La disputa material y discursiva en lo relativo a la búsqueda e investigación sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas y las ejecuciones extrajudiciales es histórica. Desde la recuperación democrática existen narrativas con pulsión de verdad que intentan generar una agenda ficticia; desde la idea de que los esfuerzos estatales son suficientes hasta la idea de que no es necesario actuar, justificada en la teoría de los dos demonios.
A pesar de ello, la obligación irrenunciable del Estado en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1968 y 1985 –empujada por las presiones internacionales y los reclamos de un pueblo que acompañó las denuncias– se vieron reflejadas en la creación de una serie de instituciones, conforme a las voluntades políticas de los distintos gobiernos.
Reconocemos el camino andado: desde los primeros pasos de la Comisión Investigadora Parlamentaria creada en 1985, pasando por las respuestas que la Comisión para la Paz entregó en un sobre de manila a cada familia (que contenían menos información de la que la propia comisión había recogido) o la creación en 2015 del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia (que comenzó las investigaciones y dio seguimiento a las sentencias y las resoluciones), hasta la designación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como rectora en la búsqueda a partir de 2019.
En este tiempo, los promotores ideológicos de la impunidad quisieron alejarnos de la verdad aduciendo que los ojos en la nuca no nos permitirán avanzar, sembrando mentiras, cultivando el odio.
Veinte años tuvieron que pasar desde la recuperación democrática para que se permitiera el ingreso a los batallones. A pesar del tiempo, cada vez que hay un hallazgo, nuestra sensación es la misma: imaginar cuál fue el camino recorrido por esa persona, el abrazo compañero que sostiene, la incertidumbre y esa pregunta que resuena: ¿sos vos?
No contentos con la brutal tortura infligida y el destrozo de sus cuerpos, se empeñaron en sellar el trágico destino de nuestros familiares de la manera más despiadada imaginable. La maquinaria de la doctrina de la seguridad nacional implementó una metodología para sepultarlos, una táctica cobarde y clandestina que abrió una herida que persiste hasta hoy.
La práctica de cubrir sus cuerpos despojados con cal representaba la consumación de la eliminación total: un intento de borrar cualquier rastro, incluso los tejidos blandos que podrían haber proporcionado pistas para su identificación. Este acto de crueldad extrema fue evidente cuando finalmente logramos reunirnos con los dolorosos restos, testigos mudos de la barbarie perpetrada.
Dentro del entramado de desafíos que enfrentamos, es imperativo resaltar un hecho que marcó un punto de inflexión. Fue recién en los años dos mil que el Estado reconoció la existencia de personas detenidas desaparecidas, con lo que desencadenó la tardía iniciativa de recolectar muestras de sangre para cotejar en análisis de ADN.
En los primeros compases de este proceso, las muestras fueron obtenidas en lugares distintos, lo que generó complicaciones al intentar consolidarlas. Para ese tiempo, muchas personas que hubiesen permitido obtener muestras completas de la representación familiar ya no se encontraban con vida.
Las consecuencias materiales de esto las vemos hoy. No podemos saber quién es la compañera cuyos restos se hallaron en el Batallón de Infantería Paracaidista 14 el 6 de junio de 2023 y nos duele.
Hemos presenciado la sucesión de diversos gobiernos, con numerosas personas e instituciones liderando iniciativas. Sin embargo, algunos factores persisten de manera obstinada: los lentos avances, la falta de debida diligencia y la inobservancia de un plazo razonable en las actuaciones.
En el corazón de esta problemática, se destaca de manera contundente la escasez de información sustantiva, un velo opaco que nubla la búsqueda de la verdad. Este déficit de datos se ve agravado por la tendencia a trasladar la responsabilidad a las propias víctimas y sus familias, quienes nos vemos obligadas a golpear incansablemente puertas en busca de respuestas. Mientras tanto, los responsables mantienen oculta la verdad y tienen en cautiverio la información que podría arrojar luz sobre el destino de aquellos que nos han sido arrebatados.
En este escenario desafiante, persiste la urgencia de seguir adelante con los procesos de denuncia. En esta lucha, la perseverancia se convierte en un acto de resistencia contra la impunidad y la sociedad, en un colectivo de voces decididas a romper el silencio impuesto, exigiendo con fuerza.
¿Cuántas sentencias tienen que pasar para que nos digan que teníamos y tenemos razón? No pedimos más que nuestro derecho, el derecho a la verdad, el que nos permita conocer la suerte y las circunstancias de las desapariciones, así como la identidad de sus autores.
Las Fuerzas Armadas son un obstáculo para alcanzar ese objetivo. Les exigimos con vehemencia que revelen la verdad, sabemos que dejaron registros de todas sus hazañas. Sin embargo, reconocemos que la responsabilidad no recae únicamente en ellas. La jerarquía superior puede y debe ordenar la búsqueda y la divulgación de información. Al presidente de la república, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo instamos a actuar con firmeza y altura, siendo él quien puede impartir la orden necesaria para esclarecer esta angustiante situación.
Mientras en la actual contienda electoral el gobierno destaca sus políticas, los discursos negacionistas avanzan, evidenciados en la aprobación de una ley que permite la prisión domiciliaria a mayores de 65 años y la discusión de un proyecto que propone el acceso universal a archivos del pasado reciente sin elaborar un código deontológico real que garantice los derechos de quienes allí quedan expuestos.
Hoy vemos la ausencia de una política pública integral, clara, transparente y coherente de derechos humanos para el pasado reciente que garantice acciones holísticas ante la naturaleza pluriofensiva de este tipo de crímenes permanentes e imprescriptibles.
No podemos naturalizar lo inadmisible: estamos convencidas de que no existe una democracia plena con impunidad. Las fotos de los desaparecidos hablan, desentierran recuerdos, sueños, alegrías y vivencias. Pedimos poder dar cobijo a esos rostros e historias inmortales, saber cuál fue su paradero y, de una vez por todas, encontrar a esas personas que ya no están, pero que nos enseñaron a no bajar los brazos.
* Carolina Carretero y Laura Boiani son integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
