En Perú la puja entre los poderes del Estado parece interminable. Fuerza Popular –la bancada mayoritaria en el Congreso– no había asimilado aún la anulación del indulto a su ideólogo Alberto Fujimori, el 3 de octubre, cuando fue sorprendida por la orden de detención de su líder, Keiko Fujimori, siete días después (véase “Diez días sin cócteles”, Brecha, 12-X-18). La hija del ex presidente fue puesta en prisión preventiva y es investigada por lavado de activos.
Tras su detención, haciendo caso omiso de los procedimientos habituales, el fiscal supremo de la nación, Pedro Chávarry, separó del cargo a la fiscal Erika Rocío Delgado, integrante del equipo que investigaba el caso Odebrecht, en el que Keiko es acusada de haber recibido aportes irregulares para su campaña presidencial de 2011. La fiscal se enteró de su remoción el pasado viernes 12, cuando se dirigía al allanamiento de uno de los presuntos falsos aportantes a la campaña electoral de Fuerza Popular.
Erika Delgado también investigaba las concesiones dadas por el tren eléctrico de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), por las que están investigados varios dirigentes del Partido Aprista Peruano, entre ellos el propio ex presidente, a quien se disponía a interrogar.
INFORME ARCHIVADO. El lunes, apristas y fujimoristas parecían “devolverle el favor” al fiscal supremo: con votos de ambos partidos, la Comisión Permanente del Congreso archivó un informe que proponía denunciar constitucionalmente a Pedro Chávarry, con miras a su destitución e inhabilitación. El informe lo vinculaba con la organización criminal conocida como “Los cuellos blancos del puerto”, dedicada al tráfico de influencias, y se basa en conversaciones que mantuvo con César Hinostroza, el defenestrado juez de la Corte Suprema (véase “La ley y el desorden”, Brecha, 27-VI-18), sobre quien pesaba una orden judicial que le prohibía salir del país, pero que se fugó y llegó a Madrid el miércoles, algo que provocó la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina.
El miércoles, tres días antes de cumplirse los diez días de prisión preventiva impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, la Sala de Apelaciones ordenó la inmediata libertad de Keiko Fujimori, y dispuso que sea otro el juez que intervenga en el pedido de detención. El fiscal que lleva el caso, José Domingo Pérez, formalizará la investigación y solicitará nuevamente la prisión preventiva de la lideresa.
Paralelamente, el Congreso peruano, copado por el fujimorismo, que juega en pared con el Partido Aprista, tomó medidas para dejar sin efecto la anulación de la Corte Suprema al indulto al ex presidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
El 24 de diciembre del año pasado, cuando la mayoría de los peruanos sólo pensaban en el pavo, el pan dulce y algunos en la misa de gallo, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori por “razones humanitarias”, pero el hecho tuvo ribetes de escándalo. Tres días antes Kuczynski había superado un proceso de destitución en el Congreso gracias a las abstenciones del hijo de Fujimori –Kenji Fujimori, actualmente congresista– y otros nueve diputados de su entorno. En ese momento Kenji y Keiko estaban enfrascados en una lucha fratricida por el control de Fuerza Popular, y el resto de la bancada fujimorista votó a favor de la vacancia. Tres meses después, unos videos revelaron negociaciones para la obtención de las abstenciones que alargaron el cuestionado mandato del presidente. Eso, sumado a su presunta implicación en el caso Odebrecht, obligó a Kuczynski a renunciar en marzo.
LEY CON NOMBRE Y APELLIDO. Luego de que la Corte Suprema anulara el indulto –consideró que no corresponde indulto o amnistía para los crímenes de lesa humanidad, y que en cuanto a la gravedad del estado de salud de Alberto Fujimori hay muchas dudas, ya que algunos integrantes de la junta médica que lo evaluó son sus médicos personales– el fujimorismo reaccionó furibundamente. Seis días después del fallo, el martes 9, la congresista Yeni Vilcatoma presentó un proyecto de ley que beneficia con arresto domiciliario a los mayores de 65 años que hayan cumplido la tercera parte de su sentencia. También podrán ampararse en esta ley los mayores de 70 con enfermedades graves o crónicas.
Batiendo todos los récords de tiempo en cuanto al tratamiento de un proyecto de ley, en el correr de dos días y 34 minutos este fue aprobado sin revisión previa de la Comisión de Justicia. El trámite adecuado para la aprobación requiere al menos dos semanas.
Ahora la palabra la tiene el Poder Ejecutivo: si observa la aprobación, el Congreso puede confirmarla por insistencia y el gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional para que revisara el texto.
En medio de todo esto, el presidente, Martín Vizcarra, convocó oficialmente a un referéndum –anunciado para el próximo 9 de diciembre– sobre cuatro reformas constitucionales que el Ejecutivo presentó al Congreso a fines de julio pasado: una nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, vinculado a “Los cuellos blancos del puerto”), la no reelección inmediata de los congresistas, el retorno a la bicameralidad en el Congreso, y el financiamiento privado a los partidos políticos.
A pesar de haber sido presentadas por Vizcarra, el presidente se manifestó en contra de la propuesta de bicameralidad aprobada en el Congreso, por entender que las modificaciones introducidas desnaturalizaban la reforma original. El Congreso también propone que los actuales legisladores se puedan postular para el Senado, es decir, ser reelectos.
En este sancochado (puchero) peruano con ingredientes para todos los gustos y disgustos, nadie sabe que plato saldrá. Vizcarra se mueve entre un Congreso con mayoría opositora y un Poder Judicial corrupto que se resiste a reformarse. Y en estos tires y aflojes debe de estar mirando de reojo las encuestas para saber qué decisión tomar. Según los sondeos, la desaprobación a la gestión del Congreso supera el 80 por ciento, la aprobación al desempeño del presidente Vizcarrra supera el 60 por ciento. Sólo el 11 por ciento de los peruanos aprueba el desempeño de Keiko Fujimori, y 53 por ciento rechaza la anulación del indulto a su padre, mientras que el 43 lo ve “muy enfermo”.
Ante este panorama no sería de extrañar que Vizcarra se viera obligado, dado el alto grado de ingobernabilidad, a disolver el Congreso.
