El hallazgo de más de 250 cráneos enterrados clandestinamente en un predio en las afueras del puerto de Veracruz revela la imbricación de las instituciones políticas en la crisis de derechos humanos que vive ese estado, recostado en el golfo de México. La fosa común la encontraron las familias que forman parte del Colectivo Solecito, de la ciudad portuaria, quienes gestionaron la excavación de manera autónoma y obligaron a que la justicia y la Policía Federal ahora se hagan cargo de la identificación genética de los restos. Los dos principales fiscales a cargo de los casos de desaparición forzada renunciaron y el ex jefe de policía ha sido señalado como autor intelectual de varios de ellos. “Veracruz conforma un caso de lesa humanidad, donde las desapariciones forzadas han sido masivas y sistemáticas; han diezmado a la población juvenil y fueron diseñadas para causar terror, dolor y sufrimiento a todos los demás”, afirma Lucy Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito.
UN CROQUIS CRUCIAL. Antes de que las familias ubicaran aquí el conjunto de fosas clandestinas más grande que se conoce en México, Colinas de Santa Fe era un complejo de viviendas. Un fraccionamiento periférico en las afueras del puerto de Veracruz en el que viven 3 mil personas. Todo cambió un año atrás, cuando el 10 de mayo dos hombres se bajaron de una camioneta y se dirigieron a las mujeres que preparaban la marcha del Día de la Madre, porque ellas no son de flores ni de bombones, dicen: “somos madres de salir a luchar”. En una operación relámpago los hombres les repartieron dos docenas de papelitos con un croquis, el que las trajo hasta aquí, al predio de diez hectáreas, anexo al fraccionamiento. El mapa hecho a mano señalaba dónde exactamente se ubicaban las fosas clandestinas atribuidas a un “comandante del cártel de Jalisco Nueva Generación”. Muestra cómo las casas rodean el cementerio clandestino.
Para llegar a la fosa hay que recorrer casi dos quilómetros de camino arenoso. Un primer portón advierte que no se puede pasar al predio privado. Allí comienza la parte del terreno gestionado por la empresa, Corporación Integral de Comercio Exterior (Cice) por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay un par de lagunas que pasamos de costado. Lucy Díaz Genao (véase entrevista) explica a Brecha que están gestionando a nivel federal el dragado de esas lagunas porque creen que allí puede haber más cuerpos, y en el agua hay cocodrilos que hay que sacar. Es detrás de un segundo portón rojo, donde empieza formalmente el terreno de la fosa, aunque no era del todo desconocido para las instituciones públicas. En abril de 2015 la federal Secretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) había desenterrado de este mismo lugar cinco cráneos. Luego dejó de buscar. Además de los otros 250 cráneos que las familias desenterraron, hasta ahora han encontrado en Colinas de Santa Fe 17 mil fragmentos óseos en 125 fosas distintas. Explica Díaz Genao que tuvieron que pelear para que les dieran las coordenadas del hallazgo de Seido en 2015, que les sirvieron como punto de partida para comenzar su propia búsqueda en este lugar.
UN SONIDO Y UN OLOR. Buscar una tumba clandestina es un trabajo de paciencia y de intuición. Para hacerlo, las familias no usan más que unas varillas de hierro de dos metros y medio de largo, que clavan hasta el fondo, las extraen y mediante el sonido (“se escucha cuando atraviesas con la varilla las bolsas en las que fueron enterrados los cuerpos”) o el olor que se libera al haber roto la cápsula que los mantenía encerrados (“pasé semanas despertándome tres o cuatro veces con ese olor a muerto”) deciden si cavar o no un pozo de sondeo. Cuando en ese pozo hay un hallazgo se pasa a hablar de una fosa clandestina.
Ya se ha explicado en estas páginas cómo el caso de la masacre de Ayotzinapa se transformó en un ejemplo, cuando los colectivos de familiares de desaparecidos tomaron ellos mismos la posta de las búsquedas en el campo; y cómo fue en Iguala –la ciudad en donde los 43 estudiantes fueron atacados y secuestrados– que el grupo Los Otros Desaparecidos creó ese método de búsqueda, que enseñaron y replicaron en todo lugar que se lo requirieran. Uno de los buscadores de Iguala, don Lupe, está en Colinas de Santa Fe y explica las dificultades que presenta este predio.“Aquí lo que cuenta es la intuición. En otros terrenos se pueden seguir indicios, pero aquí se pierden, es como buscar en el desierto. Tiene una ventaja, que la tierra arriba se compacta pero abajo está blanda. En Iguala no hemos encontrado tanto cuerpo en un solo lugar. Es triste, pero ojalá los señores que hacen esto allá se tomaran la molestia y no los dejaran regados por los cerros. Nos facilitarían mucho el buscarlos. Pero esto tampoco es fácil, porque es un enorme panteón, siguieron un patrón aquí.”
CARGAR EL ATAÚD. El patrón es claro: las tumbas clandestinas fueron cavadas una pegadita a la otra, como siguiendo líneas en los bordes de los médanos chicos que rodean el claro central del enterramiento. También encontraron otro lugar, al que llamaron “la alberca” porque es un hoyo de dimensiones mucho mayores, en donde había 15 cuerpos enterrados.
Don Lupe tiene 59 años, es albañil y fue uno de los tres buscadores que llegaron desde Iguala para apoyar el llamado del Solecito. Tiene un hijo desa-
parecido desde el año 2012 y entiende la determinación de las mujeres del colectivo: “Cada vez somos más y sabemos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Iguala destapó la podredumbre y se decidió a buscar, sin miedo al gobierno y a la delincuencia. No pensé que llegara a tanto aquí, no imaginé tal magnitud de cuerpos”.
Sólo dos de los cuerpos encontrados fueron identificados hasta ahora. Pedro Huesca y Gerardo Montiel eran funcionarios de la justicia de Veracruz y desaparecieron el 15 de abril de 2013. Sus restos fueron hallados en Colinas a comienzos de marzo. Huesca, quien fue encontrado gracias a los esfuerzos de su madre, fue enterrado en su comunidad natal, Palmas de Abajo. Las mujeres del Solecito cargaron el ataúd.
DESFALCO Y DESAPARICIÓN. A finales de marzo los 12 colectivos de familiares de desaparecidos del estado de Veracruz se reunieron con el subsecretario de derechos humanos federal, Roberto Campa Cifrián, con el fiscal general del estado, Jorge Winckler, y con el gobernador Yunes. En la reunión, el gobierno federal se comprometió a terminar la identificación genética de los restos hallados en no más de 180 días y también a enviar 30 millones de pesos mexicanos (1,5 millones de dólares) para este fin, ante el ruego de las autoridades locales y la noticia de que Veracruz no tiene una base de datos genéticos de los familiares de desaparecidos, porque durante los últimos seis años, ni un 10 por ciento de las muestras tomadas fueron procesadas. Las autoridades de Veracruz afirman que el estado está fundido debido a la gestión del ex gobernador Javier Duarte, quien es acusado (por familiares de víctimas) de acción u omisión en los miles de casos de desaparición forzada cometidos por policías durante su mandato y quien, tras estar seis meses prófugo, fue detenido en Guatemala (véase recuadro).
Arturo Bermúdez Zurita era el jefe de seguridad pública en Veracruz durante el mandato de Duarte. Según las estimaciones de los colectivos de familiares, en el estado de Veracruz cerca de 90 por ciento de los desa-parecidos fueron llevados por uniformados. Por eso el ex jefe de policía Bermúdez Zurita es acusado por los familiares de ser el autor intelectual de muchas desapariciones forzadas. Está detenido bajo prisión preventiva, pero por enriquecimiento ilícito.
Varios periodistas que han seguido de cerca los casos de desaparición en Veracruz (Noé Zavaleta, de Proceso; Miguel León Carmona, en E-consulta Veracruz; y Arturo Ángel, de Animal Político) afirman que hay pistas que indican que Colinas de Santa Fe fue usado como centro de enterramiento clandestino tanto por el crimen organizado como por las policías locales.
LESA HUMANIDAD. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en los últimos nueve años (2007-2016), las distintas fiscalías reportaron haber encontrado 855 fosas clandestinas, de las que recuperaron 1.548 cadáveres. La cifra oficial de casos reportados por desaparición forzada en democracia ya llegó a las 30 mil personas.
“Yo creo que son muchos más. Sólo Iguala tiene 1.800, Cocula otros 700, en Teloloapan son 830, en Chilpancingo son 1.500. Si en Acapulco hay más de 3 mil desaparecidos, esos números no cuadran. Y eso sin contar los municipios más calientes en su momento: Apaxtla, Altamirano, Arcelia. En toda la sierra alta de Guerrero están fácil los 30 mil desaparecidos de las cifras oficiales”, señala don Lupe.
Díaz Genao sostiene lo mismo: “En Veracruz tiene que haber más de 15 mil desaparecidos, y no me sorprendería que me quedara corta. Hay mucha zona rural y este flagelo ha golpeado más en esas zonas que en las ciudades. Ahí se los llevan de a 20 y 30 en una sola noche. En Veracruz las desapariciones forzadas han sido masivas en muchos lugares, y han sido sistemáticas. Todo da para que se conforme un crimen de lesa humanidad: ha diezmado a la población juvenil y está diseñado para causar dolor, terror y sufrimiento en todos los demás”.
JUVENTUD ROBADA. Las principales víctimas de la desaparición forzada en el estado son los jóvenes. Mayoritariamente tienen entre 13 y 25 años. Víctimas mayores de 30 ya salen de la norma en Veracruz.
Solecito ha registrado al menos tres operativos masivos de detención de jóvenes, entre ellos un caso que señala directamente a Bermúdez Zurita. En una de las colonias de la ciudad sucedían robos menores, delitos patrimoniales sin alto impacto, explica Díaz Genao. Los vecinos convocaron a Bermúdez Zurita para decirle que ya estaban hartos de esos robos. El ex jefe de policía les dijo “no se preocupen, mañana mismo nos encargamos de eso”, cuenta. Y al otro día fue la policía y se llevó a todos los muchachos que encontró en la calle. “De ese día tenemos ocho casos (de desaparición), pero fueron muchos más. Ahí está Bermúdez Zurita diciendo lo que va a hacer y haciéndolo. A los muchachos los buscaban dentro de las casas. Hay una mamá, compañera del Colectivo, que tiene más niños chiquitos y ese día estaba con ellos agarrados frente a la patrulla diciendo ‘no, no se lleven a mi hijo’. Todavía tiene pesadillas porque ve a su hijo diciéndole ‘mami, que no me lleven’, con los otros chiquitos llorando como locos, y ella que no sabe qué hacer. Es una mujer pequeñita y tampoco tiene preparación ni nada, pero aunque la hubiera tenido, ¿qué iba a hacer?”, relata Díaz.
La vocera del Colectivo Solecito, sostiene que la desaparición forzada fue aplicada como una política policial: “Se los llevan supuestamente a unos separos (cárceles temporales) y sí, hay testigos de que ahí estuvieron, pero hasta ahí sabemos de ellos. Es una política policial mezclada con limpieza social, que también practicaban. Ellos dicen ‘estos para qué andan en el medio, nos van a dar problemas, mejor los quito. No estudian, no pueden hacer nada, no tienen ningún futuro’. Hay mucho de eso también”.
[notice]Desapariciones, complicidad y omisión
El “nuevo” Estado
La desaparición forzada es un fenómeno abrumador en México. Y aun más cuando se toma en cuenta la impunidad que lo rodea. No llegan a diez las personas condenadas por este crimen en el país de los 30 mil desaparecidos en democracia. Los crímenes de lesa humanidad son asumidos como prácticas corrientes. Por ello los familiares de las víctimas vienen reclamando una ley de desaparición desde hace tiempo. Cuando en 2015 empezó a discutirse el proyecto de ley federal de desaparición, las familias que eran parte de ese proceso insistían en que la figura penal incluyera tanto los sucesos en los que habían participado agentes del Estado –típicos de las dictaduras de América del Sur– como también los cometidos por grupos del crimen organizado. El argumento es que de todas maneras el Estado es responsable, ya sea por acción o bien por omisión (como sucedió con los casos en los que la mafia se llevó a la gente y el Estado no sólo no lo impidió sino que no respondió de manera inmediata ni debida para esclarecer los hechos). La discusión se zanjó creando un nuevo tipo penal, la “desaparición por particulares”, en donde el Estado acabó blindado: desapareció de la jugada en una gran cantidad de casos.
El abogado Humberto Guerrero, que representa al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y ha participado en la elaboración de la ley –que aún no ha sido sancionada– junto a los distintos niveles de gobierno, la justicia y el parlamento federal, explicó a Brecha que las organizaciones renunciaron finalmente a imponer el concepto de responsabilidad del Estado porque “aumentaba el riesgo de que mucha gente no accediera a la justicia, por la imposibilidad fáctica de acreditar la responsabilidad estatal”. Pero, indicó, “ninguno de nosotros duda de que detrás de las omisiones hay una intencionalidad que lo hace participar en cada desaparición forzada”.
Mientras la ley de desaparición pelea por su sanción, el Ejecutivo federal –en manos de Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, clave en temas de seguridad– promueve una ley de seguridad interior que establece que la Secretaría de Defensa tome en sus manos definitivamente el control de la seguridad interna del país. “Esta ley se sostiene en la premisa de que la institución policial fracasó en la tarea, y argumenta que por eso necesitaríamos a los militares. Es el Estado resignándose a no poder reconstruir las instituciones policiales”, analizó Guerrero.
Hace ya diez años que el Ejército avanza sobre el control territorial, con la misma lógica de los cárteles. Cuando la militarización se promueve en democracia y en vez de “puercos” –como se les dice cariñosamente a los uniformados por las calles mexicanas– llegan los “guachos”, los verdes, ¿quién necesita ya de un golpe? Además, en muchas de las desapariciones se acusa a los mismos militares de haberlas perpetrado.
“No queremos que la ley de desaparición forzada se vuelva una moneda de cambio para los partidos políticos y para el Estado mexicano; que se avance en la ley de desaparición a cambio de entregar el control de la seguridad a los militares”, dijo el abogado a Brecha.
Los hechos conducen a la pregunta: ¿es el mexicano un Estado fallido? “Si en algo ha claudicado es en asumir sus responsabilidades, pero sigue siendo funcional, sólo que a otros intereses. Nos falta información para plantear hacia dónde fluye, pero sabemos que el poder económico es favorecido legal e ilegalmente”, afirmó Guerrero. “La gracia que provocó la idea de la alternancia del Pan (Partido Acción Nacional) en el año 2000 en la Presidencia de la República se acabó. Ahí, donde se veía en México a un país en camino de consolidar una democracia, debe verse un país que retrocedió, porque los avances normativos no han logrado que se respeten los derechos de la gente”, concluyó.
Gracias a que el combate al crimen organizado amparó la militarización del país el Ejecutivo intenta concentrar el poder y ejercerlo mediante el Ejército, aprovechando las debilidades de una justicia caída en descrédito y un Poder Legislativo entretenido en las mieles electorales. El miedo en que vive cotidianamente la población opera a favor de la desmovilización política, porque la amenaza de la desaparición o la muerte es real para casi cualquier persona. En ese panorama, el trabajo de las familias de las víctimas abre una ventana en un ambiente viciado con el tufo de las prácticas paramilitares. A través de su trabajo se entiende cómo la complicidad en las desapariciones, por acción u omisión, es piedra angular del nuevo funcionamiento del Estado, ahora, en democracia.
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Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz
Salvado por extradición
El 15 de abril Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (Pri), fue detenido en Guatemala en cumplimiento de un pedido de captura internacional librado cuando huyó de su tierra natal. Desde su huida no ha dejado de trascender información que enloda a su gobierno.
Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador interino, denunció que durante el mandato de Duarte se practicaron casi 50 mil análisis de Vih con reactivos vencidos (lo cual daba resultados erróneos) a mujeres embarazadas, y que se falseó la quimioterapia aplicada a niños, dándoles agua destilada en lugar de los medicamentos.
Las finanzas del estado son otro caos. La pública Universidad Veracruzana vive en crisis y el fondo de pensiones de los trabajadores de la educación fue saqueado. “Duarte usaba nuestro fondo como su caja chica”, señaló a Brecha una de las jubiladas que pelean por salvar su pensión.
Fue tal el avance de los grupos del crimen organizado durante el mandato de Duarte que era conocido como “el gobernador Zeta”, en referencia al sanguinario cártel fundado una década atrás por ex integrantes del Ejército mexicano.
Una vez detenido, Duarte podría haber sido deportado inmediatamente a México, por entrar a Guatemala con documentos falsos, violando las leyes migratorias del país. En cambio, México optó por el trámite mucho más largo de la extradición, basándose en un tratado bilateral vigente.
“Hasta hoy Duarte tiene tres órdenes de aprensión en su contra vinculadas a delitos económicos, que no se corresponden con la magnitud del robo que encabezó, así como tampoco están contempladas las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su mandato”, señaló a Brecha la abogada penalista Karla Michel Salas, que lleva la causa del homicidio múltiple en el que fueron asesinados el fotógrafo Ruben Espinosa y la activista Nadia Vera, ambos veracruzanos, junto a otras tres mujeres en la Colonia Narvarte, de la Ciudad de México, en 2015. Tanto Espinosa como Vera habían huido de Veracruz por las constantes amenazas que sufrían allí por su trabajo profesional y político. En una de las últimas entrevistas que Vera dio antes de ser asesinada anunció: “Responsabilizamos a Javier Duarte de Ochoa y todo su gabinete por cualquier cosa que nos pueda suceder”.
El ex gobernador está acusado del desvío de 2.300 millones de pesos mexicanos (unos 121 millones de dólares) –que según la Auditoría Superior de la Federación son en realidad 60.000 millones de pesos mexicanos (3.200 millones de dólares)–, lavado de dinero y delitos electorales. Ninguna de las acusaciones judiciales que motivan la extradición lo responsabiliza –por acción u omisión– de los miles de casos de desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales cometidas por uniformados de Veracruz; tampoco está acusado de la muerte de los 19 periodistas asesinados durante su mandato, ni por los dos que continúan desaparecidos. Ni siquiera es investigado por el ejercicio indebido de sus funciones, indicó Salas.
Como el tratado de extradición indica que la persona reclamada “no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requirente (México) por un delito distinto a aquel por el que se le concedió la extradición”, el mecanismo termina ofreciéndole a Duarte la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva y de cerrar la puerta a que sea juzgado luego por el resto de los crímenes cometidos durante su mandato.
“Hay una resistencia histórica a investigar los casos como desapariciones forzadas, que es una figura penal con una calidad doble, ya que reconoce esa práctica como una violación grave a los derechos humanos y tiene una carga política para los estados, como responsables. (…) Sabemos, además, que en el caso de Veracruz no han operado sólo particulares en estos delitos, sino que está involucrada toda la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, en manos de Arturo Bermúdez Zurita. Arriba de él, sólo está Duarte”, señaló la abogada, y dijo que es fundamental que se formalicen las denuncias públicas que se han hecho en su contra, las que sólo podrán avanzar si se tiene una decisión firme de investigarlo, aunque los antecedentes sean aciagos. La Auditoría Superior de Justicia presentó más de 60 denuncias contra Duarte que fueron desechadas por la Procuraduría General de la República. El próximo 20 de junio se vence el plazo para investigar y articular formalmente las acusaciones de delitos de lesa humanidad en su contra.
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Con Lucy Díaz Genao
“Estamos para llevar esos cuerpos con sus familias”
—¿Qué tan avanzado está el trabajo en Colinas de Santa Fe?
—Hemos completado una zona de fosas de aproximadamente dos campos de fútbol, pero nos faltaría un 40 por ciento del terreno por explorar. Hay una zona con mucha vegetación donde encontramos una cantidad muy grande de fosas múltiples, se veían todos los bultos. No lo veo fácil, pero para poder darlo por bien explorado (el terreno), tenemos que ver también un par de lagunas.
—¿Cómo ha sido su proceso?
—Nosotras comenzamos hace como dos años, cuando fuimos a Iguala y vimos a las mamás. Dijimos: “Si estas señoras están haciendo esto, nosotras también podemos”. Allá nos mostraron las herramientas. Les dijimos: “Si nosotras convidamos a que vayan y nos apoyen, ustedes, ¿lo harían?”, y nos dijeron: “Claro que sí”. Regresando de Iguala nos pusimos a conseguir recursos con ventas de ropa usada, rifas de electrodomésticos. Pedimos los permisos para entrar al predio. Vinieron tres de los rastreadores de Iguala. Nosotras les pagamos todo y aparte les damos un sueldo. Una compañera nos prestó la casa de su hijo desaparecido para utilizarla como base. De ahí salimos, dimos el banderazo el 3 de agosto de 2016, conjuntamente con la Fiscalía, que tiene que dar fe de todo y nos tienen que llevar, no podemos entrar solos. Los primeros días no tuvimos ni un solo hallazgo porque la Fiscalía se imponía e insistía en manejar el tema a su manera. Nos tenían acordonadas: “No, ahí no, no pueden hacer eso”. Todo era no. Dijimos que si no nos dejaban trabajar a nuestra manera, llamábamos a la prensa. Se acobardaron y nos dijeron: “Está bien, háganlo a su manera”. Entonces fuimos dándole vueltas al mapa hasta que lo hicimos encajar y empezamos a encontrar. Diariamente hacíamos seis, siete, ocho, nueve, diez hallazgos. Hace ocho meses que la brigada Solecito entra a las ocho de la mañana y sale a las cuatro o cinco de la tarde. Es un horario de empresa, cinco días a la semana. Necesitamos respuestas, no podemos trabajar de manera improvisada.
—¿Qué dificultades han tenido?
—Una ocasión tuvimos una amenaza muy fuerte. Nos esperaron afuera del predio con armas largas y nos apuntaron. Nosotras íbamos solas con el chofer de la Fiscalía. La Fiscalía que no nos quería resguardar, estuvimos meses sin resguardo, lo pedíamos y no llegaba o era errático. Le dije a las compañeras: “Ahorita pueden decidir: si quieren seguirse arriesgando o si cortamos y seguimos las que queramos”. Y ellas dijeron: “Nosotras seguimos”, esto no nos va a asustar. Nosotras no buscamos culpables, estamos para llevar esos cuerpos con sus familias. No es posible que 253 familias tengan ese agujero en su alma, en su corazón, en su mente y que si nosotras podemos apoyarlas no lo hagamos.
—¿Qué rol cumple la Fiscalía?
—Siempre ha tenido una participación muy acotada, está solamente para dar fe de los hallazgos. Ellos no cavan, solamente observan, el trabajo lo hacemos nosotras. Hemos visto todo: cráneos, fémures, huesos cortos, dentaduras, credenciales, tarjetas departamentales. En cuanto encontramos algo, hablamos al fiscal y le decimos aquí tenemos esta fosa, es positiva, él toma nota y más o menos intenta hacer una ubicación, se le marca con una bandera y luego la policía se encarga de exhumarla.
—¿Cómo se explican estas fosas que encontraron?
—Todavía no hemos pensado en eso. Sé que es terrible, es infernal, pero en nuestro día a día eso lo hacemos a un lado porque es una información apabullante, aplastante. Si nos ponemos a analizarlo, no nos podemos parar de la cama.
—¿Cómo tomaron la noticia de que la base de datos genética de Veracruz no existe?
—Nos dijeron lo que ya sabíamos: tú das tu muestra de Adn pero no se procesa. Igual pasa con tu denuncia de desaparición: la haces, te dicen que no te preocupes, que “cuando lo encontremos, te avisamos”. Ese expediente se va a engavetar y de ahí se va a tirar a la basura. Ese es el procedimiento común. Por eso Solecito está haciendo la campaña para recoger nuevas muestras de Adn (de familiares de desaparecidos para identificar los restos) porque sabemos que el Estado simula, miente, engaña. Venimos pidiendo desde el primer momento de los hallazgos que se haga una recolección de muestras masiva a nivel estatal. Como nadie nos escuchó, la estamos haciendo nosotras. Ya sumamos como mil muestras.
—¿Qué hace falta para identificar los restos encontrados?
—Se necesitan personas preparadas, compromiso y que el Estado se deje de simular con tristes pretextos. México presume de ser un país moderno, con muchísimas carreteras, edificios. ¿Cómo dicen entonces que no tienen para comprar reactivos (para hacer los análisis de Adn)? ¡Fue bochornoso que el fiscal del estado saliera a pedir financiación a instancias internacionales mientras compran el avión más caro para el presidente! (El avión que Peña Nieto estrenó en 2016 está valorado en 350 millones de dólares.) Es como decir: regálame la gasolina para mi Lamborghini.
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