A un año y medio de la llegada de Luis Lacalle Pou a la casa de gobierno, sería una mirada algo parcial centrarse exclusivamente en las fallas, las irregularidades o las fisuras en la coalición, más o menos ruidosas, que construyen el fuego cruzado de los titulares. Son esas cuestiones fácticas que, por cierto, hacen a la política, pero que no lo son todo. Despejada la niebla instalada por la pandemia, es posible reconocer la matriz de pensamiento que ha moldeado sus políticas.
A fines de julio, el expresidente Luis Lacalle Herrera, después de ser ungido como presidente del comité ejecutivo nacional herrerista –decisión que sobrevino al mojón de las 700 mil firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC)–, concedió una entrevista que pasó algo desapercibida. Lacalle, el hombre que siempre estuvo, describiría allí sin demasiada ambigüedad la marca en el orillo de la corriente fraguada por su abuelo y que hegemonizaría la interna del Partido Nacional por casi todo el siglo XX, a excepción del paréntesis aportado por el liderazgo de Wilson Ferreira entre 1971 y 1988. El medio elegido era nada menos que la radio Rural, donde los entrevistadores, entre ellos el efusivo panelista televisivo Fernando Marguery, invitaron al expresidente con la excusa de conversar sobre su reciente libro La historia vivida. El Herrerismo 1980-1995, primer tomo de una anunciada trilogía autobiográfica.
Las preguntas, hay que decirlo, fueron al meollo y las autodefiniciones no tardaron. Entre los trazos del ADN herrerista caracterizados por Lacalle Herrera aparece: «Un análisis crítico del rol del Estado, creemos más en la iniciativa privada sin perjuicio de un Estado que proteja y ampare a los más débiles»; «Un liberalismo de cuño sajón», más en la línea «de la revolución norteamericana que de la revolución francesa»; «Somos conservadores de los principios y valores, pero en lo pragmático [de] lo que sirva para aumentar la libertad de la gente» y «nacionalistas de un solo país, de Uruguay […] no entramos en la patria grande y todas esas cosas». A pesar de describir la marca de fábrica con nitidez, el expresidente rechazó definir el tronco de pensamiento dinástico como una ideología (algo «cerrado y completo»), sino como una matriz apoyada en dos o tres ideas abstractas («pocas pero muy fuertes»: libertad, propiedad privada y Estado de derecho), que se empeña en bajar a la tierra para decir: «Acá un poco más de Estado y acá un poco menos». El cuadro resulta muy rico para describir a la actual tercera generación del herrerismo –«una mutación», admitiría el propio Lacalle Herrera, a tono con las épocas pandémicas–, que, a su criterio, sigue los principios fundacionales. Como le recordaron, algo gozosos, los conductores, «la fruta no cae lejos del árbol».
ESTADO MÍNIMO
El ejercicio de identificar políticas en proceso durante el actual gobierno que se encuadran en la matriz herrerista no parece forzado, porque, además, es una pertenencia que se asume y se explicita en el campo de la batalla cultural, aunque quizás con la cosmética propia de un tuneo 3.0.
El culto a la iniciativa privada y la defensa de los fundamentos de la propiedad privada no solo quedaron grabados a fuego con la alusión inaugural a los «malla oro», sino que puede advertirse en medidas como la extensión del alcance de la legítima defensa (consagrada en la LUC) o en toda una serie de desregulaciones y beneficios que estimulan a los grandes capitales e, incluso, a actores oligopólicos. Aquí se puede listar desde una política monetaria hecha casi siempre a medida del sector agroexportador o la contención de los salarios hasta las exoneraciones de tasas que debían ser pagadas por los canales de televisión o la predilección por colocar en comités asesores –o en el mismo gobierno– a representantes empresariales en detrimento de los sindicatos (como, por ejemplo, en la educación o en el sistema de medios públicos). La idea que se logró viralizar en tiempos preelectorales, con éxito evidente, es que el Frente Amplio le había otorgado un desmedido poder al sindicalismo, al parecer la corporación culpable del estancamiento nacional. Algo que ahora se compensaría con el avance de otra corporación: la proverbial dueña de la gallina de los huevos de oro.
La idea del Estado mínimo no solo subyace en la austeridad de determinado gasto público, que –más allá de políticas focales obligadas por efecto de la pandemia– ya no solo se intuía en los topes presupuestales y en una suerte de ortodoxia obsesiva con el déficit fiscal, sino también en las polémicas decisiones tomadas en el puerto de Montevideo (con la concesión a Katoen Natie) o en ANCAP. En estos casos, el relato de los presuntos «sobrecostos» de lo público y las supuestas recompensas que la libre competencia proporcionaría a «la gente» opacan los beneficios para determinados actores privados que lograrían posiciones dominantes en el mercado. Estas políticas liberales agresivas con las empresas públicas fueron un sello del herrerismo de los años noventa y en los últimos meses han explicado algunos de los chisporroteos que alteraron la placidez inaugural de la coalición multicolor (la tendencia a favor de capitalistas extranjeros, por ejemplo, amenaza con seguir estimulando el perfilismo de Cabildo Abierto, presunto partido defensor de los capitales nacionales). A propósito, la mencionada parada de carro radial de Lacalle (padre) al patriagrandismo «y esas cosas» sonó a un desmarque de los guiños a Alberto Methol Ferré hoy en boga entre los liderados por Guido Manini Ríos y el Movimiento de Participación Popular. Habrá que ver, en este sentido, qué resulta del emblemático pragmatismo herrerista o de la política exterior «realista» ensayada por Lacalle Pou en su negociación con los socios del Mercosur para lograr acuerdos bilaterales por fuera del bloque.
CARIDAD MÁXIMA
Pero quizás otra línea matricial menos comentada es la delatada por políticas de asistencia que se apoyan en la responsabilidad social empresarial, en la apuesta por fundaciones (Uruguay Adelante, A Ganar, etcétera) y mecenazgos (a quienes se les descuentan impuestos, con un formato al que el Frente Amplio también supo ser funcional), y en el incentivo de una evangelización emprendedurista desde arriba, también muy anglosajona, a partir de una red de «ángeles» y «mentores». Esa es la contracara de la opción por un Estado robusto que, más que «amparar» y ser caritativo con los dineros sobrantes, persigue un proyecto igualitarista. Dicho de otro modo: no naturaliza las diferencias de origen y concibe a los destinatarios de sus políticas sociales como sujetos de derecho.
En este eje, se hace necesario recurrir a las páginas de El liberalismo conservador, el último libro de Gerardo Caetano. En su ineludible genealogía de los liberalismos no solidaristas uruguayos, aquellos de fuerte cuño opositor al batllismo jacobino, el historiador también rastrea la génesis de esa filosofía política más propensa a la caridad que a la igualdad, subyacente en los discursos y las acciones del actual gobierno. No solo hurga en las fuentes ideológicas de Luis Alberto de Herrera, sino en el conservadurismo radical de otro contemporáneo, José Irureta Goyena, fundador de la Federación Rural: «Yo os exhorto, simplemente, a mostraros generosos con vuestros servidores […]. Si esto no se hallara prescripto por la justicia estaría mandado por la caridad […]. Gracias a las condiciones del medio ambiente, el estanciero puede a la vez ser empresario y amigo del peón, jefe y consejero, patrón y protector, mezclándose íntimamente en la vida de sus servidores».
En este sentido, más allá de las distancias temporales y de ciertos pragmatismos que el neoherrerismo gobernante ha debido ensayar, encorsetado por su pacto de gobernabilidad, la pandemia y –ahora– por la sombra del referéndum, la matriz y su aplicación han quedado explícitas. En lo que viene, ya sin el dique de la covid-19, las contradicciones y las movilizaciones que comienzan a aflorar con potencia en la sociedad, como correlato de la agresividad en la ejecución del libreto, marcarán el pulso en el decisivo segundo tramo del gobierno.
