Alberto Scavarelli recuerda que, en 1998, cuando se incorporó el lavado de activos como delito en la legislación uruguaya, hubo colaboración de altos dirigentes de los principales partidos, de la academia y del sistema de justicia. Pero el consenso en torno al combate al lavado no estaba garantizado de antemano. Algunas «corrientes de pensamiento» ofrecían reparos y, sobre todo, había sectores profesionales que «hacían mucho dinero con los depósitos» provenientes del extranjero, por ejemplo, a través de la apertura y la gestión de las sociedades anónimas financieras de inversión. Las SAFI, como se las conocía, eran uno de los instrumentos más polémicos entre un repertorio de facilidades que el país ofrecía para la circulación y el refugio de capitales, que le valían severos reproches en e...
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