El caldo de cultivo que hizo posible la irrupción del fenómeno de Cabildo Abierto (CA) seguramente esté compuesto por ingredientes variados. La figura de Guido Manini Ríos emerge como un catalizador de descontentos diversos que prosperan en medio de desconfianzas sobre la clase política establecida y del deterioro de la economía en periferias urbanas y rurales, a partir de un liderazgo conservador y desafiante de los buenos modales democráticos. Es probable que, si el militar no hubiera llegado a ser comandante en jefe del Ejército gracias a la decisión de un gobierno de izquierda, ese malestar político multiforme hubiese cristalizado de todas formas en otra expresión similar, probablemente dentro de algún otro partido. Pero más allá de toda esa argamasa todavía en estado de observación, el video con tono castrense de Manini le quitó el velo a un fenómeno que el propio ex presidente Julio María Sanguinetti reconoció al otro día del balotaje (es decir, con todo el pescado ya vendido): la aparición de un partido militar corporativo. Por tanto, con esta confesión de uno de los principales ideólogos de la coalición multicolor, es posible pensar que Cabildo Abierto hará todo lo posible para defender el statu quo del aparato uniformado desde sus 14 bancas parlamentarias.
La mención explícita del general retirado de dos tardías –pero igualmente molestas— reformas ensayadas por el oficialismo (la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas y algunos retoques de la deficitaria caja militar) en la pieza audiovisual, no hace más que confirmar la trazabilidad de la carrera política de Manini Ríos, y revela nuevamente el objetivo de utilizar la coacción del factor militar con fines políticos. Esto, además, prospera en un terreno geopolítico regional fértil, en el que las Fuerzas Armadas (Ffaa) –como han analizado los periodistas Max Fisher y José Natanson en medios tan diversos como el New York Times y Página 12– han vuelto al primer plano, convirtiéndose en la llave para precipitar golpes de Estado, blindar a gobiernos desprestigiados o abrir el paso a restauraciones conservadoras. Una de las especializaciones de los militares es la estrategia y, a la luz de todo lo visto, el líder de CA no es un improvisado (aunque tampoco todo le sale bien).
En este sentido, el desembarco de esta corporación en el Parlamento es un desafío para todo el sistema político: ya no se trata sólo de un poderoso lobby, sino que ahora es esta la que tiene los votos claves para presionar a favor de determinadas reivindicaciones o para desarticular los cambios que la izquierda procuró imprimir en los últimos años. Probablemente, ni siquiera los generales retirados que estaban pensando en hacer política dentro de los partidos tradicionales vieron esta película. La coalición multicolor deberá ahora convivir con su impredecible aliado, que no tiene problemas en comunicar lo que le apetece. Pero también el Frente Amplio (FA), en el contexto de discusión política y de autocrítica que vuelve a prometer para los próximos meses, tendría que tomar nota de todo el proceso vivido en estos 15 años en su relacionamiento con las Ffaa. Ante este panorama, podría ser oportuno reseñar algunos apuntes.
CUESTIÓN POLÍTICA. El cambio de las anacrónicas reglas de juego de funcionamiento de las Fuerzas Armadas figura desde hace bastante tiempo en los programas del FA. Posiblemente, la existencia de otras prioridades, pero sobre todo las dificultades para conocer las características del estamento armado, expliquen el abandono político en el que quedó sumida el área de la defensa. El oficialismo tuvo un buen comienzo con la dupla de Azucena Berrutti (socialista) y José Bayardi (Vertiente Artiguista) –no exento de alguna crisis que, con el diario del lunes, parece menor–, pero luego se introdujo en larguísimos períodos pantanosos. En primer lugar, aunque ahora el gabinete que está bajo la mira es otro, el partido de izquierdas debería evaluar la decisión de haber asignado este ministerio –o por lo menos haberlo hecho durante tanto tiempo– a ex guerrilleros, en vista de su raíz histórica y su visión ideológica de la defensa.
“Yo soy nacionalista. Tenía un movimiento que se llamaba Movimiento de Liberación Nacional”, respondía Eleuterio Fernández Huidobro a quien firma este artículo, con tono enfático y casi que separando en sílabas la última palabra de la frase, en 2011. Lo hacía en la misma semana en que renunciaba al Senado en oposición al proyecto de anulación de la ley de caducidad promovido por el FA. En ese franco diálogo,1 el que poco después sería ministro de Defensa, reconocía que nunca había dejado de “hacer trabajo político en el seno de las Fuerzas Armadas” y no negaba conversaciones con militares identificados con la dichosa logia ultranacionalista de los Tenientes de Artigas. No refutaba a quienes lo catalogaban como “combatiente”, se despachaba contra la justicia internacional que juzgaba crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina (en especial contra Baltasar Garzón) y confesaba que milicos y tupas habían acordado no volver a andar a los tiros por “púas ajenas” (las introducidas por la oligarquía y las fuerzas foráneas).
Poco tiempo después, operadores de la comisión de Defensa del Mpp divulgaban un documento con aroma “nacional-popular”, en el que se instaba a involucrar a los uniformados en el desarrollo de Uruguay y se admitía el fin estratégico de lograr Ffaa consustanciadas con las causas populares.2 Esta concepción de que los ejércitos (“carne con ojos”) deben ser ganados políticamente porque tienen la “llave” para apoyar o no determinados procesos, también sería luego manejada públicamente por el propio presidente José Mujica y la entonces senadora Lucía Topolansky. Mucha agua se estancó bajo el puente hasta que, casi en los descuentos, el FA se decidió a impulsar, sin demasiada masa crítica ni interés ciudadano, reformas para aggiornarla estructura militar. Con la administración de Fernández Huidobro no había existido demasiado desvelo (Manini Ríos trabajó muy cómodo con ese ministro –que, entre otras cosas, defendió a Miguel Dalmao o fustigó la detención, en Chile, de los asesinos de Eugenio Berríos– y le dedicó, incluso, un sentido homenaje en su entierro), pero otro fue el cantar cuando se empezaron a mover algunas fichas durante la gestión del socialista Jorge Menéndez. Una primera conclusión sería que el criterio de la sintonía política entre los cuadros militares y un sector con la concepción estratégica de los ejércitos mencionada antes no fue el adecuado si en verdad se quería una reforma profesional de las Ffaa, como las que sí fueron posibles en otros países.
CUESTIÓN TÉCNICA. Uruguay no tuvo en su transición democrática a un Martín Balza, un militar que pidió perdón institucional por los crímenes del pasado en nombre de las Ffaa (desprestigiadas y con una capacidad corporativa más debilitada que en este lado del río como producto de la guerra de las Malvinas). Fue un actor clave para abonar varios cambios en Argentina. Hoy, el país vecino está en el candelero por muchas cosas, pero –toquemos madera– no tiene al factor militar como uno de sus principales problemas, a pesar de su crispada escena pública.
El antropólogo argentino Germán Soprano sugería que para intentar “democratizar”3 a las Ffaa sería deseable la participación de militares afines a un proceso de modernización o profesionalización. Particularmente, en la rama del Ejército el terreno es árido, pero quizás habría que calibrar, por ejemplo, las diferencias entre designar a Jorge Rosales (que acató una sanción y convivió con cuatro ministros entre 2006 y 2011) o a Guido Manini Ríos (que sólo pudo convivir con Fernández Huidobro). Para este objetivo, hay que conocer a los militares, y, para conocerlos, no basta con incluirlos y trabajar políticamente hacia adentro, sino que hay que incorporar civiles con saberes técnicos específicos en defensa que contribuyan a transparentar y decodificar. Hasta el día de hoy, el Ministerio de Defensa tiene problemas hasta para acceder a datos mínimos sobre el funcionamiento de los cuarteles, en parte, por la endogamia corporativa.
Esto es un problema para la izquierda, pero es, sobre todo, un problema para el país. Un mojón importante ocurrió en 2009 (y allí hay que decir que el ministro era el ex tupamaro Luis Rosadilla) cuando, por ejemplo, se detectó que no había control sobre las cuentas en las que se depositaban los fondos de las misiones de paz, y se podría rescatar del olvido la sucesión de ex comandantes de la Armada procesados por corrupción. O sea, el poder civil tiene enormes dificultades para conocer el funcionamiento de las actividades militares por su proverbial autonomía. Los nombres que se manejan en la prensa para conducir el ramo en el gobierno de Lacalle Pou han sido funcionales o, directamente, representan al lobby militar, por lo cual habrá que ver si se promueve la tan manida “política de Estado” consensuada entre todo el sistema político, como siempre reclamó la oposición.
El FA, como partido, ha formado, con intermitencias, comisiones de defensa con dirigentes y militantes voluntariosos, pero faltó musculatura y apoyo real. La izquierda trabajará para volver al gobierno desde el día uno y, si tiene éxito, los militares seguirán estando allí. Las inseguridades civiles son el mejor sustrato para el feudalismo militar: el mensaje del poder político tiene que ser claro. Hasta ahora los países que parecen haberles tomado los puntos son aquellos que han evolucionado hacia fuerzas más pequeñas, equipadas y profesionalizadas, donde la carrera militar es concebida como educación terciaria acreditada por el Ministerio de Educación, donde los oficiales ganan créditos académicos también en universidades civiles y cursan materias humanísticas. En Uruguay, parece que se está muy lejos, y, como volvió a recordar Julián González Guyer (Radio Uruguay, martes 26), no han habido avances en la reformulación de los planes de estudio. Entonces, las oscilaciones conceptuales sobre para qué se quiere a las Fuerzas Armadas se pagan caro. Si no se empieza a pensar en estos asuntos con profundidad, la familia militar seguirá marcando el pulso y aprovechará cualquier vericueto para seguir siendo protagonista.
1. Véase “Yo nunca abandoné el trabajo político en el seno de las Fuerzas Armadas”, Brecha, 15-IV-11.
2. Entre otras cosas, se abogaba por fraguar una institución militar “al servicio de los cambios sociales, la eliminación de la pobreza y las injusticias, en función de los intereses populares, de los trabajadores y del bienestar de la mayoría de los uruguayos”. Para ello, proponían una estrategia de “zurcido” y de “incidencia hacia adentro”. Véase “La llave militar”, Brecha, 6-V-11.
3. Soprano advertía sobre lo relativo del término “democratización”, porque la institución militar es “conservadora” y constituida en sí misma sobre una noción de jerarquía. Véase “El mensaje del poder político al ciudadano militar tiene que ser claro”, Brecha, 17-IV-19.
