La ley del Oeste

Mauricio Zina

Uno de los temas (tal vez el tema) más utilizados por la entonces oposición para criticar a los gobiernos del Frente Amplio fue el de la inseguridad. Más allá de que había un aumento real de la criminalidad, el asunto fue bombardeado de una manera tal que uno miraba un informativo y quedaba con la sensación de estar viviendo en una versión especialmente caótica del lejano Oeste, donde apaches y cowboys malhechores vagaban a su antojo, ejecutando sus clásicas fechorías ante la impasividad de sheriffs corruptos y de jueces blandos e ineptos. Se reiteraba una y otra vez que a esa situación «insostenible» se debía oponer un accionar duro, firme y decidido de las fuerzas del orden, acaso con matices en cuanto a lo que podrían significar, en la práctica, estas palabras. Jorge Larrañaga fue uno de los abanderados de ese discurso, que, como tantos, se basa en azuzar ciertos instintos básicos que los humanos conservamos bien vigentes pese a milenios de civilización. Tal vez por eso Larrañaga terminó siendo, justamente, ministro del Interior. Su propuesta de reforma constitucional, que habilitaba (entre otras cosas) los allanamientos nocturnos, la cadena perpetua y la participación de efectivos del Ejército en temas propios de la Policía, fue rechazada por la ciudadanía en octubre de 2019. Sin embargo, el espíritu general de esa reforma fue reciclado en algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Al principio del nuevo período, Larrañaga fue (junto con Pablo Bartol, del MIDES, y el canciller Ernesto Talvi) de los ministros con más menciones en la prensa y las redes sociales. Tomó una serie de medidas tan aparatosas como de dudosa efectividad, como el patrullaje (que aún existe, aunque algo disminuido) con helicópteros que sobrevolaban permanentemente la ciudad iluminando las noches con poderosos reflectores, la intensificación de los viejos megaoperativos en zonas consideradas peligrosas y la realización de cortos publicitarios con una infantil estética de serie policial yanqui. Todo eso acompañado de una necesidad –casi diría que ansiedad– por mostrar números que sugirieran que esas políticas estaban dando resultados inmediatos (bordeando a veces el absurdo, como cuando afirmó que había menos rapiñas en lo más intenso de la cuarentena, con muy poca gente en la calle y escasa actividad comercial, y encima sobre la base de su percepción).

Sin embargo, fue después de la aprobación de la LUC, a mediados de año, cuando el ministro empezó a ser cada vez menos pintoresco y más oscuro. La LUC, incluso antes de ser aprobada, era citada, según testigos y alguna grabación, por policías durante procedimientos de dudosa legitimidad. Una parte de este cuerpo (cuya proporción es una incógnita) estaba, evidentemente, ávida de demostrar que «seguían siendo los de antes». Fueron noticia algunos procedimientos violentos, como el del perro de un cuidacoches matado a tiros en una plaza de La Blanqueada mientras su dueño, esposado, era obligado a presenciar su agonía desde corta distancia; o aquella otra detención en que se usó una picana eléctrica. Más reciente es el caso del cuidacoches que fue arrastrado por el suelo y llevado a la comisaría; lo que llamó la atención, esta vez, fue que una joven también fue detenida por grabar el hecho con su celular. También se destaca que uno de los agentes le dice a la mujer (el video, curiosamente, logró hacerse público) que «se les acabó el recreo», la famosa frase de Guido Manini Ríos. Desconozco de dónde sale la idea de que ahora no se puede grabar la actuación de la Policía; que yo sepa, no está en la LUC ni en ninguna ley ni decreto, pero el hecho es que esta mujer tuvo que comerse unas horas de comisaría por hacerlo. El ministro Larrañaga declaró que «se trata de personas [¿está incluyendo a la muchacha, que estaba en la puerta de su trabajo cuando pasó todo?] que tenían tenencia y consumo». Como bien dice Soledad Platero en La Diaria,1 ni una ni otra cosa están penadas por la ley. Agrego que esto ya era así antes de los gobiernos del Frente Amplio.

Otro hecho, más grave por sus consecuencias, ocurrió en Artigas, cuando un joven de 19 años que había robado tres ovejas recibió una bala policial en la cabeza, mientras huía en una moto sin más armas que el cuchillo utilizado para faenar a los animales. En este caso también, automáticamente, Larrañaga declaró que el policía actuó en defensa propia, que el tiro no fue por la espalda, sino lateral y que a esa hora de la noche no se puede saber si alguien tiene o no tiene un arma de fuego encima. Entendámonos: ¿está diciendo que para que un balazo en la cabeza se considere «defensivo» alcanza con que quien dispara desconozca si la víctima estaba armada? Es verdad que en la LUC se amplía el alcance de la defensa propia, pero dice que se aplica al funcionario policial o militar que, «en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva, en cuanto esto sea posible, y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario». Siendo muy generosos, estamos ante un caso que merece investigarse (como de hecho está ocurriendo), y no es tarea de un ministro dar veredictos pseudojurídicos basados en sus sentimientos o conveniencias.

Jorge Larrañaga no está cumpliendo con su función en varios aspectos: no formar a los policías a su cargo sobre los alcances reales de la nueva legislación que los afecta, inmiscuirse con la actuación de la Justicia en un caso abierto e interpretar las leyes con una libertad digna de una mala charla de boliche. El primero es especialmente grave si se toman en cuenta las señales de que algunos agentes consideran a la LUC como un «empezó el recreo», dando un curioso giro interpretativo a la frase del exjefe del Ejército.

Resulta preocupante esa mezcla permanente de normas legales con opiniones personales, esa fusión de un estilo ministerial con uno electoral de barricada, esa posición a priori a favor del que dispara contra un presunto delincuente siempre que suponga que podría ir armado, esa irresponsabilidad frente a las probables consecuencias de un mensaje del tipo «hagan lo que hagan, yo los respaldaré», esa carencia de sensibilidad con que se ignora que, cuando se pierde una vida, los seres cercanos al difunto no tienen por qué soportar hirientes diatribas patoteras por parte de un gobernante. Y preocupa, especialmente, constatar que Larrañaga es sólo la cara más visible, en este tema, de un gobierno para el que la propiedad privada –especialmente en el caso de propiedades grandes– parece ser lo único que vale la pena cuidar, y que estimula una forma de actuación (policial o no) que, más allá de los derechos que –a pesar de algunos– tiene cualquier delincuente, inevitablemente llevará a que se cometan errores fatales, con víctimas que ni siquiera tenían nada que ver con nada. Un torpe, tosco y primitivo concepto de seguridad, que asusta por donde se lo mire.

1. «La confusión del ministro del Interior», disponible en ladiaria.com.uy.

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