El hallazgo de 1.310 posibles fragmentos óseos calcinados y 150 pares de zapatos abandonados entre casquillos y frazadas esparcidos en una hacienda rural en el occidente mexicano, en Jalisco, atrapó la atención durante las últimas dos semanas de una manera inédita en el país y trascendió mundialmente. La explicación posible de esto –surgida de testimonios anónimos que sostienen que fue un sitio de entrenamiento paramilitar y/o un centro de exterminio con hornos crematorios de un cártel específico– concentró los titulares y apagó otros hechos de relevancia para la temática ocurridos a la par, como el asesinato a golpes del padre buscador Magdaleno Pérez Santes por la Policía Municipal de Veracruz. Al cierre de esta edición, la Fiscalía de este estado confirmó el procesamiento de dos agentes por el «homicidio doloso» del padre de la adolescente Diana Paloma Pérez Vargas, desaparecida desde 2019, cuando tenía 16 años.
El martes 13, durante la explosión mediática del «centro de exterminio» en Jalisco, el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera – Poza Rica denunció «la presunta ejecución arbitraria» de Maleno –como lo bautizaron cariñosamente– tras ser detenido y torturado por la Policía local.
Las familias que se manifestaron masivamente el sábado 15, motivadas por el hallazgo en el Izaguirre Ranch –nombre exhibido en el portón de entrada al sitio, conocido gracias al trabajo del fotorreportero Ulises Ruiz Basurto– en Ciudad de México, sí lo recordaron. El nombre de Maleno fue sumado al «pase de lista» que, una a una, hicieron las mujeres presentes de cara a la puerta principal del Palacio Nacional, sede del gobierno federal.
Rosita estaba sin palabras. Madre de Luis Ángel López Guzmán, desaparecido en Tláhuac el 26 de setiembre de 2018, Rosa Isela Guzmán entrecerraba los ojos obligada por el sol que le daba de frente y decía que llevaba días sin dormir, pensando. Durante la manifestación, la madre buscadora, que integra el colectivo Hasta Encontrarles – Ciudad de México, dijo a Brecha que estaba «enmudecida totalmente»: «Esto tendría que mover a nivel mundial, que la sociedad se una en apoyo por no más fosas clandestinas, no más de esto», exclamó.
Sonia Hernández Camacho, madre de Daniel Hernández Hernández –desaparecido desde que fue detenido por policías, viajando por Veracruz, el 28 de julio de 2020– y buscadora del colectivo Una Luz en el Camino, agregó que la noticia de Teuchitlán «ha sido un impacto, pero, afortunadamente, gracias a las redes sociales, la sociedad se está dando cuenta de lo que viven las familias de los desaparecidos y está apoyando esta tarde».
Cientos de personas y comunidades religiosas se congregaron junto con las madres, quienes replicaron la reunión de zapatos sin nombre de la dolorosa foto y pusieron velas en cada uno de ellos, una flor, algunas sumaron una playera con el rostro de sus hijos. En el piso del Zócalo, con grandes brochazos blancos fue estampada una réplica del plano de la hacienda de Teuchitlán y una frase: «Presidenta: ¿ahora sí nos ve?»
Mientras esta acción ocurría en la capital y se repetía con manifestaciones en más de 30 ciudades, en el golfo de México el colectivo de Maleno sufría otro doloroso golpe: una compañera, madre buscadora, denunció que su hija Alin Isaday Salas Isidro, de 27 años, fue privada de su libertad mientras caminaba por el centro de Poza Rica.
AUTOCONVOCADAS
Ana Enamorado, madre de Oscar Antonio López Enamorado, hondureño desaparecido en Jalisco hace 15 años, leyó la proclama con las exigencias de las familias en el Zócalo. La Red Regional de Familias Migrantes que Ana fundó unió esfuerzos con el colectivo Huellas de la Memoria, activo colaborador de las nuevas formas de denuncia en el espacio urbano de crímenes de lesa humanidad, como los antimonumentos (véase «Denuncia permanente», Brecha, 23-X-24), y, juntos, convocaron a la acción. «Como ya ha pasado tanto y tantas acciones que hacemos y son muy pocas las personas que nos acompañan, no me imaginé que íbamos a tener este resultado tan impresionante», dijo a Brecha el domingo 16, con el recuerdo fresco de lo sucedido el día anterior. «Fue muy doloroso escuchar tantos testimonios de personas que han sido obligadas a callar, que el mismo miedo las ha obligado a guardar silencio y quedarse con el dolor dentro de ellas», reflexionó.
Ana se ha mantenido cerca de lo que sucede en Jalisco. «Ese estado me desapareció a mi hijo el 19 de enero de 2010. Entonces, cuando abrí la noticia, me impactó un montón. Estuve soñando con mi Oscar, se me presentó en el sueño. Fue algo muy raro porque ya había pasado mucho tiempo desde que no soñaba con él, y esa noche me dijo: “Mamá, no te preocupes por mí, no quiero que sufras por mí”. Me desperté asustada, pero continué durmiendo, eso fue el jueves. Cuando despierto el viernes 7 con el sueño de Oscar y me encuentro con esta noticia, yo no paraba de llorar», recordó. «Me dije: “¡Hay que hacer algo! No podemos quedarnos calladas. ¡Ahorita mismo! ¡Ya!”.»
QUÉ PASÓ
El caso de Carlos Maximiliano Romero Meza, estudiante de la Universidad de Guadalajara que fue sustraído de su casa por un convoy de la Fiscalía estatal y policías del municipio de Zapopan, es el primero de Jalisco en ser reconocido como una desaparición forzada. Su madre, Liliana Meza, contó a Brecha que tardó un año desde la desaparición de su hijo, el 22 de octubre de 2020, en decidirse a fundar un nuevo colectivo, Luz de Esperanza – Desaparecidos Jalisco, y sumarlo a la veintena ya existente. «La mayoría de los colectivos estaban enfocados en la búsqueda post mortem y nosotras creíamos que lo más importante era salvaguardar a los desaparecidos, presionar por la investigación y que se les localizara con vida», dijo. Explicó que, con el reciente cambio de gobierno estatal, en diciembre, han logrado la apertura de mesas de trabajo con las instituciones involucradas para impulsar esta perspectiva. «Ahora tenemos desconfianza porque no podemos ver qué es lo que están trabajando en el rancho», dijo, incluso cuando dos familias de su colectivo han identificado prendas que pueden ser de su familiar buscado: «Las familias han tratado de ver cómo va el proceso, y ha sido un caos».
La desconfianza y la incertidumbre reinan. «Aquí en México tenemos un dicho que dice: “El burro no era arisco, la vara lo hizo”, porque ya nos pasó en el caso Ayotzinapa», explicó Adrián Ciriaco, representante del Comité Monseñor Romero en México, una de las organizaciones que reaccionaron ante los anuncios presidenciales y criticaron la voluntad de Sheinbaum de equiparar –erróneamente, dicen– el delito de desaparición con el de secuestro. Presente en la manifestación del Zócalo, Ciriaco analizó «el rancho» a la luz de la manipulación del caso Ayotzinapa que hicieron las autoridades, que dilataron la desaparición de «los 43» por más de una década: «Esta vez tendríamos que, primero, solidarizarnos con las personas que han desaparecido, no solo en Jalisco; que la gente vuelva a salir a la calle visibilizando este problema y exigiendo el esclarecimiento de los casos, la justicia y la garantía de no repetición. Tenemos que empezar por un proceso de verdad: todo puede ser posible, pero debemos tratar el tema con más mesura. Se necesita un peritaje, un proceso riguroso que permita detectar si efectivamente [el lugar] es lo que se dice que era. Si tenemos ese cuidado y esa mesura, estamos un pasito adelante. Si no, vamos a repetir otro Ayotzinapa», concluyó.
