La intempestiva renuncia por Twitter de Martín Guzmán como ministro de Economía, efectuada el sábado 2 de julio, es otro ítem de una larga lista de desinteligencias en la interna oficial del Frente de Todos. La decisión de Guzmán fue inconsulta y sin tiempo para que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ensayara una explicación. A la misma hora de la dimisión, la vicepresidenta, Cristina Fernández, hablaba en un acto en Ensenada, en las afueras del Gran Buenos Aires, donde señalaba lo que, a su entender, son falencias de la política económica. Veintiséis agitadas horas más tarde, la economista Silvina Batakis aceptaba el cargo de ministra de Economía.
«ESO NO ES PERONISMO»
Desde el traspié electoral del oficialismo en las parlamentarias de noviembre y a partir de la carta abierta publicada en redes sociales a propósito de aquellas elecciones, Cristina Fernández se convirtió en una fiscal implacable del presidente y su gestión. Especialmente crítica de la política económica, no dejó de señalar sus diferencias con el presidente y Guzmán sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en marzo. En mayo, la vice llevó a la renuncia de Matías Kulfas –ministro de Desarrollo Productivo y compadre político de Guzmán– con su denuncia de la falta de resultados en la lucha contra la inflación, que arañó el 7 por ciento ese mes, y tras las disputas de Kulfas con la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, un kirchnerista puro. El tema de esa contienda fue la construcción del ambicioso gasoducto Néstor Kirchner, que distribuirá gas a todo el país desde los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén.
El mes pasado, la expresidenta disparó contra las políticas sociales y laborales del gobierno. En una intervención pública el 20 de junio, recordó que cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, en 2003, los planes sociales alcanzaban un total de 2,2 millones. Cuando ella dejó el gobierno en 2015, quedaba en pie apenas un 10 por ciento de esa cifra, que el macrismo volvió a inflar hasta 800 mil planes sociales. «Quiero ser sincera: tenemos un 7 por ciento de desocupación, pero un millón de planes sociales. Con esa desocupación deberíamos tener menos planes sociales», insinuó Fernández de Kirchner.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron a Brecha que hoy la cifra alcanza 1,3 millones de planes, cuyo manejo territorial está en manos de diversas instituciones. Un 20 por ciento está gestionado por los movimientos piqueteros; el resto se divide entre los gobiernos provinciales, los municipios, la Iglesia católica y organizaciones sociales no piqueteras. En su discurso, la vicepresidenta apuntó contra los movimientos piqueteros, a los que acusó de intermediar para su beneficio con un dinero que debería llegar directamente a las familias que lo necesitan. «El Estado debe controlar las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo. ¡El peronismo es laburo, trabajo! ¡No se puede depender de un dirigente barrial que dé el alta y la baja!», afirmó, en referencia a los piqueteros. Uno de los movimientos piqueteros a los que pareció referir, al ironizar en su oratoria con una alusión a Eva Perón, es el Movimiento Evita, aliado de Alberto Fernández y enfrentado con la vice desde la campaña electoral de 2019.
Como contraparte de este sistema de planes sociales, Cristina Fernández apoya la creación de un salario básico universal, tal como es impulsado por los diputados del Frente Patria Grande –integrante del Frente de Todos–, que ya lo presentaron en el Parlamento como proyecto de ley. Se trata de un ingreso destinado a las personas de entre 18 y 64 años sin empleo fijo o desempleadas, cuyo monto sería de 15 mil pesos (poco más de 100 dólares, dependiendo del tipo de cambio). La iniciativa suma el apoyo de los legisladores de la agrupación La Cámpora y el resto del Frente de Todos, que estiman que con un monto presupuestal de 305.000 millones de pesos, equivalente al 0,7 por ciento del PBI, se alcanzaría a 7,5 millones de personas.
SIN RESULTADOS NO HAY PREMIO
La siguiente crítica frontal de Cristina Fernández al gobierno que integra vino el sábado 2 de julio, cuando habló en Ensenada durante un homenaje por el 48.o aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Allí expuso sobre la necesidad de reorganizar la economía para generar divisas y ampliar el estancado mercado interno. «La situación de la Argentina es muy grave», dijo. «No creo que el déficit fiscal sea la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina», sostuvo en otra parte del discurso. También exhortó: «Tenemos que animarnos a discutir en serio cuál es la verdadera causa de este problema que aflige a los argentinos». Y anunció que se estaba reuniendo con economistas de la oposición.
Cuando la expresidenta hizo esas afirmaciones, no había pasado un mes todavía desde que, en una conferencia del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina, Guzmán dijera que lo necesario para contener la inflación es que «se siga avanzando en el sendero de reducir el déficit fiscal». Días después, el ministro insistió: «El Estado tiene que ir ordenándose, y por eso es tan importante que el déficit fiscal se reduzca. No podemos comparar la capacidad de financiamiento del déficit de la Argentina con la de Estados Unidos. Son cosas diferentes», en una alusión nada velada a la vicepresidenta, que venía haciendo referencias al déficit y la inflación estadounidenses desde hacía meses.
Guzmán nunca fue del agrado de la vice. Llegó al gobierno el 10 de diciembre de 2019, como parte del equipo ministerial armado por el propio Alberto Fernández. Negoció con éxito la deuda con los acreedores privados en 2020 y cerró un acuerdo –cuestionado por el kirchnerismo– con el FMI a comienzos de 2022. En medio de la pandemia de covid-19 implementó un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores informales y los desempleados que debieron enfrentar el encierro sin un salario. En los últimos meses mostró algunos tibios números de recuperación en el empleo y el crecimiento económico, afectados no solo por las secuelas del covid-19 sobre el aparato productivo argentino, sino también por la deuda de 45.000 millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018. «La deuda no debe pagarse sobre el hambre de los argentinos», advirtió la vicepresidenta en medio de las reuniones entre Guzmán y la titular del FMI, Krystalina Georgieva, recordando lo dicho por Kirchner cuando anunció el cese de pagos al comienzo de su gobierno. Guzmán cerró finalmente un acuerdo de facilidades extendidas con el organismo, interpretado por el kirchnerismo como un programa de ajuste sobre la maltrecha economía argentina.
Una quita de subsidios escalonada sobre los servicios públicos y el cumplimiento de los pagos semestrales al FMI fueron las dos disputas entre Cristina Fernández y Alberto Fernández que tuvieron como fusible a Guzmán. El ministro soportó los ataques del entorno de la vice con estoicismo, tratando de explicar su programa económico sin mayores ajustes. Pero la inflación, desbocada desde mayo, y el continuo ascenso del precio del dólar paralelo, negro o blue, que alcanzó los 259 pesos el viernes 1 de julio, chocaban permanentemente con las palabras ministeriales. Como ocurre tantas veces en cuestiones de gestión política, un hecho colateral quebró la paz oficial. Guzmán pretendía mayores poderes y una intervención directa en la Secretaría de Energía para controlar los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta y el gasoducto que los conectará con el resto del país, como lo había hecho previamente Kulfas. Sin resultados no hay premio, sostenían en el entorno presidencial para negarle esa posibilidad, mientras soportaban el intenso fuego cruzado de la vice. Y Guzmán se fue.
LA ÚLTIMA APUESTA
Por lo pronto, Batakis trató de calmar las turbulencias y en su primera aparición ante la prensa confirmó que mantendrá el rumbo económico según lo pergeñado por el presidente y su ahora exministro. Es decir, el acuerdo con el FMI sigue inalterable, así como la segmentación de los subsidios y tarifas de servicios públicos, la búsqueda de equilibrio fiscal y el impulso al desarrollo con especial atención a la cuestión energética. Considera que el actual valor del dólar es «competitivo», permite a los exportadores hacer sus negocios, no especular, y posibilita el ingreso de divisas a una economía sedienta. Advirtió que las fluctuaciones de las finanzas mundiales harán revisar algunos puntos de la implementación del acuerdo con el FMI, aunque sus metas, afirmó, deben cumplirse tal como se establecieron.
Batakis fue ministra de Economía del gobernador bonaerense Daniel Scioli entre 2011 y 2015 y habría sido ministra de la nación si Scioli hubiera accedido a la presidencia que le arrebató Macri en las elecciones de 2015. Curiosamente, ahora compartirá gabinete con su exjefe, que suplantó a Kulfas en Desarrollo Productivo. Junto con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, apuntan a entablar aceitadas relaciones en los mecanismos de producción y financiamiento.
Apenas asumió, Batakis recibió el apoyo de los gobernadores peronistas. A esta altura, ellos parecen ser los únicos capaces de resolver las elecciones de 2023 a favor del oficialismo. Egresada de la Universidad de La Plata como licenciada en Economía en 1992, se identifica como kirchnerista, un dato que incomoda a los empresarios, pero sirve para sanar heridas en la interna del Frente de Todos, cuando falta poco más de un año para las presidenciales. Trabajó hasta el domingo como secretaria de articulación con las provincias, un cargo dentro del Ministerio del Interior, encabezado por Eduardo de Pedro, otro kirchnerista con buena llegada a Cristina Fernández y Alberto Fernández. Es la última apuesta de conciliación en el elenco oficialista de cara a la campaña electoral, en busca de resultados que ayuden a mejorar la imagen del gobierno antes de que esta sea sometida al escrutinio popular.
