El hombre de la bolsa llegó al rincón infantil de la plaza del barrio.
Pero no es uno y no está en una sola plaza. En diversas zonas de la ciudad, podemos ver cómo se van formando pequeños campamentos de personas en situación de calle.
Algunas veces entre las hamacas, las casitas con tobogán y el barco pirata aparecen pedazos de cartón, frazadas, bolsas de plástico. El contraste es chocante: juegos con formas geométricas, puentes colgantes y cuerdas elásticas intervenidos por la pobreza y la exclusión más abyecta.
Ahí, en nuestros espacios reservados para las infancias, para la recreación, donde hay colores elegidos cuidadosamente y pisos especiales para amortiguar las caídas, aparece la ignominia o, como han señalado algunas autoridades, los causantes del aumento de los residuos en la ciudad.
Los vecinos miran de reojo por las ventanas de sus autos y sus casas. Cuando pasean al perro o llevan a los niños a la escuela pasan de largo; algunos asimilan el encuentro, otros piensan a quién llamar para que se los lleven de una vez. Pero ¿a dónde? ¿Cómo es que irrumpieron ahí?
No hay generación espontánea, existe un proceso de exclusión complejo, en el que la normativa vigente y las políticas públicas en la materia no solo no dan respuestas, sino que complejizan la situación de las personas que se encuentran viviendo en situación de calle o están en riesgo de estarlo.
Y quizá en esa plaza intervenida está la respuesta de lo que nos falta.
El enfoque para abordar el tema no debería ser ni punitivo, ni represivo, ni sanitarista. Sin embargo, hasta ahora, tanto los gobiernos del Frente Amplio como el de la coalición multicolor han apostado a la internación compulsiva y la criminalización. Un ejemplo de esto son las leyes 18.787, 20.279, 19.120 (ley de faltas) y 19.889 (LUC); estas dos últimas agravaron las disposiciones del Código Penal relativas a la «ocupación indebida de espacios públicos». Pareciera que el Estado fuera ciego a los escenarios de riesgo para el «acontecimiento calle» y lo que, en diversas circunstancias, su propia intervención genera.
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Ante los discursos que combinan demagogia y punitivismo debemos afirmar que no solo no hay que crear nuevos mecanismos de criminalización de la pobreza, sino que hay que derogar los que ya existen.
La normativa vigente no tiene como objetivo restituir derechos desde una perspectiva integral, sino sacar a las personas del espacio público, sin problematizar la gravedad de lo que hemos naturalizado: es agosto de 2024 y en Montevideo el paisaje urbano ha normalizado la existencia de bultos humanos que yacen en la vereda cubiertos con bolsas de plástico; no son asimilados como posibles cadáveres, salvo que venga una ola polar que ponga en evidencia que hay riesgo de vida de quienes están allí, tirados, en la intemperie. Me viene a la mente la palabra necropolítica, un concepto que desarrolló el historiador camerunés Achille Mbembe que refiere, justamente, a la política basada en la idea de que unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar sino dejarlas morir, políticas a partir de las cuales las personas se van muriendo.
Es importante levantar la voz ante «lo intolerable», lo que Didier Fassin ha señalado como aquello que marca la frontera del espacio moral: existe un proceso de exclusión sistemático y estructural, y el Estado uruguayo es responsable de la población que queda a su cargo y sale de las instituciones en peores condiciones que las previas.
Los refugios no son espacios adecuados ni para los usuarios ni para las y los trabajadores que padecen situaciones de precarización laboral; las alternativas de vivienda no existen para quienes más la necesitan; el egreso de las instituciones totales es en solitario, sin proyección ni recursos. Ahí aparecen las puertas giratorias de la pobreza, la calle y las cárceles; son espacios en los que las más de las veces se reproducen las violencias y las exclusiones, en los que se aprende a sobrevivir en los márgenes.
Es necesario revisar, tensionar, repensar el tipo de institucionalidad y de políticas que existe. ¿Podemos reducir la situación a un listado de problemas (salud mental, consumo problemático, egreso penitenciario)? ¿Qué pasa con quienes padecen desde edades tempranas la paradoja del desamparo estatal a partir de su institucionalización en el Instituto del Niño y Adolescente y al cumplir la mayoría de edad salen a un mundo hostil, con un peculio que rápidamente se agota, sin un acompañamiento adecuado, sin referencias ni redes? ¿Debemos continuar gestionando la pobreza y mantenerla a raya en refugios en los que hay chinches, la infraestructura es inadecuada y no se apuesta al desarrollo de la autonomía? ¿Qué pasa con el déficit habitacional? ¿Qué ocurre con las pensiones, que también se han constituido como espacios de abuso y especulación, que –aun las habilitadas por la Intendencia de Montevideo– adolecen de lo mínimo indispensable para poder ser considerados espacios habitables? ¿Qué pasa con las expulsiones producto de la violencia basada en género? ¿Quién habla de las violencias bestiales y abrumadoras que sufren las mujeres y las disidencias en los contextos de calle?
¿Por qué pensamos los problemas como si fueran parte de decisiones individuales y no un complejo cúmulo de trayectorias personales que están enhebradas a las expresiones más claras del fracaso de ciertas instituciones, de políticas que no contuvieron, que expulsaron, que violentaron, que son parte de experiencias de sufrimiento?
¿Cuántas personas que vemos a nuestro paso por la ciudad durmiendo, deambulando, acampando pasaron por el «cobijo» del Estado y hoy son perseguidas y maltratadas por el mismo Estado que las abandonó?
Una comunidad que pone como centro el cuidado, en tanto derecho y función social, es la que logra que el Estado no llegue tarde, que no violente y que sus representantes no intenten armar políticas públicas a partir de recortes de prensa.
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A su paso por 18 de Julio, en la marcha del pasado lunes, en el marco del Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle de Latinoamérica y el Caribe, integrantes del colectivo Ni Todo Está Perdido decían: «Cualquiera de nosotros puede caer, pero también es posible levantarse, recomponer lo roto». Estas palabras me llevaron a un texto de Carlos Skliar sobre el lenguaje de la norma y los individuos frágiles: «Hay instantes de la historia de la vida humana en que ninguno, nadie, merece ser cualquiera. Hace falta volver a pensar nuestra relación con aquello que difiere de lo que creemos ser nosotros mismos. Hace falta no solo el sinceramiento, la transparencia o la constricción. Hace falta algo más. Un gesto tal vez desmesurado. No solo un cambio de narrativas o de biografías o una reescritura prolija que corrija el sinsentido anterior. Una ética y una política de la debilidad. La vulnerabilidad propia como el escenario de nuestra sensibilidad y nuestro pensamiento».
*Valeria España es abogada, magíster en derechos humanos y políticas públicas en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, Argentina. Docente en la Facultad de Información y Comunicación (Udelar) e investigadora del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales en la misma Facultad; integra el equipo del Proyecto Trayectorias Integrales «Desigualdades y conflictos en relación a la situación de calle» (FCS-FHCE) y el equipo «El enfoque de la justicia espacial aplicado a los estándares de derechos sociales en los conflictos de tierra urbanas y rurales» (UBA Derecho).
