre mediados de 2020, el directorio de ANCAP conformó un grupo de trabajo junto a Fancap para analizar el futuro del sector del pórtland. Este trabajo culminó con varias coincidencias sobre la situación, pero con diferencias sustantivas sobre la forma de encarar las transformaciones requeridas, sobre todo en la planta de Paysandú. En criollo: el punto es quién paga la inversión.

Con estos elementos, ANCAP se planteó varios escenarios posibles: dos de ellos incluían la continuidad operativa de la planta de Minas, dejando de producir en Paysandú; el tercero, una licitación abierta para la planta de Paysandú, donde inversores privados desarrollarían un proyecto cementero utilizando los activos de ANCAP. Este último escenario –que no tiene el respaldo del sindicato– permitiría la continuidad del negocio en el departamento y evitaría las pérdidas producidas por la planta (veáse «Consideraciones para una decisión», Brecha, 19-II-21).

El presidente de ANCAP afirmó, en línea con las declaraciones del ministro Paganini, que «no está previsto el cierre de las plantas» de pórtland y que se está trabajando para viabilizar una eventual exportación hacia Argentina y Brasil. «Para justificar mantener la producción industrial en Paysandú, que es la planta más comprometida, se necesita conseguir un mercado adicional al que tenemos», afirmó Stipanicic. Para esto, es necesario encontrar un socio comercial, ya que ANCAP no tiene posibilidades reales de acceder a esos mercados, más grandes y más competitivos. «Para ingresar [a esos mercados] se necesita un socio que tenga una pata local, alguien interesado en producir en Uruguay», agregó.

Según pudo saber Brecha, en los últimos tiempos ANCAP recibió diversos sondeos de empresas interesadas en hacer esa inversión. Se trata de empresas chinas, mexicanas, europeas y brasileñas, pero ninguna concretó una oferta. Sin embargo, la empresa estatal firmó acuerdos de confidencialidad con cuatro empresas, que solicitaron información sobre la situación de la planta sanducera. Uno de estos acuerdos fue firmado durante la gestión de Marta Jara. Consultado por Brecha, el presidente de ANCAP declinó identificar cuáles son las empresas interesadas, en virtud de los acuerdos reservados.

En este sentido, Iglesias dijo no tener información sobre la existencia de interesados en asociarse con ANCAP para producir en la planta de Paysandú. Pero apuntó que la estrategia desarrollada por el gobierno y algunos actores del sistema político sobre la realidad del sector pórtland no parece ser la mejor para viabilizar la llegada de este tipo de inversiones. «Los inversores suelen pedir certezas, estabilidad política y estabilidad en las decisiones; el aspavientos que están armando con algunos temas, como con el Horno III, parece complicar la llegada de inversores», remató Iglesias.

El misterioso factor X

La definición del precio de combustibles incluye un rubro denominado factor X, que explicaría los 2,97 pesos del precio de los combustibles. Este cálculo se hace con base en un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). El factor X se integraría por 0,62 pesos, que representa el valor estimado por URSEA de mezclar etanol por encima del 5 por ciento; 1,7 pesos por el subsidio del supergás y 0,65 pesos que refieren al sobrecosto estructural de funcionamiento de ANCAP. En este último, el gobierno incluyó las pérdidas del sector pórtland. Según Vicente Iglesias, no existe un documento que defina en forma explícita cuáles son los sobrecostos, y apuntó que –a su entender– no puede considerarse que la aplicación de la ley de biocombustibles o el subsidio al transporte sean sobrecostos. 

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