Desde que el 24 de mayo llegaron a un puesto de control en las cercanías de la ciudad costera de Sirte, en el este de Libia, con la intención de que las autoridades de facto del lugar les concedieran un paso seguro, diez integrantes del Convoy Terrestre Global Sumud que intentaban llevar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza fueron inmediatamente detenidos. Cinco días antes había sido ya arrestado uno de los integrantes del equipo técnico del grupo, un tunecino que pretendía regresar a su país y se encontraba todavía a 25 quilómetros de la frontera, en territorio libio. Los 11 permanecen presos en poder del Ejército Nacional Libio, una milicia que administra zonas del este de ese país, pero que no ha sido reconocida por ningún gobierno extranjero. Los diez están por un lado, y el tunecino Mehdi Bouzguenda, por otro. Entre los diez –junto con dos argentinos, dos italianos, otros dos tunecinos, un estadounidense, una polaca y una española– está el uruguayo, de 29 años, residente en Estados Unidos, Matías Álvarez. Todos han sido detenidos de manera arbitraria. Tenían visas válidas y ya habían acordado seguir camino hacia Egipto y de allí procurar ingresar a Gaza. «Su objetivo era únicamente continuar las conversaciones con las autoridades para coordinar un paso seguro», pero, «en lugar de ser recibidos para dialogar, fueron obligados a subir a furgonetas blancas sin distintivos y desaparecieron con destino a un lugar desconocido», consignó en un comunicado, el miércoles 3, el Convoy Terrestre Global Sumud, que forma parte de la misma estructura solidaria que la flotilla interceptada a fines de abril por la Marina israelí en aguas internacionales. A todos se los obligó a firmar declaraciones en árabe, «un idioma que no comprenden, sin la ayuda de un intérprete».
El convoy, integrado en total por 230 personas de 21 nacionalidades, transportaba 20 ambulancias, siete casas rodantes, medicamentos y alimentos para los palestinos de Gaza. Todas las facciones libias dicen ser solidarias con la causa palestina. Lo mismo el gobierno de Egipto. Uno y otros contribuyen con el bloqueo a la Franja impuesto por Israel.
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El 25 de mayo las autoridades del este de Libia acusaron formalmente a los diez de pretender ingresar ilegalmente al país y los aislaron. Trascendió que a Bouzguenda le imputaron «espionaje», aunque no había recibido notificación oficial alguna.
Hasta ayer, jueves, los diez estuvieron incomunicados, sin poder tener contacto alguno con el exterior. Cuatro días antes, en protesta, habían iniciado una huelga de hambre seca: ni comidas ni bebidas. En la mañana del jueves, luego de que a todos les permitieran realizar llamadas telefónicas a sus familias, suspendieron la medida. «En caso de que vuelvan a aislarlos retomarán de inmediato la huelga», contó a Brecha desde Estados Unidos Fabián Álvarez, padre de Matías, que poco antes había podido conversar cinco minutos con su hijo. «Me dijo que el juez les había asignado una abogada de oficio y que habían recibido atención médica. También que durante todos estos días no los maltrataron, pero que no pararon de interrogarlos intentando que reconocieran que estaban ilegalmente en el país; un absurdo. Ahora están bien de ánimo y relativamente bien de salud.» El martes 2 habían sido llevados a una audiencia en la que les dijeron que el domingo serían notificados del fallo definitivo. Ayer, jueves, hubo un cambio: la decisión se les comunicará «dentro de seis a diez días». «Lo bueno de que les levantaran la incomunicación se compensó, en parte, con que la incertidumbre sobre su destino se prolongará.» Matías le dijo a su padre que ahora están detenidos en Bengasi, otra ciudad del este de Libia, «en un lugar que no funciona como un centro de detención formal». Los diez hablan de ese sitio como de un agujero negro. Fabián pudo ver publicaciones en redes sociales en las que «la información que manejan sobre ese sitio es básicamente la misma que dijo Matías: un agujero negro».
Ahora se abren tres posibilidades, dice Fabián: que la acusación sea desechada por la Corte y los deporten, que los declaren culpables y también los deporten, o que los condenen y los trasladen a una cárcel. Los diez serían una suerte de rehenes en manos de una milicia y un gobierno que estaría buscando reconocimiento internacional. «El único país que tiene presencia diplomática en el área, con un consulado, es Italia, y es la cancillería que más se estaría moviendo. Matías también tiene ciudadanía italiana.» Las otras cancillerías «poco pueden hacer», pero estarían en contacto con Roma. «La pareja de argentinos es la que más fea la tiene, porque el gobierno de Javier Milei jamás se movilizará por algo que tenga que ver con Palestina.» De todas maneras, apunta Fabián, «los diez están decididos a actuar en grupo y que el destino de uno sea el destino de todos».
