Desde la aprobación, en 1968, de la Ley Nacional de Vivienda (número 13.728) Uruguay tiene una política planificada en esa materia, que se expresa en planes quinquenales que se presentan en el Parlamento y se aprueban junto con el presupuesto nacional de cada período. Esa ley, en cuya concepción y redacción por algo intervino decisivamente Juan Pablo Terra, preveía, entre otras muchas cosas, la creación de una comisión asesora en materia de política de viviendas (artículo 76), de integración ampliamente plural, que reuniría organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios empresariales, la Universidad e instituciones públicas y privadas vinculadas con la vivienda, con visión multidisciplinaria. Se aseguraba así que las políticas, en particular el Plan Quinquenal de Vivienda (PQV), fueran elaboradas con una amplia participación de los actores del sector.
Sin embargo, esa intención fue letra muerta hasta 2005,2 cuando la actuación de esa comisión, hoy denominada Comisión Asesora de Vivienda (COAVI), fue reglamentada por un decreto del Poder Ejecutivo del 30 de marzo de 2005 y ya convocada para participar en la elaboración del PQV para el período 2006-2010. Lo mismo sucedió en 2010 y 2015. Hasta que llegó 2020, fueron pasando las semanas y las solicitudes de distintas organizaciones para que se hiciera la convocatoria,3 y recién hubo señales de vida hace pocos días, el 13 de agosto: una carta de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, para los integrantes de la comisión, en la que los invitaba a enviar sus aportes para elaborar el PQV, hasta el día 26 de agosto, por correo electrónico. La carta no se acompaña con ninguna información complementaria que permita conocer la propuesta del Poder Ejecutivo en la materia.
En todo esto hay varias cosas preocupantes. La primera es que se rompa con una sana costumbre de 15 años que le ha permitido a la sociedad participar en la elaboración de un instrumento tan importante como el PQV, para lo cual es necesario un tiempo prudencial de trabajo (incluso para dar lugar al estudio de las propuestas y el debate interno de las organizaciones), contar con la información correspondiente (en particular, la evaluación de lo que se venía haciendo y las propuestas para el nuevo período, más allá de una serie de propósitos generales) y que a los distintos actores les sea posible interactuar, trabajando en conjunto. Sobre esto último (la sustitución del trabajo colectivo por el envío de correos electrónicos) la carta de la ministra menciona las dificultades ocasionadas por la pandemia, pero no parece un argumento suficiente, habida cuenta de que existen elementos informáticos que permiten hasta dar cursos en forma virtual.
Vale la pena mencionar, para advertir el cambio de estrategia, que en 2015, cuando se discutió el PQV actualmente vigente, con los mismos plazos legales y constitucionales que rigen para el que se está elaborando, la COAVI fue convocada a principios de junio y se partía de un borrador de propuesta que incluía: una evaluación de la situación y de los programas desarrollados en el período anterior, y la indicación de los recursos a aplicar. Se trabajó en subgrupos temáticos, con la posibilidad de que las organizaciones participaran en todos, y con un constante intercambio entre los participantes y con las autoridades.
La invitación a hacer aportes por correo electrónico que ahora se realiza, a dos semanas hábiles de la presentación del PQV en el Parlamento, en una comunicación en un solo sentido, sin posibilidades de diálogo, es una participación sólo formal, y, aunque sin duda habrá aportes, estos estarán fuertemente limitados por las condiciones que se han impuesto. Si en la discusión de la Ley de Urgente Consideración cada organización debía opinar en 20 minutos sobre 500 artículos, en este caso sólo se podrá enviar un correo electrónico.
Pero todo esto también suscita grandes dudas sobre los contenidos que tendrá el PQV. El problema del acceso a una vivienda adecuada es central en la vida de las personas y las familias, por el carácter que tiene en sí mismo como satisfactor de una necesidad humana esencial, pero también por la fuerte influencia que ejerce sobre la satisfacción de otros derechos, como la salud, el trabajo y la educación.
En la pasada campaña electoral todos los partidos confluyeron en señalar su importancia y la necesidad de hacer un significativo esfuerzo para darle solución, y el vocero presidencial acaba de señalar que la vivienda y la educación serán las prioridades presupuestales. Pero, por otro lado, ya se han impuesto fuertes recortes en las inversiones en vivienda, que han derivado en la suspensión de escrituras de nuevos programas, en la reducción a la mitad de los cupos en los sorteos para financiar nuevas cooperativas en 2020 y en el pedido a la Intendencia de Montevideo de ralentizar los programas de realojo.
Por ello hoy no es posible registrar otra cosa que incógnitas: para qué lado se inclinará el fiel de la balanza: para las políticas sociales o para el ajuste fiscal; qué pasará con los programas actualmente en ejecución; si se mantendrán las políticas universales, con alternativas para todos los sectores, o se volverá a la focalización; cuál será el concepto de vivienda adecuada: si el impuesto por el Reglamento de Producto de 2008 o nuevamente la vivienda mínima para las familias de ingresos mínimos; cómo se abordará el problema de los asentamientos: si atendiendo a su faceta más grave, que es la precariedad física y socioeconómica, o puramente al tema de la propiedad, que es el que preocupa al mercado; cuál será la política para la implantación residencial: si la densificación para aprovechar mejor y democratizar los bienes urbanos o la dispersión, buscando la tierra barata. Se trata de interrogantes muy significativas que debieron discutirse con la sociedad y de las que ahora se hará cargo, en soledad, el gobierno.
1. El plan que se aprobará hacia finales de 2020 regirá desde el año próximo hasta 2025, primer año del próximo gobierno.
2. Con una fugaz excepción en 1985, en que se constituyó una comisión asesora de la presidencia del Banco Hipotecario, que por entonces aún dirigía la política de vivienda, que tuvo pocos meses de actuación.
3. Por ejemplo, las federaciones de cooperativas de vivienda de usuarios, Fucvam y Fecovi, y un conjunto de 14 organizaciones (ANONG, CEUTA, Ciedur, CLAEH, Cladem, Coordinadora Nacional de Asentamientos, Covipro, Fucvam, Idas y Vueltas, IPRU, Ni Todo Está Perdido, Organización San Vicente, Techo, y Vida y Educación) que lo reclamaron por nota a la ministra Moreira el 12 de agosto.
