A fines de 2021, el Ministerio de Industria (MIEM) intentó modificar el decreto del marco regulatorio de energía. El objetivo era habilitar a los grandes consumidores –entiéndase a las empresas más poderosas del país– a ingresar libremente al mercado spot,1 que hoy ocupa un espacio residual de la compraventa de energía, pero la propuesta no logró cristalizarse. De todas formas, la idea de potenciar este mercado siguió latente.
Días atrás, el MIEM presentó a UTE un proyecto de decreto que introduce cambios sustantivos al mercado eléctrico, en beneficio de los grandes consumidores y los productores privados de energía. La propuesta atiende varias de las observaciones planteadas al primer proyecto –entre otras cosas, se aclara en forma expresa que los contratos firmados con UTE no pueden ser modificados–, pero altera uno de los pilares fundamentales del marco regulatorio, como es la garantía de suministro.
En efecto, la propuesta mantiene la obligación de las empresas de contratar en forma anticipada un mínimo del 50 por ciento de sus necesidades de potencia firme con el objetivo de asegurar el abastecimiento de la demanda de consumo. Con el reglamento vigente este respaldo solo pueden darlo las centrales térmicas (biomasa, gasoil o fueloil) e hidráulicas, pero la nueva redacción, en cambio, reconoce a los parques eólicos y solares la capacidad de producir potencia firme.
La decisión tiene efectos concretos en el mercado. Los grandes consumidores podrán firmar contratos de suministro de potencia firme con los privados, salteándose los acuerdos con UTE, que tiene en estos el 11 por ciento de su facturación total. De esta forma se resuelve uno de los problemas que tenía el sector privado para fomentar el mercado spot.
La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) ya registró los contratos como cliente libre entre Montevideo Refrescos (Coca-Cola) y la Central Lanera Uruguaya con Nesyla SA (conformada por Ventus y la multinacional Atlantica Yield), que construye un parque fotovoltaico en Salto como parte de una inversión de 14 millones de dólares. Con la decisión del MIEM de reconocer la potencia firme a la energía solar, estos contratos podrán efectivizarse cuando el parque esté operativo.
En este sentido, Fernanda Cardona, directora de UTE en representación del Frente Amplio, dijo a Brecha que el cambio normativo se realizó sin la participación de técnicos de la empresa estatal. «Se ignora cuál es el sustento técnico, económico y jurídico que existe detrás, así como también se desconoce qué consecuencias prevé el MIEM para este cambio regulatorio. No hay datos de ningún tipo», afirmó Cardona.
El cambio normativo se produce en un contexto en el que otros grandes consumidores analizan abandonar el mercado regulado, pero con contratos de cliente libre directos con UTE. Estos son los casos de Ipusa y Efice SA, que lograron acuerdos a cinco años, con una reducción en el precio de la energía que pagan a la empresa estatal. Esos acuerdos fueron declarados confidenciales.
El cambio de reglas del mercado eléctrico es impulsado por el ministro de Industria, Omar Paganini, junto con dos asesores, Gonzalo Irrazabal y Felipe Bastarrica, ambos integrantes del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. En respuesta a un pedido de informes del senador Alejandro Sánchez –fechado en enero de 2022–, el MIEM comunicó que ambos fueron contratados como consultores externos por el BID, en el marco de un convenio de cooperación técnica, sin costo para el organismo: Irrazabal, como asesor de Paganini y Bastarrica, de la presidencia de la URSEA.
En su pedido de informes, Sánchez preguntó si los asesores desarrollan en simultáneo su actividad privada y si han presentado declaración de conflicto de interés. La respuesta del MIEM fue negativa: «Esta administración no ha requerido exclusividad en sus labores ni ha solicitado formalmente que se exprese si desarrollan o no actividad privada. Tampoco ha recibido a la fecha declaraciones juradas de conflicto de interés ni tenemos conocimiento de que haya existido tal situación».
Irrazabal es socio del estudio Irrazabal & Asociados, dirigido por su padre homónimo, asesor de diversas cámaras empresariales y exsubsecretario de Trabajo entre 1994 y 1995. En el estudio, Irrazabal hijo se desempeña en el Departamento Corporativo & Energía, que «ha participado en los principales procesos de instalación de parques eólicos y/o solares en el Uruguay», según la página web del estudio.
1. Es donde se concretan las transacciones de corto plazo. Los precios de la energía dependen de la variación de oferta y demanda de energía en cada franja horaria. En momentos de sobrestock, el precio de la energía puede valer cero.
