El 4 de enero se sabrá la suerte de Julian Assange. Ese día, en Londres, la Justicia británica decidirá finalmente si concede o no la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje. Si así fuera, si los jueces de Su Majestad consideraran que la demanda es pertinente y la condena a la que podría ser sometido al otro lado del Atlántico no es «desproporcionada» o incompatible con el «respeto a los derechos humanos», el casi quincuagenario australiano podría pasar el resto de su vida en la cárcel: los cargos que se le imputan en Estados Unidos le valdrían una condena de 175 años.
Julian Assange está detenido en una cárcel de alta seguridad inglesa desde abril de 2019, en condiciones denunciadas por relatores de la Organización de las Naciones Unidas como análogas a la tortura. Los siete años anteriores los pasó en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012, cuando en Quito gobernaba Rafael Correa. Assange era reclamado entonces por la Justicia sueca debido a acusaciones de violación que terminaron siendo abandonadas por su endeblez (véase «Operación masacre», Brecha, 7-II-20). Él ya temía que la demanda sueca fuera parte de un plan para entregarlo –tras una breve escala judicial en Estocolmo– a Estados Unidos. La llegada al gobierno de Ecuador, en 2017, de Lenín Moreno, que acabó alineado con Washington, supuso el descenso del australiano a los infiernos: primero le hicieron la vida imposible en la embajada, luego le sacaron la protección. La Policía inglesa lo detuvo apenas pudo traspasar la puerta del local diplomático. En Washington, el gobierno de Donald Trump se refregó las manos (lo mismo habría hecho Hillary Clinton de haber ganado las elecciones de 2016): por fin podría darle su merecido a este «espía», acusado fundamentalmente de haber revelado, desde 2010, cientos de miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán; entre ellos, pruebas de asesinatos cometidos por las fuerzas estadounidenses en el marco de conflictos en los que los aliados de la superpotencia también están implicados. Desde Wikileaks, Assange había hecho eso y mucho más: denunció tramas de corrupción y enjuagues múltiples de multinacionales y fue de los primeros en advertir sobre la magnitud a la que llegaría el ahora llamado capitalismo de vigilancia.
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A pocos parece interesarles hoy la suerte del australiano. Como otros célebres «lanzadores de alertas» (whistleblowers), del tipo de Edward Snowden y Chelsea Manning, Assange se ha quedado solo. Medios de prensa que gran lucro obtuvieron en su momento, cuando el fundador de Wikileaks los eligió a ellos para difundir sus filtraciones (The Guardian, El País de Madrid, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, entre otros), le han soltado la mano. Poco y nada se puede leer en esos diarios o semanarios –que, en su mayoría, pasan por progresistas– sobre las condiciones de detención de Assange en la prisión de alta seguridad de Belsmarch o sobre el propio proceso de extradición, cuyas irregularidades y los peligros que estas representan para el derecho a la información han denunciado abogados, organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios independientes. Abundan, en cambio, en esas publicaciones progres, los relatos sobre el «vedetismo» y el «narcisismo» del australiano, sus aventuras sexuales, sus «excesos», su «afán de poder», su «decadencia».
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En una nota publicada originalmente en Counter Punch (rebelión.org difundió su versión española en dos partes, el 2 y el 3 de octubre, bajo el título «¿Por qué The Guardian guarda silencio?»), el periodista británico Jonathan Cook sostiene que, cuando Assange concedió a esos medios la exclusiva de sus filtraciones, ya era consciente de que en algún momento podría ser víctima de una puñalada trapera. Si había habido un acuerdo entre Wikileaks y esas publicaciones era porque circunstancialmente ambos ganaban. Pero, en verdad, poco los unía. Cook recuerda que cuando Barack Obama lanzó, en 2011, su ofensiva contra Assange, al que denunció en función de una draconiana ley de espionaje que data de 1917, la estrategia estadounidense estaba basada en crear una brecha entre el fundador de Wikileaks y los medios liberales que habían colaborado con él. Nada tenían que temer esos medios ni sus periodistas: habían obrado de buena fe, decían por entonces los abogados de la Casa Blanca. Assange, en cambio, no era un periodista, apenas un espía que pretendía dañar a Estados Unidos.
Los defensores de Assange optaron entonces por la contraria: Assange no sólo era periodista, sino que practicaba el periodismo del bueno, ese que deja al desnudo las manipulaciones y el accionar ilegal de los poderosos del mundo. El propio fundador de Wikileaks afirmaba en una entrevista que concedió a su compatriota Mark Davis en 2011: «Si he conspirado para cometer espionaje, todos los otros medios de comunicación y sus principales periodistas también han conspirado para cometer espionaje». «Lo que hace falta es tener un frente unido en este asunto», agregaba, invitando a quienes habían sido sus socios a seguir con la colaboración. Pero no hubo tal frente: convocado por el Ministerio de Justicia estadounidense, el editor de The New York TimesBill Keller dijo que su diario se había limitado a obrar como receptor pasivo de la documentación enviada por Wikileaks. Era una falsedad (todos los medios que recibieron las filtraciones las ordenaron y «trabajaron»), pero marcaba lo que sería, de ahí en más, la actitud de las publicaciones liberales en este asunto. Aun así, destaca Cook, el gobierno de Obama no encontró la manera de imputar a Assange sin, al mismo tiempo, perjudicar a medios tradicionalmente aliados del Partido Demócrata, como el propio Times y The Washington Post, y a sus principales plumas. Debió, entonces, abandonar esa línea.
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La estrategia desplegada actualmente por los abogados estadounidenses es la opuesta: reconocen explícitamente la condición de periodista de Assange y, tal como lo advertía él mismo años atrás, al hacerlo lanzan una advertencia contra todos los periodistas que intenten, de lejos o de cerca, seguir el camino de los wikileakeros: corren el riesgo de ser imputados por espionaje allí donde se encuentren. De este cambio de línea, que se produjo durante el juicio de extradición que se sigue en Londres y que supone una amenaza para la profesión periodística como tal, ni una línea se publicó en aquellos grandes medios que buen partido sacaron de su colaboración de antaño con Wikileaks, denuncia Cook. En Gran Bretaña, The Guardian ha obrado, de hecho, como punta de lanza de las acusaciones contra Assange.
Durante el proceso, investigadores independientes han denunciado «prácticas desleales» de los editores del venerado matutino británico, así como de otros medios asociados. Entre las principales acusaciones estadounidenses contra Assange, se afirma que en la documentación que filtró aparecían los nombres de agentes secretos que por su culpa corrieron el riesgo de ser asesinados y que el australiano era muy poco cuidadoso en su forma de operar. David Leigh, editor de The Guardian que trabajó con Assange en 2011, hizo esa misma afirmación en un libro que publicó aquel año junto con otro periodista del mismo diario, Luke Harding: Wikileaks: Inside Assange’s War on Secrecy. Christian Grothoff, experto en informática de la Universidad de Berna; John Goetz, periodista de Der Spiegel; Nicky Hager, periodista de investigación neozelandés, y John Sloboda, profesor y miembro del Iraq Body Count (un proyecto que contabiliza los muertos de la guerra de Irak),relataron, en cambio, que fueron «sus socios mediáticos» –en especial Leigh– quienes presionaron a Assange para que les brindara las sumamente engorrosas contraseñas que utilizaba para encriptar la documentación.
Grothoff, Goetz, Hager y Sloboda colaboraron con el australiano en eliminar nombres en los cables a filtrar. «Assange podía llegar a ser exasperante en su minuciosidad […]. En esa época me irritaba mucho su obsesión por recordarnos constantemente que debíamos asegurarnos, que necesitábamos encriptarlo todo, que teníamos que usar chats encriptados. Yo creía que era un insensato y que estaba paranoico, pero luego el procedimiento se convirtió en la práctica periodística normalizada», dijo, por ejemplo, Goetz en una de las recientes audiencias de extradición. En su libro, Leigh reveló una de las contraseñas generadas con esa metodología y «ese escandaloso error de The Guardian abrió la puerta para que cualquier servicio de seguridad del mundo penetrara en los documentos una vez que pudieron crackear la sofisticada fórmula de Assange para idear claves», indica Cook. «Gran parte del furor provocado por la supuesta incapacidad de Assange de proteger los nombres en los documentos filtrados por él publicados –lo que ahora es el núcleo del caso de extradición– viene del papel que jugó Leigh en el sabotaje del trabajo de Wikileaks. Assange debió realizar una operación de control de daños debido a la incompetencia de Leigh, la que lo obligó a publicar los documentos a toda prisa, para que cualquiera que estuviera preocupado por si era nombrado en los documentos pudiera saberlo antes de que servicios de seguridad hostiles lo identificaran», añade.
En cuanto a Harding, el coautor del libro de Leigh, fue quien hace un par de años difundió, en el propio The Guardian, una serie de «revelaciones» –que luego se comprobaron falsas– sobre supuestas reuniones de Assange con enviados del gobierno de Trump y agentes rusos, que habrían tenido lugar mientras el australiano estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. La tesis de The Guardian, así como de The New York Times y The Washington Post, es que fue para apuntalar la elección de Trump que Wikileaks filtró en 2016 el contenido de reuniones de la dirección demócrata en las que se perjudicaba al socialista Bernie Sanders y se favorecía a Hillary Clinton. Cook recuerda que, de la misma forma que los dos diarios estadounidenses operaron abiertamente en favor de Clinton en aquella interna partidaria (la misma Clinton que, según se reveló en 2016, llegó a barajar la posibilidad de eliminar a Assange con un dron), The Guardian hizo todo lo que estuvo a su alcance para sabotear al socialista Jeremy Corbyn, a quien asoció con el antisemitismo y tildó de «populista de izquierdas» cuando este dirigía el laborismo británico.
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En la entrevista de 2011 con Mark Davis, Assange se refería a sus «socios mediáticos» en estos términos: «Lo que mueve a un diario como The Guardian y The New York Times no son sus valores éticos, sino su mercado. En Reino Unido ese mercado es el de los “liberales educados”. […] El periódico no es un reflejo de los valores de la gente que forma esa institución, sino un reflejo de la demanda del mercado». Cook aporta, en su nota de CounterPunch, su propia reflexión: La indiferencia de los grandes medios de comunicación ante el juicio a Assange «pone de manifiesto que practican muy poco el tipo de periodismo que supone una amenaza para los intereses empresariales y del Estado y que desafía al poder real. No sufrirán la suerte de Assange porque no pretenden hacer el periodismo en el que se especializaron Assange y Wikileaks». En Estados Unidos, medios como The New York Times y The Washington Post «reflejan los mismos defectos que los partidos Demócrata y Republicano», piensa el británico: «Celebran el capitalismo globalizado basado en el consumo, favorecen una política insostenible de crecimiento infinito en un planeta finito e invariablemente respaldan las guerras coloniales, motivadas por el beneficio y esquilmadoras de recursos, aunque en la actualidad se disfracen de intervenciones humanitarias. Los medios de comunicación y los partidos políticos alineados con las grandes corporaciones sirven a los intereses de la misma clase dirigente, porque están integrados en la misma estructura de poder». Wikileaks, en cambio, «nos ha permitido contemplar al poder en bruto, desnudo, antes de que se vista de traje y corbata, se engomine el cabello y esconda el cuchillo».
