Fue el último dictador argentino, parte del llamado “Proceso de reorganización nacional” surgido del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Acomodaba sus modales con cierta sobriedad para mostrarse más civilizado que sus antecesores, los generales Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri. Prefería el traje y la corbata al uniforme militar para los actos protocolares y encuentros con la prensa. El 10 de diciembre de 1983 le entregó con cierta pompa la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el presidente electo democráticamente con el 52 por ciento de los votos. Se fue por la puerta trasera de la Casa Rosada sin que nadie se percatara de su salida, salvo los cafeteros que le dieron la espalda apenas Alfonsín salió al balcón a saludar a la multitud que vivaba la recuperación de la libertad.
Sin embargo, fue quien hizo el trabajo sucio para proteger a las fuerzas armadas en retirada. Dos de sus últimos decretos ordenaban incinerar toda la documentación en poder de unidades militares sobre “la guerra antisubversiva” ocurrida entre 1976 y 1983, o sea todo el período dictatorial, y amnistiar a todos los “oficiales, suboficiales y personal de las fuerzas de seguridad” que participaron en la represión durante el período de facto. El decreto 2726/83 fue firmado el 19 de octubre de 1983 y fue cumplido parcialmente, porque las investigaciones judiciales posteriores encontraron archivos militares y de fuerzas de seguridad en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y en la ciudad de Buenos Aires. Un mes antes, el 19 de setiembre, firmó la ley que amnistiaba a todos los jerarcas de la dictadura –incluso él– de “cualquier delito cometido en la lucha contra la subversión”. La ley fue anulada por el parlamento democrático y un decreto del presidente Raúl Alfonsín habilitó los juicios a las cuatro juntas militares que gobernaron durante siete años.
El martes 7 de marzo murió en el Hospital Militar en Buenos Aires por una insuficiencia cardíaca minutos antes que fuera intervenido por una fractura de fémur y cadera. Tenía 90 años y siete condenas por crímenes de lesa humanidad, que incluían secuestro, asesinato y torturas. Y también el robo de bebés de las mujeres embarazadas y secuestradas por los grupos de tareas del Ejército. Estos respondían precisamente a las órdenes de Bignone. Fue presidente del país después de la debacle interna ocurrida en las fuerzas armadas tras la derrota en la guerra contra Gran Bretaña por las islas Malvinas, entre abril y junio de 1982.
Días antes de entregarle el poder a Alfonsín recibió un duro reproche en su despacho de parte de Aníbal Gordon, el paramilitar conchabado por la Side que dirigió el centro clandestino de detención Automotores Orletti en 1976, por donde pasaron o perdieron la vida –a manos de militares argentinos y uruguayos– la mayoría de los desaparecidos uruguayos en Argentina. Gordon no le perdonaba que hubiera firmado en abril de 1983 el decreto que convocaba a elecciones. Orletti fue el nido del Plan Cóndor en Buenos Aires y precisamente por su rol en esa internacional del terrorismo de Estado fue condenado Bignone en 2016 a 20 años de prisión. Le imputaron ser responsable de 109 de-sapariciones y asesinatos, y 34 robos de bebés entre 1977 y 1980, mientras se desempeñaba como director de Institutos Militares y bajo su mando estaban los centros clandestinos de Campo de Mayo, conocidos como El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel de Encausados.
Por el Plan Cóndor estuvo sentado en el banquillo de los acusados junto a su ex jefe Jorge Rafael Videla, quien no llegó a ser condenado porque se murió en 2013. Antes habían muerto Ramón Camps, Emilio Massera, Albano Harguindeguy, Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, jerarcas de la dictadura condenados por delitos de lesa humanidad. El martes 27 de febrero murió Luciano Menéndez, otro de los duros de la dictadura. Con el deceso de Bignone el infierno se va poniendo pesado.
