Digamos que se llama Carlos. Le faltan apenas cinco años para jubilarse y, desde que advirtió que esa hora se acercaba, se le volvió hábito revisar el estado de cuentas que le envía semestralmente la administradora de fondos de ahorro previsional (AFAP) a la que pertenece. El último le deparó una amarga sorpresa. Hasta diciembre, su ahorro importaba 3.547.537 pesos. Al 30 de junio había descendido a 3.398.636. Es decir: había perdido 148.901 pesos en el último semestre. Preocupado, recorrió la oficina preguntándoles a sus compañeros si les había pasado lo mismo. Descubrió que muy pocos leían los estados y que unos cuantos los habían dejado de recibir, pues habían cambiado de domicilio sin notificar a la AFAP de su nueva dirección. Llamó a la administradora de fondos y lo que logró entender es que la culpa la había tenido la pandemia. Le prometieron que todo se arreglaría, pero no quedó convencido. Nada en su relato hacía sospechar que formara parte del 62 por ciento que desconfía de las AFAP, según la encuesta realizada por Equipos Consultores para la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) en diciembre de 2020.
Pero asumir que la voz de los encuestados es la voz de Dios tiene el problema de que, si se carece de fe en el segundo, no hay certezas sobre la infalibilidad de los primeros. En la misma pesquisa citada, el 71 por ciento de los encuestados afirmó que esperaba recibir una jubilación menor –o incluso mucho menor– a los aportes que realizó al sistema previsional, cosa que no resiste la matemática (véase «A sangre fría», Brecha, 3-V-19).
Para el doctor en Economía Gonzalo Zunino,1 «los ingresos resultantes que vienen obteniendo los jubilados del pilar de la capitalización son razonables, dado lo que es el aporte a las AFAP en el período correspondiente y dadas las características del sistema». El pilar de la capitalización, explicó durante su diálogo con Brecha, es «básicamente un mecanismo que te ayuda a trasladar ingresos desde la etapa de tu vida en la que se supone que sos superavitario a aquella en que ya no lo sos». Para el economista, una expectativa razonable sería que las administradoras de fondos logren niveles de rentabilidad que mantengan el valor real de lo aportado y reflejen también el crecimiento del producto en el período de ahorro. Pero puede que, aun así, resulte poco. Por eso, el nivel de suficiencia de los sistemas previsionales que se basan únicamente en la capitalización es bajo.
«Esto último fue lo que sucedió en Chile», aseguró Zunino. «Ese país se fue a la capitalización pura y, cuando la gente llegó a jubilarse, se dio cuenta de lo bajas que eran [las jubilaciones]. Y no porque las administradoras chilenas hayan invertido mal y hayan tenido rentabilidades promedialmente malas en el plazo correspondiente», explicó. Lo graficó con un ejemplo: en Uruguay el promedio de aportes al pilar de capitalización ronda los 5 mil pesos mensuales. El economista supuso un trabajador que aportase esa cantidad durante 40 años; «lo que no es lo más común», detalló, «porque acá los trabajadores generalmente tienen interrupciones en su historia laboral y porque para tener ese aporte el promedio salarial de esa persona tendría que haber sido de 66 mil pesos». Si la rentabilidad obtenida de su ahorro fuera razonable, de acuerdo a los parámetros mencionados, y esa persona sobreviviera 20 años con su jubilación, no podría esperar obtener de lo atesorado mucho más de 10 mil pesos por mes. Y ganaba 66…
GANANCIA ASEGURADA
Pues bien: el anteproyecto de reforma previsional uruguayo presentado por la Presidencia propone innovaciones que podrían incrementar la rentabilidad obtenida por el ahorro individual. En primer lugar, lo generaliza. Hoy solo es obligatorio para quienes tengan ingresos nominales iguales o mayores a los 71.726 pesos mensuales y no pertenezcan a las cajas paraestatales (bancaria, notarial, profesional) ni a la militar ni a la policial. De convertirse en ley la iniciativa en discusión, todos los trabajadores pasarán a formar parte del sistema de ahorro individual.
«Pero que las AFAP tengan más clientes no necesariamente les cambia la ecuación a estos», advirtió Zunino. «En el tipo de títulos en que las administradoras pueden colocar el dinero no funciona la economía de escala, es decir, no mejoran su renta de acuerdo al monto que inviertan», consignó. El economista observó: «Lo que sí cambia con esto es que disminuyen los costos para las AFAP. Estas empresas tienen un equipo de análisis de las opciones financieras que se pueden realizar y ese equipo no tendría por qué crecer significativamente, sea que administren 1.000 millones o 10 mil. Habrá más trabajo administrativo, pero de ningún modo crecerá en la misma proporción que lo harán los fondos. En este sentido, sí habría economías de escala, porque las comisiones cobradas sí crecerán en función del volumen del negocio. Por eso podríamos decir que las administradoras saldrán ganando de estas reformas. Y sería bueno que el regulador, es decir, el Banco Central, esté atento a que parte de este incremento de las ganancias influya a la baja en el precio de las comisiones», observó.
Otro cambio que el economista apreció es la creación de un nuevo subfondo. Hasta ahora el ahorro de cada cliente va inicialmente al llamado subfondo de acumulación. Y ya en los últimos años de su vida laboral, pasa progresivamente al subfondo de retiro. La normativa actual solo autoriza a realizar, con este último, operaciones financieras de muy bajo riesgo. El fundamento es que, como la jubilación del cliente es inminente, si las cosas salieran mal las chances de recuperar las pérdidas serían muy escasas. Siguiendo esa lógica, el anteproyecto propone la creación de un subfondo anterior al de acumulación, constituido con el aporte de los primeros años de la vida laboral y que podrá usarse en inversiones de mayor riesgo, con la expectativa de que deriven en mayores ganancias.
«Creo que es algo que está bien», opinó Zunino respecto de este último asunto. «Es algo que, adecuadamente controlado, sumaría. En esa etapa de la vida podés arriesgar un poquito más, porque tu horizonte es bien largo. Después, cuando te acercás a la jubilación, ahí sí hay que ser conservador, porque si te agarra un bajón de mercado, y el mundo financiero ha demostrado que los bajones pueden ser fuertes, es un desastre.» De todos modos, el economista no se hace ilusiones con las rentabilidades que puedan obtenerse de las jugadas que se realicen con el nuevo subfondo: «No, no: el régimen de capitalización individual siempre va a tener problemas de suficiencia», pronosticó.
PROBABLES PÉRDIDAS
El anteproyecto incluye otra innovación que las administradoras estarán viendo con buenos ojos: la contenida en el artículo 133. Zunino no tiene dudas sobre la interpretación de este texto. Significa que el 2 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) que hoy se descuenta de las compras hechas con medios de pago electrónicos, como la tarjeta de débito, pasará a la cuenta que el comprador tenga en su AFAP, en lugar de abaratarle inmediatamente el gasto.
Conviene recordar que, como ya se ha dicho (véase «Línea de largada», Brecha, 5-VIII-22), el anteproyecto no contiene prácticamente cambios respecto del financiamiento del sistema previsional. A pesar de que el propio diagnóstico del sistema elaborado por la CESS recordó oportunamente que «las exoneraciones de aporte patronal jubilatorio reducen las aportaciones patronales que percibe el BPS en cerca de 26 por ciento de su recaudación potencial», la propuesta de reforma mantiene todas esas exoneraciones en pie. También mantiene el régimen especial que hace que los empresarios rurales, en vez de aportar el 7,5 por ciento de la masa salarial del sector –como sucede en casi todos los demás–, contribuyan con apenas el 1,92 por ciento de las remuneraciones.
Por eso, para Zunino, el artículo 133 es una mala noticia. «En una propuesta que prácticamente no toca el financiamiento, lo único innovador está basado en un impuesto al consumo, haciendo caer lo que hasta ahora era una exoneración. Y ya sabemos que los impuestos al consumo son los más regresivos de todos. Además, con esto se rompe con la estrategia que se venía intentando de crear impuestos más equitativos para reducir el peso del IVA. Este punto en particular me parece cuestionable», argumentó. Además, Zunino recordó que, como mostró una investigación publicada el miércoles por el economista Carlos Grau, la creación del impuesto a la renta de las personas físicas permitió que el papel del IVA en el financiamiento del Estado pasase de ser el 70 por ciento a ser el 55, entre 2006 y 2019.2
Zunino apunta otra mala nueva: el anteproyecto no incluye ninguna medida que apunte a disminuir el riesgo que asume el Banco de Seguros del Estado, por ser la única entidad que acepta pagar las pasividades derivadas del ahorro individual obligatorio. Tal vez en este punto haya que recordar que lo que hace una AFAP con el ahorro generado por un cliente, en el momento en que se jubila, es contratar un seguro en favor de este. Y es esto lo que el jubilado cobrará por su capitalización individual. Las aseguradoras privadas no participan en el negocio: calcular cuánto sobrevivirá una persona es una operación bastante incierta y las AFAP temen terminar perdiendo plata si se meten en esto. Al respecto, Zunino argumentó: «Toda la apuesta al régimen de la capitalización individual se fundamentaba en sacar los riesgos tradicionales de las cuentas públicas, pero al final del día todo el riesgo provisional sigue quedando a cargo del Estado y en el anteproyecto no hay nada que permita decir que esto va a cambiar».
¿Pero, entonces, habría que liquidar el pilar del ahorro individual?, le preguntamos. «No creo que sea deseable», contestó. Fundamentó: «Por una parte, creo que este esquema ha colaborado con que el país cuente con un mejor nivel de ahorro, lo que desde el punto de vista macro y a largo plazo puede ayudar a favorecer el crecimiento económico. Por otra, ha hecho que el gobierno no esté tan expuesto a la volatilidad financiera de los mercados internacionales, pues cuando tiene que emitir deuda cuenta con un agente, las AFAP, obligado a comprar esos papeles, y eso suaviza un poco las necesidades financieras del sector público. Pero quizá el mayor riesgo de desarmar este pilar sea de confianza. Cuando esto se ha hecho, en general, ha sido porque el sector público ha querido esa plata, y cuando el sector público da la señal de que quiere esa plata usualmente causa desconfianza a nivel internacional y después, si necesita endeudarse, le termina saliendo más caro».
Por cierto, lo dicho no librará a Carlos de la preocupación que le generó la súbita desaparición de casi 149 mil pesos de su estado de cuenta. Quizá comience a aliviarlo tomar en consideración los estados de los últimos tres años, como se recomienda para no asustarse por las variaciones cíclicas que tienen los activos financieros en que las administradoras invierten los ahorros. Viéndolo así, Carlos verá que de junio de 2019 a junio de 2022 sus ahorros han crecido en 1.106.936 pesos. Si se detiene en el lugar donde la cifra está expresada en unidades reajustables y aplica a lo largo de los tres años el porcentaje de rentabilidad que su AFAP declara, verá que la cuenta cierra.
Pero ¿qué sucedió este semestre? ¿Quebró alguna empresa en cuyas acciones la administradora invirtió con mala puntería? No podría decirse eso. Los activos que explican la rentabilidad negativa del semestre son básicamente tres: la renta variable internacional, derivada de las acciones que cotizan en el mercado global; los títulos de renta fija, como los que vende el Estado, y –finalmente– los activos expresados en dólares, como los de los fideicomisos financieros de las empresas forestales. Los primeros sufrieron por las turbulencias de un semestre signado por la guerra de Ucrania y la economía china, los segundos se desvalorizan típicamente en los períodos en que –como sucede hoy– se elevan las tasas de interés y los terceros perdieron valor por la caída del precio del dólar. Pero lo que en este semestre resta en otros sumó. La explicación de las ganancias obtenidas en 2020 está en el comportamiento del dólar y de los títulos de renta fija y la de las de 2021, en los títulos de renta variable.
Parece probable que, como hasta ahora ha sucedido, buenos semestres futuros compensen la caída. En la última década las administradoras han tenido trienios incluso de rentabilidad negativa (2012-2014, por ejemplo), pero si se computa la década entera el saldo sigue siendo positivo. Finalmente, Carlos ha cumplido 55 años, que es la edad en que sus ahorros comenzarán a migrar al subfondo de retiro. Como esto ocurre gradualmente, todavía tiene chances de buenos semestres que lo compensen, pero al cabo su capital terminará sufriendo variaciones mucho menos inquietantes. Cosas que se aprenden, después de todo, por ser desconfiado, como el 62 por ciento.
1. Socio investigador del Centro de Investigaciones Económicas.
2. «Breve historia de la presión impositiva en nuestro país».
