«Cada acusación es una confesión». Entre quienes conocen la cuestión palestina, este viejo eslogan se ha vuelto una realidad comprobada cada día, y más desde que Israel acometió esta última fase genocida. En la actualidad, asistimos a una nueva ofensiva de la hasbara sionista para reactivar los bulos lanzados tras el 7 de octubre de 2023 sobre el uso masivo de la violencia sexual por parte de los milicianos palestinos que atacaron el sur de Israel, pese a que la falsedad de esas acusaciones se demostró hace más de dos años («¿Quién ha usado la violencia sexual como arma de guerra?», Brecha, 8-III-24) y a que Moran Gez, la propia fiscal encargada de investigar esas denuncias, admitió no haber obtenido evidencias ni testimonios para sustanciar una causa penal.
Esto coincide, no por casualidad, con el terremoto que desató en Israel la publicación en The New York Times de «El silencio ante la violación de palestinos» (27-V-26), en la que el periodista Nicholas Kristof expone, con testimonios de primera mano, una realidad que viene siendo denunciada y documentada por personas y grupos expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por organizaciones internacionales, palestinas e israelíes: la violencia sexual empleada como política sistemática hacia hombres, mujeres y adolescentes palestinos en las cárceles de Israel, calificadas por la ONG israelí B’Tselem como «una red de centros de tortura».
El artículo de Kristof desató la histeria porque The New York Times ha sido un defensor de Israel desde la creación del Estado, no porque revele algo nuevo. De hecho, el uso de la violencia sexual como arma de guerra por las fuerzas sionistas contra la población palestina antecede a la implantación del Estado de Israel. Testimonios de sobrevivientes y experpetradores revelaron que las milicias sionistas que luego se convertirían en el Ejército israelí practicaron la violación (a menudo seguida de ejecución) contra mujeres de las aldeas y pueblos árabes que desalojaron y destruyeron en su campaña de limpieza étnica (la Nakba) entre 1947 y 1949.
Para tener una idea de la magnitud de la infamia, veamos las cifras. Según la ONG israelí HaMoked (que cita datos oficiales), a mayo de 2026 había 9.384 presas y presos «de seguridad» en las cárceles israelíes. Solo 1.310 tienen sentencia, 3.415 están en prisión «preventiva» y 3.376 en «prisión administrativa» (sin cargos ni juicio); además, 1.283 están detenidos como «combatientes ilegales».1 La ONG palestina Addameer coincide con estas cifras y agrega que hay 360 menores de edad y 87 mujeres. Se estima que más de un centenar de detenidos murió debido a la tortura y las condiciones inhumanas en las cárceles; pero la cifra podría ser mayor, ya que Israel no permite el acceso a las cárceles de organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estos números no incluyen a civiles gazatíes que desaparecieron a manos del Ejército israelí, cuya cantidad y destino se desconoce, puesto que el régimen israelí no da información, aunque se estiman en varios miles.2
La impunidad de estos crímenes está garantizada por la complicidad del personal médico israelí que opera en los centros de detención y tortura, por el sistema político, por el Poder Judicial, por la mayoría de los medios de comunicación y la opinión pública y por las propias autoridades penitenciarias, que se jactan abiertamente de las condiciones en las que mantienen a los presos palestinos.3
Un ejemplo de esto fue la violación colectiva de un gazatí en el centro de detención Sde Teiman, grabada por una cámara de seguridad y enviada a los medios por la fiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi (que pretendía mostrar a la Corte Penal Internacional que el sistema judicial israelí sí funciona). Ante la intervención de la fiscalía militar, los cinco perpetradores fueron defendidos rabiosamente por amplios sectores de la sociedad israelí, la televisión los presentó como héroes y la fiscal terminó en una cárcel militar, donde intentó suicidarse.
UNA LARGA LISTA DE DENUNCIAS
Desde el 7 de octubre de 2023, múltiples informes han dado cuenta de los abusos, las torturas y la violencia sexual contra las personas palestinas detenidas. Todos los testimonios recogidos de las personas liberadas coinciden en las formas de tortura física y psicológica contra hombres, mujeres y adolescentes: palizas brutales, picana, submarino, colgamiento, hacinamiento, privación extrema de comida, agua, medicinas, higiene, abrigo y del sueño, capucha y ataduras prolongadas que provocan lesiones (e incluso amputaciones de extremidades, algunas realizadas sin anestesia) amenazas de ejecución propia y de familiares; y también en las formas específicas de tortura sexual: violaciones grupales reiteradas, con objetos de diversos materiales o con perros entrenados (que causan lesiones graves, en ocasiones irreversibles), golpes, ligaduras y picana en los genitales (incluyendo extirpaciones), desnudez forzada prolongada ante miembros del sexo opuesto para degradar y humillar, revisiones y tocamientos sexualizados, filmaciones de los abusos y amenazas de violación a esposas, hijas o madres de los detenidos.
Coinciden también en que las formas extremas de tortura y las condiciones inhumanas impuestas a las y los presos evidencian la intención de destruir no solo a las víctimas, sino a sus familias, sus comunidades y al pueblo palestino como tal. Por eso constituyen un componente esencial del crimen de genocidio contra más de 2 millones de gazatíes (causar daños físicos o mentales graves e imponer condiciones de vida destinadas a impedir la supervivencia y la reproducción del grupo) que las mismas organizaciones han acusado a Israel de cometer. La Relatora Especial Francesca Albanese habla incluso de un «ambiente torturante» generalizado dentro y fuera de las prisiones, que afecta todos los aspectos de la vida palestina bajo el régimen israelí.
En febrero de 2024, las relatoras especiales de la ONU Francesca Albanese (sobre Palestina) y Reem Alsalem (sobre violencia hacia las mujeres) y el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas expresaron su preocupación por la ejecución sumaria, la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual sufridas por miles de mujeres y niñas a manos de las fuerzas israelíes en Gaza.
En febrero de 2024 y de 2025, Médicos por los Derechos Humanos – Israel (PHRI) publicó dos informes: «Violencia sexual y basada en género cometida por el Ejército y las fuerzas de seguridad israelíes contra las y los palestinos en cárceles israelíes» y «Torturas al personal médico de Gaza en Israel, informe y testimonios». En este último se informa que cerca de 150 trabajadores de la salud palestinos están detenidos, y que cuatro murieron en la cárcel. «Como médicos, ver cómo secuestran a nuestros colegas en sus lugares de trabajo, cómo los mantienen detenidos durante meses sin cargos en condiciones inhumanas, cómo los torturan cruelmente, cómo abusan sexualmente de ellos y cómo se les niega la atención médica, es algo con lo que no podemos vivir, y ninguno de nosotros debería hacerlo.», afirma PHRI.
B’Tselem produjo dos informes en los que describe al Sistema de Prisiones de Israel como «una red de campos de tortura y abuso sistemático contra las y los presos palestinos desde octubre de 2023, en un contexto de represión masiva y genocidio» y como «un espacio en el que cualquiera que entre está condenado a un dolor y un sufrimiento deliberados, severos e implacables». En julio de 2024 publicó «Bienvenidos al infierno», que recoge testimonios de 55 palestinos y palestinas liberadas, y en enero de 2026 presentó «Infierno viviente», que ofrece cifras actualizadas y nuevos testimonios de 21 personas liberadas. El informe indica que los abusos físicos, psicológicos y sexuales se han profundizado y extendido, lo cual ha provocado numerosas muertes, e incluye nombres y circunstancias de 87 personas que murieron en prisión como resultado de la tortura y las condiciones inhumanas.
B’Tselem apunta a las causas profundas del fenómeno: «La transformación de las prisiones israelíes en campos de tortura para los reclusos palestinos debe entenderse en el contexto de la ofensiva coordinada de Israel contra la población palestina en su conjunto desde octubre de 2023, sobre todo a través del genocidio en curso en Gaza. Los cimientos del régimen forjados desde la creación del Estado de Israel, que están permitiendo el genocidio en Gaza, la violencia desenfrenada y la limpieza étnica en Cisjordania y la persecución de la población palestina con ciudadanía israelí, también están determinando el trato que reciben los prisioneros. El primero y más importante de ellos es la deshumanización de las y los palestinos como grupo y el empleo de violencia extrema contra ellos (para más información, véase el informe de B’Tselem de 2025: Nuestro genocidio).
En julio de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó «La detención en el contexto de la escalada de las hostilidades en Gaza», en el que señala que recibió múltiples testimonios sobre «actos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres detenidos tanto de Gaza como de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental». El mismo mes, Amnistía Internacional publicó el informe «Israel debe poner fin a las detenciones masivas en régimen de incomunicación y a la tortura de personas palestinas de Gaza».
En agosto de 2024, Human Rights Watch difundió un informe sobre la tortura aplicada al personal de salud palestino en el contexto de los repetidos ataques del Ejército israelí contra los hospitales de Gaza. Con ayuda de Healthcare Workers Watch Palestine, documentó 259 detenciones de personal médico y recopiló 31 testimonios de médicos, enfermeras y paramédicos liberados que describieron las diversas formas de torturas que sufrieron, incluyendo violaciones y abusos sexuales.
En marzo de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «Más de lo que un ser humano puede soportar: el uso sistemático de la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género por parte de Israel desde octubre de 2023» (véase «Registro de la infamia», Brecha, 28-III-25). Allí se documenta la violencia sexual contra mujeres, hombres, niñas y niños palestinos y «actos genocidas» como la destrucción sistemática de centros de atención a la salud sexual y reproductiva. Si bien su enfoque principal fue Gaza, la comisión concluyó que la violencia sexual y de género se comete en todo el territorio ocupado como estrategia de guerra para dominar y destruir al pueblo palestino.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) de Gaza presentó dos informes en 2025. En mayo, «Tortura y genocidio. Los palestinos liberados de Gaza y su futuro destrozado» y, en noviembre, uno específico con nuevos testimonios de hombres y mujeres sobre la violación y tortura sexual que sufrieron en las cárceles israelíes tras ser detenidos solo por ser gazatíes, mantenidos en calidad de desaparecidos y liberadas meses después sin cargo alguno.
En setiembre de 2025, Save the Children publicó «»Torturados»: el aumento de los abusos contra los niños palestinos bajo detención militar israelí», en el que recoge testimonios de 165 menores entre 12 y 17 años liberados, de progenitores, abogados y trabajadoras sociales, y concluye que los adolescentes fueron sometidos a las mismas condiciones extremas de detención y tortura que los adultos, incluyendo violencia sexual y amenazas de violación a sus madres y hermanas.4
En diciembre de 2025, las organizaciones palestinas Addameer, Al-Haq y Al Mezan (esta última, de Gaza) elevaron a Francesca Albanese un informe conjunto con numerosos testimonios de personas liberadas sobre las condiciones de detención y tortura, y en particular sobre la violencia sexual. El mismo mes, el Comité contra la Tortura de la ONU, en su revisión del sexto informe periódico presentado por Israel, denunció «una política estatal de tortura y malos tratos organizados y generalizados […] que se ha intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023».
En febrero de 2026, el Comité para la Protección de Periodistas(CPJ) presentó «Volvimos del infierno», en el que recoge testimonios de 59 periodistas detenidos después del 7 de octubre, quienes también denunciaron haber sufrido violencia sexual. La gran mayoría de las y los periodistas fueron arrestados mientras ejercían su labor y fueron liberados sin cargos ni juicio. «No se trata de incidentes aislados», afirmó Sara Qudah, directora regional del CPJ. «A través de decenas de casos, el CPJ ha documentado una serie de abusos recurrentes —desde palizas hasta privación de alimentos, violencia sexual y negligencia médica— dirigidos contra periodistas a causa de su trabajo. Estos casos ponen de manifiesto una estrategia deliberada para intimidar y silenciar a las y los periodistas, y destruir su capacidad de dar testimonio. El silencio continuado de la comunidad internacional no hace más que facilitarlo».
En marzo de 2026, la Relatora Especial para Palestina Francesca Albanese presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe «Tortura y genocidio», en el que afirma que desde octubre de 2023 más de 18.500 personas han sido detenidas en el territorio palestino ocupado, incluidos al menos 1.500 niños, y que la tortura sexual es una política habitual en las cárceles israelíes.
En abril de 2026, el Monitor de Derechos Humanos Euro-Med publicó «Otro genocidio tras los muros. Violencia sexual en prisiones y centros de detención israelíes e impunidad programada», que abarca de octubre de 2023 a octubre de 2025.5 La premiada periodista de Euro-Med Maha Hussaini recogió cientos de testimonios de personas liberadas en Gaza e identificó 40 formas de tortura y siete formas de tortura sexual. Eso permitió a Euro-Med concluir que la tortura sexual es una política sistemática e institucional, destinada a infligir el máximo daño físico y psicológico a toda la población gazatí.
En mayo de 2026, Kifaya Khraim, abogada del Centro de Asistencia Jurídica y Asesoramiento para Mujeres (WCLAC), con sede en Ramala, declaró a Al Jazeera que las denuncias de tortura y violencia sexual en las cárceles israelíes son «muy frecuentes». En entrevistas a 75 mujeres liberadas de distintos centros y comisarías de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, todas hablaron de tortura sexual, violación, humillaciones y tratos degradantes. Los perpetradores son policías y soldados israelíes, tanto hombres como mujeres.
A fines de mayo, la Oficina del Secretario General de la ONU incluyó a Israel en su informe anual sobre los países responsables de utilizar la violencia sexual en conflictos armados. El informe señala que pudo verificar 31 casos de violencia sexual a personas palestinas detenidas entre 2023 y 2025: 14 hombres, siete mujeres, nueve niños y una niña. Las formas de tortura sexual coinciden con las descritas en todos los informes mencionados. El informe de Guterres hace dos afirmaciones interesantes: que estos casos verificados son indicadores de un patrón más extendido; y que tras dos años y medio, la ONU no pudo verificar ninguna de las denuncias israelíes sobre las violaciones cometidas por palestinos el 7 de octubre, dado que el Gobierno de Israel siguió denegando el acceso a los órganos competentes de la ONU para que pudieran investigar. El informe también señala que la ONU no ha recibido información sobre imputaciones por parte de las autoridades israelíes a los responsables de las violaciones a las personas palestinas, y que esa falta de rendición de cuentas ha creado un clima de impunidad en los perpetradores.6 La respuesta inmediata de Israel fue anunciar que «congelaba» todas sus relaciones con el Secretario General.
Y como la verdad es un lujo que no puede darse (lo cual explica la industria de la hasbara), Israel sigue prohibiendo la entrada de periodistas internacionales a Gaza, sigue negándose a colaborar con las organizaciones internacionales de derechos humanos y con investigadores e investigadoras independientes de la ONU y, desde el 7 de octubre de 2023, prohíbe el acceso a las cárceles a organismos de supervisión, familiares y abogados (salvo contadas excepciones).
Los dirigentes israelíes han tildado de mentirosos y antisemitas a las y los autores de los informes (el representante ante la ONU Danny Danon llamó “bruja” a Francesca Albanese), y han presionado a Estados Unidos para que impusiera sanciones a la Relatora Especial Francesca Albanese, al Fiscal y a los jueces de la Corte Penal Internacional; pero nunca han sido capaces de refutar las denuncias. Tampoco es que lo necesiten; porque, como dijo Albanese, el sistema de tortura de Israel existe porque «lo defienden los políticos, lo justifican las instituciones jurídicas, lo edulcoran los medios de comunicación y lo toleran los gobiernos que siguen armando y protegiendo a Israel».
- El «combatiente ilegal» –una categoría que no existe en el derecho internacional– se define en la ley 5.762 israelí de 2002 como «una persona que haya participado, directa o indirectamente, en actos hostiles contra el Estado de Israel o que sea miembro de una fuerza que cometa actos hostiles contra el Estado de Israel, cuando no le sean aplicables las condiciones establecidas en el artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra (1949) relativo a los prisioneros de guerra». Amnistía Internacional ha denunciado que Israel está utilizando esa ley para detener a civiles gazatíes y arrojarlos a un agujero negro virtual durante periodos prolongados sin presentar ninguna prueba de que representen una amenaza para la seguridad y sin el mínimo debido proceso. ↩︎
- HaMoked señala que las deficiencias en el registro de detenciones, las inconsistencias en la información y la falta de una investigación formal indican que Israel incumple su deber de impedir la desaparición forzada. El periodista Mahmud Mushtaha y una investigación conjunta del Palestine Reporting Lab y la encuestadora Institute for Social and Economic Progress afirman que las personas desaparecidas en Gaza tras ser detenidas en redadas, en checkpoints o en puestos de distribución de comida podrían ser de 14 mil a 51 mil. ↩︎
- La amplia difusión del video en el que el ministro de Seguridad Nacional (encargado de las prisiones) Itamar Ben Gvir se jacta del maltrato a más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud es apenas una muestra de sus frecuentes visitas mediáticas a las cárceles en las que instiga al personal a endurecer las torturas hacia los presos palestinos. Últimamente se conocieron testimonios sobre las torturas y violencia sexual sufrida también por activistas de la Flotilla. ↩︎
- En 2022, la rama palestina de la ONG Defensa de la Niñez Internacional (DCI-P) publicó el testimonio de un niño de 13 años que fue violado durante su detención. La respuesta inmediata de Israel fue declarar terrorista e ilegalizar a la ONG. Recientemente DCI-P anunció que dejaba de operar porque «Tras 35 años defendiendo los derechos de la niñez palestina, no podemos superar los retos operativos derivados de la criminalización selectiva que Israel ejerce sobre las organizaciones palestinas de derechos humanos», ↩︎
- En mayo de 2024 Euro-Med había publicado el informe «Rehenes de la venganza israelí en la Franja de Gaza», en el que recogía testimonios de 100 personas liberadas recientemente sobre los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes después del 7 de octubre de 2023 contra la población de Gaza, en los que se incluía violencia sexual. ↩︎
- La ONU identificó a los autores como fuerzas militares y de seguridad israelíes, entre ellas el ejército israelí, el Servicio Penitenciario de Israel, sus fuerzas especiales Keter y Yamam (la unidad policial de «lucha contra el terrorismo»). Los abusos tuvieron lugar principalmente durante la detención y los interrogatorios, en prisiones oficiales y campos de detención en Israel y Cisjordania ocupada. ↩︎
