Daniel García Pintos, el diputado que en 2006 les hacía los mandados a los terroristas impunes, interpeló a la ministra Azucena Berrutti indignado por la extradición a Chile de tres oficiales de inteligencia involucrados en el asesinato en democracia de Eugenio Berríos.
—Usted está dibujada en el ministerio –dijo exasperado el legislador.
—Esa es una subestimación injusta –reclamó Azucena–. Hubiera preferido estar pintada al óleo.
Con la experiencia de un año largo desde que, casi en solitario, puso los pies en el Ministerio de Defensa, aquella abogada de sindicatos y de presos políticos había aprendido a soportar los desplantes y ninguneos de una oficialidad que, tras el machismo y la arrogancia, disimulaba el temor por una política que «civilizaba» la conducción de las Fuerzas Armadas, reducía la autonomía y desmontaba los privilegios.
Tenía 76 años cuando Tabaré Vázquez la convocó para integrar su elenco ministerial. Y aceptó una limitación que impuso el presidente: la política de los derechos humanos sobre el pasado reciente y la relación con los militares por este tema quedaban reservadas al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. La política de Defensa se ajustaría a los lineamientos, escasos, del programa del Frente Amplio y a los resultados de los debates que impulsaban José Bayardi y Julián González Guyer. El horizonte de actuación era vasto y prometía aplicar iniciativas que reflejaran los principios de aquella experimentada militante del Partido Socialista.
Le gustara o no al presidente, no hubo, que se sepa, «sugerencias de arriba» cuando Azucena impulsó la reparación de los militares perseguidos por la dictadura o cuando consultó a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos si existían denuncias sobre algunos de los oficiales propuestos para ser ascendidos; tampoco las hubo cuando ordenó la fulminante destitución y pase a retiro del teniente general Carlos Díaz, quien como comandante en jefe del Ejército había mantenido una reunión de carácter político no autorizada con el expresidente Julio María Sanguinetti, o cuando ordenó tajantemente a sus ayudantes coroneles que cumplieran a rajatabla, sin excusas, las citaciones de oficiales solicitadas por jueces en investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
La inclusión del Estado de derecho en las Fuerzas Armadas, que comprendía la instalación de una estructura civil de mando administrativo, fue un combate permanente durante los tres años que duró su gestión. A veces logró los resultados perseguidos, otras veces, no, y en general sus avances fueron después revertidos por otras administraciones. Hasta la Ley Marco de Defensa Nacional, la ministra recurrió al presupuesto nacional y a las rendiciones de cuentas para incorporar algunas de las reformas.
Por ejemplo: una estructura integrada por civiles para las tareas administrativas, legales, contables y sociales, incluyendo las designaciones de las distintas direcciones. Dichas tareas eran desempeñadas por coroneles, en general extremadamente capaces, pero férreos oponentes de «incursiones civiles» y también muy celosos de sus propios colegas. (Un solo coronel manejaba todos los expedientes del ministerio, los tenía dentro de una piecita abarrotada y solo él era capaz de ubicarlos; renunció –pidió la baja– cuando se vio obligado a compartir la tarea con civiles.)
Por ejemplo: la instalación de superintendencias, que redujo la discrecionalidad para aplicar decisiones que no eran estrictamente militares. (No solo se reducía la autonomía, sino que, además, los comandantes de unidades recibían órdenes de civiles, lo que era el colmo. Un coronel ingresó al despacho, le puso un expediente sobre el escritorio y le dijo: «Firme». Quedó pasmado ante la reacción de Azucena, quien se tomó su tiempo para explicarle que ella representaba el mando superior.)
Por ejemplo: las auditorías e investigaciones sobre el manejo del dinero. Había cuentas bancarias de las tres armas en instituciones de Nueva York, cuyos fondos no eran auditados por el Tribunal de Cuentas. La participación de militares uruguayos en misiones de paz de Naciones Unidas llegó a representar, en cinco años, 400 millones de dólares; solo un 10 por ciento de lo aportado por Naciones Unidas se gastaba estrictamente en las misiones de paz; el dinero se administraba sin control y sin rendición de cuentas. (Cuando la ministra pidió información, un coronel le mostró un cuaderno con dos columnas: ingresos y egresos.) Lo mismo con los con fondos reservados asignados a los comandantes en jefe de las tres armas, quienes actuaban como unidades ejecutoras.
Por ejemplo: el manejo de las designaciones de personal equiparado (civiles a los que se les adjudicaban grados militares). Las equiparaciones eran decididas por los mandos militares de los servicios y, como no estaban incluidos en el presupuesto, el gasto corría por cuenta del Ministerio de Economía. El sistema de equiparaciones fomentaba el amiguismo. De la misma forma, los mandos decidían sobre las vacantes del personal subalterno. Cuando renunciaba un soldado, el jefe de la unidad llenaba la vacante; era una forma descarada de clientelismo, que la ministra cortó al instalar un sistema de concurso para los ingresos de subalternos.
Por ejemplo: la eliminación de la categoría de soldado de segunda y soldado de primera. Una única categoría de soldado implicó aplicar el sueldo más alto. Pero no se resolvía el problema general de los bajos ingresos, de modo que se instrumentó un sistema de boleto gratis para que el soldado no tuviera que caminar o usar su bicicleta para concurrir al cuartel. Se destinó un fondo para financiar las boleteras, con aportes de las empresas de transporte y de las intendencias, que sustituyó a las reasignaciones de fondos presupuestales para financiar el beneficio al comienzo. (Esas reasignaciones para los boletos provocaron airadas reacciones de los mandos, que veían así recortados los fondos presupuestales.)
El desmontaje de los privilegios exigió un combate especial. Se efectuaron investigaciones y auditorías sobre el desvío de fondos en Intendencia, en Sanidad y en Servicios Sociales, y se vigilaron los criterios de utilización de viáticos. Particularmente, el uso de los autos por parte de los oficiales –el abuso era notorio por el nivel de consumo de combustible– implicó un tire y afloje desgastante. Se instalaron en los vehículos aparatos que medían los recorridos diarios, pero los aparatos se rompían o «exageraban» el quilometraje, en opinión de los usuarios. Se aplicó entonces un sistema vinculado a los vales de nafta con los que se abonaba el combustible en las estaciones de servicios, las que a su vez descontaban en ANCAP. Como quedó en evidencia en las ulteriores administraciones, ese fue un combate perdido.
Azucena Berrutti abandonó el Ministerio de Defensa Nacional en febrero de 2008. Y se fue tan silenciosamente como ingresó. Su gestión la desgastó y la cansó, y esa fue la explicación oficial. Con el tiempo, su imagen de ministra adquirió relevancia, en gran medida por el allanamiento de una unidad militar que permitió la ubicación del llamado Archivo Berrutti, lo que constituyó un precedente sustantivo en el esfuerzo por la búsqueda de la verdad. El repaso de su gestión permite concluir que ni antes ni después hubo un ministro de Defensa Nacional que encarara el desafío con la valentía, la determinación y la constancia de Azucena Berrutti.
