El gobierno plantea severos recortes para la Universidad de la República

La sutil apuesta al país del conocimiento

La Universidad de la República ya sufre la impronta restrictiva del gobierno: el Ministerio de Economía le retacea partidas mensuales correspondientes al presupuesto anterior y todavía no resolvió cómo le pagará los aportes por la emergencia del covid-19. Pero lo peor está por llegar, porque el Ejecutivo propone reducirle los recursos para gastos e inversiones entre, al menos, un 15 y 20 por ciento en el próximo presupuesto quinquenal. La Udelar define esta semana qué aumento presupuestal pretende y ya piensa en una movilización social que podría derivar en una huelga.

Paraninfo de la Universidad de la República. Héctor Piastri

Si lograr un acercamiento entre las pretensiones presupuestales del Poder Ejecutivo y la Universidad de la República (Udelar) fue dificultoso en los quinquenios anteriores, ahora parece imposible en vista de los planes restrictivos del gobierno de coalición. La tensión ya se percibe con la instrumentación del decreto 90/20, que el Ejecutivo emitió con el fin de achicar los gastos del Estado en 900 millones de dólares para 2020. Aunque en su calidad de ente autónomo la Udelar rechazó el exhorto de recortar el 15 por ciento de los fondos para gastos e inversiones de 2020, ya sufre en varios servicios el impacto de la medida gubernamental (véase recuadro).

En medio de este escenario, se agita la discusión por el presupuesto quinquenal. Como es de orden, a fines de agosto los legisladores comenzarán a evaluar las propuestas del gobierno y de la Udelar, para definir la propuesta final que se plasmará en la ley de presupuesto. Con ánimo de lograr una convergencia antes de llegar al Parlamento, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) convocaron a la Udelar para informarle sobre los alcances del recorte previsto por el decreto 90 para este año y sobre el punto de partida propuesto para el próximo quinquenio. De las conversaciones surgió algo seguro: la línea de base presupuestal, en términos reales, es inferior al gasto ejecutado en 2019 y el recorte impactará en el rubro de gastos e inversiones en forma drástica.

«Los cuadros del Ministerio de Economía y la OPP nos informaron que la línea de base pretendida por el gobierno para ambos rubros es entre 15 y 20 por ciento inferior al 2019. Eso es grave», advirtió a Brecha el rector Rodrigo Arim.

Por el momento, desconoce cuál es el recorte presupuestal global que se plantea, aunque para la Udelar lo relevante es que solamente un aumento del presupuesto quinquenal evitará un retroceso con serias consecuencias para las proyecciones de la institución y para el desarrollo del país.

La segunda reunión entre las partes está fijada para el jueves 23. Se prevé que, entonces, la Universidad presente los lineamientos para el presupuesto quinquenal. Arim señaló que la Udelar definirá esta semana el monto global del presupuesto que pedirá para el quinquenio, más los ajustes anuales por rendición de cuentas. «Estamos en proceso de refinamiento de la propuesta. Pediremos un incremento presupuestal imprescindible para acompasar la evolución de la demanda».

En la última década, todos los índices de actividad de la institución aumentaron, pero los fondos obtenidos no alcanzaron para absorber ese crecimiento. Además, en 2001, las partidas de gastos e inversiones dejaron de actualizarse con el IPC o con el índice de costos a la construcción, con lo cual la Udelar perdió poder adquisitivo drásticamente. «El objetivo es compensar esas brechas que se generaron en los últimos años en el rubro inversiones, en el que no hubo ajustes por inflación. Planteamos la recuperación del poder de compra y una expansión de la capacidad de la institución, para atender una demanda creciente. Hasta ahora no tenemos documentos escritos, pero si el recorte se concreta, será extremadamente grave», insistió el rector.

LO QUE VENDRÁ

Al ser consultado por Brecha, el consejero Gregory Randall, miembro de la Comisión de Elaboración Presupuestal y grado 5 de la Facultad de Ingeniería, se negó a adelantar una cifra. «El número que necesitamos sería demasiado alto para la crisis actual. Vamos a posponernos y limitarnos, dentro de la lógica de la coyuntura nacional, siendo cautos, a partir de números objetivos. Pero lucharemos por un presupuesto que debe incrementarse, porque no incrementarlo sería un recorte», opinó.

La actuación de la Udelar en la coyuntura de la pandemia evidenció la importancia de la soberanía del conocimiento, la ciencia y la tecnología. «Para eso es necesario preservar y acrecentar edificios, laboratorios y, sobre todo, grupos humanos capacitados, que estén actualizados con respecto al conocimiento mundial, tanto de profesionales de todas las áreas como de investigadores capaces de aportar nuevas soluciones. Ese es nuestro recurso más precioso, que se puede perder rápidamente», señalaba el Consejo Directivo Central en mayo.

En este contexto, Randall opinó que achicar el presupuesto para gastos e inversiones tendrá «consecuencias muy peligrosas». Le preocupa, por ejemplo, el futuro del régimen de dedicación total (RDT), «la columna vertebral» de la investigación nacional. Si bien la ANII o el Pedeciba apoyan aspectos puntuales de los proyectos, la dedicación total es lo que permite vivir de investigar: es lo que conecta a la Universidad con la comunidad científica del mundo, contribuye a la solución de problemas importantes para el país y a la extensión cultural en la sociedad.

Actualmente, 1.200 personas se dedican a la Udelar en tiempo completo, pero, según Randall, hay más de 70, casi todas jóvenes con doctorado recién terminado, que desde hace un año tienen evaluación positiva para ingresar al RDT y no han podido hacerlo por falta de presupuesto.

«Uruguay invirtió muchísimo dinero en formar doctores en distintas áreas de conocimiento, y hay un grave problema de inserción. Aunque los jóvenes científicos pueden desarrollarse también en el Instituto Pasteur, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable o el INIA, estas instituciones absorben mucho menos personas que la Udelar», acotó Randall.

Si no hay recursos ni incentivos, se perderá una inversión de diez años: «Los recursos humanos altamente capacitados irán a los países del norte, que ya los esperan con los brazos abiertos, o abandonarán la carrera científica. Luego hay gente que se formó en el extranjero y volvió a Uruguay atraída por las posibilidades que ofrecía la Udelar; si el gobierno no da señales, también se irán», lamentó.

Para el doctor Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) y grado 5 de la Facultad de Ingeniería, una reducción que expulse a los científicos provocará «daños duraderos». Considerando el ciclo de formación, inserción a los grupos de investigación y comienzo de la producción, sustituir al que se va toma entre diez y 12 años. Adicionalmente, si se recortan los recursos para becas de posgrado, generación de cargos docentes jóvenes y RDT, podrían perderse carreras completas porque no habrá camada joven para reemplazar a quienes se van jubilando, explicó.

«La visión más general que tenemos como gremio es que, sin dudas, en este momento de crisis que atraviesa el país es cuando se hace más necesario invertir en educación y en generación de conocimiento», señaló Cancela. Un dato relevante, en ese contexto, es que si la matrícula creció en momentos de prosperidad económica, aumentará por efecto del desempleo. «Cada vez más jóvenes se volcarán a estudiar, porque se han dado cuenta de que hay un cambio en el perfil laboral y hay que formarse más para adaptarse a los avances tecnológicos», razonó. Recordó, en este punto, que el covid-19 debe observarse también como un acelerador de tendencias y transformaciones: «Aceleró el uso de las tecnologías para la educación y el uso del comercio electrónico, aceleró el proteccionismo, porque debilitó los flujos internacionales y también aceleró los cambios en las matrices productivas. Si no analizamos la coyuntura, si no vemos cómo estos cambios internacionales impactan en el país y no nos preparamos para afrontarlos, la vamos a pasar muy mal», enfatizó.

Parte de la elaboración presupuestal actual, entonces, apunta a definir «un estándar de atención», teniendo en cuenta la evolución del número de estudiantes en la Udelar y su relación con el número de docentes disponibles en los últimos años. También habrá que encontrar la forma de continuar las obras, retrasadas o paralizadas por falta de recursos. «Según estimaciones de la Dirección General de Arquitectura, de no haber un incremento presupuestal importante para este programa, las obras pensadas originalmente para el período 2015-2019 podrían concretarse totalmente recién hacia finales de la década», establece el documento de la convención de ADUR.

EMBATE Y MOVILIZACIÓN

La decisión ya anticipada de aplicar un recorte presupuestal no ha sido fundamentada, pero el rector Arim confía en que existan «los mecanismos de intercambio previo; que no sea la imposición de una cifra». Se espera que el Ministerio de Economía y la OPP comuniquen por escrito sus intenciones en la tercera reunión con la Udelar, estimada para mediados de agosto. Por lo pronto, la semana próxima el rector comenzará una gira por las sedes del Interior para informar sobre las líneas universitarias y la propuesta quinquenal que negociará.

Este será el inicio de una movida institucional tendiente a que el Ejecutivo, los legisladores y la ciudadanía entiendan la relevancia del planteo de la Udelar. «Si el gobierno insiste en su política restrictiva para la educación y la ciencia, apelaremos a la movilización pública y a la protesta social, como lo ha hecho la Universidad en otras instancias», adelantó Arim.

Al presidente de ADUR, en tanto, le cuesta entender que el gobierno elija cortar por cinco años la posibilidad de generar conocimiento. «No entiendo mucho qué modelo de país podemos tener con menos educación y menos conocimiento incorporado. […] Puede haber una discusión razonable sobre la asignación de recursos dentro del Estado, pero justamente las actividades vinculadas a la educación son las que tienen una necesidad práctica. A menos que la apuesta sea a la educación privada», deslizó Cancela.

Randall no cree que todos los miembros de la coalición detenten una postura contra la universidad pública: «Más bien hay una convicción ideológica equivocada de que restringiendo el gasto del Estado de manera brutal le harán un bien a la economía. Creo que eso destruye y llevará al país a una mayor crisis, pero hay personas que piensan así», opinó. No obstante, identifica algunos sectores que socavan la chance de expansión universitaria: «Hay un sector que no cree en la importancia del Estado, lo menosprecia y prioriza al sector privado. Luego, hay sectores contrarios a la Udelar porque ven pensamiento crítico y creen que la institución está ideologizada o, directamente, no confían en la soberanía científica».

En cualquier caso, espera que prime la sensatez: «Esta es una historia que se repite porque el [Isaac] Alfie que hoy encontramos en la OPP es el mismo que en 2002 retaceó los gastos de la Udelar. Es un personaje que se caracteriza por regatearle fondos a la Universidad y a la ciencia. La Udelar ha sabido encontrar caminos de negociación en anteriores quinquenios y hace muchos años que no tenemos huelga universitaria, pero si la situación se pone en los términos que se está planteando, espero que la Udelar se levante en defensa de lo que consideramos justo: una universidad pública y una ciencia fuerte para el desarrollo».

Economía aplica recortes por fuera de la normativa

Un decreto a prepo

Pese a que la Udelar rechazó el exhorto del Ejecutivo para aplicar el recorte de 15 por ciento previsto en el decreto 90/20, el Ministerio de Economía se lo aplica tácitamente.

Días antes de dictaminar la emergencia sanitaria por covid-19, el gobierno aprobó el decreto 90/20 para los organismos públicos. Por esta vía topeó la ejecución presupuestal para este año, con un recorte equivalente al 15 por ciento de lo comprometido para 2019 en gastos de funcionamiento e inversiones, entre otras disposiciones. La aplicación del decreto es obligatoria para todos los organismos de la administración central, al tiempo que «exhorta» a los organismos con autonomía –como la Udelar– «a adoptar las medidas en el ámbito de sus competencias».

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad evaluó el impacto de aplicar esta propuesta y concluyó, por unanimidad, que la Udelar no cumplirá con el «exhorto» del Poder Ejecutivo. De hacerlo, «afectaría severamente funciones cuyo valor es mucho mayor que el ahorro e implicaría un costo irreparable para el país», remarca la resolución, emitida el 26 de mayo.

Sin embargo, el Ejecutivo está aplicándole el decreto en forma tácita y por fuera de la normativa. El consejero Gregory Randall aseguró a Brecha que el gobierno ejecutó «recortes efectivos» a los créditos presupuestales aprobados por el Parlamento para 2020. «Las partidas mensuales que habilita el Ministerio de Economía para gastos e inversiones llegan por montos inferiores a los previstos y esto obliga a la Universidad a reclamar y estar negociando, mes a mes, con el ministerio. No sabemos si este retaceo ocurre porque el Ejecutivo aplica el decreto por fuera de la normativa o por otras causas, pero está generando una situación muy compleja», declaró.

Esta situación genera atrasos en el pago a las empresas constructoras y crece el riesgo de demandas contra la Udelar por incumplimiento. También complica la compra de insumos básicos para el Hospital de Clínicas o en los comedores universitarios, mencionó Randall.

Por otra parte, la aplicación obligatoria del decreto 90 en los ministerios y agencias estatales está afectando los ingresos extrapresupuestales que obtiene la Udelar por convenios, contratos e instancias de formación para funcionarios de esos organismos. Entre varios casos, aparece el programa de las Unidades Docentes Asistenciales, que funcionan por convenio con ASSE desde 2009.

También preocupa la situación del Polo Tecnológico de Pando, donde, por convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, funciona un centro de transferencia de conocimiento desde la Udelar. «En este momento están desfinanciados, y suspender la incorporación de conocimiento afecta la competitividad a nivel nacional. Si se corta el proceso, se achica la capacidad productiva del país”, acotó el presidente de ADUR, Héctor Cancela.

Trascartón, las restricciones generan dificultades a la Udelar para seguir afrontando la pandemia. El rector Rodrigo Arim dijo a Brecha que el gobierno todavía no resolvió cómo financiará «los aportes» de la Udelar para ayudar al país con la emergencia sanitaria y que tampoco se han efectivizado las partidas correspondientes a los test de diagnóstico del covid-19 que realizan los laboratorios universitarios en Montevideo y el Interior.

OTROS DAÑOS

Un recorte de 15 por ciento en las partidas de gastos e inversiones de la Udelar, según analizó el CDC en mayo último, afectaría:

—  La política de becas de posgrado (150 por año) y las becas para estudiantes de bajos ingresos.

— La compra de insumos para garantizar la atención a la salud en el Hospital de Clínicas. Alrededor del 40 por ciento de lo que se recibe para gastos de funcionamiento se destina a los proveedores del hospital.

—  Los suministros de material didáctico para más de 139 mil estudiantes y el mantenimiento del mobiliario usado en las diferentes sedes.

— El financiamiento de la investigación científica, que requiere insumos, equipamiento de diverso porte, publicar y asistir a eventos científicos.

—   La construcción de varios edificios universitarios: el edificio de laboratorios en la sede Salto (regional Litoral Norte), que incluirá el primer laboratorio de bioseguridad nivel 3 del país; la nueva Facultad de Veterinaria en el noreste de Montevideo, o el edificio destinado a enfermería y las escuelas médicas, entre otros.

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