Algo sucede en las calles y las izquierdas deberíamos mirarlo. Mientras el debate político se concentra en la gestión y las restricciones presupuestales, los movimientos sociales siguen planteando preguntas profundas.
En Uruguay, las movilizaciones reclaman respuestas frente a Gaza e interpelan al gobierno. La antropóloga feminista Rita Segato, de visita en Montevideo, lleva un pañuelo palestino en sus presentaciones; una solidaridad que conecta luchas contra la dominación.
En Madrid, Maricarmen, una mujer de
87 años, murió poco después de sufrir un desalojo de la casa en la que había vivido durante 70 años. Su historia reabrió el debate sobre el derecho a permanecer en el hogar y convocó manifestaciones masivas. Al mismo tiempo, en Berlín, movimientos de inquilinas e inquilinos cuestionan la concentración de viviendas en manos de grandes empresas inmobiliarias.
Son luchas diferentes. Pero todas nos plantean preguntas. ¿Qué ocurre cuando las demandas sociales se encuentran con los límites de las izquierdas que gobiernan? ¿Qué podemos aprender de ellas para recuperar nuestra capacidad transformadora?
VIVIENDA: MUCHO MÁS QUE UN TECHO
Tener una vivienda, pagar un alquiler o permanecer en el barrio donde construimos nuestra vida no son cuestiones exclusivamente individuales. Dependen de cómo el extractivismo capitalista y financiero organiza el territorio, de las políticas públicas y de las relaciones de poder que producen nuestras ciudades.
Hace casi una década escribí un texto titulado «Sin política de suelo, no hay política de vivienda» (La Diaria, 27-XI-17). Sigue vigente. No alcanza con construir casas o dar subsidios si el mercado determina quién puede vivir en cada zona, cuánto paga y quién es desplazado hacia territorios cada vez más alejados.
El valor del suelo se produce en colectivo: infraestructuras, servicios, inversiones públicas y, sobre todo, vida comunitaria. Sin embargo, buena parte de ese valor termina siendo apropiado de manera privada. La sociedad produce ciudad, aunque no todas las personas puedan habitarla en igualdad de condiciones.
Uruguay tiene una tradición extraordinaria de organización popular por la vivienda. El cooperativismo ha demostrado que existen otras formas de producir hábitat: propiedad colectiva, ayuda mutua y comunidad. También desarrollamos políticas de regularización de asentamientos, relocalizaciones, subsidios para quienes viven en pensiones y un instrumento profundamente redistributivo: las carteras públicas de tierras. Pero no hemos resuelto la disputa por el suelo urbano.
Persisten la precariedad, los alquileres difíciles de pagar, la expulsión de las áreas centrales y una problemática que nos duele: las personas que viven en la calle. Necesitamos discutir los inmuebles del Estado, la producción de vivienda pública en alquiler social, la recuperación de edificios abandonados y las políticas de permanencia. Para quienes no tienen hogar, el programa Abriendo Puertas-Primera Vivienda propone que un hogar estable sea el punto de partida, no el premio final para garantizar un derecho humano.
Desde la gestión en la Intendencia de Montevideo impulsamos Fincas Abandonadas para recuperar inmuebles destinados a usos sociales y medidas para sostener la permanencia de personas en las áreas céntricas. El Estado puede intervenir donde la mercantilización parece inevitable. Pero las respuestas puntuales no sustituyen una política estructural de suelo y vivienda.
PALESTINA: LA SOLIDARIDAD QUE ATRAVIESA LAS FRONTERAS
El internacionalismo ha sido siempre parte de las tradiciones de las izquierdas. La solidaridad con pueblos sometidos a ocupación, colonialismo y dominación ha integrado de manera explícita nuestros proyectos emancipatorios. Hoy, frente a la destrucción de Gaza, las organizaciones sociales recuperan esa tradición con movilizaciones en las calles y exigencias concretas a los Estados.
En Uruguay, el debate alcanza las posiciones del gobierno frente a Israel. La utilización del término genocidio es parte de la controversia. Nombrar es político: es una categoría jurídica precisa y una exigencia de reconocimiento de la gravedad del exterminio.
Obviamente, aunque un gobierno tiene responsabilidades distintas a las de un movimiento social, las organizaciones cumplen una función democrática cuando interpelan, reclaman coherencia y exigen posturas políticas y acciones concretas. La movilización por Palestina, además, reúne generaciones distintas que recuperan la convicción de que la justicia no termina donde terminan las fronteras. La calle no sustituye a las instituciones, pero tampoco debería subordinarse a sus tiempos y sus límites.
FEMINISMO: TRANSFORMAR LAS RELACIONES DE PODER
Los feminismos convirtieron experiencias privadas en asuntos políticos. Lo hemos llevado a las calles desde hace décadas y cada vez más mujeres sostienen este principio. La lucha contra la violencia hacia las mujeres y la desigualdad económica, por los cuidados, por el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, y la participación política en pie de igualdad, entre otras, son reivindicaciones que ingresaron en las agendas públicas y se tradujeron en conquistas, leyes, políticas.
Reconocer derechos debería equivaler a transformar las relaciones que producen desigualdad, pero no siempre sucede. Hemos avanzado en el campo de los cuidados, pero las mujeres siguen sosteniendo la mayor parte del trabajo necesario para la vida; hemos promovido la formación de gobiernos paritarios aun reproduciendo silenciamientos e invisibilidades; hemos incorporado la perspectiva de género al urbanismo sin lograr modificar las prioridades territoriales que generan desigualdad.
El feminismo en las calles, en el Parlamento, en los distintos niveles de gobierno, a la interna de los partidos políticos y en la cotidianeidad de la vida seguirá cuestionando cómo se distribuyen los recursos, el tiempo y el poder.
RECUPERAR LA CAPACIDAD DE TRANSFORMAR
Estas tres luchas muestran tensiones entre los movimientos y las izquierdas que gobiernan. Quienes hemos gestionado sabemos que siempre existen restricciones presupuestales, jurídicas y relaciones de fuerza difíciles de modificar. Pero no todos los límites son iguales: algunos responden a decisiones sobre qué prioridades y conflictos estamos dispuestas a asumir.
Quizás estemos mirando las luchas sociales desde el lugar equivocado. Ante los cuestionamientos a gobiernos progresistas, quienes son objeto de esas críticas suelen alegar dificultades de gestión. Pero –me incluyo– podríamos tener humildad y dejarnos interpelar: ¿qué están produciendo políticamente esos movimientos que necesitamos recuperar?
El cooperativismo construye otras formas de habitar. Los feminismos muestran que lo considerado natural puede convertirse en disputa política. La solidaridad con Palestina recuerda que defender la dignidad humana exige responsabilidades más allá de las fronteras. Son experiencias distintas, pero comparten algo esencial: no esperan a que las instituciones definan los límites de lo posible, se organizan para ampliarlos.
Gobernar siendo de izquierda es imprescindible, pero no suficiente. Las políticas públicas mejoran la vida, redistribuyen recursos y amplían derechos; conquistas que debemos defender. Pero transformar exige modificar las relaciones de poder que producen desigualdad. Requiere organización popular, pensamiento crítico, participación sustantiva y capacidad para disputar nuevos sentidos sobre libertad, igualdad y vida colectiva.
La potencia histórica de las izquierdas siempre estuvo en articular acción colectiva y proyectos transformadores. Esa relación no puede limitarse a convocar organizaciones para respaldar decisiones tomadas: exige respetar su autonomía y –sin cooptar los movimientos sociales– aceptar cuestionamientos y compartir espacios reales de decisión.
También exige recuperar la voluntad de asumir conflictos, poner el cuerpo a confrontar con el capital, el patriarcado y el poder del lobby israelí. Porque ninguna transformación profunda deja intactos los intereses y privilegios.
Tal vez las luchas que hoy incomodan a las izquierdas sean también las que pueden ayudarlas a recuperar su horizonte transformador. La política no es administrar mejor los límites de lo posible, sino volver a construir colectivamente las condiciones para transformarlos.
(Silvana Pissano es arquitecta, política y feminista. Fue alcaldesa del Municipio B [2020-2025] y directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo [2015-2020])
