La sangrienta operación policial en los complejos de favelas de Alemão y Penha, de la zona norte de Río de Janeiro, conmovió al país y recorrió el mundo por su brutalidad: al menos 119 personas asesinadas. Degolladas algunas, ejecutadas de balazos en la nuca otras. Por estas horas, ya es la mayor matanza cometida por policías en Brasil, superando a la recordada masacre de Carandiru, en 1992, cuando tropas de la Policía Militar asesinaron a 111 presos en la cárcel del mismo nombre, en la zona norte de San Pablo, desatando una reacción en cadena en toda la ciudad.
El objetivo declarado de la operación de esta semana era capturar al principal líder del Comando Vermelho (CV), Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca, prófugo de la Justicia hace siete años. El traficante es señalado como el principal líder del CV en el complejo de Penha, responsable de la expansión de la organización en diversas zonas de la capital carioca y de liderar el tráfico de drogas en la favela. Hasta el cierre de esta edición no había noticias de la captura de Doca. Tampoco de territorios recuperados por el estado a la facción. Lo cierto es que, en la madrugada del lunes, cerca de 2.500 efectivos de las fuerzas de choque de la policía de Río entraron a estos complejos fuertemente armados y se llevaron a los sospechosos rumbo a las zonas montañosas y frondosas de la irónicamente llamada sierra de la Misericordia. Allí, grupos previamente apostados del Batallón de Operaciones Especiales, el famoso BOPE, habría ejecutado a los prisioneros. Los cuerpos fueron abandonados y luego retirados durante la madrugada por los propios pobladores de la zona, que los colocaron en medio de la calle. Imágenes de ese espanto recorrieron el mundo.
Hasta el momento no hay demasiadas informaciones sobre quiénes son los muertos. La Policía de Río dice que, a falta de pericia, utiliza información del contexto general, como vestimenta, horario y lugar, para afirmar que no tiene dudas de que en todos los casos se trata de «criminales». El secretario de la Policía Militar de Río de Janeiro, Marcelo de Menezes, dijo que si no hubo imágenes de los hechos es porque las cámaras corporales que llevan los policías se quedaron sin batería… Cláudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, celebró la operación como «totalmente exitosa» y dijo que solamente hubo cuatro víctimas: los cuatro policías muertos.
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El gobierno del estado de Río y la Policía han dicho también que se trató de una operación planificada a lo largo de 60 días y basada en una investigación de más de un año.
Gabriel Feltran, director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, especialista en etnografía urbana y sociología del crimen y la violencia, y autor del libro Irmãos: uma história do PCC, dijo a Brecha que con la exaltación del éxito de la operación las autoridades solamente dejan dos caminos: «O es mentira, y no fue planificada y todo se salió de control –y por eso se produjo semejante letalidad–, o, por el contrario, fue planificada para que fuera así, para matar. Una de dos: o estamos ante una incompetencia absoluta, o ante una política deliberada de exterminio». Feltran pone el foco en la noción de seguridad pública que predomina en Brasil: «Se la concibe como una guerra. Los asesinatos de prisioneros, las ejecuciones de delincuentes se celebran como si se tratara de bajas del enemigo. Legalmente no estamos en una guerra interna, vivimos en un régimen democrático, pero es ese gran desvío conceptual el que lleva a las fuerzas de seguridad a cometer todas estas barbaridades».
ENTREDICHOS
Apenas culminada la «acción» policial el gobernador de Río salió a acusar al gobierno federal de haberlo «dejado solo» en el combate a la inseguridad pública, y dijo que había pedido ayuda y se la habían negado. Fue desmentido por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y tuvo que admitir que, en realidad, lo que había pedido era el suministro de blindados. El gobierno federal se la negó, aduciendo que solo podía cumplir un reclamo de ese tipo recurriendo a la Garantía de la Ley y el Orden, una disposición que se aplica solo cuando el estado es incapaz de hacerse cargo de la seguridad. El propio Lewandowski reconoció que no se está en esa situación. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su oposición a la utilización de este recurso. Tras una consulta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes pidió explicaciones sobre la operación al gobierno carioca.
La derecha brasileña celebró unánimemente la operación policial y la muerte de los sospechosos.1 «Não foi chacina, foi faxina» («No fue matanza, fue limpieza») se convirtió en una de sus consignas más utilizadas. Gobernadores estaduales aliados a Bolsonaro, entre ellos presidenciables como el de San Pablo, Tarcísio de Freitas, el de Minas Gerais, Romeu Zema, y el de Goiás, Ronaldo Caiado, salieron rápida y articuladamente a apoyar a Castro y ofrecerle su «solidaridad». Los tres llegaron a insinuar la posibilidad de enviar tropas a Río.
En la izquierda fue la indignación la que predominó, y en el gobierno, la preocupación. La reacción de Lula dejó perplejos a muchos. «No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que golpee la columna vertebral del narcotráfico sin poner en riesgo a policías, niños ni familias inocentes», se limitó a comentar el presidente en un mensaje.Acciones de este tipo, además de criminales, son totalmente ineficaces si lo que se busca es combatir realmente el poder de los grupos criminales, declaró la periodista Cecília Olliveira, directora del Instituto Fogo Cruzado, especializado en estos temas. «Si matar una cantidad de gente así funcionase, Brasil sería Suiza», dijo en CBN. «Llevamos 40 años haciendo esto en este país: combatir el crimen generando más crimen. Sin efectividad alguna. Al contrario: acciones así son contraproducentes, generan reacción y más militarización. Es evidente que el control territorial armado por grupos criminales es un problema serio. Pero hay ya evidentes datos y evidencias de que esta política pública no funciona», comentó a Brecha Gabriel Feltran. Y agregó: «Sabemos que las personas que mueren en la línea de fuego de uno y otro lado son reemplazadas al día siguiente. No se modifica el control territorial que ejerce el Comando Vermelho, nada. Lo que se hace es derramar mucha sangre en la favela para saciar la sed de la opinión pública de una guerra que “limpie” el país».
- No solo la brasileña. En Argentina, el mileísmo celebró la matanza. Por aquí, el senador blanco Sebastián da Silva tuvo uno de sus habituales comentarios plenos de elegancia: «Algún día haremos algo parecido por acá». ↩︎
