Después de la jornada electoral del domingo 29 de mayo, el uribismo, representado en esa instancia por el candidato Federico Gutiérrez, anunció su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández, lo que se estima duplicaría el número de votos para la segunda vuelta de este empresario y exalcalde de Bucaramanga. El promedio de las últimas encuestas dejaría a Hernández en 47,6 por ciento, a Petro en 45,6 por ciento y el 6,8 por ciento restante votaría en blanco, con la resolución de los comicios cayendo dentro del margen de error estadístico.
Para el politólogo Sebastián Solano, director internacional de la ONG Alianza Global de Jóvenes Políticos y estratega de comunicaciones de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), «la segunda vuelta va a estar mucho más reñida que la primera». «Implica un reto para Gustavo Petro, pues necesitará hacer alianzas estratégicas con otros sectores políticos para alcanzar una mayor población electoral.» Petro precisa sumar alrededor de 1 millón de votantes, toda una hazaña en un país en el que la izquierda nunca ha gobernado. Por ahora, «necesita cautivar más votos en la región central del país y, en efecto, también superar las dificultades sociales que influyen entre los votantes», sostiene Solano a Brecha.
Mientras que en la primera vuelta Petro se impuso en la costa del Pacífico y del Caribe, Hernández ganó en el centro del país con un discurso machista y anticorrupción. Parte importante de la estrategia que le ha dado resultado hasta ahora es su decisión inflexible de no asistir a ningún debate. La estratagema ha llegado al colmo de que este miércoles el Tribunal Superior de Bogotá finalmente ordenara a Hernández a concurrir, en las 48 horas siguientes, a un debate presidencial televisado, del que Petro se ha mostrado más que entusiasta. Este jueves, Petro había aceptado, incluso, unas condiciones leoninas para debatir que Hernández, tras intentar varias dilaciones, interpuso a última hora (que el debate fuera en su ciudad, moderado por periodistas que le son afines, y que la discusión no girara en torno a los programas, sino a las críticas que ha recibido Petro). Sin embargo, al cierre de esta edición el equipo del exalcalde de Bucaramanga permanecía en silencio y omiso a las llamadas para coordinar el encuentro, tanto desde la televisión como desde el equipo de Petro, mientras se acerca el límite legal dictaminado por la Justicia.
«Sabe que le puede costar su imagen pública», afirma Solano, que señala que la estrategia de comunicación de Hernández pasa por «usar un lenguaje coloquial, que resuena a una parte de la población colombiana que se siente indignada o que no se siente representada por los actuales gobernantes». Mientras ha rehuido sistemáticamente los cara a cara con otros candidatos, el candidato derechista ha hecho un uso extensivo de las redes sociales, en las que capitaliza su facilidad para «hablar sin filtros» y evita exponer las inconsistencias que han quedado en evidencia en sus anteriores encuentros con la prensa, como cuando afirmó e insistió ante la incredulidad de sus entrevistadores que él admiraba a Adolf Hitler.
Pese a que Hernández defiende su candidatura como independiente, «antisistema» y contra «los politiqueros», es cuestionado por su adhesión a clanes políticos que tienen investigaciones vigentes o, incluso, están condenados por parapolítica, nexos con el narcotráfico y otros delitos asociados a la corrupción. «Desde la fundación Pares hicimos un reporte de todos los clanes que lo apoyan, con el historial y el prontuario de ritos que tuvieron para adherirse, primero, a la campaña de Federico Gutiérrez y, por ende, ahora también, a la de Rodolfo Hernández.»
Colombia es un país de 50 millones de habitantes gobernado por 54 familias o clanes políticos, que ahora están tras la candidatura de Hernández. Algunos son el clan Char, el clan Gnecco, el clan Ñoño Elías y el clan Barreto, y otros grupos que integran partidos tradicionales, como el Centro Democrático, el Partido de la U, Cambio Radical, incluido también el Partido Liberal, grupos políticos de derecha y centroderecha que apoyaron, en su momento, al uribista Gutiérrez, quien en la primera vuelta sumó la mayoría de los votos en la región antioqueña.
Además, el propio Hernández está imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos durante su período como alcalde de Bucaramanga. Es investigado por presuntamente hacer lobby para que su hijo Luis Carlos Hernández ganara 100 millones de dólares si la alcaldía contrataba a la empresa Vitalogic para desarrollar en la capital santandereana un proyecto de manejo de residuos sólidos con nuevas tecnologías.
LAS MUJERES Y LOS CANDIDATOS
Hernández también ha sido fuertemente criticado por la violencia machista que reproduce en su discurso. Melissa Dixon, coordinadora pedagógica de Poderosas Colombia, una fundación que se encarga de promover los derechos sexuales y reproductivos, opina que la acogida popular de este candidato demuestra que la cultura de Colombia sigue estando profundamente arraigada en el sistema patriarcal. «Es un discurso que queremos empezar a cambiar porque hace mucho daño y lastimosamente influye mucho en esta sociedad, porque el cambio nos asusta, nos genera inseguridad. Pero cambiar esos discursos desde la raíz es un proceso», dice a Brecha. Un proceso de transformación que los sectores feministas no ven viable bajo un eventual gobierno de Hernández, quien hace poco más de dos semanas expresó en un programa de radio: «El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos». Poco antes había dicho que no le parecía buena idea que las mujeres participaran de la política y que «la mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta».
El candidato se ha burlado públicamente de la tipificación del feminicidio como delito, por considerar que es un «cuento» y un invento trivial que no merece estar en el Código Penal: «El gobierno, para solucionar los problemas, se inventa delitos», manifestó en sus redes. Eso en un país donde, en 2021, de acuerdo a un relevamiento de la ONG Corporación Sisma Mujer, con base en datos oficiales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, los casos de mujeres asesinadas por sus parejas aumentaron 12,3 por ciento con respecto al año anterior, una verdadera pandemia de violencia hacia la mujer.
Ante el panorama político actual, Dixon confirma a este semanario que «la postura generalizada en el movimiento feminista es que en segunda vuelta se votará por el candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, quienes son conscientes de la necesidad de educación y fomentar la no discriminación hacia las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, lo que ya es un terreno ganado».
Dixon también resalta la experiencia de la Alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2015, cuando esta estuvo ocupada por Petro, en la que se contrató a un gran número de personas trans, así como la de Márquez, «una mujer afrocolombiana que fue mamá adolescente a los 16 años, que viene de una zona roja en Colombia donde hay mucha violencia» y que, como líder social y militante territorial, conoce de primera mano los desafíos que enfrentan las mujeres rurales del país.
Entre las propuestas de la candidatura de Petro está mejorar la calidad de la educación, que permita superar el machismo en el país, que hoy dificulta el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, lo que hace que haya muchos embarazos no deseados a temprana edad.
El 4 de junio, en un encuentro público con 36 organizaciones feministas en la capital colombiana, Petro prometió que como presidente respetará el fallo de la Corte Constitucional por el que se despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 24. «Cuando una mujer toma esa decisión libre, no es criminal», sostuvo el candidato en esa ocasión, en la que agregó que «el aborto es una decisión libre de la mujer y, por tanto, no debe haber una sanción social». El anuncio choca con lo expresado por la compañera de fórmula de Hernández, Marelen Castillo, quien dijo que de asumir la vicepresidencia pedirá «revisar» la sentencia sobre el aborto.
Para Dixon, otro de los grandes desafíos para la democracia colombiana es dejar de lado el centralismo. «La política desde Bogotá realmente está desconectada de las zonas rurales y sus comunidades. Tiene que ser en un lenguaje que todos la puedan entender y desde ahí hacer procesos claros, con las veedurías correspondientes para que pueda haber una mayor participación política desde la periferia.» Para la activista, eso es indispensable si se quiere fortalecer la democracia en las zonas rurales, donde los sectores políticos tradicionales no quieren soltar el poder. Cree que también será clave para el futuro del país aumentar la inversión y mejorar la calidad en la educación, un sector en el que, de acuerdo a las últimas estimaciones, la desigualdad de resultados entre los más favorecidos económicamente y los sectores más empobrecidos se está volviendo alarmante.
LOS SINDICATOS Y UNA DEUDA HISTÓRICA
Sin embargo, la educación no es lo único que necesita un cambio en Colombia. Elkin Rodríguez, vicepresidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las tres grandes centrales sindicales del país, también votará por Petro en la segunda vuelta de este domingo. Para Rodríguez es decisivo el hecho de que dentro del plan de gobierno del exalcalde de Bogotá esté llevar la discusión sobre la aprobación del Estatuto del Trabajo al Congreso de la República. La norma es un producto de la Constitución de 1991, en la que se recogen todos los principios fundamentales del derecho al trabajo, consagrados por la Organización Internacional del Trabajo, pero hasta hoy ausentes o escasamente protegidos por la legislación colombiana.
En Colombia hay un déficit de trabajo decente y el desempleo está por encima de 11,2 por ciento según cifras oficiales, además de haber una violación permanente de los derechos laborales y un desconocimiento de algunos sectores empresariales de los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga, entre otros. «El Estado, que debería ser el mejor ejemplo en el respeto a los derechos laborales, es su mayor violador. Además, es muy lenta la acción del Ministerio del Trabajo y de la Fiscalía frente a las amenazas, asesinatos y exilios de los dirigentes sindicales en Colombia», asegura Rodríguez. Junto con otros cuatro integrantes de la CGT, Rodríguez ha recibido amenazas de muerte de parte del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia por ser correa de transmisión del programa petrista.
De enero a noviembre de 2021, al menos 100 dirigentes sindicales colombianos fueron víctimas de alguna agresión y 14 fueron asesinados, sin contar atentados ni detenciones arbitrarias. Según la organización Escuela Nacional Sindical, desde enero de 1973 hasta diciembre de 2018 en Colombia se registraron 3.240 homicidios de militantes sindicales por su condición de tales. El país es uno de los más peligrosos del mundo para la labor sindical de acuerdo a varias estimaciones de organismos internacionales.
Pese a todo, Elkin es optimista. Cree que la mayoría de la sociedad quiere un cambio y que eso convertirá a Petro en el próximo presidente de Colombia. Para él y para la mayoría del movimiento sindical colombiano, que ha manifestado públicamente su apoyo al candidato de la izquierda, ese triunfo será fundamental para empezar a construir una democracia diferente a favor de la paz y de la vida, en un país donde, hasta el momento, ambas cosas hacen parte de una deuda histórica.
