Nuestro territorio, sus ecosistemas y nuestras vidas son foco de una nueva amenaza extractivista: la combinación entre data centers y megaestablecimientos de energía «renovable». Este nuevo escalón se superpone con el ya conocido lugar que nos toca en el capitalismo: fuente de commodities de biomasa –forestación, soja, arroz, cítricos–, infraestructura de salida de materias primas y centro agroindustrial y urbano, donde las élites se refugian en barrios privados y cuentan con mecanismos de protección para el lavado de activos.
El dogma capitalista de crecimiento económico infinito y expansión del consumo se basa en la ficción del extractivismo: extirpar materia y energía en las periferias para consumo de las metrópolis, que luego le devuelven su basura y toxicidad. Esto implica una aceleración del proceso de producción-consumo-desechos y, al mismo tiempo, de la concentración-acumulación de capital, que requiere aumentar la velocidad, el volumen y la violencia de todo el ciclo.
El petróleo fue la pieza clave en el último siglo. Como materia degradada durante miles de años y acumulada subterráneamente, al ser explotada libera energía que se convierte en velocidad y fuerza. Ofrece ese impulso de aceleración estructurante del dogma capitalista, apura los procesos y sustituye el trabajo humano, subiendo la rentabilidad y externalizando los costos ambientales.
Pero la civilización del petróleo ya no puede encontrar nuevas fuentes para ampliar la extracción de tiempo y energía acumulada en el subsuelo, y la atención está puesta ahora en la superficie de la tierra. Es necesario producir más energía, no para sustituir al petróleo, sino porque la rueda no puede parar.
Esto pone a la superficie de Uruguay –tierra fértil, con abundante agua dulce, y territorios forzosamente «despoblados» y absolutamente escriturados-privatizados– en mayor tensión. Somos una zona interesante para la obtención de recursos como biomasa para energía (forestación, granos de biocombustible como la canola, la colza o la carinata, etcétera) y agua o superficie para el hidrógeno verde y el metanol. Todo en el marco de tierras con escasa población –y profundos procesos de destrucción del tejido social– para la ocupación con megaestablecimientos de energía solar o eólica.
La fuente de energía es «renovable» en algunos casos (sol, viento, fuerza del agua, etcétera), pero no lo son los mecanismos de captación, almacenamiento y distribución. Los paneles solares, los molinos de viento, el hidrógeno verde, los granos para biocombustibles, la forestación, las baterías de litio, los tendidos de alta tensión requieren procesos sumamente contaminantes e insumos y materias primas no renovables; la minería de tierras raras –por ejemplo– despoja comunidades y acapara o depreda el agua. Para ello se ocupan tierras y se destruyen ecosistemas, se desplazan otros usos del suelo –como la producción de alimentos– y se generan desechos de corto-mediano plazo que serán un grave problema en el futuro.
La inteligencia artificial (IA) y sus data centers son altamente demandantes de energía, lo cual aumenta aún más la presión en zonas rurales de nuestro país: más tensión sobre la tierra, las aguas, la conservación de ecosistemas y las condiciones de vida en general.
Hace poco, el gobierno uruguayo anunció una nueva inversión extranjera directa (IED): el proyecto de data center y energía «renovable» de la empresa Solaria. A través de una conferencia de prensa, se dio por hecho un megaemprendimiento que no ha pasado por evaluaciones técnicas del Ministerio de Ambiente (MA) ni por mecanismos de información y participación ciudadana. ¿Desde cuándo es positivo para la democracia que los gobiernos negocien en secreto acuerdos comerciales millonarios para futuros emprendimientos en zonas francas?
Ya conocemos, por UPM 2, cómo funciona el ciclo vicioso del extractivismo: la IED estimula el PBI –sin importar cómo se distribuye esa producción–; eso permite estar bien ranqueado internacionalmente y solicitar préstamos a organismos de crédito; contraída la deuda, se llevan adelante políticas sociales y obras de infraestructura que dan gobernabilidad y «estabilidad», para que luego las empresas comiencen a enviar de remesas de capital al exterior desde zonas libres de impuestos y se profundice la extranjerización de la economía, el aumento de deuda pública y la dependencia. Ese hondo pozo obliga a una mayor presión para buscar desesperadamente otra IED. Al mismo tiempo se degradan las fuentes que permiten sostener la vida en el largo plazo.
En el año 2022, la empresa Eleanor Applications SRL, subsidiaria local de Google, presentó un proyecto para la instalación de un data center y declaró confidencial la información relativa al consumo de agua y energía, y aguas residuales. Tanto el gobierno progresista como el de derecha pretendían mantener ocultos los puntos críticos ambientales del proyecto. Tuvimos que ganar un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el MA para saber que Google pretendía evaporar 7,6 millones de litros de agua potable procedentes de la red pública de OSE por día para enfriar sus procesadores, que ocuparían unas 30 hectáreas. Esto repercutió en las intensas movilizaciones por el agua del 2023 hasta que la empresa cambió su proyecto por uno de «circuito cerrado».
Sin embargo, muchos problemas siguen sin resolverse: 1) la escasa empleabilidad (50 personas permanentes); 2) Google no paga impuestos por situarse en un «parque industrial», lo que profundiza la injusticia tributaria; 3) utilizará 560 gigavatios hora de energía eléctrica al año, equivalente al consumo de 200 mil hogares, lo que aumentará la necesidad de generación de energía eléctrica del país (dependiente en un 5 por ciento de combustible fósil) y las emisiones de dióxido de carbono en 25 mil toneladas; 4) sus procesadores se fabrican con minerales críticos, cuyas modalidades de extracción fueron denunciadas internacionalmente por obtenerse mediante minería con mano de obra esclava e infantil, y desplazamiento forzoso de comunidades, sobre todo en países africanos –como República Democrática del Congo, Zambia o Zimbabue–; 5) el probable exceso de los límites de emisiones aéreas de dióxido de nitrógenode los generadores de respaldo y ruido nocturno; 6) el aumento de temperatura en el entorno cercano; 7) la producción de 90 toneladas de residuos tóxicos crónicos tecnológicos por año, además de que no existe un plan claro de clausura que comprometa a la empresa, lo que abre la posibilidad de un pasivo ambiental de 30 hectáreas de chatarra tecnológica a futuro (véase «Una aprobación a ciegas», Brecha, 2-VIII-24). Los vecinos y las vecinas de Colonia Nicolich, Las Higueritas y estudiantes que usan las canchas del Liceo Francés seguramente comenzarán a percibir las consecuencias en pocos meses.
Nada tiene que ver la inversión de Solaria u otras empresas de data centers y energías «renovables» con nuestras necesidades como sociedad. No responde a problemas locales, como las crecientes tasas de suicidio, el aumento de personas en situación de calle, la explosión del número de personas en privación de libertad, el consumo de psicofármacos o la cantidad de homicidios y feminicidios. No responde al hambre, ni a la pobreza, ni a la desigualdad, ni a la concentración de la tierra o el vaciamiento del campo. De hecho, solo profundiza un modelo excluyente, hostil y depredador. Sabemos poco sobre este nuevo emprendimiento, pero ya la UTE anuncia la necesidad de ampliar la quema de petróleo para responder a la imponente demanda estable de energía del proyecto, lo cual solo empeora el panorama de emisiones de dióxido de carbono y amenaza con aumentar las tarifas de los hogares al subir el costo medio de generación. También podríamos descartar los inflados números de empleo que se presentan: en Google son solo 50 trabajadores y en la cadena forestal con sus megaplantas de celulosa nunca aparecieron los miles prometidos. ¿Por qué creer ahora?
