En la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Sudáfrica ha acusado a Israel de genocidio. En el centro de su argumento está la afirmación de que Israel está destruyendo al pueblo de Gaza mediante el hambre. El artículo 2 literal c de la Convención sobre el Genocidio prohíbe el «sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial». Israel dice que los cargos son «infundados».
El sistema alimentario en Gaza se ha derrumbado por completo, de acuerdo al último informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. El sistema de salud ha colapsado, según se desprende de lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La infraestructura básica de agua potable y saneamiento está destruida, indican las agencias de la ONU y ONG internacionales. Según el Comité de Revisión de la Hambruna (FRC, por sus siglas en inglés), el pueblo de Gaza se enfrenta a una posibilidad real de sufrir una de ellas: si no hay una acción inmediata, se avecina una mortalidad masiva a causa del hambre o de las enfermedades. El FRC entrega sus evaluaciones a un grupo de agencias de ayuda internacionales que operan un sistema de alerta temprana, conocido como Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF).
Como escribí en la London Review of Books en relación con la crisis en Tigray, la CIF identifica cinco fases de (in)seguridad alimentaria: general, crónica, crisis, emergencia y hambruna-catástrofe humanitaria. Se produce una hambruna en una zona determinada cuando «al menos el 20 por ciento de la población se ve afectada, aproximadamente uno de cada tres niños padece desnutrición aguda y dos personas mueren cada día por cada 10 mil habitantes debido a la inanición absoluta o a la interacción entre desnutrición y enfermedades». Algunos hogares pueden estar en la fase 5 (catástrofe-hambruna) incluso si no se ha declarado una hambruna en toda el área. Según el análisis más reciente del FRC sobre Gaza, con fecha del 21 de diciembre, «al menos uno de cada cuatro hogares (más de medio millón de personas) se enfrenta a condiciones catastróficas de inseguridad alimentaria aguda».
Otra forma de diagnosticar y definir una hambruna es mediante el exceso de mortalidad atribuible al hambre y a causas relacionadas. Una gran hambruna es aquella en la que mueren 100 mil o más personas y una hambruna grave tiene una mortalidad excesiva de 10 mil personas. Esta definición es útil para analizar hambrunas históricas, pero no para detectar crisis alimentarias a medida que se desarrollan.
Save the Children ha advertido que las muertes en Gaza debidas al hambre y causas relacionadas pronto podrían superar en número a las más de 24 mil muertes causadas directamente por el ataque militar israelí. Las familias gazatíes suelen pasar uno, dos o tres días sin comer. La OMS señala que se están extendiendo las enfermedades infecciosas, que a menudo son la causa inmediata de muerte entre las personas desnutridas. La ONU estima que casi el 70 por ciento de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas. Pocas personas tienen acceso a agua potable y menos aún a retretes. El riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades infecciosas es extremadamente alto, de acuerdo con las organizaciones que están trabajando en el terreno.
Si la catástrofe en Gaza continúa su trayectoria actual, se harán realidad las predicciones de una mortalidad masiva ocasionada por las enfermedades, el hambre y la exposición a los elementos. Si a partir de hoy se proporcionara ayuda humanitaria rápido y en gran escala, los números de muertes por hambre y enfermedades se estabilizarán y disminuirán, pero tardarán en volver a los niveles anteriores a la crisis. Incluso si hubiera hoy un alto el fuego inmediato, se entregara la ayuda de emergencia necesaria y se realizaran esfuerzos para restablecer los servicios de agua, saneamiento y salud, la mortalidad seguiría siendo elevada durante semanas o meses. Incluso así se estaría ante una hambruna grave, según la definición de 10 mil o más muertes. Si el nivel actual de hostilidades y destrucción continúa, es posible que veamos pronto una gran hambruna, con un exceso de 100 mil o más muertes.
De acuerdo al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, es un crimen de guerra «hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra». Los «objetos indispensables para su supervivencia» incluyen no solo alimentos, sino también agua, medicinas y refugio. No es necesario que las personas mueran de hambre para que se haya cometido el delito; basta con que hayan sido privadas de los objetos indispensables para su supervivencia. Human Rights Watch y otros han llegado a la conclusión de que las acciones actuales de Israel en Gaza configuran la comisión de este crimen de guerra.
El general Giora Eiland, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, ha escrito: «La gente podría preguntarse si queremos que el pueblo de Gaza muera de hambre. No queremos eso… Lo que se debería decir a las personas es que tienen dos opciones: quedarse y morir de hambre, o irse». Esto también es el crimen de guerra de hacer padecer hambre.
La guerra de asedio no es ilegal en sí misma, pero puede llegar a serlo si priva a los civiles de los objetos indispensables para su supervivencia de manera desproporcionada y sistemática. El bloqueo a Gaza a partir de 2006 es un caso controversial: desde ese año Israel ha controlado casi por completo el suministro de alimentos, agua, medicina y electricidad que ingresa a la Franja; ha sido riguroso al decidir qué productos pueden entrar, procurando, al mismo tiempo, no caer fuera del paraguas del derecho internacional humanitario. En palabras de Dov Weisglass, asesor del entonces primer ministro israelí, Ehud Olmert, «la idea es poner a dieta a los palestinos, pero no hacerlos morir de hambre».
Con el paso de los años, el bloqueo provocó graves privaciones. Según las conclusiones de la ONU publicadas el mes pasado, «antes del conflicto actual, el 64 por ciento de los hogares en la Franja de Gaza padecían inseguridad alimentaria o eran vulnerables a la inseguridad alimentaria, 124.500 niños pequeños vivían en pobreza alimentaria […] Además, antes de que comenzaran las hostilidades el 7 de octubre, la UNRWA [Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo] informó que más del 90 por ciento del agua en Gaza había sido considerada no apta para consumo humano».
Esa es la situación a partir de la cual Gaza fue rápidamente reducida a la catástrofe. El gobierno israelí ha actuado en los últimos meses con pleno conocimiento de las condiciones humanitarias previamente existentes y con pleno conocimiento de los efectos que tendría cualquier acción que eligiera tomar. También lo ha hecho Hamás. Pero eso no es relevante a la hora de determinar la responsabilidad de Israel. El 9 de octubre, el ministro de Defensa, Yoav Galant, dijo: «He ordenado un asedio completo a la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo está cerrado». Las diminutas cantidades de asistencia humanitaria que posteriormente se permitió ingresar a Gaza no mitigan ni la fuerza de esta declaración ni su impacto.
En términos del marco elaborado por David Marcus, profesor de Derecho en la Universidad de California, Los Ángeles, la declaración de Galant es una indicación prima facie de un «crimen de hambre provocada» de primer grado. Incluso si los dichos de Galant no reflejaran una política estatal o la estrategia militar, el hecho de que la campaña militar de Israel haya continuado sin ninguna alteración significativa de sus métodos después de que las consecuencias humanitarias se volvieran claras significa que la operación israelí en Gaza es como mínimo un crimen de hambre provocada de segundo grado. De una forma u otra, reducir Gaza a una situación en la que una hambruna generalizada es una posibilidad cierta no es solo un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, sino un crimen de lesa humanidad.
La CIF fue instituida en 2004. Con referencia a sus procedimientos y criterios, se declararon hambrunas en Somalia en 2011 y en Sudán del Sur en 2017. En otros casos, incluidos Etiopía, Nigeria y Yemen, el FRC ha identificado la generalización de las condiciones de la fase 4 de la CIF (emergencia) y ha advertido sobre una hambruna inminente si no se tomaban medidas humanitarias inmediatas. No se declaró una hambruna en Siria, donde la CIF no recopiló datos. En el catálogo histórico de hambrunas e incidentes de hambre masiva, es difícil encontrar un paralelo cercano con la situación en Gaza. Pocos casos combinan un cerco tan completo con una destrucción tan abarcativa de los objetos indispensables para la supervivencia de los civiles. Las cifras absolutas de los muertos en Gaza no igualarán a las de las calamitosas grandes hambrunas del siglo XX porque la población afectada es más pequeña, pero la proporción de muertes puede terminar siendo parecida
El rigor, la escala y la velocidad de la destrucción de los objetos indispensables para la supervivencia y de la imposición del cerco sobre Gaza superan cualquier otro caso de hambruna provocada de los últimos 75 años. El FRC advierte que las condiciones de hambruna absoluta pueden generalizarse ya el próximo mes. Se pueden hacer comparaciones con la hambruna provocada en Biafra (1967-1970), el asedio de Sarajevo (1992-1995), las tácticas «arrodíllate o muere de hambre» usadas por el gobierno de Bashar al Assad en Siria y los crímenes de hacer padecer hambre perpetrados por los gobiernos de Etiopía y Eritrea en Tigré (2020-2022).
En una tipología histórica comparada, Bridget Conley y yo hemos identificado nueve propósitos que los actores políticos y militares suelen tener para provocar hambrunas a escala. Los primeros cinco son los siguientes: exterminio o genocidio; control mediante el debilitamiento de la población; mayor dominio territorial; expulsión de la población; castigo. En lo que hace a las acciones del gobierno de Israel, el hambre en Gaza sin duda se ajusta a los cuatro últimos. Si algunas de las declaraciones recientes de altos políticos israelíes se toman al pie de la letra y si Israel continúa su campaña sin tregua aún después de una advertencia inequívoca de hambruna, las acusaciones de exterminio y genocidio pueden volverse muy convincentes. Pedir cuentas a los actores responsables es clave para poner fin al crimen de hacer padecer hambre. Israel no debería ser una excepción.
*Alex de Waal es el director ejecutivo de la World Peace Foundation, en la Escuela de Derecho y Diplomacia de la Universidad Tufts.
(Publicado originalmente en London Review of Books. Traducción de Brecha.)
