Guerra abierta en el MAS

El 26 de agosto, el ministro de Gobierno (interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, posteó en una red social un video en el que el expresidente de Uruguay José Mujica emitía el siguiente mensaje: «Los mejores dirigentes son aquellos que, cuando se van, dejan un conjunto de gentes que los superan ampliamente. La lucha es colectiva y de generaciones». La alusión al expresidente Evo Morales, que se encuentra en una dura lucha contra el presidente Luis Arce Catacora por conservar el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), era transparente. Días después, Del Castillo realizó una conferencia de prensa en la que señaló que el trópico de Cochabamba, el bastión cocalero de Morales, era el lugar del país en el que se habían encontrado más fábricas de cocaína. Añadió que parte de la coca que se vendía en los mercados de La Paz, y que debía usarse exclusivamente para el masticado tradicional (akulliku), se desviaba al narcotráfico.

La respuesta a estas declaraciones fue singular: «Burro y Sonia son los adjetivos que usan los evistas para atacar al ministro de Gobierno», tituló el diario El Deber para retratarla. El senador cocalero Leonardo Loza, muy cercano a Morales, apeló a estos insultos contra Del Castillo porque el narco uruguayo Sebastián Marset, quien vivió en Santa Cruz por algo menos de un año y hoy es prófugo de la justicia boliviana, había hecho circular un video en el que le pedía al ministro «no ser burro». Loza sacó de una noticia falsa lo de «Sonia», que supuestamente es el seudónimo de la autoridad en el mundo del hampa. Se preguntó si Del Castillo era «Sonia de día o de noche». Hace tiempo que la pelea entre las dos alas del MAS dejó atrás el respeto entre compañeros del mismo partido.

Del Castillo es un importante protagonista de la interna del MAS. Funcionario de segundo nivel durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), este joven abogado destacó durante la resistencia de su partido al gobierno de Jeanine Áñez en 2020. Nacido en Santa Cruz, próximo a la también cruceña María Nela Prada, mano derecha del presidente Arce y su ministra de la Presidencia, Del Castillo asumió la dirección de la seguridad del país en el nuevo gobierno, el primero del MAS que no tenía a Evo Morales a la cabeza. Un año después, el expresidente intentó sacarlo del gabinete. La razón era la detención, por orden de este, de Maximiliano Dávila, uno de los jefes policiales antidrogas de Morales, acusado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de vínculos con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Posteriormente, Dávila declaró a la prensa que se lo detenía porque se quería enlodar al expresidente. Además, el ministro de Gobierno anunció que pediría un informe a la DEA para entender por qué la agencia estadounidense acusaba a Dávila. Ambos hechos indujeron a Morales a la paranoia. Denunció que había un «plan negro» para acusarlo de narcotráfico y extraditarlo a Estados Unidos y para «destrozar» al movimiento cocalero. Pese a la arremetida, Arce mantuvo a Del Castillo y, en cambio, echó a un evista a quien Morales quería colocar a la cabeza del ministerio.

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La reacción de Morales contra Del Castillo se explica no solo por la personalidad conspiranoica del expresidente, sino también por el ambiente que encontró en su partido cuando retornó del exilio argentino en noviembre de 2020, poco después del triunfo de Arce con 55 por ciento de los votos y exactamente un año después de que perdiera el poder y tuviera que abandonar Bolivia. Durante la campaña electoral, Arce y su segundo, David Choquehuanca, habían evitado mencionar el nombre del expresidente, ya que se suponía que este estaba muy desprestigiado por su afán reeleccionista y que su evocación le restaría votos al MAS. Ambos candidatos habían cohesionado al partido aprobando el pedido de las bases de deshacerse del «entorno de Evo», que entonces se encontraba exiliado en su mayor parte. Se recriminaba a este grupo por haber gobernado el país 13 años y no haber defendido su propio gobierno durante la crisis política de 2019.

Cuando Arce y Choquehuanca lograron sobradamente su objetivo de «detener a la derecha», que había estado impulsando un conjunto de medidas para desmontar el modelo socioeconómico construido por el MAS, juraron sus cargos en el edificio del Parlamento sin mencionar ni una sola vez al jefe de su partido… En realidad, el nuevo vicepresidente sí lo aludió, pero de manera negativa: «Ni las revoluciones han logrado modificar la conservación del poder para mantener el control sobre las personas. No se consiguió modificar la naturaleza del poder, pero el poder logró distorsionar la mente de los políticos», proclamó. Y luego pronunció una frase que no dejaba dudas sobre sus intenciones: «El poder tiene que circular».

Choquehuanca es un personaje fundamental en esta guerra fratricida. «Hermano» de Morales desde los años en que este era tan solo un diputado radical en el congreso neoliberal en la década de 1990, y su canciller histórico después del «triunfo revolucionario» de 2006, este aymara de ideas indianistas fue apartado del poder en 2017 por su aspiración a convertirse en candidato presidencial en reemplazo de Morales, quien no podía postularse por cuarta vez a causa de las limitaciones legales que existían entonces. En el momento de la salida de Choquehuanca del gabinete, el presidente urdía un plan para habilitarse, pese a haber perdido, en 2016, el referendo que había mandado convocar para reformar la Constitución y garantizar su reelección y la de su vicepresidente, Álvaro García Linera. Finalmente, la reelección quedó allanada por un veredicto del Tribunal Constitucional, que la declaró «derecho humano» y, por tanto, la volvió irrestricta.

No solo Choquehuanca perdió su influencia en 2017, sino que, además, como suele suceder en Bolivia, todos sus colaboradores y seguidores fueron puestos en la «congeladora» hasta que volvieron con gran fuerza en el gobierno de Arce. Por estos hechos, Choquehuanca y los choquehuanquistas son enemigos de Morales. Más aún porque, en 2020 y desde Argentina, este impidió que el excanciller fuera el candidato del MAS a presidente, como querían las bases del partido, y lo sustituyó por Arce, entonces cercano a él, degradando al indígena al puesto vicepresidencial.

Arce se hizo conocido en Bolivia y América Latina por su papel como ministro de Economía durante casi todo el mandato de Morales, con una interrupción de dos años para tratarse de un cáncer del que salió bien librado. Su trabajo como ministro se benefició de los altos precios internacionales de las materias primas. De 2006 a 2014, el país creció a una tasa promedio superior a 5 por ciento anual y la pobreza extrema se redujo de 38 por ciento a 18 por ciento. Muchos creyeron que esta dinámica positiva cesaría en cuanto los precios cayeran, pero Arce superó esa prueba aumentando el gasto público de modo que compensara la caída de los ingresos por exportaciones. Bolivia continuó creciendo, aunque con menos fuerza que antes, mientras los demás países sudamericanos se iban hundiendo en la desaceleración. El lado negativo de esta política, que algunos bautizaron «escape hacia delante», fueron los altos déficits fiscales y la caída de las reservas de divisas. Curiosamente, quien debió pagar la factura de estos problemas fue él mismo cuando se convirtió en presidente.

Arce se vinculó al MAS de manera tardía, en el lapso inmediatamente anterior a las primeras elecciones que Morales ganó, en 2005. Pero no era un recién llegado a la izquierda boliviana. En la universidad había militado en el Partido Socialista 1 (PS-1), uno de los muchos grupos progresistas bolivianos que prácticamente desaparecieron con la caída del muro de Berlín. Este pasado tiene un papel en la lucha interna actual. En mayo de 2021, el jefe de Estado se reunió con sus excompañeros, se vistió con los colores del PS-1, se dejó rodear de las banderas rojas de los socialistas, pidió que estos «no lo abandonen» y prometió que «seguirá en la lucha», igual que el líder histórico del socialismo boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue asesinado por la dictadura de Luis García Meza en 1980. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2022, el dirigente de lo que queda del PS-1 Remmy Gonzáles declaró que este partido estaba tramitando nuevamente la personería jurídica y que Arce podría ser su candidato presidencial. Después de esta declaración, los evistas comenzaron a denunciar que el gobierno estaba prohibiendo la bandera del MAS en los actos oficiales y promovía el uso de la enseña del PS-1. Le desearon suerte al presidente con su «nuevo partido». Estas acusaciones fueron desmentidas por la ministra Prada y, posteriormente, el PS-1 tuvo que aclarar que no había tenido una conversación política con Arce.

En diciembre del mismo año, este lanzó uno de sus escasos mensajes televisados al país. Además de abordar temas de Estado, se refirió a la polémica dentro del MAS: «Sé que hay personas que se esfuerzan para hacerme ver como un traidor al Instrumento Político, pero quiero decirles que soy un militante más del MAS, que no claudicaré». Esta declaración no aquietó la polémica sobre el asunto. En abril pasado, Morales publicó en una red social una fotografía del presidente en el congreso socialista de 2021 y escribió: «Saludamos la intensa actividad proselitista del PS-1, sigla fundada por el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz y traicionada históricamente por algunos políticos que terminaron en la derecha». Poco antes había declarado que el presidente no iba a los congresos del MAS, pero sí a los de otros partidos, aunque ironizó: «Me comentaron, no le ha ido bien con el PS-1 y ahora vuelve. Bienvenido, buen retorno. Uno puede equivocarse, reflexionar y volver al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos».

Los arcistas han recordado que cuando nació el MAS, precisamente con el nombre de Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, era un movimiento y no un partido, y en él todas las facciones de izquierda eran bienvenidas. La transformación del MAS en un partido de nítidos contornos, con un rígido estatuto interno, es reciente y obedeció a una estrategia de Morales para conservar el control de su organización e impedir que esta se inclinase hacia sus competidores. El exmandatario puso mucho interés en el «congreso orgánico» que su tienda política realizó por requerimiento legal en agosto de 2021, cuando todavía mantenía una relación razonable con sus compañeros gobernantes. Este congreso aprobó un estatuto que declara a Morales jefe natural del MAS y exige diez años de militancia a todo el que quiera ser candidato masista a la presidencia del país (cláusula que elimina a Arce). El estatuto fue denunciado por los arcistasante el Tribunal Constitucional. Esta institución solo aceptó revisar la constitucionalidad de un artículo de la norma, el que fija a Morales como «líder nato» de la organización. Todavía no se conoce el veredicto.

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Los observadores externos discrepan en cuanto a si Arce coqueteó seriamente con el PS-1 o no. Lo cierto es que, desde el mensaje presidencial de fines del año pasado que hemos mencionado, sus seguidores se han volcado por entero a arrebatarle el MAS a Morales y no a construir una nueva opción política, dado el peso político y simbólico de esa fuerza.

Durante mucho tiempo se dijo que el presidente boliviano, a diferencia de su mentor y ahora rival, carecía de «base social». Además, está el hecho de que no es indígena. Tal fue la razón por la que, según el exvicepresidente García Linera, él y Morales, que definieron la candidatura del exministro de Economía en 2020, la vieron «como un hecho transitorio, un recodo en el camino para volver a la raíz». Esta «raíz» era el gobierno indígena. Pero lo que los dos exmandatarios no calcularon fue que de inmediato Arce haría buenas migas con Choquehuanca, quien sí tiene base social y es indígena. Desde entonces, el tándem Luis-David ha hecho un grave daño a la estructura de lealtades partidarias. Contando con los recursos económicos, políticos y simbólicos del Estado, han logrado lo que hace algunos años habría parecido imposible: quitarle a Morales las bases de El Alto, la populosa ciudad aymara colindante con La Paz, controlar a un importante número de parlamentarios, seducir a las organizaciones campesinas y acorralar al expresidente en su refugio del Chapare, donde este decidió realizar (con oposición del ala arcista, que prefería un lugar más «neutral») el nuevo congreso del MAS, entre el 3 y 5 de octubre en el pueblo cocalero de Llauca Ñ.

De lo relatado se puede colegir una pregunta de orden moral: ¿traicionó Arce a Morales, como creen los seguidores de este? Si Choquehuanca se enfrenta a su antiguo «hermano», tiene motivos muy claros para hacerlo. En cambio, se suponía que Arce era un hombre de Morales. «Me acuerdo lo que hablamos con él en diciembre de 2019 en México», recordó hace poco García Linera en un programa de televisión, «él estaba un poco desanimado, tanteando que sí o que no [a la candidatura que ya se le había ofrecido]». Entonces, según el exvicepresidente, él le dijo: «Luis, te toca a ti… luego pasa a sus verdaderos dueños, que son los campesinos y los indígenas de esta patria».

Esta formulación no toma en cuenta la lógica del caudillismo y cómo esta se despliega en un país en el que se permite la reelección. En las entrevistas que concedió a la prensa internacional tras convertirse en presidente, Arce repitió que él iba a tener el control total de su gobierno, es decir, que no iba a ser títere de otros. El cumplimiento de este deseo le exigió convertirse en un líder con proyección propia, porque, de lo contrario, el gabinete y el gobierno no le hubieran respondido a él, sino a Morales. Así funciona un sistema político caudillista. En Bolivia, el ascenso de los políticos no se debe principalmente a sus logros personales, sino a su lealtad para con la persona que puede darles o quitarles una posición. En un país con reelección, esta persona no solo es la que ocupa el poder, sino la que puede reproducirlo. Cuando esta doble función se encarna en dos personas distintas, como excepcionalmente podía ocurrir con el arreglo que relata García Linera, se introduce una ambigüedad desconcertante, que es incompatible con el sistema caudillista. Si hubieran tomado en cuenta esta dinámica, Morales y García Linera habrían podido adivinar desde el principio lo que ocurriría con Arce: para poder controlar efectivamente su gobierno, este necesitaría, en forma casi inevitable, antagonizar con Morales y proyectarse más allá de 2025. Y eso es lo que ocurrió.

Como fuere, lo cierto es que el antagonismo inherente a la lógica caudillista del sistema político ha emergido y se ha ido complicando con las disputas y los rencores personales y con algunas discrepancias programáticas. En su círculo íntimo, Arce dio a entender que no perdonaría a Morales por haber atacado a su hijo Marcelo, a quien el evismo acusó públicamente de hacer lobby en torno de la licitación internacional del litio. En cuanto a lo programático, el gobierno ha responsabilizado a las administraciones precedentes de no haber invertido en la reposición de las reservas de gas, que hoy sufren un agudo declive (esta crítica ha esgrimido hasta donde lo permite la memoria que Arce también fue parte de estas administraciones). Por otro lado, el evismo está chocando contra varias políticas gubernamentales, por ejemplo, contra la extracción de litio de los salares bolivianos por parte de varias empresas chinas y una rusa, pues considera que esta política pierde de vista el propósito inicial del MAS, que era aprovechar la abundancia del commodity en territorio boliviano para iniciar procesos de industrialización que no parasen hasta lograr la fabricación de baterías «made in Bolivia». Esta crítica pasa por alto que la idea de la «industrialización del litio» ha tenido una década para concretarse y no se ha logrado.

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«Toda esta fractura tiene que ver con la competencia de dos personas. La pugna es abierta», resumió García Linera en la televisión. Este político, que se dedica ahora a la cátedra universitaria y el análisis, se alinea con su excompañero de gobierno (la «raíz indígena»), pero advierte que la perspectiva de un MAS fragmentado es muy negativa y pide un diálogo entre los dos caudillos. Por esto Morales lo calificó como «un enemigo más». García Linera no profundizó en la polémica, que, para algunos, se debió a la naturaleza implacable de Morales cuando recibe críticas y, para otros, mostró su desesperación en un momento de aislamiento. Morales también está chocando con Andrónico Rodríguez, joven dirigente cocalero, formado por él como líder sindical y senador que algunos consideran como «la tercera opción» del MAS. Pero pensar que los dos grandes líderes se retirarán pacíficamente para dejar que aparezca alguien nuevo (una posibilidad fuerte en las encuestas) no suena por ahora verosímil.

Según García Linera, «el electorado se divide en 40-40-20. Cuarenta por ciento masista, 40 por ciento antimasistay20 por cientoapoya a uno o a otro. Divididos, los dos candidatos del MAS se van a repartir de a 20 por ciento cada uno. La única manera de que el 40 por ciento se pueda convertir en 60 por ciento es unidos», conjeturó. Una encuesta reciente le da una intención de voto a Arce de 14 por ciento y a Morales de 10 por ciento; con ello ocupan el primer y el tercer lugar en popularidad, respectivamente. Una de las conclusiones de la encuesta es que ambos apuntan a dos segmentos diferentes del ámbito popular, con más apoyo a Morales entre los más pobres. El rechazo al expresidente es muy alto y consolidado y hace improbable que logre salir de su nicho electoral; sobre todo, que pueda expandirse hacia la clase media. Al mismo tiempo, Arce difícilmente penetrará en el «campo profundo», donde la figura de Morales sigue teniendo dimensiones míticas.

Pero este tipo de cálculos no convence a los actores de la disputa. Por eso, la derrota del llamado «proceso de cambio» en 2025 se ha vuelto más posible que en el pasado. Por otra parte, se pueden observar varios signos de un «cambio de ciclo histórico», el principal de los cuales es el desplazamiento del «sentido común» de la población hacia posiciones similares a las de las extremas derechas, aunque no existe una figura política que exprese claramente esta tendencia.

El efecto del enfrentamiento masistamás negativo en el plano estructural es la división de la mayoría de los sindicatos, que son la base del MAS, en dos alas (solo se ha librado de ello, hasta ahora, la Central Obrera Boliviana, que es fundamentalmente arcista). Más allá de lo que ocurra en este caso específico, si las organizaciones sociales se dividen de manera duradera, la salida del MAS del gobierno en 2025 podría ser algo más que un traspié electoral y convertirse en una derrota de largo plazo del movimiento trabajador, indígena y popular.

(Publicado originalmente en Nueva Sociedad. Brecha reproduce fragmentos.)