«Cada acusación es una confesión»: entre quienes conocen la cuestión palestina, este viejo eslogan se ha vuelto una realidad comprobada cada día, y más desde que Israel acometió esta fase genocida. En la actualidad, asistimos a una nueva ofensiva de la hasbara sionista para reactivar los bulos lanzados tras el 7 de octubre de 2023 sobre el uso masivo de la violencia sexual por parte de los milicianos palestinos que atacaron el sur de Israel, pese a que la falsedad de esas acusaciones se demostró hace más de dos años («¿Quién ha usado la violencia sexual como arma de guerra?», Brecha, 8-III-24) y a que Moran Gez, la propia fiscal encargada de investigar esas denuncias, admitió no haber obtenido evidencias ni testimonios que sustancien una causa penal.
Esto coincide con el terremoto que desató en Israel la publicación en The New York Times de «El silencio ante la violación de palestinos» (27-V-26), en la que el periodista Nicholas Kristof expone, con testimonios de primera mano, una realidad que viene siendo denunciada y documentada por personas y grupos expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por organizaciones internacionales, palestinas e israelíes: la violencia sexual como política sistemática hacia hombres, mujeres y adolescentes palestinos en las cárceles de Israel, calificadas por la ONG israelí B’Tselem como «una red de centros de tortura».
El artículo de Kristof desató la histeria porque The New York Times ha sido un defensor de Israel desde la creación del Estado, no porque revele algo nuevo. El uso de la violencia sexual como arma de guerra por las fuerzas sionistas contra la población palestina antecede a la implantación del Estado de Israel. Testimonios de sobrevivientes y experpetradores revelaron que las milicias sionistas que luego se convertirían en el Ejército israelí practicaron la violación contra mujeres de las aldeas y pueblos árabes que desalojaban y destruían en su campaña de limpieza étnica entre 1947 y 1949.
Según la israelí HaMoked, a mayo de 2026 había 9.384 presas y presos «de seguridad» en las cárceles israelíes. Solo 1.310 tienen sentencia, 3.415 están en prisión «preventiva» y 3.376 en «prisión administrativa» (sin cargos ni juicio); además, 1.283 están detenidos como «combatientes ilegales».1 La ONG palestina Addameer coincide con estas cifras y agrega que hay 360 menores de edad y 87 mujeres. Se estima que más de un centenar de detenidos murió debido a la tortura y las condiciones inhumanas en las cárceles, pero la cifra podría ser mayor, ya que Israel no permite el acceso a las cárceles de organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estos números no incluyen a civiles gazatíes que desaparecieron a manos del Ejército israelí, cuya cantidad y destino se desconoce, puesto que el régimen israelí no da información.2
La impunidad de estos crímenes está garantizada por la complicidad del personal médico israelí que opera en los centros de detención y tortura, por el sistema político, por el Poder Judicial, por la mayoría de los medios de comunicación y la opinión pública y por las propias autoridades penitenciarias, que se jactan abiertamente de las condiciones en las que mantienen a los presos palestinos.3
Un ejemplo de esto fue la violación colectiva de un gazatí en el centro de detención Sde Teiman, grabada por una cámara de seguridad y enviada a los medios por la fiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi (que pretendía mostrar a la Corte Penal Internacional que el sistema judicial israelí sí funciona). Ante la intervención de la fiscalía militar, los perpetradores fueron defendidos por amplios sectores de la sociedad israelí, la televisión los presentó como héroes y la fiscal terminó en una cárcel militar, donde intentó suicidarse.
UNA LARGA LISTA DE DENUNCIAS
Desde el 7 de octubre de 2023, múltiples informes investigaron los abusos, las torturas y la violencia sexual contra las personas palestinas detenidas. Los testimonios recogidos coinciden en las formas de tortura física y psicológica contra hombres, mujeres y adolescentes: palizas brutales, picana, submarino, colgamiento, hacinamiento, privación de comida, agua, medicinas, higiene y abrigo, amenazas de ejecución propia y de familiares; y también en las formas de tortura sexual: violaciones grupales reiteradas, con objetos de diversos materiales o con perros entrenados, golpizas, ligaduras y picana en los genitales (incluidas extirpaciones), desnudez forzada prolongada ante miembros del sexo opuesto para degradar y humillar, filmaciones de los abusos y amenazas de violación a esposas, hijas o madres de los detenidos.
Coinciden también en que las formas extremas de tortura y las condiciones inhumanas impuestas a las y los presos evidencian la intención de destruir no solo a las víctimas, sino a sus familias, sus comunidades y el pueblo palestino como tal. Por eso constituyen un componente esencial del crimen de genocidio contra más de 2 millones de gazatíes (causar daños físicos o mentales graves e imponer condiciones de vida destinadas a impedir la supervivencia y la reproducción del grupo) que las mismas organizaciones han acusado a Israel de cometer.
En febrero de 2024, las relatoras especiales de la ONU Francesca Albanese (sobre Palestina) y Reem Alsalem (sobre violencia hacia las mujeres) y el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas expresaron su preocupación por la ejecución sumaria, la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual sufridas por miles de mujeres y niñas a manos de las fuerzas israelíes en Gaza.
En febrero de 2024 y de 2025, Médicos por los Derechos Humanos Israel publicó dos informes: «Violencia sexual y basada en género cometida por el Ejército y las fuerzas de seguridad israelíes contra las y los palestinos en cárceles israelíes» y «Torturas al personal médico de Gaza en Israel, informe y testimonios».
B’Tselem produjo dos informes en los que describe al Sistema de Prisiones de Israel como «una red de campos de tortura y abuso sistemático contra las y los presos palestinos desde octubre de 2023, en un contexto de represión masiva y genocidio» y como «un espacio en el que cualquiera que entre está condenado a un dolor y un sufrimiento deliberados, severos e implacables». En julio de 2024 publicó «Bienvenidos al infierno», que recoge testimonios de 55 palestinos y palestinas liberadas, y en enero 2026 presentó «Infierno viviente», que ofrece cifras actualizadas y nuevos testimonios de 21 liberados. Indica que los abusos físicos, psicológicos y sexuales se han profundizado y extendido, lo cual ha provocado numerosas muertes, e incluye nombres y circunstancias de 87 personas que murieron en prisión como resultado de la tortura y las condiciones inhumanas.
En julio de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó «La detención en el contexto de la escalada de las hostilidades en Gaza», en el que señala que recibió múltiples testimonios sobre «actos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres detenidos tanto de Gaza como de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental». El mismo mes, Amnistía Internacional publicó el informe «Israel debe poner fin a las detenciones masivas en régimen de incomunicación y a la tortura de personas palestinas de Gaza».
En agosto de 2024, Human Rights Watch difundió un informe sobre la tortura aplicada al personal de salud palestino en el contexto de los repetidos ataques del Ejército israelí contra hospitales de Gaza. Con ayuda de Healthcare Workers Watch Palestine, documentó 259 detenciones de personal médico y recopiló 31 testimonios de médicos, enfermeras y paramédicos liberados que describieron las diversas formas de torturas que sufrieron, incluidas violaciones y abusos sexuales.
En marzo de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «Más de lo que un ser humano puede soportar: el uso sistemático de la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género por Israel desde octubre de 2023» (véase «Registro de la infamia», Brecha, 28-III-25). Allí se documenta la violencia sexual contra mujeres, hombres, niñas y niños palestinos y «actos genocidas» como la destrucción sistemática de centros de atención a la salud sexual y reproductiva. Si bien su enfoque principal fue Gaza, la comisión concluyó que la violencia sexual y de género se comete en todo el territorio ocupado como estrategia de guerra para dominar y destruir al pueblo palestino.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos presentó dos informes en 2025. En mayo, «Tortura y genocidio. Los palestinos liberados de Gaza y su futuro destrozado» y, en noviembre, uno específico con nuevos testimonios de hombres y mujeres sobre la violación y tortura sexual que sufrieron en las cárceles israelíes tras ser detenidos solo por ser gazatíes, mantenidos en calidad de desaparecidos y liberados meses después sin cargo alguno.
En setiembre de 2025, Save the Children publicó «Torturados»: el aumento de los abusos contra los niños palestinos bajo detención militar israelí», en el que recoge testimonios de 165 menores entre 12 y 17 años liberados, y de progenitores, abogados y trabajadoras sociales, y concluye que los adolescentes fueron sometidos a las mismas condiciones extremas de detención y tortura que los adultos.
En diciembre de 2025, las organizaciones palestinas Addameer, Al-Haq y Al Mezan elevaron a Francesca Albanese un informe conjunto con numerosos testimonios de personas liberadas sobre las condiciones de detención y tortura, y en particular sobre la violencia sexual. El mismo mes, el Comité contra la Tortura de la ONU, en su revisión del sexto informe periódico presentado por Israel, denunció «una política estatal de tortura y malos tratos organizados y generalizados […] que se ha intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023».
En febrero de 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas presentó «Volvimos del infierno», en el que recoge testimonios de 59 periodistas detenidos después del 7 de octubre, quienes también denunciaron haber sufrido violencia sexual. La gran mayoría de las y los periodistas fueron arrestados mientras ejercían su labor y fueron liberados sin cargos ni juicio.
En marzo de 2026, Albanese presentó «Tortura y genocidio», en el que afirma que desde octubre de 2023 más de 18.500 personas han sido detenidas en el territorio palestino ocupado, incluidos al menos 1.500 niños, y que la violencia sexual es una política habitual en las cárceles israelíes.
En abril de 2026, el Monitor de Derechos Humanos Euro-Medpublicó «Otro genocidio tras los muros. Violencia sexual en prisiones y centros de detención israelíes e impunidad programada», que abarca de octubre de 2023 a octubre de 2025.4 La premiada periodista de Euro-Med Maha Hussaini recogió miles de testimonios en Gaza y concluyó que la tortura sexual es una política sistemática, institucional, destinada a infligir el máximo daño físico y psicológico a toda la población gazatí.
En mayo de 2026, Kifaya Khraim, abogada del Centro de Asistencia Jurídica y Asesoramiento para Mujeres de Ramala, declaró a Al Jazeera que las denuncias de tortura y violencia sexual en las cárceles israelíes son «muy frecuentes». Las 75 mujeres entrevistadas, liberadas de distintos centros y comisarías de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, hablaron de violencia sexual. Los perpetradores son policías y soldados israelíes, tanto hombres como mujeres. A fines de mayo, la oficina del secretario general de la ONU incluyó a Israel en su informe anual sobre los países responsables de utilizar la violencia sexual en conflictos armados.
Y como la verdad es un lujo que no puede darse (lo cual explica la industria de la hasbara), Israel sigue prohibiendo la entrada de periodistas internacionales a Gaza, sigue negándose a colaborar con las organizaciones internacionales de derechos humanos y con investigadores e investigadoras independientes de la ONU y, desde el 7 de octubre de 2024, prohíbe el acceso a las cárceles a organismos de supervisión, familiares y abogados (salvo contadas excepciones).
Los dirigentes israelíes han tildado de mentirosos a los autores de los informes, pero nunca han sido capaces de refutar las denuncias. Tampoco lo necesitan, porque, como dijo Francesca Albanese, el sistema de tortura de Israel existe porque «lo defienden los políticos, lo justifican las instituciones jurídicas, lo edulcoran los medios de comunicación y lo toleran los gobiernos que siguen armando y protegiendo a Israel».
- El «combatiente ilegal» –una categoría que no existe en el derecho internacional– se define en la ley 5.762 israelí de 2002 como «una persona que haya participado, directa o indirectamente, en actos hostiles contra el Estado de Israel o que sea miembro de una fuerza que cometa actos hostiles contra el Estado de Israel, cuando no le sean aplicables las condiciones establecidas en el artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra (1949) relativo a los prisioneros de guerra». Amnistía Internacional ha denunciado que Israel está utilizando esa ley para detener a civiles gazatíes y arrojarlos a un agujero negro virtual durante periodos prolongados sin presentar ninguna prueba de que representen una amenaza para la seguridad y sin el mínimo debido proceso. ↩︎
- HaMoked señala que las deficiencias en el registro de detenciones, las inconsistencias en la información y la falta de una investigación formal indican que Israel incumple su deber de impedir la desaparición forzada. El periodista Mahmoud Mushataha y una investigación conjunta del Palestine Reporting Lab y la encuestadora Institute for Social and Economic Progress afirman que las personas desaparecidas en Gaza tras ser detenidas en redadas, en checkpoints o en puestos de distribución de comida podrían ser de 14 mil a 51 mil. ↩︎
- La amplia difusión del video en el que el ministro de Seguridad Nacional (encargado de las prisiones) Itamar Ben Gvir se jacta del maltrato a más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud es apenas una muestra de sus frecuentes visitas mediáticas a las cárceles en las que instiga al personal a endurecer las torturas hacia los presos palestinos. ↩︎
- En mayo de 2024 Euro-Med había publicado el informe «Rehenes de la venganza israelí en la Franja de Gaza», en el que recogía testimonios de 100 personas liberadas recientemente sobre los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes después del 7 de octubre de 2023 contra la población de Gaza, en los que se incluía violencia sexual. ↩︎
