Las dificultades de acceso son extraordinarias”

Con Ramón Alberch, experto en archivos y derechos humanos.

Fotos: Fernando Pena

Recuperación, organización y acceso, ese es el “deber ser” de cualquier archivo vinculado al terrorismo de Estado, pero las cosas no son tan sencillas. Muchas veces los documentos han sido manipulados o se mantienen “voluntariamente desorganizados” –y los servicios que los albergan están escasos de personal y de finanzas–, como forma de impedir el acceso a la justicia, las víctimas, los investigadores y la ciudadanía. Además suele conservarse una parte menor del acervo original, para evitar el incriminatorio “efecto búmeran”, como el que ocurre en Uruguay con los archivos del espionaje militar en democracia. El especialista español entiende que el hallazgo de los llamados “archivos Berrutti” es “bastante excepcional”. Eso no quita que este tipo de prácticas que arañan o superan la ficción no sucedan en muchos otros países.

—Es habitual que al hablar de archivos vinculados al terrorismo de Estado se genere un halo de misterio y se despierten expectativas importantes. ¿Cómo deben ponderarse?

—En procesos de transición política, los archivos tienen como características el secretismo y la opacidad para su acceso. Eso les ha conferido cierta aura de misterio. En algunos casos se despierta una cierta fascinación por el documento que lo explica y lo resuelve todo. En ese sentido, la mirada sobre los archivos tiene una distorsión importante. En lugar de verlos como un conjunto orgánico de documentos generados por las policías, los ejércitos o la inteligencia, predomina la mirada hacia el documento excepcional, de un poder demoledor capaz de resolver algún problema, y esto no es así. Ha estimulado esta mirada el hecho de que durante mucho tiempo las dificultades de acceso –y aun ahora– son extraordinarias. La solución es el estudio sistemático de fondos documentales, conservarlos lo más íntegros y descritos posible para que investigadores, periodistas o las personas afectadas puedan acceder de manera directa. Esta debería ser la normalidad, pero no lo es. Porque en general aparece sorpresivamente un fondo documental, oculto en algún lugar, y la noticia acaba siendo la excepción. Pero, además, son archivos muchas veces muy manipulados, desorganizados voluntariamente, y lo que se puede investigar, es decir lo que se conserva –y en esto hay que ser claro– es una parte muy menor de lo que originalmente se había organizado.

—¿Usted dice que la policía, los agentes de inteligencia o los militares tienen, como práctica sistemática, la destrucción de archivos de las dictaduras?

—No se puede generalizar, pero las transiciones acordadas con el poder militar son procesos que duran meses y son producto de pactos, de acuerdos. En España se descubrió muchísima documentación durante este período. En Argentina y en Chile tenemos documentado que ha habido destrucciones de archivos. Cuando se organicen se verá qué falta, pero yo sigo pensando que generalmente existen intencionalidades, porque las mismas personas que trabajaron para las dictaduras, en muchos casos, fruto de esos pactos transicionales, se han mantenido activas en el período de la democracia. La tentación de eliminar pruebas es grande…

—Quizás suene ingenuo, pero la idea de que los militares guardan todo y dejan todo por escrito está bastante instalada. Del denominado “archivo Castiglioni”, por ejemplo, se sabe poco y nada porque permanece incautado por la justicia, pero estaba escondido en la casa del coronel retirado.

—Una de las posibilidades es esconderlos. En los juicios de Núremberg, buena de parte de la acusación fue posible gracias a documentos que la propia Gestapo había escondido. Que los militares son prolijos y la policía es muy meticulosa, sí, porque hay persecución a personas. Pero yo sigo pensando que generalmente en los períodos de transición hay mucha destrucción porque eso que se documentó tan prolijamente puede causar un “efecto búmeran”. ¿Te entregan todo lo que tienen o aquello que ellos creen que les va a perjudicar menos? Esta es la pregunta, nadie se autoinculpa. Excepto que haya habido depuraciones muy claras en el ejército y quienes vengan lo hagan con las manos muy limpias, esas transiciones pactadas tienen la parte buena de que no hay tiros, pero tienen la parte negativa de que son producto de un pacto en el que la impunidad tiene un rol muy importante.

—Justamente, el asunto es cómo desatar ese nudo: la impunidad.

—Memoria, justicia y reparación –y ahora le han añadido garantía de no repetición– es una serie derivada de estudios encargados por las Naciones Unidas. Es decir, forma parte de una doctrina de las Naciones Unidas que sostiene que los anclajes son estos y los archivos colaboran para esto. Tenemos, entonces, unos principios cuya clave es: recuperación, organización y acceso a los archivos. Esa es la secuencia adecuada: que los archivos estén íntegros, no manipulados ni recortados en su contenido; que se puedan organizar de manera adecuada con criterios profesionales; y tercero –y esta es la piedra de toque de muchos países– que sean accesibles.

—¿Cuáles deberían ser los criterios de acceso?

—En derechos humanos debería haber una normativa específica muy bien elaborada, porque no valen los criterios generales de las leyes de acceso a la información. Es decir, una normativa muy ajustada al contexto y las situaciones, para la investigación histórica, para la memoria, para la información al ciudadano, para la pedagogía. Esos son los lineamientos para tipificar mejor el acceso a este tipo de archivos y no dejarlos a merced de pronunciamientos generales. Porque cuando no está muy bien definida la política de acceso, la restricción acaba siendo central, porque ante la duda hay un “no” como respuesta.

URUGUAY/ MONTEVIDEO Foto: Fernando Pena
En la foto: . Foto: Fernando Pena

 —En muchas ocasiones la privacidad es utilizada como excusa para negar documentación. Se transforma en obstáculo…

—Totalmente, es así.

¿Cómo se resuelve conceptualmente la tensión entre el acceso y la protección de datos personales?

—Hay países que lo han resuelto poniendo fechas cronológicas. Han dado acceso irrestricto a los jueces y a los afectados –ahí se tiene que definir cuál es el entorno familiar o próximo que tiene ese derecho–. El problema aparece cuando la solicitud no parte de un tribunal de justicia ni de un afectado, sino de un investigador, un periodista, una persona interesada. En aras de la información al público, tendría que haber un acceso inmediato y con las menores restricciones posibles. De todas maneras, hay un apartado de muy difícil superación, que son los archivos de los servicios de inteligencia. Esa es la gran dificultad aquí y en todo el mundo. Porque son hipersecretos y porque está en juego la seguridad del Estado.

—Hace un momento hablaba de “archivos voluntariamente desorganizados” como una forma de limitar su acceso. ¿Cómo debería presentar el Estado los archivos de derechos humanos frente a la ciudadanía?

—Hay temas muy técnicos, pero digamos que tiene que haber una organización, por niveles, de las tipologías de documentos producidos por cada organismo, de modo que permitan una primera mirada general al contenido. En segundo lugar, tienen que tener una descripción exhaustiva, o sea que sin consultar el expediente puedas ver a qué personas afecta, la temática, la fecha… Es decir, descriptores que permitan recuperar la información. Tercero, que haya una política de valoración, conservación y destrucción sensata y profesional. Y, por último, el acceso: abrirlo al público en esas condiciones. ¿Pero qué ocurre? Muchas veces los estados mantienen voluntariamente desorganizados los archivos sensibles, porque es una manera de evitar el acceso. Me pueden permitir el ingreso, pero si no tienen personal o medios, no hay forma de acceder. Y nunca se sale de este círculo vicioso.

—¿A qué se refiere con “destrucción sensata y profesional”?

—Así como en archivos clásicos hay comisiones integradas por un jurista, un archivero, un historiador y cada uno aporta una mirada sobre el valor de los documentos, en los derechos humanos el contexto de relación de los documentos es muy importante. Mi opinión, elaborada con el tiempo, es que durante un período prudencial de unos cuantos años no debería procederse a ninguna política de valoración de archivos vinculados a los derechos humanos, porque no estamos en condiciones de establecer cabalmente el contexto y también porque da lugar a eliminaciones intencionadas. No hay que eliminar nada, por insignificante que parezca. Esto mismo les trasmití a los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos: protección radical de todo.

—Decía que los archivos de inteligencia son los que presentan mayores dificultades de acceso. El caso del “archivo Berrutti” tiene la particularidad de demostrar que los militares continuaron espiando ilegalmente en democracia con los métodos de la dictadura. ¿Conoce antecedentes similares en otras partes del mundo?

—Es bastante excepcional esto que ocurre en Uruguay. La Cia ha sido criticada por la recurrencia a métodos de uso inadecuados. Hay un libro de un estadounidense, Tim Weiner, periodista del The New York Times, que se llama Legado de cenizas. Historia de la Cia, donde se explica lo instrumentalizada que está esta agencia por el poder político y el Estado. La Cia es un caso multiplicado por cien de lo que ha sucedido aquí. El “hallazgo” del archivo concuerda con “descubrimientos” realizados en otros países y que tienen el común denominador de evidenciar el trabajo intenso y documentado de los servicios de inteligencia en la mayoría de los países. Recordemos que el hallazgo del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala ha dado alas a los juicios contra los gobiernos de la dictadura; asimismo, el archivo del Operativo Cóndor descubierto en Asunción en 1992 ha generado a su vez sorpresas continuas. En este contexto tenemos serias razones para pensar que las investigaciones de los servicios de inteligencia se mueven en dos niveles: los archivos “oficiales”, que aparentemente visualizan la normalidad de la función de defensa y protección del Estado, y otros archivos –generalmente secretos y alejados del control democrático– que usualmente desbordan los márgenes de las competencias de estos servicios de inteligencia e incluso de las propias leyes democráticas. La documentación aportada por Brecha constituye una muestra paradigmática de la pervivencia del accionar clandestino de los servicios durante los períodos democráticos y, a su vez, marca una línea continua, sin interrupciones, de prácticas consolidadas durante la dictadura militar que han seguido ejerciéndose durante la democracia. El carácter de “intocable” del ejército durante las transiciones políticas de dictaduras a democracias ha impedido exterminar de raíz estas malas prácticas, muy arraigadas. Esta constatación, por otra parte, seguramente la podríamos hacer extensible a muchos otros estados, quizás a la mayoría. El caso de la Nsa (Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) estadounidense generó escándalo y evidenció la magnitud del espionaje, fuera de todo control.

—¿Qué medidas deberían tomar los estados frente a estas situaciones?

—Sin haber fórmulas mágicas para resolver este gravísimo problema, entiendo que los estados deben generar los instrumentos de control adecuados para supervisar las tareas de los servicios de inteligencia –en forma de comisiones parlamentarias u otros instrumentos–, y especialmente garantizar un control efectivo sobre los archivos que se derivan de un trabajo que, en períodos democráticos, debe limitarse a garantizar la defensa y la seguridad del Estado. El accionar del Parlamento británico es un modelo de referencia. En Europa aparece de manera recurrente un debate acerca de qué grado de control ejercen los gobiernos democráticos sobre los servicios de inteligencia. Se ha instalado la convicción de que este control es puramente ornamental, de fachada, para aparentar que se controla unos servicios que son en esencia las cloacas del Estado y que actúan frecuentemente de manera absolutamente autónoma y secretista. Cuando se llevan a cabo cambios políticos en las direcciones de los servicios secretos se evidencia públicamente el accionar independiente de estos servicios y su escaso apego al control parlamentario. Queda en evidencia la autonomía de determinados agentes que trabajan con una “agenda” propia y en ningún caso sometida al escrutinio parlamentario. Hay historias reales que hacen efectiva la frase que dice que frecuentemente la realidad supera la ficción.

A la luz de lo que venimos conversando, ¿se formó una opinión sobre el archivo Berrutti?

—El análisis de los documentos desclasificados revela la prolijidad y la obsesión por documentar los hechos. Nada debía dejarse al azar; todo tenía que quedar escrito, sellado y firmado. Estos documentos nos llevan a un debate que debemos enfrentar en cuanto a la veracidad y autenticidad que veníamos comentando (véase recuadro). El carácter secreto de los documentos no les confiere, de entrada, la presunción de veracidad, sí en cambio de autenticidad, dado que están en papel oficial, llevan sello, membrete, firma de la persona autorizada y fecha. En todo caso, la apertura de estos archivos evidencia el acierto de la expresión “archivos búmeran”: archivos creados para reprimir a la ciudadanía, se vuelven pruebas contundentes e inculpatorias contra sus propios autores.

Ficha

Ramón Alberch se doctoró en historia por la Universidad de Girona en 2015 con la tesis “Archivos, memoria y derechos humanos”. Dirigió el Archivo Municipal de Girona y la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona; y se desempeñó como archivero jefe del Ayuntamiento de Barcelona y subdirector general de archivos de la Generalitat de Cataluña. Actualmente es presidente de Archiveros sin Fronteras-Internacional y se dedica a propiciar proyectos de cooperación y docencia internacional en temas vinculados a la gestión de documentos y a las relaciones entre archivos y derechos humanos. A principios de setiembre impartió el curso de educación permanente “Los archivos de derechos humanos” para estudiantes y egresados de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar.

“Hay que diferenciar autenticidad y veracidad”

—¿Cómo puede probarse la veracidad de documentos elaborados en la dictadura?

—Hay que diferenciar autenticidad y veracidad. Un documento es auténtico cuando lo ha producido un organismo que tú puedes delimitar, cuando lo ha firmado una persona que en aquel momento cumplía una función determinada y que se puede mostrar que no ha sufrido ningún tipo de manipulación. Esto en papel es más o menos demostrable, en un documento digital no es tan sencillo. Ahora, yo puedo hacer un documento falso pero auténtico en cuanto a su confección. Por ejemplo, un parte falso intencionadamente: digo que a una persona la fui a buscar a su casa y no estaba, que no se ha podido localizar, y yo me la acabo de “cargar” el día antes, pero hago este documento. La veracidad se puede demostrar con el contexto, pero es muy complicado. En el caso de los servicios de inteligencia, las investigaciones demuestran que un porcentaje elevadísimo de los documentos es intencionadamente falso porque detrás hay una idea clara de distorsionar la realidad. Hace un tiempo, cuatro o cinco años, apareció la noticia de que un agente secreto del servicio de inteligencia británico se había olvidado en el tren de una cartera con una lista de los 300 terroristas árabes más importantes. En una mañana se fueron de Inglaterra doscientos y pico de árabes, creyendo que habían sido descubiertos, y así se los quitaron de encima. Parece ciencia ficción, pero no. Por eso el análisis de contexto debe ser durísimo.

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