En julio, tras una reunión realizada en la residencia presidencial de Suárez con los principales referentes del Partido Nacional y el círculo áulico de Luis Lacalle Pou, el Ejecutivo marcó la agenda y mostró la disposición a impulsar la reforma previsional durante este período gubernamental. De lado quedaron algunas prevenciones, como las manifestadas por los senadores blancos Jorge Gandini y Gustavo Penadés (los dos habían declarado que la reforma debía contar con el apoyo de la oposición), porque después de conocido el texto del anteproyecto ambos se mostraron convencidos de los «beneficios» de la propuesta para trabajadores y futuros jubilados. Lo que resta a los blancos es convencer al resto de la coalición multicolor. Los partidos que la componen han prometido que, después del estudio del texto por parte de sus equipos técnicos, se pronunciarán a finales de este mes.
Lacalle Pou concurrió a la sede del Frente Amplio (FA) a fines de julio, para entregar al presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, el anteproyecto en cuestión. Pereira declaró que el documento será analizado por una comisión de 25 técnicos, pero que además era necesario para la fuerza política saber si el articulado era suscrito por toda la coalición gobernante o solo era una iniciativa de la presidencia y del Partido Nacional. Esa duda aún no ha sido despejada. Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre, la cuestión en el FA es definir cómo se posicionará ante la reforma, en función de las distintas opiniones que existen dentro del propio partido de oposición y de varios pronunciamientos ya planteados por una porción importante de sus dirigentes en torno a la necesidad de modificar el régimen vigente de la seguridad social. Durante la gestión de los tres gobiernos frenteamplistas se sucedieron distintas acciones sobre el sistema actual, por ejemplo, la ley de los cincuentones y la reforma de la caja militar, además de normas que permitieron el acceso a la jubilación de mujeres y trabajadores que en su curso laboral transcurrieron en la informalidad por períodos importantes.
TOMANDO NOTA
La primera disyuntiva para la coalición de izquierda es si optará por una estrategia de reducción de daños o por el rechazo al proyecto cuando ingrese al Parlamento (las versiones indican que la voluntad del Ejecutivo es enviarlo en setiembre). En ocasión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) la lógica del FA fue votar en contra del proyecto en general y atenuar los daños a la hora de decidir sobre el articulado. Pero una vez que se produjo la reacción contraria de organizaciones de la izquierda social, el Frente fue parte activa del referéndum contra la LUC.
En el congreso programático de 2003, previo al acceso al gobierno de 2005, el FA tenía en su programa la eliminación de las AFAP, pero en el ejercicio del gobierno esa intención quedó de lado. Debe recordarse que parte de la coalición de izquierdas fue conteste con la reforma de 1996 que instauró el régimen de ahorro individual, instaurando un sistema mixto de administradoras privadas de los fondos previsionales y el esquema solidario del Banco de Previsión Social. Con el paso del tiempo, aquella cláusula de la eliminación mutó hasta la última definición del congreso de 2019, que en su definición programática 2020-2025 sostiene: «En materia de seguridad social el proceso de reforma y consolidación de los avances logrados se ha basado, desde 2005, en los principios básicos de universalidad, igualdad, solidaridad, equidad, búsqueda de equilibrio fiscal y participación social, apuntando a la extinción del lucro en el marco de una reforma estructural del sistema y al mejoramiento de garantías para los/as trabajadores/as y sus familias». Se agregó la necesidad de diseñar formas de sustitución gradual de la capitalización individual lucrativa en manos de los privados, avanzando en la construcción de un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no individual, no lucrativo y de prestación definida).
Para ello, el programa plantea continuar la aplicación de ajustes semestrales diferenciales de las pasividades mínimas al margen de los incrementos de las pasividades en general y «establecer límites» a las comisiones establecidas por las AFAP privadas apuntando a la extinción del lucro de manera gradual. Hasta ahora en el FA no se ha decidido cuál es el mecanismo para «la extinción del lucro», aunque quienes estuvieron originalmente de acuerdo con la creación de las AFAP se inclinan por disminuir el costo que cobran por la administración del ahorro individual. Pero una cuestión a tener en cuenta, señalaron fuentes frenteamplistas, es que el anteproyecto del oficialismo establece la extensión de las AFAP, por tanto, del ahorro individual obligatorio, que pasará a alcanzar a las cajas paraestatales –como la bancaria o militar– en una convergencia prevista en un máximo de 20 años.
Ante el borrador presentado por Lacalle Pou, algunos sectores frenteamplistas (Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo) han manifestado que una reforma debe implicar la eliminación de las AFAP. Lo mismo ha expresado el PIT-CNT. No obstante, ese no parece ser el talante de los sectores del Frente más identificados con la centroizquierda, en especial los aglutinados en Convocatoria Seregnista Progresista, lo cual hoy por hoy no permite saber cuál será la respuesta definitiva de la coalición de izquierdas. Un actor fundamental en el posicionamiento será el Movimiento de Participación Popular, que todavía no tiene una definición clara al respecto.
Uno de los problemas centrales que forman parte del análisis del Frente es la financiación de la seguridad social, pues todas las fuentes consultadas por Brecha coinciden en que el actual esquema no resuelve la sustentabilidad del BPS, que recibe el 8 por ciento del 15 por ciento que aportan los trabajadores activos (más el 7 por ciento del IVA), para prestaciones que no son exclusivamente pensiones y jubilaciones, sino seguros de desempleo, de enfermedad y de atención en salud, cosas a las que no están obligadas las AFAP. Si bien los aportes patronales (7,5 por ciento) van al BPS, también existe una larga retahíla de exoneraciones a los empresarios, varias vinculadas a la promoción de inversiones (véase la columna de Antonio Elías). También goza del beneficio del no pago de esos aportes la educación privada.
En el FA son conscientes de que uno de los temas más debatidos es el aumento de la edad de jubilación, que en su implementación a mediano plazo será de 65 años, con una tasa de reemplazo (monto de la jubilación) del 45 por ciento del ingreso en actividad. Hoy esa tasa para las personas de 65 años es del 57 por ciento del salario. Además, incluso para aquellos sectores para los que no correría esa edad de retiro, aparecen algunas cláusulas que no la hacen posible, como por ejemplo en la construcción.
Hoy la realidad indica que el promedio de edad de jubilación es de 63 años, por lo que, a pesar de su impronta restrictiva, el aumento no resuelve el tema de la financiación de la seguridad social. Las fuentes frenteamplistas señalan dos factores para que ese parámetro no resuelva la situación del BPS: la situación demográfica, con el escaso crecimiento de la población, y la incorporación de tecnología en varias áreas del comercio y la producción en sustitución de trabajadores. Un ejemplo de eso es la robotización en las entidades bancarias, al igual que en los supermercados y en las mutualistas del sistema sanitario (los famosos tótems), que, si bien aportan a la productividad de las empresas, no benefician la recaudación del BPS.
Por ahora, el llamado desde la presidencia del FA es evitar pronunciamientos hasta que termine el trabajo de la comisión de 25 técnicos, aunque, con posterioridad a la próxima reunión del grupo (lunes 29), se esperan las primeras definiciones políticas. En los próximos días, según sondeos de este semanario, se esperan definiciones conceptuales que vayan más allá del análisis del articulado y que concurran en la dirección de la reforma que el FA entiende necesaria. Son definiciones que además servirán para medir el talante opositor de la coalición de izquierdas. Las primeras consultas realizadas por Brecha han obtenido respuestas, de las distintas corrientes, alejadas de una lógica de reducción de daños, pero la discusión está abierta. Está por verse si «el gesto republicano» del presidente, que señalara el comunicado de Convocatoria Seregnista Progresista, embreta la respuesta frenteamplista.
