El proyecto de presupuesto quinquenal del Ejecutivo ha sido definido como «cosmopolita, optimista, audaz» y «austero» por el titular de Economía, Gabriel Oddone; el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, sostuvo que es un «presupuesto de izquierda». No obstante esos adjetivos, a la vez los jerarcas gubernamentales advierten sobre su contenido restrictivo, que no es capaz de satisfacer las aspiraciones de todos los incisos que componen el Estado. La razón para la austeridad que lo signa es explicada por el estado de las cuentas públicas heredadas. Oddone ha insistido en que el 2,8 por ciento de déficit fiscal anunciado por la anterior administración se quedó corto: llega, en realidad, al 4,2 por ciento y hasta el 4,6 por ciento, si se suman pagos postergados y adelanto de impuestos correspondientes a este año, abonados por parte de las empresas públicas. Incluso se ha manejado que es el peor déficit fiscal en 30 años. Sin embargo, documentos oficiales del gobierno que precedió al de Luis Lacalle Pou relativizan esa afirmación, pues indican que el déficit fiscal que dejó el último gobierno de Tabaré Vázquez era de 4,5 por ciento. Es decir, similar al recibido por Yamandú Orsi. Por lo tanto, la diferencia con el presupuesto quinquenal de Lacalle Pou no estriba tanto en el escenario previamente determinado, sino en una actitud distinta, que evita la disminución del gasto y la inversión como solución para las cuentas públicas. El proyecto de este Poder Ejecutivo incrementa el gasto en 140 millones de dólares. Otra discusión es si esos recursos son suficientes para resolver los problemas económicos y sociales heredados.
El economista y diputado Bruno Giometti (1001, FA) indicó a Brecha que «el presupuesto tiene algunas cuestiones que creo son muy valiosas, compartibles. Algo que me parece importante destacar son los tres ejes que se plantean como orientadores y estratégicos, ya que, además del crecimiento económico y la seguridad, aparece el tema de la reducción de la desigualdad». Giometti señala que no se recorta el gasto, pese a la situación compleja de las cuentas públicas, y se opta por una consolidación fiscal mediante la vía del aumento de ingresos para el Estado, «pero atendiendo medidas tributarias que no recaen sobre los ingresos de los trabajadores y apuestan a una mayor eficiencia en la recaudación». En cuanto a la aplicación del «IVA Temu», el legislador opina que su incidencia es menor y que todos los países de la región lo gravan. «Chile, Perú, México y Colombia aplican ese gravamen a las compras en internet».
Empero, Giometti reconoce que, con los recursos previstos, la atención a la pobreza infantil (y a los hogares pobres donde habitan) «sigue la lógica de transferencias monetarias». Se prevé un aumento del 50 por ciento en el Bono Crianza (de 0 a 3 años y para embarazadas), que llegaría a 3.339 pesos mensuales y no de forma inmediata. «Ninguna familia vive con eso; a lo que ayuda es a tener una base mínima de acceso a bienes y servicios para empezar a poder salir de la situación en que están esos hogares», evalúa el diputado.
MALESTARES
En general, hay entre los referentes frenteamplistas un abroquelamiento en torno al mensaje presupuestal, aunque algunos dirigentes consultados por este semanario son críticos en privado e indican que la pobreza, incluida la infantil, es consecuencia de un modelo productivo (agroexportador y productor básicamente de commodities) que expulsa gente de la producción dominante y la amontona en asentamientos en el área metropolitana y en los suburbios de las capitales departamentales. Por eso entienden insuficiente que en el proyecto presupuestal se hable a secas de crecimiento y no aparezcan líneas tendientes a ampliar la matriz productiva, con rendimientos industriales apalancados por el Estado, que promuevan trabajo de calidad para actuar de forma estructural sobre la pobreza y la desigualdad.
Otro frente de disconformidad con la asignación presupuestal está en los entes de la enseñanza pública, en especial en lo previsto para la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica y la Administración Nacional de Educación Pública, aunque en esta última las quejas han sido más leves. Sabrina Álvarez, presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), dijo a Brecha que el incremento presupuestal para el quinquenio «es muy magro: 3,5 por ciento. En realidad, lo que plantea es un aumento presupuestal de 350 millones de pesos entre 2025 y 2026, que después se mantiene, más otros 140 millones de pesos para salarios, sujetos a que se firme un preacuerdo con el Ejecutivo. Después se repite año a año. A la Udelar le congelan los fondos en 490 millones de pesos. ADUR se declaró en preconflicto». Otro aspecto que cuestionó Álvarez es que en el tema ciencia y tecnología se desplaza a la Udelar, pues se produce un cambio en la gobernanza y se concentra la gestión en el Poder Ejecutivo.
Tanto la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay se declararon en preconflicto, en disconformidad con la asignación presupuestal. AFFUR incluso declaró persona no grata al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. En su rol de rector de la Udelar, Arim participó en la elaboración presupuestal en la que la institución pidió un 52 por ciento de incremento para el quinquenio. En declaraciones a La Diaria (9-XI-25), Arim sostuvo que el presupuesto destinado a la Udelar es el mejor en muchos años.
Otro temor que asoma en el horizonte es que no se cumpla con el 6 por ciento del PBI para la educación pública más 1 por ciento para investigación. La presidenta de ADUR sostuvo que «la tendencia es a que nos alejemos, y hay economistas que, de acuerdo a la proyección del crecimiento del PBI, estiman que no crecerá el porcentaje».
Giometti, respecto del 6 por ciento, sostuvo que «uno de los desafíos que tiene la bancada es ver cómo se pueden reubicar algunos recursos para atender algunas realidades, como la de la educación pública. Cuán lejos quedamos de los objetivos que están planteados en las bases programáticas del Frente, además de la recomendación de la propia Unesco, es un problema difícil de explicar a nuestra base social, y más dificultoso aún es explicar que va a bajar respecto al presente». Algunas proyecciones estiman que al final del quinquenio el porcentaje respecto al PBI para la educación, siempre que este crezca según las estimaciones del gobierno, podría bajar al 4,2. Hoy está en 4,7 por ciento. La cantidad de fondos hoy asignados no disminuiría, pero sí lo haría con relación al PBI.
