Noviembre de 2017 parece una fecha lejana. Por esos días se puso en marcha el actual Código del Proceso Penal (CPP), con la instalación de un modelo acusatorio, oral y público, en el que la investigación quedó en manos de los fiscales. A poco de cumplirse siete años de aquel mojón en la historia judicial uruguaya, la Fiscalía General de la Nación (FGN), una institución clave para la persecución penal, está inmersa en una situación delicada.
Las derivaciones de los casos Astesiano y Penadés, con la filtración de información confidencial, pusieron el trabajo de los fiscales en el centro de las críticas de los dirigentes oficialistas, incluido del presidente de la república, Luis Lacalle Pou. No es la primera vez que pasa esto, ya que en reiteradas ocasiones desde filas multicolores se cuesti...
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