El interés público es el norte, pero no es algo que pueda identificarse con un microscopio. Tampoco es cualquier cosa oculta la que concita ese interés, aunque es obvio que desde el fondo de los tiempos los secretos de Estado han sido –y seguirán siendo– la obsesión de quienes ejercen el periodismo. Los viejos adagios que llaman a publicar lo que el poder no quiere, a menudo fatigados y bastardeados, siguen justificando las mejores versiones del oficio.
En la evaluación del interés público intervienen variados filtros y lentes: los intereses de quienes investigan, el perfil del medio de comunicación en cuestión, el rating y un sinnúmero de variables. Es una decisión que está atravesada –en el mejor de los casos– por múltiples dilemas éticos y, una vez que la difusión de una información se transforma en una postura profesional o editorial, los periodistas pueden incluso violar normas. El secreto profesional está enraizado con el propio periodismo, porque lo hace posible. Esto no quiere decir que la libertad de prensa no tenga límites: dictaminar hasta qué punto esas limitantes ingresan en el terreno de la responsabilidad penal o apenas subyacen en el fuero de lo ético es un asunto de enorme complejidad.
En el caso de la difusión, que tanto ha dado que hablar, de un texto con las generalidades del Plan Nacional de Inteligencia, pocas dudas quedan sobre su interés público. Y ni que hablar que el Estado diga tan vagamente que entre sus objetivos están «los grupos o personas que inciten a la violencia» o quienes realicen bloqueos «ilícitos» de la circulación de personas, bienes y servicios. Eso es lo que se lee en una de las capturas difundidas por el director de MVD Noticias (Tevé Ciudad), Eduardo Preve. De eso –el fondo de la cuestión– nadie habla, quizás porque la intención de investigar a determinados grupos no es nueva y ha seducido a todos los gobernantes.
Es cierto que no todo vale. El derecho a la intimidad y a la privacidad, por ejemplo, son cosas de extrema sensibilidad para las víctimas, e incluso para los actores públicos (algo que ha quedado de manifiesto con la reciente publicación de datos personales en las declaraciones juradas de la junta anticorrupción). Sin embargo, en un país en el que la Justicia demostró que existió vigilancia estatal, en plena democracia, de sindicatos, partidos y personas –por lo menos hasta 2005– no es asunto menor el derecho de la sociedad a conocer ciertos alcances de los planes del Estado, como propietario del uso monopólico de la fuerza (lo que incluye las tareas de sus servicios de inteligencia). Sin entrometerse en los deberes de los parlamentarios o en la zona gris de la separación de poderes, ya se sabe que la obligación del secreto no incumbe al periodismo. Y otras cuestiones, como el gasto presupuestal en estas proverbiales actividades de inteligencia (el llamado presupuesto negro o black budget en Estados Unidos) o los mecanismos de contratación de los encargados de tales tareas, entre otras cuestiones genéricas no riesgosas para la manida seguridad nacional, no deberían quedar fuera del control ciudadano (los escépticos deberían volver al brillante documental Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía).
Por lo pronto, la audaz contraofensiva del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Alvaro Garcé, le dio un balón de oxígeno al gobierno. Un periodista –y jerarca de Tevé Ciudad– fue llamado a declarar a un juzgado y el caso de Astesiano perdió protagonismo en la escena, sin que faltaran en el medio palabras altisonantes («sabotaje» y «traición a la patria», entre otras). El incidente, aunque hay que ver cómo decanta, se transformó así en una grandilocuente jugada a varias bandas, con el sello del núcleo central de la Torre Ejecutiva.
