Leoninas

La población mundial desconoce cuánto pagará por las vacunas, cómo se fijan los precios y cuándo llegarán los suministros. Varias multinacionales, con la gigante Pfizer a la cabeza, introducen cláusulas que las eximen de responsabilidades por efectos adversos, las blindan contra los sistemas judiciales nacionales y las liberan de cumplir cabalmente con los plazos de entrega acordados. Compiten las empresas por mercados y precios, y compiten los Estados y las regiones por sacar ventaja en la carrera de la inmunización.

El sábado 23, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que, «amparado en la ley», su gobierno habría firmado dos contratos, sobre los que se desconocen mayores detalles, para proveerse de vacunas con Pfizer-Biontech y la empresa china Sinovac. Consultado sobre qué establecían esos acuerdos en materia de responsabilidad ante los eventuales efectos adversos de las vacunas, respondió que ambos documentos «tienen cláusulas que hacen a la velocidad con que se aprobaron» estos inmunizantes. Uruguay tenía que elegir, dijo, «tomar las vacunas o no» y en esa elección «asumimos algunas responsabilidades». Dado el secretismo que rodea el asunto, el público sólo cuenta, por el momento, con los antecedentes internacionales de las últimas semanas para hacerse una idea de en qué consisten las responsabilidades tomadas en su nombre.

INDEMNIZACIONES, ARBITRAJE Y GARANTÍAS

Empecemos por el barrio. Argentina participó con más de 6 mil voluntarios en los ensayos clínicos de Pfizer-Biontech, para los que puso a disposición su Hospital Militar y creó una ley a medida de las exigencias del laboratorio. Pero un renglón introducido por los congresistas trancó la posterior negociación para acceder a las vacunas. La ley faculta al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos con los proveedores de inmunizantes «cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial [para las empresas] respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias […] con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos». Según La Nación, Pfizer pidió al gobierno argentino que quitara esta excepción. Ante la negativa oficial, las negociaciones se truncaron.

En declaraciones a la radio AM 750, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, dijo no entender «por qué tienen tantas exigencias»: «Pareciera que no le tienen fe a la vacuna». Ratificó el trascendido de que Pfizer no terminaba de conformarse con la ley hecha especialmente por el Congreso y agregó: «La verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país». Luego, Jorge Rachid, médico sanitarista asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, diría a la radio rosarina LT8 que «desde la empresa Pfizer pidieron una ley con garantías, con bienes inembargables que incluía petróleo, glaciares», condiciones que calificó de «inaceptables» (Perfil, 28-XII-20).

Este extremo, sin dudas escandaloso, va en la misma línea de lo afirmado el 24 de enero por el Ministerio de Salud de Brasil y replicado por la estatal Agência Brasil, donde la cartera explica la razón del fracaso de sus conversaciones con Pfizer (véase en este número «En manos de la buena fe»). También en Perú se vieron trancadas las negociaciones con esa transnacional. El gobierno ya había accedido a someter al arbitraje internacional posibles controversias con la empresa. «La autorización establecida en este artículo comprende la renuncia a la inmunidad soberana», reza expresamente el decreto supremo promulgado por el Ejecutivo peruano el 2 de diciembre. Pero esto no fue suficiente para Pfizer, que pretendía una cláusula que estipulara que, en el caso de que Perú perdiera una controversia, el país autorizara al laboratorio a cobrar indemnizaciones con activos peruanos en el extranjero, entre ellos, bienes muebles del servicio diplomático, naves militares u objetos prestados a museos, indicaron fuentes de los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores a El Comercio (8-I-21).

En Europa, los recientes incumplimientos de Pfizer-Biontech y Oxford-Astrazeneca en la distribución de las dosis prometidas han tensado el vínculo entre los gobiernos y las farmacéuticas. Italia anunció el fin de semana que estudia demandar a Pfizer, y las autoridades de ese país revelaron algunos detalles del muy secreto acuerdo de la Unión Europea (UE) con la compañía. Otra vez aparece el lavado de manos con respecto a eventuales efectos adversos tras la vacunación, así como la estrategia legal de la empresa para no cumplir con las entregas prometidas: aunque la distribución de dosis es semanal, los Estados de la UE no podrán quejarse si semanalmente las cantidades enviadas están por debajo de las acordadas previamente. Sólo podrán presentarse reclamos con base en lo entregado por Pfizer al finalizar el trimestre, el 31 de marzo. Si para entonces la empresa entregó menos dosis de las encargadas, habrá varias opciones: Pfizer podrá devolver el dinero correspondiente a las dosis faltantes; las partes podrán rescindir el contrato, y, sólo como última opción, las autoridades europeas podrán pedir, entonces sí, que se sancione a la empresa. Estas exenciones en el cumplimiento de las entregas, detalladas en la última semana por el diario italiano La Repubblica, van en una línea similar, aunque más civilizada, a lo afirmado en la denuncia pública hecha contra la farmacéutica por el gobierno de Brasil y a la copia del contrato que Pfizer habría ofrecido a la República de Albania, según una reciente filtración publicada en la prensa de ese país (véase el recuadro).

EL PRECIO DE LA DOSIS

Los precios de las dosis de Pfizer y otras farmacéuticas también se intentan mantener en el más estricto secreto. La UE, por ejemplo, tiene presupuestados al menos 2.000 millones de euros del Instrumento de Asistencia Urgente para la pandemia y sus países aprobaron una contribución adicional de 750 millones para la compra de vacunas, pero la población no sabe cómo los están gastando las autoridades.

A mediados de diciembre, la secretaria de Estado de Presupuesto y Protección de los Consumidores de Bélgica,Eva De Bleeker, divulgó en Twitter los precios de las vacunas de los seis contratos firmados por la UE. Los borró media hora después y no quedó claro si su error fue intencional o no, pero para entonces la información ya había corrido. Oficialmente la Comisión Europea se ha negado a confirmar esos precios, cuya divulgación enardeció a Pfizer. «Estos precios están cubiertos por una cláusula de confidencialidad en el contrato con la Comisión Europea», recordó una portavoz de la empresa. De acuerdo al tuit de De Bleeker, dos de las vacunas que ya circulan en Europa son las más caras (17,7 dólares la de Moderna y 14,5 la de Pfizer-Biontech, aunque fuentes de Reuters corrigieron al alza estos precios e indicaron que el precio pagado a Pfizer era de 18,3 dólares por dosis).

Mientras tanto, Israel paga a 62 dólares la dosis de la misma empresa. El dato se debe, esta vez, a la indiscreción de Yaron Niv, un jerarca del Ministerio de Salud de ese país, que así lo informó en una entrevista en diciembre con la radio pública Kan, sin mayores detalles. Quizás allí, y en el acuerdo complementario por el que Israel brinda a Pfizer las estadísticas detalladas de su campaña de vacunación –datos médicos de los vacunados incluidos, según el documento oficial al que tuvo acceso Brecha–, se encuentre la llave del celebrado éxito israelí en materia de vacunación contra el covid-19 (éxito del que están excluidos los palestinos sometidos a la ocupación militar). Por su parte, Estados Unidos paga por cada dosis de Pfizer unos 19,50 dólares, se informó en diciembre.

Esta impredecibilidad en el costo del inmunizante ha sido explicada en algunos medios internacionales como sometida a la situación financiera de cada país. Así, las farmacéuticas les venderían dosis más baratas a los Estados más pobres y más caras a los más ricos, lo que, a su vez, explicaría la necesidad del secreto. Sin embargo, la semana pasada se supo que Sudáfrica, uno de los países africanos más afectados por la pandemia, ha pagado casi 2,5 veces más que Europa por la vacuna Oxford-Astrazeneca, un inmunizante cuya venta, se había anunciado, sería al costo. «El precio que nos fue comunicado es de 5,25 dólares», declararon a AFP fuentes del Ministerio de Salud sudafricano.

En el marco de la tensiones de esta última semana entre la Comisión Europea, y Pfizer y Astrazeneca por el incumplimiento de estas en la entrega de las dosis prometidas, la comisaria de Salud Stella Kyriakides anunció este jueves que, «en el futuro, todas las compañías que produzcan vacunas contra el covid-19 en la UE tendrán la obligación de proporcionar una notificación previa cuando deseen exportar vacunas a terceros países». Bruselas pretende evitar que la producción de vacunas en su territorio se vaya a otros países a precios más elevados (especialmente a Inglaterra, adonde, se sospecha, fue a parar un cargamento de Astrazeneca prometido para la UE), bajo el entendimiento de las autoridades de que esa es la causa del atraso en los suministros y no los problemas en las fábricas de Bélgica aducidos por ambas farmacéuticas.

LA SEXTA DOSIS Y LAS JERINGAS

A mediados de diciembre, cuando comenzó a administrarse la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, el personal de algunos hospitales descubrió que de cada vial (el frasco que contiene las dosis de la vacuna) de Pfizer podían obtenerse seis dosis, una más de lo previamente anunciado. El hallazgo provocó esperanzas en un panorama de escasez y urgencia por los nuevos aumentos de casos. Pero la empresa pinchó ese globo rápidamente al ejercer una fuerte presión para que la Food and Drug Administration (FDA), de Estados Unidos, cambiara el texto de su hoja informativa para los administradores, oficializando el nuevo rendimiento de cada vial (The New York Times, 22-I-21). Ese cambio llegó el 6 de enero, y el 8 hizo lo propio la Agencia Europea de Medicamentos. También la Organización Mundial de la Salud introdujo esa recomendación.

El detalle es clave, pues el suministro prometido en los contratos se paga por cantidad de dosis y no por frasco. Esto le permite a la empresa paliar parcialmente el incumplimiento de sus compromisos en Europa y Canadá, en momentos en que las autoridades alemanas advierten de un desabastecimiento de vacunas en el viejo continente que podría durar hasta diez semanas. El 15 de enero Pfizer ya había comunicado a todos los referentes europeos que a partir del lunes 18 «cada bandeja enviada contendría 1.170 dosis y ya no 975, con una reducción del 20 por ciento en el número de viales» (El Mundo, 25-I-21). Con esa modificación, la producción neta de Pfizer prevista para este año se eleva, por arte de magia, de 1.300 a 2.000 millones de dosis, comunicaron luego a la prensa funcionarios de la compañía.

Pero ocurre que las jeringas especiales necesarias ahora –llamadas de bajo contenido muerto, pues reducen el contenido residual que puede quedar inutilizado en la aguja o en el émbolo­– no están a disposición de todos los centros de vacunación de Europa y Estados Unidos, y su producción a gran escala no estaba prevista para obtener la sexta dosis. «Para Pfizer, la aprobación por la FDA de la dosis extra significa que puede cumplir su contrato […] y recibir el pago completo de Estados Unidos con casi 7 millones de viales menos. Pero muchas de esas sextas dosis podrían acabar siendo desechadas porque los centros de distribución carecen de las herramientas adecuadas», dijo el 22 de enero a The Washington Post Sam Buffone, ex asesor jurídico de la división de fraudes civiles del Departamento de Justicia. De las más de 286 millones de jeringas que la empresa Becton Dickinson –la principal productora de jeringas del mundo– tiene comprometidas con el gobierno de Estados Unidos, sólo 40 millones son del tipo necesario para extraer la sexta dosis, afirmó la compañía.

Por eso, el gobierno de Joe Biden evalúa aplicar la Ley de Producción de Defensa. Se trata de una norma aprobada en 1950 durante la Guerra de Corea que permite al gobierno intervenir en empresas privadas para cumplir metas bélicas. La ley se ha ido extendiendo del campo militar a necesidades como las causadas por catástrofes naturales y fue utilizada por la administración de Donald Trump el año pasado para incrementar la producción de mascarillas, respiradores y otros insumos médicos. Además, según ABC News, da potestades al Ejecutivo para bloquear fusiones y adquisiciones extranjeras consideradas perjudiciales para la seguridad nacional, lo que, de aplicarse, podría frenar las exportaciones de las jeringas (22-I-21). Mientras tanto, la socia alemana de Pfizer, Biontech, ha anunciado la próxima producción y venta al costo de 50 millones de jeringas especiales. Quizás deba recordarse que Estados Unidos ya encargó a Pfizer unos 200 millones de dosis de su vacuna.