—Hay un personaje bastante importante en el desarrollo de Intrigas cruzadas…, el capitán de navío Jorge Nader, un marino que siente encarnar el «espíritu de febrero», un tipo que –según se descubre en el libro– en abril del 72 reclamó el mando de una tarea de exterminio, la masacre de Pérez Gomar. Pero el dato apareció de una manera bastante inesperada. ¿Cómo es que se viene a saber que Nader comandó esa operación?
Samuel Blixen —Se accede a esa información porque ni Nader ni quienes lo transcribieron imaginaban que el documento llegaría a hacerse público. Nader le dice al vicealmirante Hugo Márquez, comandante en jefe de la Armada: «Yo maté tupamaros para que vos puedas estar hoy acá». Lo dice en el marco de un juicio militar, en el que se lo acusa de deslealtad por haber puesto en evidencia las corruptelas de Márquez. El defensor de Nader subraya el hecho, estimando que así enaltece a su defendido.
Nilo Patiño —Creo que es parte de la lógica militar. Cuando un militar es cuestionado, salen a relucir todo lo que se consideran sus «méritos». En este caso el tribunal de honor estaba flechado contra Nader. La defensa, para legitimar su desobediencia, insiste en su compromiso en la lucha contra la subversión. Pasa lo mismo en el tribunal de honor a Gilberto Vázquez.
SB —En los tribunales de honor [una de las principales fuentes de la investigación] los militares no les mienten a sus superiores, como sí lo hacen cuando van a la justicia civil. Ante la justicia civil, Vázquez va a decir que no participó en actos de terrorismo de Estado. Sin embargo, cuando se está defendiendo frente a sus superiores, reconoce que estuvo en todo salvo en lo del asesinato y la desaparición de María Claudia García de Gelman.
—Los destinos de Márquez y Nader habían quedado unidos, de algún modo, cuando, en febrero de 1973, los dos se sublevaron contra el comando de la Armada, que intentaba defender el orden constitucional del ataque del Ejército, la Aviación y la Policía. El libro propone que, si bien el golpe de Estado fue un proceso acumulativo cuyo inicio puede situarse cuando el presidente Jorge Pacheco pone a las Fuerzas Armadas (FFAA) a combatir la guerrilla, febrero fue el momento decisivo. Esto es polémico.
SB —Lo que sostenemos es que el golpe contra lo que representaba la Presidencia se da en el pacto de Boiso Lanza,1 después de ese enfrentamiento victorioso del Ejército y el resto de las armas contra la Marina, que se da casi sin balas…
—Pero hay algunas balas, lo que no sé si se sabía…
SB —Hay algunas balas, pocas, pero no importa. Lo que importa es que el resultado les permite al Ejército y a la Fuerza Aérea imponer condiciones al presidente Juan María Bordaberry. Y lo insólito es que Bordaberry ni se siente indignado ni renuncia. Dice haber logrado lo más que se podía y lo que hace es resignar su autoridad.
NP —Cuando Pacheco les da entrada a las FFAA, no solo les da entrada en la lucha contra la guerrilla. Argumenta que quiere preservar la «seguridad nacional» y, entonces, la tarea abarca al movimiento sindical y a todo lo que se mueva. Antes no había normativa que les permitiera actuar en otro ámbito que no fuera la defensa exterior. El segundo paso se produce porque los militares dicen: «Bueno, nosotros hacemos el trabajo sucio, pero queremos participar», y eso se concreta en el pacto de Boiso Lanza.
SB —Hay dos elementos fundamentales en ese pacto. Uno es que los militares se reservan los mecanismos de ascensos y designaciones. El Parlamento ya no participará en eso. El otro es que instalan, en los distintos organismos del Estado, a un delegado militar. Van a ser, generalmente, coroneles, que responden a la inteligencia militar y que van a informar a las FFAA de todo asunto importante que se esté discutiendo, para que estas definan si deben intervenir. Así, el Estado es copado. La Presidencia queda atada de manos. El golpe está ahí.
—Ustedes se apartan de la visión más habitual, acerca de la primera etapa de la dictadura, en otro aspecto: suele afirmarse que los militares deciden deshacerse de Bordaberry en el 76, cuando este explicita su proyecto fascistoide de reorganización del Estado. Suele decirse también que ni siquiera estos militares, inspirados en la doctrina de la seguridad nacional, se atrevían a tanto y que, incluso, imaginaban el futuro como un regreso a alguna etapa de la democracia uruguaya. Pero ustedes revelan que Bordaberry estuvo a punto de ser «despedido» bastante antes de lo que se creía…
NP —En realidad, la idea de Bordaberry no está muy lejos de la de los Tenientes de Artigas, que en ese momento era la logia con más poder dentro de las FFAA. El problema era que los militares no aceptaban la dimensión de la influencia que Bordaberry pretendía tener. A mediados de mayo de 1974 tienen acordado poner de presidente a Hugo Chiappe Posse, comandante en jefe de las FFAA, pero este quiere conservar los dos cargos, cosa que los militares rechazan. Chiappe intenta destituir a dos de los Tenientes, pero el que termina destituido por la Junta de Oficiales es él. Durante ese episodio a Bordaberry prácticamente lo mandan para la casa.
SB —Lo que intentamos demostrar es que a partir del 73 se instala una lucha, por momentos muy violenta, entre facciones de las FFAA, fundamentalmente entre los Tenientes y los grupos llamados moderados. En el 74 hay un intento de golpe de Estado, que se resuelve en un equilibrio entre estas tendencias, que permite avanzar hasta el 76. No hay tantas diferencias de ideas entre los Tenientes y Bordaberry. Pero los Tenientes no consienten en darle a Bordaberry un estatus de Duce y, a la vez, aceptan que los partidos políticos —aunque estaban suspendidos— sigan siendo una realidad con la que deben lidiar.
Es importante señalar que esas contradicciones nunca impiden que los militares actúen de completo acuerdo en la represión del movimiento popular. Primero contra los tupamaros, después contra el movimiento sindical y los comunistas, y, a partir del 78, contra los blancos, porque los blancos, de alguna manera, eran los que podían seguir expresando una oposición real. En la represión no había contradicciones.
NP —Una interpretación sostiene que la represión contra el Partido Nacional se agravó porque ese partido cambió de actitud. Y no es así. Eso lo puede pensar un civil. Los militares tenían una concepción estratégica. Primero tenían [tácticamente] que acabar con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Luego siguieron por otros grupos, de acuerdo a sus prioridades. En el 78 los únicos que se mostraban eran los blancos, que, además, tenían relación con el exterior por medio de la embajada estadounidense, cuando Jimmy Carter presidía ese país.
SB —Y por eso intentan, en el 77, matar a Wilson Ferreira en Europa, operación que se cae porque la inteligencia francesa la descubre, y, avisados, los argentinos, que la financiaban, se retiran. Pero lo interesante es lo que sus documentos dicen: el enemigo estratégico es el Partido Comunista. Antes determinan acabar con el MLN y otros grupos, pero el enemigo estratégico es el Partido Comunista.
NP —Una evaluación que hacen es que al Partido Comunista no tienen forma de eliminarlo. Por dos razones: una es que no pueden asfixiarlo económicamente porque siempre cuenta con financiamiento soviético; otra es que sus afiliados son tantos que siempre logra mantener algún nivel de actividad, por lo que no se puede pretender liquidarlo, sino limitarlo al mínimo.
—Creo que, a esta altura, ya está claro que ustedes manejaron un enorme volumen de documentación nueva. Sería oportuno explicar cómo se produjo esta evidencia.
SB —A través de Cruzar, un proyecto radicado en la Facultad de Información y Comunicación, empezamos a hacer un trabajo sistemático de estudio de documentos militares. Mediante Felipe Michelini, obtuvimos el Archivo Berrutti y otros fondos documentales que venían de la Marina. En un punto vimos que era necesario involucrar a la Facultad de Ciencias Sociales y a la de Ingeniería, porque se necesitaba un procesamiento de ese material que iba más allá de nuestras capacidades.
El estudio nos fue dando un conocimiento más detallado de cómo fue la represión y de cuál era la estructura organizativa de la FFAA, de la que –al menos nosotros– no teníamos un conocimiento acabado. Una de las cosas que descubrimos fue cómo, muy tempranamente, la represión y toda la estrategia militar se apoyaron en un trabajo de inteligencia. Ese desarrollo de la inteligencia permitió el control de todo el Uruguay y permitió desarrollar políticas en todos los planos.
Nos dimos cuenta, además, de que había otro conjunto de documentación que no había sido debidamente estudiado y que había que englobar en este proceso. Ya en los gobiernos del Frente Amplio se habían obtenido las actas de algunos tribunales de honor, otros documentos militares y elementos que había reunido la Justicia en el marco de los juicios que se venían haciendo contra los terroristas de Estado. Durante la gestión de Jorge Menéndez en el Ministerio de Defensa (MDN) y gracias al papel de Michelini, en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, se abrió un camino para aportar información que el gobierno actual ha mantenido. Los datos reunidos son importantes y modifican, en alguna medida, el concepto que teníamos de algunas etapas de la dictadura.
NP —Una aclaración importante es que, si bien nosotros no somos historiadores ni pretendemos serlo, esto es materia histórica. Por eso, intentamos involucrar a historiadores, pero no lo pudimos lograr. La idea era que se necesitaba una mirada interdisciplinaria para solucionar algunos problemas sobre la documentación. Encontramos mucha resistencia a aportar documentos ya reunidos por la academia, entre otras cosas, con la argumentación de que en ellos había declaraciones obtenidas bajo tortura que eran difíciles de manejar. Evidentemente, hay que tratar esos elementos con seriedad. No se trata de revictimizar a los torturados por lo que hayan dicho o no.
SB —Hay una corriente que pretende aplicar una suerte de censura. Nosotros nos negamos sistemáticamente a eso. ¿Quién tiene el derecho a decir: «Esto no debe ser conocido»? ¿En función de qué criterios? Nosotros entendemos que esta información debe ser suministrada a toda la población. Porque, además, la censura no solo se aplica a declaraciones obtenidas bajo tortura. Una vez establecida esa práctica, se manipula la interpretación del proceso histórico. La única forma de que no haya manipulación, decimos nosotros, es que los documentos estén abiertos. En ese sentido, en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, se establecieron criterios para que el acceso a la documentación que nosotros tenemos sea abierto al público. Ese es el modo de hacer posible que surjan muchas miradas que enriquezcan nuestro entendimiento del pasado.
Pongamos un caso. El MDN nos proporcionó cierta documentación que revela que en 1974 el Goyo Álvarez preparaba un proyecto de salida asociado a algunos dirigentes nacionalistas. El general Esteban Cristi quiere frenar eso y lo hace mediante el recurso de hacer circular que el Goyo es homosexual. Y eso genera una situación política que pone a Cristi en ventaja en la relación de fuerzas en ese momento. ¿Nosotros tenemos derecho a exponer esto? Creemos que sí. Alguien dirá que nos estamos haciendo eco de una posible difamación. Pero el tema fue un elemento político que hizo que las cosas se resolvieran de determinada manera.
NP —La censura, a veces, viene de corrientes del movimiento popular, que tienen mucha resistencia a reconocer los errores del pasado. ¿Pero para qué estudiamos el pasado si no es para aprender de él?
SB —En el libro hay otra novedad, que muestra lo que ocurre cuando se habilita la censura. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, un juez investigaba delitos del vicealmirante Márquez que incluían desde negociados hasta delitos comunes, como hacer torturar a un panadero por un asunto de faldas. Pero Sanguinetti ordenó archivar la causa aduciendo que en ella no había ningún elemento que tuviera relación con desapariciones forzadas, cuando el artículo 2 de la ley de caducidad dejaba expresamente por fuera del alcance de la impunidad los delitos de naturaleza económica. Estaba cerrando la posibilidad de que se investigaran delitos económicos. ¿Por qué? Lo que nosotros decimos es: todo el elenco económico de Sanguinetti provenía de la dictadura; ahí puede haber una explicación. ¿Sanguinetti no sabía quiénes eran?
—Precisamente, el libro robustece el legajo del vicealmirante Márquez, documentando, de manera contundente, que se tenía bien ganada su fama de corrupto. Y a pesar de que Nader y los suyos se la juegan por poner en evidencia las corruptelas de Márquez, los Tenientes de Artigas, que tienen el poder para sacarlo del medio, lo aguantan porque precisan su voto en la junta de comandantes en jefe para evitar un mal mayor (que este periodista prefiere dejar en el misterio, pero que el libro revela). Entonces, durante muchas páginas, da la impresión de que los Tenientes son cabales representantes de aquel «espíritu de febrero» que ama Nader. Eso hasta que la bolita que rueda en la ruleta cae en el casillero equivocado, y en eso le va la vida a un «corredor de cambios». ¿Cómo fue ese episodio y qué consecuencias tuvo?
SB —Juan Américo Soca era un prestamista que se manejaba con dinero que recibía de los generales Alberto Ballestrino y Manuel Núñez, de los coroneles Hugo Arregui y Calixto de Armas, y del comandante Gervasio Somma. Los deudores de Soca eran timberos, y en un momento este no logra cobrar lo prestado, por lo que no puede, a su vez, devolverles su parte a los militares. Los tipos, entonces, no tienen inconveniente en asesinarlo. El caso estalló en la interna militar y el comandante en jefe del ejército se vio obligado a pasar a retiro a todos aquellos oficiales. Nosotros no aportamos elementos nuevos sobre ese episodio, pero sí mostramos cómo el hecho cambió la correlación de fuerzas en perjuicio de los Tenientes de Artigas, porque Ballestrino y Núñez eran parte de la Junta de Oficiales Generales. De esta manera, un episodio de corrupción modifica el juego político.
NP —Estos episodios son algunos de los que ponen en cuestión diferencias que a veces se exageran entre la dictadura uruguaya y la argentina.
SB —Sí, del mismo modo que, como señalamos, cada vez que las contradicciones internas de las FFAA llegaban a un punto insostenible, ellos mataban gente para resolver la situación. Mataban civiles, no se mataban entre ellos. Así asesinan a [Zelmar] Michelini y al Toba [Héctor Gutiérrez Ruiz], e intentan matar a Wilson. De ese modo, abortan las posibilidades de que el Goyo ocupe algún lugar en la salida que articulaba el ministro de Economía Alejandro Végh Villegas. Lo mismo está detrás del episodio del vino envenenado. No tienen ningún empacho en apelar al asesinato por fuera del ejército para modificar la situación dentro del ejército. No sé si en Argentina pasó, pero acá esto ocurrió y no está debidamente explicitado.
—Ningún sector de estos terroristas de Estado queda a salvo de la corrupción, ni los tipos como Márquez, ni los Tenientes, ni –como se ve más adelante en el libro– el Goyo y su gente. ¿Hay una relación necesaria entre corrupción y terrorismo de Estado?
NP —Creo que sí. Cuando los militares acceden al poder, manotean. A pesar de que estos oficiales provenían, en altísimo porcentaje, de la clase media, son muy pocos aquellos que, habiendo obtenido algún protagonismo, en el momento de su retiro contaban apenas con su jubilación.
SB —¿Es primero el huevo o la gallina? No estamos en condiciones de decir que los militares tenían previsto dar el golpe porque se iban a enriquecer. Pero el poder les permite el enriquecimiento y llega un momento en que ya no podés distinguir cuál es su objetivo principal. Cuando el Goyo asume como presidente, ¿cuál es su objetivo principal? Despliega una presidencia muy rara. Está muy acotado por sus pares militares, que no le dejan hacer casi nada. ¿A qué se dedica? A agrandar sus negocios en el campo, a establecer vínculos con algunos sectores económicos, a negociados como el Operativo Conserva. Hay una relación tan estrecha entre la conducción política y el beneficio personal que no sabés dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y la existencia de está corrupción no está debidamente entendida; entonces, Sanguinetti presenta a los golpistas como gente que no tuvo más remedio que actuar como actuó porque los tupamaros habían atacado la democracia. Y cuando se menciona la parte más oscura de la represión, se habla de «excesos». En cambio, a mi juicio, la manera en que reprimían era parte del mismo esquema de acceder al poder y de enriquecerse.
—Ustedes llevan décadas y décadas en el empeño de reconstruir aspectos de esta historia…
SB —Décadas, no. No somos tan viejos…
[Risas.]
—Bueno, hace tiempo. Pero en esta etapa, contando con una gran cantidad de nuevos elementos, se propusieron el de abarcar el conjunto, intentar una síntesis. ¿Hubo desconciertos, hallazgos inesperados? ¿Qué pregunta queda?
SB —Este trabajo fue como una prolongación natural del acopio de información que veníamos haciendo. A mí me queda la sensación de que la historia reciente del Uruguay sigue escondida y que, en definitiva, hay, debe haber en los archivos militares y del Estado la información que permita saber realmente qué fue lo que pasó. Este libro simplemente reúne elementos que quizá nos permitan vislumbrar desde otra óptica lo que pasó en la dictadura. Nada más que eso. Revela una pequeñísima parte de todo lo que está escondido. Pero la historia está escondida. No tocamos lo que pasó con los desaparecidos. Pero en Uruguay están los archivos que dicen lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, cómo fueron esas historias concretas. Y eso está por encontrarse. No es un problema insalvable encontrarlo si existe la voluntad política de hacerlo. Tanto es así que, como se ve en este libro, cuando hacemos un pedido de acceso y nos dan el expediente, salen cosas impresionantes.
NP —Yo me metí en esto a raíz de una causa judicial sobre una desaparición. No había muchos datos concretos sobre esa desaparición, y, por eso, entre otras cosas, empezamos a estudiar el contexto. Estudiando el contexto me di cuenta de que así lograba entender muchas cosas que por sí solos los datos de la causa no aportaban. Después, ya vinculado al proyecto Cruzar, descubrimos que no teníamos un conocimiento profundo de la estructura militar, de la mentalidad militar. Y encontramos algo muy trascendente: la participación que tuvo el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas [OCOA] en el golpe de Estado. A la OCOA se la había entendido como un organismo meramente represivo, pero era una máquina compleja, de la que un componente fundamental es la inteligencia militar. Y si uno no entiende la inteligencia militar, no entiende nada. A través de los documentos, nos damos cuenta de que todo lo que sabían antes de llegar a los interrogatorios era mucho más de lo que imaginábamos. El caso de la masacre de Pérez Gomar es un ejemplo claro. Sucedió un 14 de abril, ¿pero sucedió como consecuencia fortuita de la acción de los tupamaros contra el Escuadrón de la Muerte? No. Los militares estaban esperando que los tupamaros hicieran algo. Los documentos prueban que ya habían reunido todos los elementos necesarios para desencadenar esa masacre. Y, a partir de ese momento –y esta es otra cosa que no se ha dicho con suficiente claridad–, las FFAA ya no se conforman con una actitud reactiva y pasan a la ofensiva. Me sorprende que esto no se haya estudiado antes.
SB —Como dice Nilo, leyendo los documentos te das cuenta de que los interrogadores ya sabían lo que le estaban preguntando al detenido, que la pregunta tenía otro sentido, que, en realidad, necesitaban saber cómo el detenido iba a reaccionar ante esa pregunta. De modo que, muchas veces, queda claro que el argumento de que ellos necesitaban de la tortura para asegurar la continuidad de la represión no era cierto. En realidad, en muchos casos la información proviene del infiltrado. Y probablemente ello haya continuado siendo así en democracia. El informante es un elemento clave de la inteligencia, y eso te permite entender de otra manera los hechos.
NP —Lo último: aunque no esté dicho expresamente, un hecho que está presente a lo largo de todo el libro es la impunidad. La impunidad sobre lo que ya sabíamos, sobre los casos que averiguamos, sobre los que todavía estamos por descubrir. Al final, después de leer el libro, conviene preguntarse: ¿entonces son tan increíbles los hechos de corrupción que se dan hoy en la Armada?
1. El alzamiento militar contra la Presidencia del 9 de febrero de 1973 concluyó con la claudicación del presidente, sellada en el pacto mencionado, el 12 de febrero, en la base aérea de Manga.
