Todavía no llegaba lo peor, pero ya en el final de 2001 la cosa funcionaba realmente mal. Desde hacía tres años los guarismos mostraban que la economía venía en franco deterioro: caída en los niveles de ingreso del país y los salarios de los trabajadores, y aumento del desempleo y la desigualdad, entre otros. Los albores de la crisis económica, que explotaría al año siguiente, comenzaban a sentirse a lo largo de la base social y productiva del país.
Al igual que otras tantas, ante la compleja situación por la baja en la actividad, la firma Autobuses Colonia, una pequeña compañía de transporte que funcionaba en la capital del departamento, enfrentaba un inminente cierre y situaba a sus trabajadores en una disyuntiva crucial: afrontar un juicio laboral para buscar que se les pagaran los salarios adeudados o tratar de recuperar la empresa para mantener los puestos de trabajo.
Los nueve trabajadores apostaron por la segunda opción. Luego de varias negociaciones, acordaron recibir un ómnibus en propiedad para cancelar las deudas salariales, y dos más a préstamo, junto con herramientas y un taller de reparaciones, para poder comenzar a funcionar bajo el rótulo de cooperativa de trabajo.
«Cuando arrancamos, cobrábamos 200 pesos al mes porque había que poner la plata en los ómnibus, combustible, repuestos y cubiertas, además del pago de impuestos y contribuciones sociales», contó al semanario Luis Rivas, uno de los fundadores de la cooperativa. El inicio de la actividad en 2001 supuso una serie de resoluciones respecto a la forma de funcionamiento y organización de la cooperativa. Uno de los puntos centrales pasó por la definición sobre la propiedad de los medios adquiridos. Después de acaloradas discusiones, tomaron la novedosa e inusual decisión de que tanto los fundadores como los nuevos integrantes debían renunciar a la propiedad de cualquier bien que tuviera la cooperativa. Rivas explicó que llegaron a esa conclusión luego de entender que habían recuperado una fuente de trabajo y no una empresa para ellos. «Si hubiésemos permitido que cada trabajador tuviera su parte, seguramente no hubiésemos durado 20 años, porque la mentalidad del trabajador sin comprensión lo lleva a defender más su parte que la fuente de trabajo», desarrolló.
Ese apartado no fue el único en el que la organización dio un paso más allá de las formas cooperativas tradicionales. Definieron que la expulsión de un cooperativista debía ser decidida por unanimidad y no por mayoría simple; que las asambleas serían todas las semanas, con participación e intervención obligatoria –salvo excepciones debidamente justificadas–, y que en cada asamblea se podría cambiar el consejo directivo, independientemente de las elecciones que se hicieran cada dos años. Todo ello para darle «mayor cristalinidad y garantías al proceso», señaló Rivas.
Si bien la consolidación de la cooperativa fue un primer paso fundamental, en la carretera debieron superar varias curvas cerradas que amenazaron la estabilidad del recorrido. En los siguientes años se sucedieron incontables multas por parte de la Dirección de Tránsito del departamento, con montos excesivos por atrasos de minutos en la llegada de las unidades, luchas por la ampliación de las líneas adjudicadas a la cooperativa y una exigencia de renovar la mayoría de la flota en solo seis meses. Ese recambio lo iniciaron en 2012, luego de recibir un préstamo del banco Bandes para la compra de ómnibus nuevos. Pero debieron pasar casi diez años más para poder cancelar, finalmente, todos sus compromisos.
El período de pandemia, con las incalculables consecuencias económicas y sociales, encontró a ABC Coop Gestión Obrera con varios quilómetros arriba y la experiencia de haber superado situaciones de similar complejidad. Ahora, con 16 cooperativistas y ante una caída estrepitosa en el movimiento de pasajeros, aplicaron lo que Rivas definió como una «economía de guerra, muy bien administrada». Decidieron disminuir su salario mensual para poder mantener a toda la plantilla de trabajadores, lograron una forma de manejo para que los coches consuman menos combustible en los recorridos, a base de «estudio y paciencia» machacaron con la idea del cuidado de la herramienta de trabajo y se ajustaron a la máxima que para Rivas debe estar siempre presente en una cooperativa: «Estar dispuestos al sacrificio, ser disciplinados y mantener la mentalidad obrera».
El conjunto de medidas les permitió hacer frente a las deudas pendientes, gestionar una olla popular que funciona todos los días y de la que, actualmente, participan unas 150 personas –apoyada económicamente por la intendencia del departamento– y mantener efectiva una línea de transporte –de tres adjudicadas–, mientras transitaban el peor momento de la pandemia.
Conciben el cooperativismo como forma de organización del trabajo, pero también de pertenencia y lucha social: «Hacemos propaganda de una idea, de mostrar que se puede, que los trabajadores somos capaces de dirigir una empresa», aseveró Rivas. Una noción que buscaron transmitir desde el inicio y aplicaron hasta en la elección de los colores y los números de las unidades de transporte, elegidos en conmemoración de fechas significativas para la lucha de clases.
AMPLIAR LA MIRADA
La experiencia particular de ABC Coop Gestión Obrera es compartida, en mayor o menor medida, con las más de 1.200 cooperativas sociales y de trabajo repartidas en el país. Para Marisol Fuentes, presidenta de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), la similitud se observa en la resiliencia generada a partir del modelo de trabajo y la tenacidad de «siempre buscarle la vuelta». Pese a ello, tanto la pandemia como el cambio de gobierno afectaron a la amplia mayoría de organizaciones, sostuvo en diálogo con el semanario. El impacto de la primera se relaciona con la caída en la demanda de los bienes y servicios producidos y con el aumento del desempleo general, lo que derivó en la creación de nuevas cooperativas, pero sin que tengan claro la actividad en la cual desarrollarse, lo que genera «incertidumbre» sobre su futuro. En cuanto al cambio de gobierno, Fuentes sostuvo que el recorte presupuestal en la administración pública y los ajustes en los controles afectaron principalmente a las cooperativas sociales –instrumento para la generación de empleo e integración social creado en 2008 para apoyar a las personas de los sectores más vulnerables de la población–, que en su mayoría se mantienen dependientes de convenios laborales con el Estado.
Por ello, la federación de cooperativas, que actualmente nuclea a unas 300 organizaciones, viene trabajando en varias propuestas para el fortalecimiento de las figuras asociativas. En lo interno, se avanza en el apoyo a la capacitación, en la búsqueda de nichos de oportunidades para fomentar nuevas cooperativas y en la aplicación de una plataforma de oferta de servicios para promover la intercooperación. Hacia afuera, se plantea la necesidad de una mayor promoción por parte del Estado, a la vez de un aseguramiento de los fondos necesarios para su desarrollo, en un año de asignación presupuestal para el Programa de Formación Cooperativa, una de las herramientas más importantes del Instituto Nacional de Cooperativismo. Adicionalmente, desde la FCPU están a la espera de avances en el proyecto presentado ante el Parlamento, que pretende que se asegure un porcentaje de las compras públicas al movimiento cooperativo. Política necesaria, según Fuentes, dado que las cooperativas encuentran dificultades para competir con empresas de gran porte en licitaciones abiertas.
DESMONTAR EL MITO
En los años previos al cambio de gobierno, la visualización del vínculo entre el aparato estatal y las cooperativas de trabajo venía maltrecho. En la segunda administración del Frente Amplio se había creado el Fondo de Desarrollo Social, un instrumento de crédito estatal para apoyar a las cooperativas, en el entendido de que estas tenían peores condiciones para el acceso a préstamos en el sistema bancario tradicional. La implementación de la política buscaba promover la profesionalización de las cooperativas y mejorar la productividad y la sustentabilidad de los emprendimientos, pero en sus primeros años de aplicación otorgó diversos préstamos que, posteriormente, fue imposible recuperar.
«El instrumento estaba bien pensado, pero se usó muy mal», sostuvo al semanario el economista Andrés Dean, integrante del Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. El principal problema, por entonces, fue la selección de proyectos, ya que no se tuvo en cuenta la viabilidad y se financiaron empresas que no tenían una perspectiva de subsistencia que les permitiera devolver los préstamos recibidos, agregó Dean.
A su vez, los malos resultados del instrumento generaron un caldo de cultivo para el cuestionamiento de la promoción del modelo cooperativo por parte del Estado; rápidamente aparecieron concepciones ideológicas que, en realidad, poco tenían que ver con el cuidado de los dineros públicos. En efecto, tomaron mayor fuerza ideas de corte liberal que aseguraban que las empresas regidas bajo las lógicas de jerarquía capitalistas eran más eficientes per se que aquellas administradas cooperativamente por sus trabajadores.
A partir de esas nociones, tanto Dean como otros integrantes del IECON llevaron adelante diversas investigaciones en las cuales compararon el desempeño entre los modelos de gestión. El análisis de la evolución del empleo y la fijación de salarios en los distintos tipos de empresa mostró que el empleo se mantiene más rígido en las cooperativas, lo que implica que, ante una situación de crisis, «las cooperativas reaccionan reduciendo mucho menos el empleo que las empresas capitalistas», dado que las primeras resignan parte de su sueldo antes de hacer ajustes en los puestos de trabajo. En cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo, las investigaciones arrojaron que ambos modelos manejan cifras similares.
Lo mismo ocurrió en los estudios que analizaron la supervivencia de las empresas, los cuales demostraron que las cooperativas no fracasan más que las empresas capitalistas tradicionales. «Se podría pensar que sobreviven siendo más ineficientes. Ahí otro trabajo que compara los niveles salariales muestra que, en promedio, los trabajadores de las cooperativas tienen un salario levemente mayor que el que hubieran obtenido en una empresa capitalista», explicó Dean.
Finalmente, en cuanto a la productividad, el economista señaló que diferentes investigaciones extranjeras dan cuenta de que las cooperativas tienen una productividad similar o mayor que las empresas capitalistas.
Pero el aporte de las cooperativas no se contabiliza únicamente en lo económico. Según explicó a Brecha Gerardo Sarachu, integrante del Área de Estudios Cooperativos y Economía Solidaria, del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, las empresas gestionadas por sus trabajadores también contribuyen al desarrollo local y comunitario donde están insertas, al fortalecer la trama asociativa para la resolución de los problemas de la comunidad. Sin embargo, agregó que es necesaria la claridad en la organización para que esa contribución pueda desarrollarse plenamente. Señaló, en ese sentido, que las organizaciones deben reconocer los distintos tipos de trabajo presentes en las cooperativas; además deben priorizar la búsqueda constante de respaldos y una justa retribución económica por las tareas efectuadas. Otros aspectos a resolver, según Sarachu, son los referidos a la propiedad de los bienes de la organización y sus resultados, la circulación interna de información y la democratización en la toma de decisiones.
En el ámbito institucional también quedan muchos avances por alcanzar, señaló por su parte Dean. Allí remarcó la necesidad de «dejar de promover que las cooperativas realicen actividades que no tengan rentabilidad, porque hace que tengan problemas de viabilidad después». Por el contrario, alentó al apoyo de cooperativas en aquellos sectores de actividad en los que a las empresas capitalistas les va bien, porque son sectores más rentables. También en sectores en los que a las empresas tradicionales les resulte caro el monitoreo del trabajo de sus empleados, algo que no es necesario en las cooperativas debido a su propia lógica de funcionamiento de supervisión entre pares. «Ahí las cooperativas tendrían ventajas comparativas, y una política de Estado para promoverlas podría resultar exitosa.»
La explosión de apoyo y compromiso ante el aumento del desempleo y la pobreza durante los peores meses de la crisis económica y social producida por la pandemia impulsó nuevamente la creación de cooperativas como una alternativa posible frente a la incertidumbre y la falta de oportunidades en el mercado laboral tradicional. Las experiencias exitosas se acumulan a lo largo de los años, en una fórmula organizativa que, en los momentos complicados, deja la vida para mantener todas las fuentes de trabajo.
Pero si bien las cooperativas de trabajo apuestan a la constante revisión de sus prácticas de funcionamiento internas y a la formación colaborativa, siguen siendo necesarios la promoción y el apalancamiento del Estado para su sostenido desarrollo. Allí todavía queda pendiente el despliegue de políticas públicas, de forma de estar preparados para que, al momento de tomar la próxima curva cerrada, el movimiento brusco no nos descarrile.
