El presidente de la república ha vuelto a esgrimir como defensa del gravísimo escándalo que determinó la renuncia del mandamás de su partido el carácter privado de la conversación telefónica que este mantuvo con el exsenador Gustavo Penadés. Lo mismo argumentó con las filtraciones del caso Astesiano. O cuando se conocieron los mensajes entre dos viceministros a raíz del caso Marset, aquel en el que pasó a saludar. En cada filtración intenta mantenerse erguido mediante esa coartada, sin descuidar las reacciones legislativas que ensaya con el fin de recuperar el centro del ring (dijera él mismo, al parecer gustador de las metáforas boxísticas). En esta ocasión, definitivamente inserto en el ring electoral, contraatacó además con la intención de aplicar demagógicos ajustes sobre la ley de violencia de género y, de paso, fidelizar al electorado conservador que disputa con Cabildo Abierto.
Ya periodistas de todo pelo y color le han explicado al presidente que los chats publicados por el semanario Búsqueda no son de alcance privado, sino que revisten del más decidido interés público para la ciudadanía y la democracia. No solo por quienes hablaban y el momento en que lo hacían, sino por el contenido del intercambio entre los involucrados. Esa es la evaluación que hicieron los colegas del semanario, más allá del resultado concreto de los intentos de presión y de la actuación firme de la fiscal Alicia Ghione.
Es cierto que todos mostramos otros aspectos de nuestra personalidad en las conversaciones privadas o utilizamos adjetivos para referirnos a personas y cosas que no diríamos en público. Sin embargo, sería más difícil que, en un contexto razonable, le dijéramos a alguien de nuestra mayor confianza o con quien compartimos valores comunes algo que esté en las antípodas de nuestro pensamiento más genuino o que jamás estaríamos dispuestos a hacer. Y, si el interlocutor convalida eso que puede ser antiético o delictivo, está claro que el valor es compartido y la verbalización de esa intención no es reprimida. Si el presidente dijera en una charla telefónica que estaría dispuesto a amañar una licitación y eso se filtra, muy poco valdría el carácter personal de la charla. A fin de cuentas, la representación de lo público es algo que acompaña a los cargos de alta responsabilidad de la mañana a la noche. Entonces, la conversación entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadés no es de un interés público mayúsculo tan solo por la investidura de los hablantes –el presidente del partido de gobierno y uno de los principales dirigentes oficialistas denunciado por delitos sexuales–, sino por la concepción de lo político y de la cosa pública que pone de manifiesto. Nadie que no piense que la Justicia es presionable o que esta debe regirse por códigos de lealtad cuasimafiosos se expresaría en los términos en los que lo hizo Iturralde.
La conversación es hiriente para las instituciones y ha trascendido fronteras una vez más, porque revela una concepción del poder insultante y evidencia una ética política inaceptable. No es que Iturralde haya hablado siquiera de la filiación política de una integrante del sistema de justicia, sino que se refirió a ella como si fuese la propiedad de un clan: «Es nuestra». Es concebible que Iturralde manifestara algún tipo de respaldo al amigo, pero es injustificable en los términos en los que lo hizo.
El asunto, además, es que esa forma de concebir la política y esa vocación de poder fáctico en las sombras vuelve a quedar en evidencia y sigue deshilachando día a día al partido de gobierno. Luce desconcertante esa suerte de acostumbramiento cotidiano de la sociedad a las peores cosas de la política oficialista y que lastimosamente son un repertorio de las democracias del siglo XXI: escuchas y seguimientos ilegales, espionaje a legisladores opositores, llamadas para presionar periodistas, investigaciones policiales paralelas, destrucción de documentos públicos relevantes para investigaciones judiciales y políticas. La lista es un compendio seguramente incompleto de lo que estamos hablando. Grave, gravísimo.
Como antes con la reforma de la seguridad social (que irrumpió en medio de las primeras esquirlas del caso Astesiano), como ahora con los cambios de la ley de violencia de género, Lacalle Pou procura no perder la vertical y reacciona con su arsenal de reflejos en los momentos más escandalosos. Pero, esta vez, su contraataque sobre la lentitud de la Justicia en casos como el de la fuga de Morabito aparece como una defensa absolutamente errática: lo que hizo fue negar la presión con otra presión con todas las letras y con la firma del jefe de Estado. Así las cosas, ya quedan muy pocas fichas en el tablero presidencial sin ser tocadas y es el rey el que queda expuesto. La pregunta es hasta cuándo esas tácticas de reacomodo podrán seguir siendo efectivas para maquillar una cultura de gobierno, una concepción del poder abusiva y carente de transparencia. Una forma oscura, que cuenta con la complicidad de los socios y que hace buches con el manido concepto de república.
