Luego de enfrentar semanas de reclamos y críticas por su respuesta y manejo de la desaparición de Santiago Maldonado, en la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut, el gobierno argentino parece tener controlada la situación a su favor. Ya no son los funcionarios del gobierno quienes aparecen intentando dar explicaciones. Ahora quien está en el ojo de la tormenta es el juez federal Guido Otranto, que lleva adelante la investigación del caso. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las comunidades Pu Lof y Vuelta del Río recusaron al magistrado por “enemistad manifiesta”. Los miembros de Vuelta del Río además reclaman su renuncia por haber ordenado el operativo de búsqueda de Maldonado en la madrugada del lunes 18. “Están buscando en el lugar equivocado y tenemos miedo de que nos planten pruebas falsas”, dijo en la mañana del miércoles José Huinilao, líder de la comunidad, durante la toma del juzgado de Otranto en reclamo de su renuncia.
Santiago Maldonado lleva 52 días desaparecido y la justicia no ha logrado generar siquiera una pista firme, pese a la recompensa de 2 millones de pesos ofrecida por el gobierno para quien la consiga. En cambio, creció la presión sobre las comunidades mapuches en la Patagonia.
La desaparición de Maldonado y los atropellos denunciados por los miembros de Pu Lof de Cushamen ocurren en tierras disputadas al magnate italiano Luciano Benetton. El martes pasado también la comunidad Fvta Xayen, ubicada en Neuquén, a 80 quilómetros de la capital provincial, denunció el ingreso violento de fuerzas policiales neuquinas que la desalojaron con una orden de la fiscalía local. Esa comunidad se encuentra asentada en tierras linderas a los yacimientos petroleros de Vaca Muerta, un emprendimiento licitado durante el gobierno de Cristina Fernández y compartido por varias empresas multinacionales. Vaca Muerta usa el método de fracking para explotar los yacimientos, y el agua necesaria para esa operación se extrae de las tierras mapuches del Fvta Xayen.
La Confederación Mapuche Neuquina emitió un comunicado en el que denuncia que a partir de los casos de Maldonado y Facundo Jones Huala (un líder mapuche detenido) “se quiere presentar a los mapuches como terroristas y peligrosos para la integridad territorial de Argentina. Esa demonización busca terminar con nuestras comunidades y eliminarnos”, denunció.
La desaparición de Maldonado aparece como el detonante de una campaña de parte del gobierno nacional por defender los intereses de los grupos empresarios internacionales en detrimento de las comunidades originarias. En noviembre vence el plazo para que el parlamento nacional prorrogue la ley 26.160, que ordena relevar las tierras de comunidades originarias en conflicto. Hasta ahora se relevó apenas el 40 por ciento del territorio y solamente se comprobó la posesión territorial de 759 comunidades originarias sobre un total de 1.532 registradas por el Estado nacional. Si no se vota una prórroga, las tierras no relevadas volverán a manos de grupos empresarios.
