Para nadie es un secreto que el pomposo retorno a las armas de algunos miembros de la guerrilla de las Farc sólo los tiene como protagonistas y, a su vez, como víctimas y victimarios a ellos mismos. Con su reciente decisión, estas aparatosas disidencias (hay que decir que no superan el 10 por ciento de los desmovilizados que dejó el proceso de paz enmarcado en los acuerdos de 2016) lograron darle toda la razón a la ultraderecha colombiana, aquella facción política a la que pertenecen el presidente Iván Duque y su mentor, Álvaro Uribe, y que, desde siempre, se opuso a la consolidación de “una paz estable y duradera”. De esta manera, el viejo y trillado argumento para inculpar a los guerrilleros de todo lo malo que le ha pasado a Colombia cobró más vigencia que nunca: son criminales, bandidos que usan el poder de las armas y la clandestinidad para sembrar el terror. Y, aunque muchos no lo quieran creer, o incluso asumir, el video está ahí y no miente.
La sorpresa radicó en que la opinión pública –tanto nacional como internacional– sabía que, desde el momento de la eufemística firma de la paz, el regreso de la guerrilla a las montañas de Colombia era una posibilidad real, para nada remota. Lo que no se sabía era cuándo y en qué circunstancias podría llegar a suceder. Se entienda como se entienda, y visto con la lupa de la ideología que se prefiera, el rearme de las Farc es un desmedido retroceso histórico y una clara zancadilla al presente y el futuro del país.
He aquí la razón fundamental para los integrantes de la nueva guerrilla: el Estado colombiano no ha sido categórico ni resolutivo a la hora de cumplir con cabalidad lo acordado en La Habana. No hay garantías concretas ni apoyos estrictos para el retorno a la vida civil de miles de ex guerrilleros que permanecen confinados, a la espera de una formalidad política, en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) que hay a lo largo y ancho del país. A esto se le suma que, desde la firma del acuerdo (setiembre de 2016), se han cometido al menos 143 asesinatos de desmovilizados y cerca de 800 de líderes sociales y defensores de derechos humanos y ambientales en todo el territorio colombiano, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
LA MEJOR DE LAS EXCUSAS. Ahora bien, el verdadero beneficiado de toda esta parafernalia guerrerista es, sin duda, el fanático Estado colombiano, que por fin, después de varios años de permanecer gravitando en el alud de una guerra inexistente, se reencontró con su enemigo fiel, y de la forma que más anhelaba: con una declaración abierta de beligerancia e insurgencia: la mejor de las excusas para volver al espantoso paisaje de las balas y las bombas, a aquel celebérrimo negocio del miedo, el más rentable y abusador del mundo. Se espera, entonces, un recrudecimiento militar en las zonas que nunca pudieron abandonar las lógicas del conflicto, ni siquiera después de la paz.
De cualquier manera, la noticia cayó como un auténtico balde de agua helada. No sólo la multiplicidad de sectores políticos y económicos colombianos quedó en vilo y directamente prevenida, sino también la sociedad civil, que, después de un largo proceso pedagógico de re‑conocimiento a propósito de las pertinencias y las bondades del Acuerdo de Paz, se estaba acostumbrando –mal que bien– a ver a los ex combatientes tranquilos, algunos haciendo política e intentando participar de la vida nacional y otros esperando que, como está dicho, no se cumplieran simples fragmentos, sino absolutamente todo lo firmado.
Actualmente el partido político Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) tiene diez congresistas instalados para el período 2018‑2022: cinco en el Senado de la república y cinco en la Cámara de Representantes. Una curul del Senado estaba a nombre del hoy comandante de las nuevas Farc‑Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia‑Ejército del Pueblo), Iván Márquez, mientras que en la cámara se encontraba posesionado el controvertido Jesús Santrich (pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos por cargos anexos al narcotráfico). Ambos aparecen en el video en el que se anuncia la creación (¿refundación?) de la nueva guerrilla, publicado la madrugada del pasado 29 de agosto, y posteriormente, como era de esperarse, ambos fueron expulsados del partido por desacato, informó un comunicado rubricado por su comité de ética. El presidente de dicha colectividad, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dijo que seguirán cumpliendo con el Acuerdo de Paz. Agregó: “Si este llega a hacerse trizas, me dedicaré a recoger los pedacitos”. Del mismo modo, algunas voces militantes no descartan un cambio de nombre para evitar ser confundidos con la disidencia.
Tal vez una de las declaraciones que más preocupan al gobierno es la invitación a “coordinar esfuerzos” que la nueva guerrilla extendió al Ejército de Liberación Nacional (Eln), con el objetivo de consolidar un bloque armado y de resistencia, llamado que fue rápidamente celebrado y atendido por sus destinatarios. Así las cosas, se han abierto claros interrogantes con respecto al alcance real que podría tener esta nueva insurgencia armada, que, en el gobierno nacional, no sólo es señalada como terrorista y mafiosa, sino que también es –dicen– frugalmente financiada y protegida por el discutido gobierno vecino de Nicolás Maduro, quien, a finales del pasado mes de julio, afirmó que tanto Márquez como Santrich “son bienvenidos en Venezuela”. De hecho, hay quienes afirman que el video pudo haberse filmado en la región de la Orinoquía venezolana. A esto se le suma la profunda inquietud en Colombia a propósito de virtuales ataques urbanos y la incidencia que esta decisión pueda tener en las próximas elecciones regionales, que se celebrarán en octubre. Varias incógnitas que, sin duda, tienen a medio país envuelto en una atmósfera enrarecida y exacerbada.
Según datos oficiales de la inteligencia militar colombiana, la conjunción de fuerzas de las Farc‑Ep y el Eln difícilmente pueda conseguir superar los 5 mil combatientes y milicianos, mientras que las Fuerzas Armadas de Colombia actualmente ascienden a los 260 mil efectivos. Una cifra copiosamente mayor, pero que nunca, incluso desde el inicio de las guerrillas, a mediados del siglo XX, ha podido neutralizar ni el quehacer subversivo ni sus zonas de influencia. Para contrarrestar esta “ofensiva”, el presidente Iván Duque no demoró en anunciar la creación de una unidad especial para hostigar a los cabecillas, además de la postulación de un fondo cercano al millón de dólares para recabar información en pos de su captura.
UN BOTÍN MILLONARIO. Resulta difícil pensar seriamente en la posibilidad del resurgimiento del fenómeno de la violencia en Colombia. Las aristas son múltiples y, aunque el escenario para el teatro de la guerra sigue estando disponible, sólo hay un factor que podría dispararla: el narcotráfico, ese enorme problema, tal vez el protagonista más trascendente del gran breviario bélico colombiano.
Así las cosas, más allá de atender el rearme a punta de bala y centrar atención y recursos en ese deforme e insípido monstruo, en lo que estaría bueno empezar a pensar es en la posibilidad de investigar y contener profundamente las alas del narcotráfico, para evitar alianzas y disputas por territorios de producción y mercadeo, teniendo en cuenta que en Colombia hay una gran variedad de grupos armados, con evidentes raíces guerrilleras (Ejército Popular de Liberación) y paramilitares (descendientes directos de las Autodefensas Unidas de Colombia), y un sinnúmero de bandas criminales que aún operan, se enriquecen ilícitamente, amedrentan y asesinan sin miramientos. La guerra sólo volvería a ser guerra –formalmente– si Colombia volviera a encontrarse de frente con el fuego cruzado entre el Estado, los guerrilleros y ejércitos privados, que, en una carrera demencial por sostenerse (los primeros en el poder, los otros en la ilegalidad), se pelearían por el millonario botín que lega este tipo de economía ilegítima.
El partido Farc dijo seguir apoyando “sin desmayo” la ruta de la paz. No obstante, si el Estado no acelera la implementación total de los acuerdos de paz y desampara los Etcr, muchos ex combatientes pueden verse tentados a enlistarse una vez más y retornar a la selva, ya no como una forma de dignidad rebelde, sino como una manera de seguridad, básicamente, humana. La orientación política está perdida en un laberinto que muchos ex guerrilleros transitan, pero todos desconocen. Sea como sea, lo único aparentemente cierto, entre tanta especulación, es que la insurrección no es, necesariamente, el nódulo que puede contaminarlo todo y poner punto final al proceso de paz, cada vez más parecido a un sueño, un sueño que sólo sabe mirar hacia adentro, hacia su propio agujero negro.
