Por detrás de los gestos amables del presidente y las palabras de cortesía de los dirigentes sindicales en vísperas del encuentro formal en la Torre Ejecutiva el martes de tarde –que terminó en un intercambio de reproches– parece gestarse la gran tormenta entre capital y trabajo, una vez que la pospandemia y el resultado del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) dejaron en evidencia la sideral distancia que separa al gobierno del 99 por ciento de sus gobernados, que son quienes pierden capacidad adquisitiva y sufren la inflación desbocada.
La Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio se aprestan a dar la batalla y apuntan sus misiles a la ley de negociación colectiva, el principal estorbo para sus intereses. Los representantes de los grandes industriales y comerciantes obtuvieron un señalado triunfo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que acaba de considerar el sistema de negociación colectiva tripartita como una limitación a la libertad, pero se sintieron decepcionados porque, en un proyecto de ley enviado al Parlamento, el gobierno solo recogió cinco de las siete recomendaciones del organismo de las Naciones Unidas y postergó, para otra ocasión, la limitación de instalar las comisiones tripartitas solo para fijar los salarios mínimos. Para lo demás debería actuar exclusivamente el ámbito bipartito, reclaman los empresarios. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, opinó: «En realidad, ellos apuntan contra la columna vertebral de la negociación en el sector privado. En la OIT hoy manda la Organización Internacional de Empleadores. Vamos a defender la negociación colectiva en la OIT y acá».
La decepción no es sinónima de depresión. Los industriales perciben que la homologación parcial de las recomendaciones de la OIT es una punta de lanza para desactivar el sistema tripartito y obligatorio. Y las señales son auspiciosas: tres senadores nacionalistas impulsan la aprobación de normas sobre el voto secreto en las decisiones sindicales, que haya consentimiento previo y escrito para el descuento de la cuota sindical, y que se pueda acceder públicamente a la situación económica y financiera de cada sindicato. Los empresarios no deberían inquietarse y menos albergar dudas sobre la preferencia del Partido Nacional entre capital y trabajo. Los discursos del PIT-CNT del 1 de mayo desencadenaron una serie de reproches que anticiparon el frío polar de la reunión presidencial. Al presidente le molesta la conclusión de la central obrera de que «el modelo económico que impulsa el gobierno es excluyente y tiende a la desigualdad».
Así, el tono se encrespa y las posturas se polarizan en un proceso previsible. El senador nacionalista Sebastián da Silva –marido perfecto, políticamente hablando, de la senadora Graciela Bianchi– reiteró su denuncia de que «los dirigentes sindicales, fundamentalmente de los organismos públicos, tienen por conducta no trabajar». Desde hace tiempo el legislador tiene entre ceja y ceja al presidente de la Federación ANCAP (FANCAP), Gerardo Rodríguez, víctima de «acusaciones, injurias y agresiones». En la última confrontación de FANCAP con la mayoría del directorio del ente, su presidente, Alejandro Stipanicic, dijo: «Creemos que no es admisible que las reivindicaciones pongan de rehén a la población. Quiero que el sindicato reflexione sobre esta situación y que volvamos al diálogo». La respuesta del presidente de FANCAP («Nos provocan para que respondamos y después atribuirnos la culpa del desabastecimiento») solo es entendible en el contexto de un tortuoso proceso: una distorsión en la red eléctrica de UTE, que provocó microcortes en el suministro eléctrico de la refinería de La Teja, indujo a Stipanicic a atribuir a las medidas de lucha sindical un «probable» desabastecimiento de supergás. Esa remota eventualidad impulsó, no obstante, que se ejecutara la decisión de importar 60 camiones de supergás de Argentina y dos barcos para mayo, lo que sugiere que los «inconvenientes» ayudan a la estrategia de desgaste de los entes públicos.
No hay que ser muy perspicaz para advertir que todas las decisiones importantes de este gobierno causan la reacción de los sindicatos, a los que se les atribuye un espíritu malévolo e insano de oposición por oposición. A modo de inventario: los docentes de Secundaria se movilizan por el «recorte millonario que el Estado propinó a la educación»; los trabajadores del puerto reclaman soluciones para los 150 despedidos de Montecon como consecuencia directa de la increíble concesión del monopolio portuario a la competencia, Katoen Natie; la Asociación de Bancarios del Uruguay critica la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno, que califica de regresiva y de la que asegura que «provocará daños».
El documento que el PIT-CNT le entregó al presidente de la república, Luis Lacalle, el miércoles reclama: que se eleve un 10 por ciento el impuesto al patrimonio; que se eleve un 10 por ciento el impuesto a las rentas de las actividades económicas para aquellas empresas que tengan una facturación neta igual o mayor a 1 millón de dólares; que se les cobre un impuesto a aquellos sectores que aumentaron los precios. Su aplicación tendría un efecto más permanente (también más justo) que una reducción temporal del impuesto al valor agregado en los precios de productos básicos de consumo. Impulsar estas medidas supondría una formidable e inesperada metamorfosis de la concepción que inspira al gobierno de coalición, pero todo sugiere que el esfuerzo se centrará en construir ejércitos de rompehuelgas, como se establece en la LUC, a cuenta de otras estrategias para frenar el malestar popular que se avecina.
