Se repite el problema, se repite la negligencia, se repite la advertencia y se repite el no accionar. Las puertas de entrada de varones (Centro de Breve Estadía [CBE], ex-Tribal) y de mujeres (Magnolia) siguen en la mira de organismos nacionales e internacionales por sus carencias a la hora del cuidado y la contención de los niños, niñas y adolescentes que son derivados por el Poder Judicial para que el Estado tome sus tutelas, dado que sus derechos fueron vulnerados por sus familias de origen.
Luego de varias visitas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) durante 2023, es vox populi cuál es la situación de los niños que comienzan su vida bajo el amparo estatal. El expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) Pablo Abdala declaró en más de una oportunidad que esos informes fueron «antojadizos» y «muy discutibles» (véase «La política del abandono», Brecha, 18-VIII-23). Por ello, en febrero de este año se pidió a Unicef que elaborara sus propios informes, puesto que los expedientes que llegaron al directorio en el pasado parecieron no ser suficientes.
IMPERIOSO ABORDAR
Las visitas del equipo comenzaron en mayo de 2024 y el informe final fue entregado al directorio en octubre. A pesar de que se detallan múltiples situaciones de abuso, abandono, vulneración y se reitera que «los y las adolescentes y los equipos de los centros se encuentran en un estado de emergencia», en la misma línea de lo relatado por la INDDHH, las autoridades aún no abordaron el tema.
Para preparar este expediente, un equipo de trabajo conformado por dos psicólogos, una educadora social y una politóloga visitaron las puertas de entrada femenina y masculina durante un mes y observaron las dinámicas, sin intervenir, pero interactuando con los menores, los funcionarios, los equipos técnicos y los educadores. Una de las principales carencias que notaron fue la falta de niños, niñas y adolescentes en los hogares. Según los padrones del Sistema de Información para la Infancia de cada centro, al 1 de julio había 146 adolescentes mujeres vinculadas a Magnolia y 76 adolescentes varones al CBE. Sin embargo, menos del 15 por ciento de cada padrón estaba siendo atendido en el hogar. Un tercio estaba en estado de desaparición, es decir, en salidas no acordadas, y al menos la mitad, de licencia (con referentes familiares o vínculos fuera del centro). Si se suman las licencias y las salidas no acordadas, el 87 por ciento de las adolescentes de Magnolia y el 82 por ciento del CBE no estaban en los centros.
Estas licencias no son decisiones a conciencia ni evaluadas: «Por el contrario, se identifican decisiones rápidas y sin garantías que, en varios casos, operan como forma de descomprimir la modalidad residencial», destaca el informe. Además, se describen situaciones de exposición, como la de una adolescente que fue enviada, por error, a otro departamento a pasar un fin de semana con su hermana, cuando en realidad ese encuentro no había sido pautado.
«El mensaje sigue siendo que no hay lugar en el mundo para ti», dijo uno de los adolescentes entrevistados por Unicef. Las camas disponibles y las lógicas de cupos que se utilizan para ingresar o no a un adolescente no tienen que ver con los perfiles o la atención que cada uno de ellos necesita, sino de los lugares que se pueden encontrar en el momento del ingreso. Muchas veces sucede que un adolescente «queda horas dando vueltas en la camioneta por Montevideo hasta que aparece un cupo»; también se detalla que, habitualmente, cuando un menor se encuentra en una salida no acordada, al regresar al hogar no tiene lugar, ya que consideran que perdió su cupo. En estos casos, debe volver a la puerta de entrada. En el informe se relata una situación vivida en Magnolia en la que «A. y B. estaban en la vereda con acolchados, se las ve alcoholizadas y nos comentan que en realidad vienen de la fiesta […] nos transmiten que están esperando hace dos horas afuera porque “no hay cupo” en el centro. “Dejen entrar”, gritan». No es lo único; según detalló a Brecha Natalia Argenzio, directora en el INAU en representación del Frente Amplio, al 15 de noviembre estaban pendientes 38 ingresos al sistema de protección. La mayoría de ellos se encuentran internados en centros de salud, aunque «una cantidad muy grande están en salidas no acordadas, es decir, el Poder Judicial dispuso su ingreso y no sabemos dónde están».
También se constató por parte del equipo de Unicef que hay una falta de acceso a los derechos básicos, como la salud o la educación. De las notas que aparecen en el informe se desprende que, como aún no saben a qué centro de 24 horas ingresará finalmente el menor, no lo pueden anotar en ningún centro educativo porque luego será trasladado. Eso pese a que, generalmente, antes de ingresar al CBE sí asistían a la escuela.
La negligencia parece ser moneda corriente. El informe destaca que existieron situaciones en las que un menor cuya madre se encontraba en cuidados paliativos no recibió ningún tipo de asistencia ni acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Ese niño tuvo que vivir el dolor de una pérdida inminente en solitario. Por otro lado, se constataron tres intentos de autoeliminación en un mismo centro. En Amatista –hogar de adolescentes embarazadas o con hijos– se hizo un pedido de atención psiquiátrica por primera vez; la respuesta fue que la demora es de hasta un año.
Argenzio narró varias de estas situaciones al semanario: se trata de tres casos de vulneración extrema que se dieron tanto en Montevideo como en el interior del país. Un menor que estaba bajo el amparo del instituto padeció una infección urinaria, no fue tratado a tiempo, actualmente se encuentra internado y corre riesgo de perder un riñón. A otro menor se lo vio caminando con un bastón porque se había hecho una herida profunda en una pierna, no fue atendido y su herida comenzó a sangrar. Una vez ingresado al centro hospitalario, el médico escribió: «Infección y riesgo de amputación de pierna». Actualmente sigue en tratamiento por una infección generalizada. Un adolescente de 17 años estaba ingresado en una clínica porque padecía varias afecciones orgánicas. Estaba en tratamiento, pero un día comenzó con vómitos y diarrea: falleció a la semana. La causa de la muerte fue una infección generalizada y se está estudiando por qué se dio la descompensación de su patología.
La directora por la oposición también relató que, solamente esta semana, se dieron dos incendios provocados por adolescentes en el centro Magnolia porque «no querían estar ahí». El accidente dejó como consecuencia a varias adolescentes desaparecidas que aprovecharon la distracción del fuego para escaparse.
Las recomendaciones de Unicef fueron categóricas y el informe detalla que tanto los adolescentes como los equipos se encuentran en un estado de emergencia que es «imperioso abordar».
OÍDOS SORDOS
Hubo las siguientes recomendaciones generales: reducir el uso de la internación como medida de protección; incorporar profesionales y equipos a las puertas de entrada y hogares de permanencia; crear programas para un mejor abordaje de la salud mental; aumentar los programas de autonomía y egreso; incrementar la revisión periódica de las medidas de internación dispuestas por la Justicia; profesionalizar el rol de los educadores y la asignación de cargos de dirección y coordinación, y cambiar el modelo de gestión del sistema de protección.
En cuanto a Magnolia y CBE, se detallaron diez recomendaciones más: eliminar la posibilidad de que adolescentes que ya fueron designados a un hogar retornen a las puertas de entrada; desarrollar metodologías especializadas para cada adolescente y sus necesidades; establecer acuerdos específicos del INAU con el sistema de salud; mejorar la capacidad de atención en referencia a la trata y la explotación sexual; reorganizar los equipos de trabajo; incrementar las actividades socioeducativas; ampliar los cupos de egresos; reubicar el CBE, mejorar la infraestructura de ambos hogares, y aplicar una metodología clara cuando un adolescente es ingresado por primera vez.
Consultados sobre el motivo de que el informe no se haya tratado aún en el directorio, las razones de los integrantes varían. En conversación con el semanario, Argenzio declaró que el informe llegó el 2 de octubre, pero «siguen sin tratarse ninguno de los puntos contundentes y mucho menos las recomendaciones». También recalcó que «el oficialismo tiene todas las propuestas para dar respuesta a la realidad del sistema de protección arriba de la mesa, pero no tienen voluntad política; ellos tienen mayoría y no se vota el tratamiento de los expedientes».
Por su parte, el actual presidente, Guillermo Fossati, dijo a Brecha que aún no se ha tratado «en sentido estricto; necesita primero ser tratado por las áreas técnicas del INAU» y, una vez que terminen su propio informe, «ingresa al directorio como un componente más que representa lo que las áreas técnicas ven. Está pendiente la comunicación de Unicef con la INDDHH y con el directorio». El semanario consultó si el oficialismo leyó el contenido del informe y si se planea declarar un estado de emergencia, a lo que Fossati contestó que «las situaciones de emergencia que se plantean en el informe no son de ahora, son de siempre, y mucho de lo que podría señalarse como problemas generados en estos años tiene raíces históricas». Aclaró que «no es excusa», pero requieren cierto abordaje técnico y «hay una gran coincidencia de lo que plantea el informe de Unicef con los planteos que vengo haciendo desde que ingresé, como, por ejemplo, privilegiar los contextos familiares y reducir la llegada a los centros residenciales. Parte de los problemas que se presentan vienen dados por esa derivación excesiva a las residencias».
