La clave de la maniobra residía en arrebatarle al Partido Popular (PP) el socio político que le permitió hace casi tres años consolidar su poder territorial: Ciudadanos, la formación de centroderecha liberal que dirige Inés Arrimadas. Así, el 10 de marzo, los diputados de este partido en la Asamblea de Murcia se unieron insospechadamente a los del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presentaron una moción de censura contra el gobierno de esa región del sureste español, presidido por el PP, pero del que hasta entonces Ciudadanos también formaba parte. Alegaron que la movida pondría fin a las prácticas corruptas de los populares, entre las que se encuentra, afirmaron, la existencia de «vacunatorios VIP» contra el covid-19.
La operación parecía ser la primera parte de una ofensiva estatal que también desalojaría al PP de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-León y Madrid, donde también se sostiene con apoyo de Ciudadanos. De haber prosperado, lo hubiese despojado de regiones donde gobierna desde hace más de 25 años y en las que ha desarrollado fuertes redes clientelares y un programa caracterizado por la privatización del sector público y la reducción del gasto social.
El PSOE, que controla el gobierno central desde hace casi tres años, quería, asimismo, hacer un guiño al electorado centrista de Ciudadanos, a quienes su participación en los pactos tripartitos con la derecha más dura del PP y Vox llevó a un descalabro, esta vez en las elecciones catalanas de febrero, y a su actual implosión en las encuestas. Al mismo tiempo, con el triunfo de la operación murciana el PSOE remarcaría su protagonismo en la escena política española y condicionaría así aún más la actuación en el gobierno de Unidas Podemos, otro partido en retroceso en las últimas citas electorales y con graves fracturas internas en Galicia, Madrid y Andalucía. A corto plazo, además, la simpatía de la bancada liberal en el Congreso de los Diputados les permitiría a los socialistas tener un sustituto, en la complicada aritmética parlamentaria de la actualidad, para los necesarios votos que hoy les presta a regañadientes Esquerra Republicana de Catalunya, partido independentista que les resulta cada vez más incómodo.
CONTRAGOLPE CONSERVADOR
Pero el PP reaccionó con celeridad y contundencia: en Murcia, donde su padrinazgo es omnipotente, a último momento tres diputados de Ciudadanos se desmarcaron de la moción de censura que ya habían suscrito y pasaron ahora a ser miembros de un nuevo gobierno de derechas; en Madrid, la polémica presidenta autonómica, Isabel Díaz-Ayuso, atajó las dos mociones de censura que se le venían encima convocando elecciones para el 4 de mayo y rompiendo su pacto local con Ciudadanos.
La decisión dio al traste con la maniobra socialista y dejó a Ciudadanos al borde de la desintegración. El PSOE desestimó la fuerza de la maquinaria del PP: una estructura territorial que se ha extendido por comunidades en las que gobierna ininterrumpidamente desde hace 25 años, aceitada en prácticas de dudosa legalidad, razón por la que las defiende con ahínco. Todavía está en curso el juicio por la financiación ilegal y la contabilidad paralela que durante años mantuvieron los populares y que incluye sobresueldos en negro que, de acuerdo con las denuncias bajo investigación, alcanzarían a los expresidentes del gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy (véanse «Hasta nunca» y «La España de la pizza y el champagne», Brecha, 1-VI-18 y 28-X-16).
Ante el fracaso del contubernio con Ciudadanos, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo se ven obligados a mantener firme la coalición oficialista con Unidas Podemos. El entendimiento no es malo: los socialistas marcan el paso y la recientemente anunciada candidatura de Pablo Iglesias para presidente de la Comunidad de Madrid suprime el elemento que quizás más tensiones venía generando en el Ejecutivo. En tanto, Sánchez intenta por estos días deshacerse de las viejas estructuras dirigenciales del PSOE, tan hostiles a su persona y su proyecto.
«COMUNISMO O LIBERTAD»
En las elecciones autonómicas de mayo de 2019, la lista del PP, encabezada por Díaz-Ayuso, quedó en segundo lugar detrás del PSOE. Consiguió 30 diputados, 18 menos que en 2015. El PP pagaba su desmantelamiento de lo público y, sobre todo, por la corrupción, que, entre otros altos funcionarios, llevó, en 2017, a Ignacio González a prisión, su exsecretario general en el ámbito madrileño y quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015. A pesar de esta derrota en las urnas, un acuerdo con Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox le permitió investir presidenta de la comunidad a su candidata.
Periodista, afiliada al PP desde 2005, Ayuso se ganó la confianza de su antecesora en el gobierno madrileño y mujer fuerte del partido, Esperanza Aguirre, de quien manejaba las redes sociales. Para ella creó y gestionó la cuenta de Twitter de su perro, Pecas, encargada de viralizar la propaganda de Aguirre y donde publicaba tuits memorables como: «Los comunistas no quieren que me paseen. No quieren libertad. ¡Guau!».
Sus dos años de mandato se han caracterizado por el personalismo y la confrontación sistemática, evitando cuidadosamente el debate respecto a los resultados de su gestión. Han llamado la atención de propios y ajenos sus peculiares medidas para atajar la expansión de la covid-19, con las que ha optado por ensañarse con obreros e inmigrantes (véase «La dignidad del sur», Brecha, 2-X-20), y su enfrentamiento a las políticas sanitarias desplegadas por el gobierno central en respuesta a las elevadas cifras de contagio y saturación hospitalaria de la capital española, lo que no ha privado a Ayuso de denunciar la «madrileñofobia» gubernamental.
El suyo es un populismo de derecha dura, resumido en el que ha propuesto como su eslogan de campaña para mayo: «Comunismo o libertad». La estrategia es apoyada por el líder del PP, Pablo Casado, cuyo liderazgo partidario, no obstante, peligra: si Ayuso logra la mayoría absoluta en Madrid, como ella piensa, será la victoria de ambos; si no consigue repetir gobierno en la Comunidad ni siquiera con el apoyo de Vox, Casado será el culpable de alentar una estrategia suicida. Recordemos que en 2019 Ayuso cosechó apenas el 22 por ciento de los votos.
El socialismo, vencedor en aquella justa, parece de nuevo el favorito. Su imagen de partido de gobierno modernizado y escorado a la izquierda, de la mano de Sánchez, lo hace destacar por encima de Podemos y la escisión local de este, Más Madrid. El PSOE puede, además y como en Cataluña, llevarse buena parte del voto madrileño de Ciudadanos. Su candidato, Ángel Gabilondo, exministro de Educación y reconocido exrector de la Universidad Autónoma de Madrid –la opción «sensata» entre los «extremismos» de Ayuso e Iglesias–, se vería, sin embargo, perjudicado por una campaña polarizada en la que el debate sobre la gestión quedara ausente.
La apuesta de Pablo Iglesias, en tanto, es una apuesta personal y no ajena a su ego. Ve indispensable que Podemos sea fuerte en Madrid, una necesidad más acuciante que nunca después de las crisis partidarias en Andalucía, Galicia y Cataluña. El ahora exvicepresidente de gobierno considera que sólo su presencia puede salvar a los podemitas de la irrelevancia en la capital española, donde la competencia de la escisión progresista dirigida por su antiguo amigo y compañero Iñigo Errejón pueden dejarlos por debajo del 5 por ciento necesario para tener presencia en el Parlamento autonómico. Iglesias, por otro lado, es una figura odiada por la ciudadanía conservadora y podría movilizar el voto abstencionista de derechas en beneficio de Ayuso. El futuro político de Iglesias, al igual que el de Casado y, en cierta medida también el de Sánchez, tendrá un punto de inflexión el próximo 4 de mayo.
