En unos meses, poco más de un año, es bastante factible que la ciudadanía deba confrontarse con el abismo de su soberanía. Si reúne entre 270 y 280 mil firmas, el movimiento sindical podrá lograr que la ciudadanía se pronuncie sobre tres aspectos centrales del diseño del sistema de la seguridad social. El PIT-CNT reunió 800 mil contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La coyuntura actual es distinta a la que le permitió la proeza, pero el número de firmas necesario parece perfectamente alcanzable.
UNA LARGA DISCUSIÓN
La cosa sorprendió, pero no puede alegarse que la conclusión fuera inesperada. El movimiento sindical venía discutiendo desde febrero la propuesta de una consulta popular. La fórmula que finalmente obtuvo la mayoría fue planteada por los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) el 16 de mayo.
«Mi sindicato tiene más de 500 núcleos de base que envían delegados a la Mesa Representativa Nacional, a la que asisten rotativamente unos 150 compañeros», explicó al semanario Sergio Sommaruga, dirigente del sindicato de trabajadores de la educación privada.
«Antes de fijar nuestra posición, nosotros reunimos dos veces a la Mesa Representativa Nacional, a la que trajimos al Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) y a dirigentes de la ATSS. Después preparamos un documento que incluía el informe redactado por el doctor José Korzeniak sobre la constitucionalidad de una propuesta de reforma, y fue en función de todo eso que los núcleos de base tomaron su definición. Aproximadamente el 95 por ciento se pronunció por la posición del secretariado del sindicato, que era apoyar la propuesta de la ATSS», narró el dirigente.
Una crónica de este semanario cubrió una actividad que sobre la discusión organizó la orientación En Lucha, que, un día de semana, reunió a más de un centenar de asistentes y contó con exposiciones de todas las corrientes sindicales (véase «Ahora, nunca o después», Brecha, 28-VII-23).
La resolución del PIT-CNT, inicialmente prevista para junio, ante la subsistencia de distintas tesituras se prorrogó para agosto. Sin embargo, ya entonces era claro que aproximadamente los dos tercios de las organizaciones se definían a favor de una consulta popular, aunque hubiese discrepancias sobre los contenidos.
Finalmente, la resolución por mayoría simple es la que prevén los estatutos de la convención. Así está dicho expresamente en el artículo 27 de la norma. Por eso sucede con cierta frecuencia que, toda vez que estén en juego más de dos mociones, las resoluciones se adopten por diferencias tan reducidas como la del jueves 10, cuyo estrecho margen ha sido tan subrayado en la última semana.
El acta de la mesa establece que la reunión se inició con la presencia de 44 organizaciones titulares y que, después de un extenso debate y de un cuarto intermedio en el que se buscó infructuosamente consensuar una salida, se propusieron dos mociones.
La segunda venía firmada por representantes de los metalúrgicos, los trabajadores de la construcción, del gas, del dulce, de la industria láctea, de la federación de profesores y de los funcionarios de ANTEL. Ratificaba la adhesión de estas organizaciones a la propuesta de la gente del metal, que era una enmienda constitucional que dejase sin efecto la reforma jubilatoria consagrada en mayo, pero proponía dilatar la resolución de la mesa hasta el 23 de agosto, exhortando a los proponentes de las distintas posiciones a «maximizar los esfuerzos para unificar posiciones». Obtuvo 14 votos.
La primera fue suscripta por los dirigentes de la ATSS. El contenido que proponía para la reforma constitucional era: «1) La garantía de un monto mínimo de protección social equiparando el monto mínimo de pensiones y jubilaciones al salario mínimo nacional. 2) El no aumento de la edad jubilatoria más allá de los 60 años. 3) La eliminación a texto expreso de las AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional], el ahorro individual y el lucro en la seguridad social, garantizando una seguridad social solidaria, sin fines de lucro y cien por ciento pública y estatal». Además de los proponentes, la apoyaron los delegados de los trabajadores de ANCAP, de UTE, de la educación privada, del Clínicas, de OSE, de la industria química, de los gráficos, de los gastronómicos, de los ferroviarios y de los funcionarios de la intendencia capitalina, de la Universidad, de Colonización, de UTU, del Correo y del Codicen (Consejo Directivo Central). Fueron 16 votos.
Se abstuvieron 14 representaciones: las del magisterio, los trabajadores del comercio, la bebida, el sector financiero, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, los funcionarios policiales, judiciales y de Secundaria, además de los trabajadores del transporte, el puerto, los molinos, el medicamento, el papel y la prensa.
HILANDO FINO
El martes, en el Secretariado Ejecutivo nadie solicitó una reconsideración ni ningún sindicato anunció que se ampararía en la autonomía que otorga la estructura convencional para no acompañar la recolección de firmas.
El organismo definió la constitución de una comisión que dará redacción a la papeleta que se intentará plebiscitar y que comenzó a funcionar en la mañana del miércoles. La comisión estuvo integrada con representantes de todas las orientaciones político-gremiales: el llamado Grupo de los 8, la Gerardo Cuesta, Articulación y En Lucha. «La idea tentativa es estar lanzando la recolección de firmas ya en setiembre», explicó Sommaruga, quien integra también el Secretariado.
«Todos los puntos tienen su complejidad», advirtió el dirigente. «Lo que importa es que los enunciados, manteniendo su precisión, tengan suficiente versatilidad para que después la ley trabaje sobre ellos», definió.
No es sencillo, por ejemplo, definir un parámetro que garantice una pasividad suficiente. Si se adopta el salario mínimo, cuya regulación depende de un decreto del Poder Ejecutivo, el objetivo buscado puede ser desnaturalizado por un gobierno que recurra al expediente de aplastar su valor real, lo que podría solucionarse indexando el mínimo a la evolución salarial. Y, además de encontrar el parámetro, hay que calcular el costo que implicará el cambio.
Un cálculo grueso indicaría que llevar la jubilación mínima de 17 mil pesos a 19 mil significaría elevar el gasto en 120 millones de dólares anuales. «Ahí, cuando te salten con la plata, les diría que controlen la evasión del transporte de carga, que con eso se paga. Porque según la estimación más conservadora, que es la del Banco Interamericano de Desarrollo, ese sector evade entre 120 y 250 millones de dólares anuales. Alcanza que el Estado cumpla la ley y cobre», graficó Sommaruga.
En el caso de la edad mínima jubilatoria, debe quedar claro que lo propuesto no pretende afectar los regímenes especiales que establecen bonificaciones ya existentes o por venir (como el que buscan los trabajadores de la construcción) ni impedir la generación de estímulos que favorezcan que los asalariados busquen jubilarse después de los 60 años. «En Francia, a los 67 te jubilás con el 100 por ciento del salario», dijo el sindicalista.
En definitiva, «la idea sencilla es que a partir de los 60 todas las personas puedan jubilarse. Pero en el fondo de esto está el sentido de la existencia. No me voy a poner a discutir filosofía en el marco de una contienda política, pero hay batallas que si se abandonan, se pierden, porque los espacios ideológicos no quedan vacíos. Si vos los abandonás, después te los llena un Javier Milei. Por eso tenemos que lograr que el sentido de la vida entre en el campo de lo decible. No puede ser trabajar hasta morir», alegó.
De cualquier manera, Sommaruga entiende que, en la discusión pública, defender estas dos primeras cláusulas resultará sencillo. «Lo de las AFAP es más complicado», admitió. «Pero sí es fácil recordar que hoy en el mundo solo hay 20 países que tienen AFAP y explicar cómo las nuestras tienen la vaca atada. Les damos 1.200 millones de dólares por año, y ellos cobran sus comisiones sobre esa plata, no sobre las ganancias. Después invierten el 63 por ciento en deuda pública que el Estado abona con intereses y, al momento de pagar la jubilación, como tendencialmente tu aporte es menor a tu expectativa de vida, ninguna aseguradora privada asume el riesgo de pagar la renta y se lo pasan al Banco de Seguros del Estado. El déficit no es del BPS, pero es de su primo hermano, del Estado, al cabo. Creo que tengo argumentos razonables», concluyó.
ALIANZAS Y TENSIONES
El lunes la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam) se pronunció a favor de habilitar una consulta popular que determine «fijar en los 60 años la edad jubilatoria, eliminar las AFAP e incorporar en la Constitución algún mecanismo para que las jubilaciones mínimas igualen el salario mínimo nacional».
Dos días antes, Ariel Ferrari, hoy representante de los jubilados en el directorio del BPS, pero que largamente participó de ese organismo como representante de los trabajadores, había planteado algunas prevenciones sobre el eventual plebiscito, lo que causó malestar entre algunos dirigentes sindicales. El martes fue entrevistado por Emiliano Cotelo en En Perspectiva y, a pesar de la tenacidad del esfuerzo del periodista para obtener definiciones tajantes, Ferrari no se apartó del discurso de que, aunque triunfase un plebiscito como el planteado, quedarían sin resolver aspectos que sería necesario abordar mediante un diálogo amplio.
En diálogo con el semanario, Sixto Amaro, secretario general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, por la que Ferrari ocupa su lugar en el BPS, recordó que «sin ningún tipo de dudas estamos desde siempre en contra de las AFAP, estamos en contra del lucro en la seguridad social, pero no contra el ahorro individual». «Estamos pensando en un régimen de ahorro que no sea obligatorio y que permita que los trabajadores, cuando se jubilen, puedan realmente vivir sin trabajar», precisó Amaro, estableciendo con esto una diferencia con lo resuelto por la Mesa Representativa y sobre lo que la Fucvam no se expresa. Sin embargo, el dirigente aseguró que la posición sobre el plebiscito propuesto la fijará un congreso de la organización que se reunirá el 9 y el 10 de noviembre. Entre tanto, la Coordinadora de Ollas Populares está tramitando su definición, las organizaciones iniciarían la discusión el viernes y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay ha hablado de tomar posición en las próximas semanas.
En etapas anteriores de la discusión se había señalado que una de las dificultades de ampliar el apoyo a una propuesta como la planteada por la convención era la existencia de algún segmento de trabajadores beneficiados por el régimen vigente de ahorro individual. «Los de muy elevados ingresos», expresó uno de los técnicos consultados. Otra fuente dudó de que su número pueda establecerse con certeza, pues requeriría hacer un cálculo contrafáctico sobre lo que hubiese sucedido si el BPS hubiera seguido pagando el total de las pasividades, en caso de haber sobrevivido sin la reforma de 1996. En todo caso, aún son muy pocas las pasividades liquidadas de acuerdo a ese régimen, unas 50 mil prestaciones, la mayoría de personas jubiladas por incapacidad o que fallecieron y dejaron pensiones.
El constitucionalista Luis Fleitas, consultado por el semanario, entiende que especialmente la cláusula que propone fijar en 60 años la edad jubilatoria adolecería de inconstitucionalidad por motivos similares a los que, a su juicio, hacían inconstitucional la propuesta del metal. La Constitución no admite una consulta popular contra normas que, como la discutida, son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y modificar la edad mínima de retiro sería ir contra el cerno de la ley aprobada.
No obstante, el vicepresidente de la Corte Electoral, Alberto Castelar, aclaró a Brecha que ni la Corte Electoral ni la Asamblea General controlarán la constitucionalidad de la papeleta que eventualmente se presente. La Corte se limitará a verificar que las firmas presentadas en su apoyo sean efectivamente el 10 por ciento del cuerpo electoral y la Asamblea General a darle trámite al plebiscito.
Pero tanto Castelar como Fleitas subrayaron, como ya lo había hecho Korzeniak, que lo que sí puede hacer el Legislativo es definir otra propuesta que se oponga a la del movimiento sindical. ¿Pero cuáles podrían ser sus contenidos? ¿El oficialismo saldría a borrar con el codo lo que escribió con la mano para asegurarse una victoria fácil, pagando el costo de la reforma que quiso hacer y luego el de la voltereta?
«Esto es solo una especulación, pero, como forma de contrarrestar la papeleta del PIT-CNT, lo que yo me puedo llegar a imaginar es una propuesta que deje afuera el tema de las AFAP y de la edad jubilatoria, pero que establezca un mecanismo de mejora de las pasividades más bajas y algún añadido más medianamente simpático. Aunque tampoco creo que el oficialismo quiera enfrascarse en la discusión, porque los llevaría a un terreno donde, en definitiva, pienso que no tenían ganas de ir», reflexionó el politólogo Eduardo Bottinelli al ser enfrentado a la disyuntiva.
