La detención del buque chino Lu Rong Yuan Yu 606 por presunta pesca ilegal en aguas jurisdiccionales uruguayas fue celebrada como un triunfo por las autoridades uruguayas. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, se apersonó en el puerto de Montevideo para felicitar a los efectivos de la Armada Nacional partícipes del operativo. Por esas horas, García aseguró que la Armada había cumplido con una tarea esencial de cualquier Estado, que es hacer cumplir con su soberanía y con la ley y defender su territorio para que sus recursos no sean robados (radio Montecarlo, 5-VII-22).
Sin embargo, con el paso de los días esa efervescencia inicial se transformó en preocupación. La fiscal Silvia Naupp dispuso, el martes 26, el archivo de la investigación penal por la captura del buque. Tras analizar la evidencia recabada, la fiscal consideró, con base en un informe de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que no existen elementos para concluir que hubo pesca ilegal y que el eventual desacato en que habría incurrido el buque se debió a problemas de comunicación por diferencias idiomáticas.
El insuceso se produjo sobre principios de mes. Los servicios de la Armada detectaron cinco embarcaciones navegando en la zona económica exclusiva uruguaya y un reconocimiento aéreo detectó dos buques poteros –dedicados a la pesca de calamar– frente a Punta del Este a unas 155 millas de la costa. El ROU 23 Maldonado llegó al otro día. Al detectar al buque chino, le informó que sería abordado para inspección. Según la Armada, el buque se dio a la fuga rumbo a Montevideo. La persecución se extendió toda la noche del domingo, hasta que el lunes, el barco fue abordado. El buque fue trasladado hasta el puerto de Montevideo, donde quedó retenido, al igual que sus 28 tripulantes (de origen chino e indonesio).
La investigación penal, sin embargo, desmoronó la denuncia de la fuerza de mar. En este marco, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros cuestionó el operativo y se quejó por el daño económico y de imagen causado a la empresa afectada que, de momento, no tiene previsto iniciar acciones legales contra el Estado. El tema, incluso, llegó a ser analizado por la Cámara y la empresa con representantes de la Embajada de China en Uruguay, que siguieron el desenlace del proceso con suma atención.
La presencia de García en el puerto no fue casual. El gobierno está abocado en potenciar el combate a la pesca ilegal, lo que incluye la compra de dos patrullas oceánicas, cuya inversión rondará los 100 millones de dólares. Una política alineada a las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos, que tiene a este tema como uno de los ejes de su enfrentamiento geopolítico con China. Precisamente este fue uno de los asuntos analizados, en abril de 2021, durante una reunión entre el ministro García y Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Por esos días, Faller ubicó a la pesca ilegal como una de las amenazas a la seguridad hemisférica, junto con el crimen organizado, el narcotráfico y la ciberdelincuencia (Búsqueda, 8-IV-21).
