En el mayor cementerio clandestino de Perú, producto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en los años ochenta en la región andina de Ayacucho, entre 2005 y 2011 la fiscalía encontró restos de 109 personas en exhumaciones llevadas a cabo al lado del cuartel Cabitos, un centro de tortura y desaparición forzada. Esos eran los métodos militares para buscar información sobre el grupo terrorista Sendero Luminoso en una región predominantemente rural y quechuahablante. De los 109 restos, la fiscalía identificó 15 y los entregó a sus familiares. La tarea no concluyó, pues antropólogos forenses independientes alertaron que podía haber más víctimas en la quebrada llamada La Hoyada.
En lo que va de 2023, durante la construcción de un santuario de la memoria en ese lugar, los operarios han encontrado huesos y fragmentos calcinados de diez víctimas más y es posible que la cifra aumente. Sin embargo, el país andino vive el peor momento para las tareas pendientes de justicia y reparación respecto del período de violencia 1980-2000. El Ministerio Público ha reemplazado a fiscales experimentados de los despachos de derechos humanos y no destina presupuesto para los insumos de los laboratorios de ADN ni para la tecnología de búsqueda en los sitios de entierro. Y la coalición autoritaria que gobierna desde diciembre incluye entre sus filas a policías y militares retirados que niegan haber cometido crímenes de lesa humanidad.
En la región de Ayacucho, el maoísta Sendero Luminoso inició en 1980 una guerra contra el Estado que terminó en 2000 con un saldo de más de 69 mil muertos, según la Comisión de la Verdad que investigó ese período de violencia. En su informe final, entregado el 28 de agosto de 2003, la comisión reportó que el grupo subversivo fue responsable del 54 por ciento de las víctimas y las fuerzas armadas, del 29 por ciento
La más antigua organización de víctimas del período de violencia 1980-2000 cumple 40 años la próxima semana: la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados del Perú (Anfasep). Sus fundadoras tienen alrededor de 70 años, son quechuahablantes y algunas han fallecido sin encontrar los restos de sus familiares detenidos arbitrariamente y luego desaparecidos en Ayacucho. En los últimos 14 años, la Anfasep ha pedido a varios gobiernos proteger el lugar donde posiblemente sus parientes fueron calcinados o enterrados, pues el terreno de La Hoyada fue invadido por personas vinculadas con el Ejército.
«Todos los años íbamos a limpiar, a poner nuestras cruces el Día de Muertos. Tanto esfuerzo, tantas lágrimas nos ha costado que empiece esa construcción», dice por teléfono Lidia Flores de Huamán, fundadora de la Anfasep, quien ahora teme que el proyecto quede inconcluso por falta de presupuesto del gobierno regional de Ayacucho. Desde que empezó la obra, las socias de esa organización y un arqueólogo vigilan el movimiento de la maquinaria pesada. Cuando encuentran restos humanos, los fiscales del equipo especial Cabitos 1983-1992 llegan para recuperarlos y custodiarlos.
Huamán destaca que el santuario es para que los familiares y los niños sepan qué pasó en el tiempo de la violencia en el Perú. «Ahí están nuestros familiares, ahí estaba el horno» en el que los desaparecían, explica. Si bien la Anfasep exige que la obra del santuario sea completada, está de acuerdo en que siga la labor de la fiscalía en las proximidades del cuartel. «Sí creemos que puede haber más cuerpos. ¿Cuántos más habrá? Están trabajando para identificar el ADN, tienen que seguir su trabajo», añade la dirigenta.
TAREAS PENDIENTES
Carmen Rosa Cardoza es una de las fundadoras del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), un equipo independiente que actuó como perito de parte de las víctimas del caso Cabitos durante las exhumaciones de la primera década de 2000. Para la especialista, debe continuar «el trabajo integral de recuperación, exhumación e identificación de restos» antes de terminar la construcción, pero con tecnología como los georradares.
Para Cardoza, hoy se está revictimizando a los afectados por la violencia. «Ven con mucha preocupación que se puede quedar sin terminar la obra. No han tenido la posibilidad de ser asesorados para que exijan los fondos para que continúe la búsqueda y después hacer su lugar de memoria», refiere.
En 2007, Cardoza y sus colegas del EPAF llevaron a La Hoyada perros entrenados en reconocer restos humanos y señalaron puntos donde el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público debía ampliar el área de búsqueda, pero no fueron escuchados.
La antropóloga francesa Valérie Robin, investigadora del período de violencia en Ayacucho, señala que por varios años los familiares de las víctimas han intentado transformar el cementerio clandestino en un lugar digno donde puedan estar cerca de sus muertos. «Construir el santuario era una manera de asegurar el área, pero el Estado demora tanto que [terceros] han vendido lotes de terreno en ese lugar», comenta.
«En los Andes, velar el cuerpo o tener un espacio físico es clave para el proceso de luto», indica Robin, autora del libro Los silencios de la guerra.
El antropólogo ayacuchano y escritor Lurgio Gavilán también da cuenta del proceso complejo en torno al sitio de entierro y el cuartel. «Alguna vez, cuando etnografiaba invasiones de tierra en Ayacucho, llegué a La Hoyada. Estaba tomando fotos, me persiguieron y me quitaron mi cámara. Después algunos me contaron que encontraron huesos, cráneos, pero no dijeron nada. La mayor parte de La Hoyada es invasión por pobladores.»
«Siempre es difícil hablar de La Hoyada. Visualmente es tremendo: víctimas y victimarios juntos. Los perpetradores ya no están, pero ha quedado el estigma. En la actualidad, los soldados desde los torreones ven todos los días a sus víctimas», describe Gavilán.
El historiador e investigador de memoria y violencia José Carlos Agüero considera que en La Hoyada «no es estrictamente necesario que se erija sobre todo el terreno un espacio monumental. Así, con sus huecos de cateo, con los restos prontos a ser hallados, con las secuelas que se pueden ver en el terreno, con el horno, con las piedras calcinadas, con la cruz, ya es un lugar de memoria bastante fuerte, potente, que interpela a quienes lo ven».
TECNOLOGÍA PARA BUSCAR
Desde 2009, la abogada de las víctimas del caso Cabitos, Gloria Cano, pidió ampliar las investigaciones para que las exhumaciones no fueran solamente en algunos cuadrantes de La Hoyada, como ocurrió hace 18 años, sino en el cuartel del Ejército.
«La fiscalía no tiene georradares y tiene que pedirlos prestados al Ministerio de Cultura: desde el año pasado ya hay áreas identificadas en el cuartel Cabitos y alrededores donde deben seguir los trabajos forenses, pero no con las técnicas tradicionales, sino con tecnología», plantea Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Los hallazgos de este año han ocurrido en zonas donde el equipo forense de la fiscalía hizo cateos entre 2005 y 2010, pero también cerca de los torreones del cuartel.
Este miércoles 23, hubo una revisión de una zona contigua al cuartel Cabitos con el georradar y personal cedidos por el Ministerio de Cultura. Con esa tecnología, pueden tener datos de lo que se encuentra a hasta 20 centímetros de profundidad. Si el Ministerio Público tuviera un georradar, podría acelerar el trabajo de rastreo en más de 4.900 sitios de entierro donde el Estado peruano aún no ha buscado a unos 16 mil desaparecidos del período de la violencia.
Este miércoles, la Defensoría del Pueblo presentó un balance de las acciones del Estado respecto de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y denunció que las dificultades en la administración de justicia causan revictimización, como por ejemplo la demora en la identificación de restos exhumados y la imposibilidad de los familiares de las víctimas de participar de los procesos, que son enviados a la capital.
CONTEXTO ADVERSO
Si bien el informe final de la Comisión de la Verdad señaló, en 2003, que entre 1983 y 1984 al menos 136 personas fueron víctimas en el cuartel militar Cabitos, las investigaciones posteriores de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas –del Ministerio de Justicia– registraron 360 peruanos desaparecidos en esa sede militar.
La coalición ultraconservadora que gobierna Perú desde diciembre, luego del frustrado autogolpe de Pedro Castillo, se forjó mediante una alianza entre la presidenta, Dina Boluarte, con la mayoría del Congreso, dominado por el fujimorismo y una bancada de ultraderecha liderada por militares en retiro que intentan reescribir la historia del período de violencia 1980-2000. Niegan que las fuerzas del orden cometieran crímenes. Tienen como aliados a las cabezas del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, y al Tribunal Constitucional.
Entre diciembre y marzo, las fuerzas del orden han cometido 49 asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en la represión de manifestaciones contra el gobierno de Boluarte y contra el Congreso, pidiendo el adelanto de elecciones. La fiscalía ha obstaculizado las investigaciones y ha creado en Lima un equipo de fiscales sin experiencia para que asuman las pesquisas.
Además, este miércoles, la Aprodeh denunció que el Ministerio Público desarticuló el equipo especial de fiscales de los casos del cuartel Cabitos 1983-1992. Desde inicios de mes, la fiscal general había quitado personal a dicho equipo.
