Se veía venir. Era esperado que se formalizara una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro y así ocurrió. La Fiscalía General lo acusó, junto con otras 33 personas, de atacar el Estado democrático de derecho en la trama golpista que derivó en la asonada en Brasilia de enero de 2023 (véase «La mano que abre la puerta», Brecha, 13-I-23). El documento de la denuncia, firmado la semana pasada por el fiscal general, Paulo Gonet, acusa al exmandatario de liderar una organización criminal armada para dar un golpe de Estado e incluye otros crímenes, como abolición violenta del Estado de derecho y daños contra el patrimonio público. Además, afirma que Bolsonaro sabía de la existencia de un plan para matar al actual presidente, Lula da Silva, a su vice, Geraldo Alckmin, y al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. En la denuncia, son acusadas algunas de las figuras más relevantes del gobierno del ultraderechista, entre ellas algunos militares de alta patente, como Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vice en la fórmula presidencial bolsonarista para la elección de 2022, Augusto Heleno, que dirigía el Gabinete de Seguridad Institucional, y el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem, quien más tarde fuera candidato a alcalde de Río de Janeiro. Estas figuras del primer escalón del gobierno tuvieron, según la denuncia, un papel clave en la elaboración y la ejecución –junto con el resto de los acusados– de un plan para desconocer el resultado de las urnas y mantener el poder. Un proyecto que se venía consolidando a medida que avanzaba el poder político de las fuerzas militares en Brasilia (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20).
CRONOLOGÍA DE UN GOLPE
El fiscal narra con detallada cronología un proceso que ocurrió frente a los ojos del país. A pesar de apuntar que Bolsonaro empezó sus ataques a las urnas electrónicas durante el proceso electoral de 2018, que lo consagró presidente, sitúa en el 29 de julio de 2021 el inicio de la ofensiva pública, día en que el mandatario realizó una transmisión en vivo desde el Palacio de Planalto en la que criticó la seguridad del método electoral brasileño y alertó de posibles injerencias en el resultado de ministros del STF y del Tribunal Superior Electoral, y llegó a insinuar una eventual convocatoria a las Fuerzas Armadas para intervenir en defensa de la libertad. Otro aspecto de la ofensiva, según la denuncia, era un plan para desconocer, con la complicidad de la Policía Federal, decisiones del STF, lo que blindaría así a Bolsonaro y su grupo más cercano, plan propuesto por Ramagem y Heleno, en cuyo poder fueron encontradas anotaciones en el mismo sentido. Gonet continúa detallando la cronología, que incluye el recordado discurso pronunciado por el entonces presidente en la Avenida Paulista el Día de la Independencia de Brasil, el 7 de setiembre de 2021, cuando Bolsonaro amenazó al STF y lo acusó de patrocinar una farsa electoral. Una herramienta fundamental en todo este proceso fue lo que se conoce como ABIN paralela, en referencia a la Agencia Brasileña de Inteligencia, lo que el fiscal cita en la denuncia como «uso indebido del aparato de inteligencia del Estado». Comandado por Alexandre Ramagem, que dirigía la agencia en ese entonces, el núcleo de ese entramado paralelo «actuaba como central de contrainteligencia de la organización criminal, que por medio de recursos y herramientas de investigación de la ABIN producía desinformación contra sus opositores».
En 2022, año electoral, Bolsonaro pidió a sus ministros que profundizaran los ataques a las urnas, y así lo hizo él también con la famosa reunión con embajadores del 18 de julio de ese mismo año, en la que atacó sin pruebas al sistema electoral brasileño, lo que le costó su inhabilitación política hasta 2030. La denuncia también acusa, con pruebas, al expresidente y su grupo de utilizar indebidamente a la Policía Rodoviaria Federal para impedir el voto en regiones donde las encuestas apuntaban a un triunfo de su oponente.
La denuncia del fiscal también detalla las articulaciones para deslegitimar y desconocer el resultado electoral posterior con la participación de altos mandos militares, proceso que desembocó en campamentos bolsonaristas frente a los cuarteles militares y en la toma de Brasilia. Pero quizás el elemento más grave de la denuncia sea la existencia formal de un plan para «neutralizar» autoridades, llamado Punhal Verde Amarelo, que incluía el envenenamiento del presidente electo. Según el fiscal, Bolsonaro estaba al tanto de esta conspiración y le había dado su «anuencia». El objetivo era que «Lula no subiera la rampa», en referencia a la entrada del Palacio de Planalto, y mantenerse en el poder ignorando el resultado de las urnas. Pero el golpe fracasó, Lula subió la rampa, y ahora Bolsonaro y sus compadres enfrentan el riesgo inminente de terminar en la cárcel.
ESTOY LLEGANDO
Ahora será el STF el que decidirá si abre o no un juicio con la denuncia presentada por la fiscalía. Bolsonaro reconoció este martes, en una entrevista con el sitio de chimentos Leo Dias, que es muy probable que sea condenado y que es «horrible vivir en la inminencia de ir preso». Al ser consultado sobre si tenía miedo a la prisión, afirmó: «Tengo la conciencia tranquila». También dijo que él preso va a ser un problema para el gobierno, porque va a haber una «conmoción nacional».
Creomar de Souza, director de la consultoría de riesgo político Dharma, afirma a Brecha que el clima en Brasilia es de inminente encarcelamiento de Bolsonaro: «Lo que hemos oído aquí de juristas y políticos es que básicamente nadie cree que Bolsonaro quede libre; eso es lo que se habla en los pasillos del Congreso, en los palacios: la cuestión es cuándo». Lo que sí se sabe es la voluntad de juzgar cuanto antes este asunto para evitar la proximidad con la elección presidencial de 2026. Se podría decir que la formalización de la denuncia llega en buena hora para el gobierno de Lula, que atraviesa un momento de baja en su popularidad. Según el analista, «esto llevó a que el gobierno federal fuera un poco más cauteloso en lo que respecta al impacto de la denuncia sobre el propio gobierno y en la forma en que el gobierno aborda el tema. Lula habló una o dos veces sobre el tema, siempre en la línea de que espera que Bolsonaro tenga el derecho a la defensa, algo que él no tuvo y así».
Lo cierto es que la polarización en torno al proceso parece inevitable: «Esto tiende a convertirse en un gran espectáculo político. De alguna manera, creo que es imposible observar este proceso de forma honesta sin entender que es un proceso jurídico permeado por una lógica política». Y con base en esta idea ya están actuando los defensores de Bolsonaro, que agitan la idea de una persecución. En este sentido, De Souza cree que los esfuerzos de la Fiscalía y del STF por «despolitizar» el juicio han sido enfocados a la robustez de las pruebas y de las denuncias, para evitar fallas que den espacio al argumento de que Bolsonaro es víctima de una conspiración en su contra. Lo cierto es que esa es su narrativa, y es probable que vaya con ella hasta el final, en un proceso que promete nuevos y resonantes capítulos y que será fundamental para el futuro del país.
